Consulta popular o Asamblea Constituyente

“Es peor que si hubiéramos perdido las elecciones. Se está aplicando el programa de la oposición” afirmó Correa sobre la gestión de Lenín Moreno

Lenín Moreno busca un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores productivos. Pretende ganar respaldos tras la ruptura total con Rafael Correa y apuesta a la consulta popular. 

“Vamos a retomar el espíritu de participación ciudadana y de libertad”. Así describió el presidente Lenín Moreno el objetivo de su mayor iniciativa política desde que asumió el 24 de mayo: la consulta popular. Apoyando su discurso en el proceso constituyente ecuatoriano de 2007-2008, Moreno busca que la votación nacional le dé el respaldo que necesita tras su abierta ruptura con quien lo llevó al poder: el ex presidente Rafael Correa.
Para ello se empeña en construir una imagen pública democrática, dialoguista y tolerante que se contraponga al presunto autoritarismo que la oposición le achaca a Correa. Ese es uno de los propósitos centrales del llamado a las urnas. De ahí que, sin definir con claridad ningún contenido previo para la consulta, el Presidente decidiera recibir propuestas –en forma de preguntas– de todos los sectores políticos y económicos y desde la ciudadanía en general, sin restricciones.
Ese período concluyó el 26 de septiembre y por la sede de gobierno pasaron desde la fuerza oficialista, Alianza País (AP), hasta los sectores más opositores a la Revolución Ciudadana, que durante semanas se negaron a reconocer la derrota electoral de este año. También lo hicieron sectores indígenas de la Conaie y sindicalistas opositores de la FUT, entre otras organizaciones que confrontaron fuertemente con el gobierno de Correa. En total fueron presentadas más de 450 iniciativas de reforma a la Constitución.
En representación de la fuerza que perdió el balotaje (Creo), liderada por el banquero Guillermo Lasso, la presentación de las propuestas estuvo a cargo de la asambleísta Ana Galarza, bajo el supuesto interés de “luchar contra la corrupción”. Al dirigirse a la prensa, apuntó rápidamente contra el ex Presidente, a quien criticó por proponer una Asamblea Constituyente en lugar de una consulta popular. “Eso reafirma el libreto de Venezuela”, agregó.
Quien quedó al margen de este proceso fue precisamente Correa. El intento de convocar una amplia unidad y generar consensos parece fundamentarse principalmente en la oposición a su figura, anzuelo mediante el cual Moreno logra atraer a la oposición.
Distintos analistas daban por sentado que el contenido de la consulta –cuya presentación fue anunciada para el 2 de octubre– incluirá una pregunta sobre la eliminación de la reelección indefinida de presidentes y ex presidentes, para impedir un futuro mandato de Correa. Pero eso podría provocar la ruptura de AP y desatar una crisis política. “Me parece extraño que un ex presidente (en referencia a Correa) manifestó en algún momento que el país requería de alternabilidad, dijo inclusive que ‘ojalá los jóvenes en algún momento nos reemplacen por caducos’, y en la práctica ha hecho todo lo contrario”, planteó públicamente el actual mandatario al opinar sobre las reelecciones.
La votación está prevista para diciembre. Antes, el Consejo Nacional Electoral debe verificar el cumplimiento de todos los requisitos previstos para su realización y la Corte Constitucional ratificar la legalidad de las preguntas que se presenten por decreto.

Cambio de planes
El alejamiento de Rafael Correa de la política ecuatoriana fue fugaz. Los choques con el gobierno de Lenín Moreno fueron inmediatos y crecientes, hasta culminar con la actual ruptura total, que aparenta ser irreversible.
“Me siento totalmente traicionado”, ratificó públicamente el ex Presidente desde Colombia, invitado por la Universidad Nacional (UNC) en su 150° aniversario. Allí fue entrevistado por el director editorial de Semana y aseguró que “la situación de Ecuador es incomprensible”. “Hemos ganado las elecciones, pero es peor de que si las hubiéramos perdido porque se está aplicando todo el programa de la oposición, están persiguiendo a nuestra gente”, sentenció Correa.
El ex mandatario impulsa ahora una Asamblea Constituyente y un nuevo llamado a elecciones como salida ante la “coyuntura gravísima” que vive el país, al que considera gobernado por la oposición. “Lenín Moreno es alguien de centro derecha, es una persona sin convicciones, pero nunca creíamos que iba a tener tal grado de deslealtad y de perversidad”, disparó Correa sobre la misma persona cuya candidatura impulsó y apoyó hasta hace pocos meses.
El ex mandatario aseguró que se había retirado de la política para vivir con su familia en Bélgica y si bien no respondió si está dispuesto a regresar a Ecuador, dijo: “No voy a permitir que esta gente arrase con todo lo logrado. No voy a permitir que se juegue con nuestra reputación”.
Por su parte, la actual secretaria ejecutiva de AP, Gabriela Rivadeneira, advirtió a Moreno que “una consulta popular no puede estar dirigida hacia una persona, no puede utilizarse en ese sentido”, en referencia a su actual disputa personal con el ex Presidente. Además, aseguró que lo que más preocupa a un amplio sector de las bases del movimiento político es que las diferencias no son de forma, sino de fondo: ideológicas y programáticas.
Moreno responde públicamente que tras la fuerte polarización electoral y el triunfo por escaso margen “había que iniciar un proceso de reconciliación nacional” y diálogo. Pero fuera de las formas parece estar en juego nada menos que el rumbo de la política económica del país y la definición del proceso de Revolución Ciudadana iniciado hace una década.
Mediante un comunicado, la Dirección Nacional de AP ya adelantó que no apoyará “procesos que respondan a la agenda de la derecha y de los poderes económicos”, en referencia al contenido que podría tener la consulta popular. “En caso de verse afectada la estructura del Estado y los derechos fundamentales del pueblo, ecuatoriano promoveremos un proceso constituyente”, advirtieron.

Ignacio Díaz

Acuerdos económicos en carpeta

Por fuera de la consulta popular avanza otra agenda de gobierno, centrada en la economía. El presidente Lenín Moreno recibió a fines de septiembre 139 propuestas presentadas por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario luego de tres meses de reuniones con 1.600 representantes de distintos sectores productivos del país.
Si bien los lineamientos de la política económica serán anunciados el próximo 12 de octubre, ya hubo algunos acuerdos entre el Gobierno y el sector privado nacional. Como es habitual, el empresariado demanda menores cargas tributarias, y aunque hay acuerdos en algunos puntos, no hubo consenso respecto al Impuesto a la Salida de Divisas, sobre el cual presionan los sectores exportadores.
Otro foco de atención está puesto en los contratos laborales de algunos rubros de la economía que empresarios y funcionarios públicos estuvieron discutiendo, aunque sin dar a conocer si habrá o no anuncios al respecto.
Según comunicó la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, el Consejo Consultivo Productivo y Tributario recibió 1.500 propuestas, un tercio de las cuales corresponden a temas tributarios. Aquí se incluyen tanto reclamos vinculados al Impuesto a la Renta como exenciones pedidas por el sector de la denominada economía popular y solidaria. “Será el Presidente quien tome las decisiones acerca de qué va a cambiar en la legislación para facilitar el ambiente productivo y de inversiones”, declaró la ministra.
El gobierno ecuatoriano también espera la ejecución de inversiones extranjeras en el área tecnológica, el sector camaronero y para la construcción de un astillero, entre otras que están en carpeta.
El enfoque económico liberal parece tener más fuerza en la coyuntura actual. Una señal fue el anuncio de que el Fondo Monetario Internacional enviará técnicos al país en octubre para estudiar el estado de las cuentas del país.
La Dirección Nacional de Alianza País expresó preocupación sobre las conclusiones del diálogo productivo y tributario porque “las tesis propuestas dominantes son las de los viejos grupos de poder económico y político”, que proponen eliminar impuestos, flexibilizar la contratación laboral y eliminar subsidios a los combustibles para las grandes mayorías, denunció la fuerza política.