Ante las elecciones legislativas del 22 de octubre

Elisa Carrió, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal

La euforia del gran capital por lo que supone una victoria electoral y el afianzamiento de Macri contrasta con fallas estructurales de la economía y putrefacción inalterada del Estado y sus instituciones.

Si ha de creerse a la prensa tradicional, Argentina está de fiesta.
No sería prueba de perspicacia limitarse a la obviedad de que los medios cumplen con la defensa de la clase a la que responden y, para ello, muestran sólo una cara de la realidad. Tampoco lo sería negar la base objetiva que sostiene la algarabía de sus titulares y comentarios en celebración adelantada de una victoria que dan por segura.
Hay mucho de artificial en esta sobreactuación: el vuelco en favor del Gobierno ocurre sobre la multiplicación de la hipoteca recibida, la continuidad de todos los lineamientos político-económicos que llevaron al ahorcamiento de Cristina Fernández y recrearon en 2015 una situación análoga a la que hizo estallar al país en 2001.
Con todo, las razones que permiten prever para las legislativas del 22 de octubre una ampliación del triunfo obtenido por Cambiemos y Macri en las farsescas primarias del 13 de agosto, están a la vista:
-mejora generalizada de los índices de la economía (en el tercer trimestre el crecimiento será superior al 4%, con un 3% anualizado);
-aprobación del 54% a la figura del presidente Mauricio Macri;
-conflictividad social cercana a cero (por estas horas se agota una toma de alrededor del 10% de las escuelas secundarias en Capital Federal);
-afirmación y extensión de las raíces del Frente Amplio Burgués (FAB, instancia orgánicamente inexistente pero no por ello menos efectiva) como eje para el conjunto del capital tras el proyecto personificado en Macri;
-giro de la Confederación General del Trabajo de la pseudo oposición a la franca colaboración con el gobierno;
-acuerdo de alto impacto entre CGT y gobierno para crear una Cobertura Universal de Salud (CUS), con 8 mil millones de pesos de las propias obras sociales sindicales;
-una tragedia repetida en el país, la desaparición de Santiago Maldonado, concita el rechazo de amplias mayorías pero no parece hasta el momento traducirse en términos electorales que afecten al oficialismo; avance en la limpieza del aparato policial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires entrelazado con el narcotráfico, poder judicial, municipios y sindicatos en las más variadas formas de corrupción;
-a cuatro semanas de las elecciones la totalidad de las consultoras coincide en que Cambiemos ratificará y ampliará los resultados obtenidos en agosto;
-según estas voces Cambiemos ganaría por margen considerable (algunos llegan a exagerar una distancia de hasta ocho puntos) en Buenos Aires y obtendría también una victoria en Santa Fe;
-si esto se confirma y no se verifica capacidad de reacción por parte del Partido Justicialista (PJ) en capitales donde fue arrasado dos meses atrás, Macri habrá ganado los cinco distritos principales del país: Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además de provincias como Jujuy, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa y San Luis;
-en paralelo, todo indica que los agrupamientos de izquierdas que apostaron a capitalizar el desbarajuste peronista por vía electoral y condicionaron su accionar al imperativo de ganar votos y legisladores, tendrán un resultado inverso al esperado.
Si se parte del campo minado sobre el que Cambiemos dio sus primeros pasos y se recuerda que los defensores del gobierno anterior manifestaban hasta no hace mucho con miniaturas de helicópteros, en alusión a la fuga de Fernando de la Rúa de la Casa Rosada en 2001, se puede medir la magnitud del error de caracterización de quienes, desde diferentes ángulos, imaginaron un inmediato fracaso oficial.

Intento de recomposición
Incluso si los pronósticos resbalan en algún caso, el 23 de octubre Argentina despertará con una nueva relación de fuerzas sociales. El FAB y la CGT no sólo habrán conseguido –como lo hicieron en cada una de las elecciones desde 1983– el 95% de los votos. Esta vez lo lograrían con un bloque político nuevo y en detrimento de todo el andamiaje partidario tradicional, estrangulado por la crisis durante años y finalmente muerto sin combate: el PJ, la Unión Cívica Radical (UCR, subsumida en Cambiemos y bajo el diktat de Macri), la CGT y sus componentes principales tal como se los ha conocido hasta el momento, serán penosos símbolos del pasado.
El presumible resultado electoral combina rechazo al conjunto de las instituciones tradicionales del capital y expectativa, renuente pero efectiva en última instancia, de que esta vez el cambio ocurra de verdad. Índices económicos y percepción parcial, contradictoria, pero no menos real de que Argentina se ha puesto en marcha, empujan a favor de un desplazamiento del voto tradicional. La suba en flecha del reaparecido crédito hipotecario atrae no sólo a quienes ya lo han obtenido. También convoca a millones de aspirantes a tener su casa propia (hay una oferta para jóvenes entre 20 y 35 años, con cuotas equivalentes a un alquiler y otorgable a personas sin trabajo formalizado legalmente –el 33% del total de los trabajadores). Aparte el impacto electoral, esto contribuye al crecimiento de dos dígitos en la industria de la construcción, arrastrada por la obra pública.
Ésta última, principalmente en forma de cloacas, rutas y autopistas, muestra a cualquier ciudadano un paisaje contrastante con el dominante sobre todo en Buenos Aires (40% de la población nacional) durante el gobierno de Daniel Scioli, quien dejó la provincia como si hubiera sido arrasada por una guerra. Hay que recorrer el Gran Buenos Aires, comprobar el desastre social e infraestructural en el que ha sido sumido, para comprender la predisposición de amplias franjas de la población a creer en la gobernadora María Eugenia Vidal, transformada hoy en la figura más relevante del oficialismo, con 10 puntos más de aprobación que el Presidente.
Hay otro factor a tener en cuenta: la idea de un cambio en todos los órdenes palpita en las grandes mayorías de la población desde hace mucho tiempo. “Renovación y Cambio” llamó Raúl Alfonsín a su fracción de la UCR con la que ganaría las elecciones de 1983 (la misma que sin haber logrado lo uno ni lo otro abandonaría el poder en 1989 para entregarlo anticipadamente a Carlos Menem).
Con esa figura ilusoria, la del cambio que devuelva a Argentina la prosperidad del pasado, la burguesía y sus socios dominantes del Norte encomiendan a Macri completar la tarea iniciada por Eduardo Duhalde en 2002 (con cuyo apoyo activo e incondicional cuenta el Presidente). Esto supone completar la desarticulación de una partidocracia corrupta e incompetente para ejercer el poder de manera estable, armar nuevas fuerzas políticas (probablemente distantes del concepto de Partido) y abrir el camino para gobiernos de coalición entre esas nuevas expresiones políticas. Alcanzar tales objetivos implica, como condiciones insoslayables, sanear a la vez el aparato del Estado y la economía.

Límites para la euforia burguesa
Lejos del alegado “neoliberalismo” cuya aplicación llevaría al gobierno al desmoronamiento en cuestión de meses, Macri y Cambiemos aplicaron una política pragmática que combina la continuidad aumentada de las prestaciones sociales implementadas desde tiempos de Duhalde con una jerigonza desarrollista que, como es de esperar, no acaba de imponerse como plan de acción sistemático. Hay que insistir no obstante que la inyección de elevadas sumas a la obra pública y un cambio radical en la eficacia para la ejecución de estas obras, contribuyó en el último semestre al cambio de clima social respecto del gobierno.
Para sostener y ampliar las prestaciones sociales de todo tipo, Macri aumentó el déficit fiscal heredado (en términos reales, es decir, descontando la inflación) y dejó crecer el gasto público (oficialmente se admite que llega al 40,8% del PIB), lo cual supone una insostenible carga tributaria a la producción y al ciudadano común. Para financiar ese déficit y además encarar el plan de obras públicas, el gobierno apeló al endeudamiento, a una tasa que, aun al menos de la mitad de lo que pagaba el gobierno anterior, ronda el 6%. Excluida la posibilidad de inversiones en las magnitudes necesarias, mantener este ritmo en los próximos años el mecanismo requiere endeudamiento por entre 35 y 45 mil millones de dólares anuales.
Sin contar la eventualidad de un barquinazo mundial que interrumpa el flujo de capitales a las tasas actuales, el aumento de la deuda y sus intereses elevan el llamado déficit cuasi fiscal a un nivel inalcanzable para cualquier hipótesis mágica de crecimiento económico acompañado de un acelerado recorte en el gasto público.
En otro orden, la desaparición de Maldonado y la absoluta incapacidad oficial para dar respuesta a una sociedad expectante sobre un tema de tal gravedad, muestran la incapacidad de un gobierno de estas características para poner en caja las instituciones desquiciadas del Estado. Lo mismo anuncian hechos de violencia parapolicial en el suburbano bonaerense y casos como el saqueo de un arsenal de la Policía Federal; o la reacción de sectores del aparato judicial frente a la perspectiva de desmantelar su colusión con el narcotráfico. En municipios y sindicatos, ocurre otro tanto frente a tímidos intentos por poner coto a la corrupción.
Dicho de otro modo: la fragilidad del éxito político del FAB pone un límite preciso al plan de recomposición y estabilización del poder en manos del capital. Resta saber cómo tomará cuerpo –y cuándo– la capacidad de las fuerzas actuales y potenciales dispuestas a responder a la demanda social de un cambio genuino y profundo.

L.B.
25 de septiembre de 2017
@BilbaoL