COMUNICADO:

Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y La Campaña No + Derechos Vulnerados por los Uniformados, hacemos público el balance del primer mes del Paro Nacional en Antioquia, donde se ha registrado con gran preocupación una práctica sistemática de agresiones por parte de la fuerza pública contra quienes protestan.

De acuerdo con la base de datos se han perpetrado 1.493 casos de agresión presentados especialmente en las subregiones de Valle de Aburrá, Oriente y Bajo Cauca.

Las causas por las que cientos de miles de personas en el país han salido a marchar, en especial las y los jóvenes, ha sido la exigencia del retiro de la reforma tributaria y de la salud que el gobierno de Iván Duque, presentó al Congreso de la República en el primer trimestre del año en curso; además de buscar la reforma al cuerpo de la Policía Nacional (incluye eliminación del ESMAD) y justicia por los crímenes cometidos por estos agentes estatales en el marco de la protesta social2. A esto se suma la lucha por el empleo, la educación y la salud, esto en un país donde en el último año han aumentado los indicadores de pobreza y desempleo, retrocediendo 10 años en la agenda de avances sociales.

En la actualidad más de 21 millones de colombianas y colombianos pobres sobreviven mensualmente con $331.688 pesos y otros 7,4 millones de personas en condición de pobreza extrema, sobreviven con $140.008 pesos mensuales (La República, 2021), la tasa de desempleo ronda por el 14,2% (Dane, 2021).

Todo este nivel de desigualdad ha afectado aún más a mujeres y jóvenes, quienes han padecido con mayor rigor los efectos de la pandemia en el campo social y económico: “[…] cifras del Dane, [..] señalan que la inactividad aumentó en 2020, y de las 17, 9 millones de personas en esa condición, 11,4 millones eran mujeres y la mayoría de ellas se estaban dedicando a oficios del hogar.

El otro grupo afectado son los jóvenes, quienes por la pandemia han tenido menores oportunidades laborales y de educación, por lo que la tasa de desempleo de esta población cerró el 2020 en 24,2%, superior en 8,3 puntos porcentuales al promedio nacional” (Portafolio, 2021).

Como si la pobreza y la desigualdad no fueran suficientes, la sociedad colombiana ha visto el recrudecimiento de la violencia sociopolítica tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Muestra de ello son los más de 1.000 asesinatos de líderes- lideresas, defensores- defensoras de derechos humanos y más de 250 firmantes de la paz (Indepaz, 2021); en los últimos 16 meses, se ha perpetrado a nivel nacional 131 masacres (Indepaz, 2021), esto debido a la negativa del gobierno nacional de dar cumplimiento al Acuerdo Final.

Todo este panorama ha conllevado a que, en 2021, diversos sectores sociales se movilicen por más de un mes y es la juventud la protagonista de este escenario social, pero también las mujeres y en especial las madres, el CRIC – la Guardia Indígena del Cauca, las y los defensores de derechos humanos y las Brigadas de Atención Pre Hospitalaria- APH. Todos ellos y ellas han sido declarados como enemigos, vándalos, terroristas y en algunos casos guerrilleros por parte del gobierno nacional, civiles y personalidades políticas y de opinión del país.

En este sentido el Estado colombiano le ha dado un tratamiento militar, inconstitucional y de criminalización a la protesta social, lo que no es nuevo, hace parte de la política contrainsurgente que orienta el comportamiento de las fuerzas pública y que instala un terrorismo de Estado en los escenarios políticos y sociales.

De acuerdo con la “Campaña Defender la Libertad, un Asunto de Todas” (mayo, 2021), la actuación arbitraria, de terror y criminalización por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares han dejado como balance del primer mes del Paro: 59 homicidios, 866 heridos, 51 personas con lesiones oculares, 133 personas defensoras de DDHH agredidas en el marco de las movilizaciones, bajo diversas modalidades como amenazas, golpes, detenciones y
señalamientos, 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG), 2152 personas han sido detenidas, 20 allanamientos, 1.192 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial y 346 personas desaparecidas.

A un mes de haber empezado en el país las movilizaciones sociales, el gobierno de Iván Duque ha decidido ahondar la represión, es así como el 28 de mayo decidió expedir el Decreto 575 de 2021 por medio del cual decreta militarizar y desplegar la fuerza pública en “Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva”; lo que aumenta el conflicto social y pone en mayor riesgo a las personas manifestantes, así como defensoras y defensores de
derechos humanos, APH y prensa.

DOCUMENTO COMPLETO – Balance final 31 de mayo de 2021

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