Venezuela en el centro de una elección con resultado abierto

La derecha cierra filas para consolidar a Colombia como cabeza de la contrarrevolución. Paramilitares en acción, nuevos acuerdos con Washington, persecución a la izquierda y tufillo a fraude.

Venezuela está presente en la campaña electoral colombiana como no lo estuvo en ningún otro momento. Una ironía más de la historia hará que con diferencia de una semana –Venezuela el 20 de mayo (ver pág. 8) y Colombia el 27– elijan en las urnas el curso político de los años que vendrán. Nunca una elección y la otra estuvieron tan ligadas y nunca antes la expresión electoral de los colombianos fue tan trascendente para los venezolanos y la paz en el resto de América Latina.

El hecho probable de que en Colombia haya segunda vuelta el 17 de junio servirá para estirar 20 días el tiempo hasta que se sepa quién gobernará este país en forma paralela al nuevo gobierno de Nicolás Maduro, ungido por el voto popular que, se espera, será con holgura en favor de la Revolución.

“Voto para que Colombia no sea Venezuela”, dijo el senador y ex presidente Álvaro Uribe el 11 de marzo en las vergonzosas elecciones legislativas colombianas. Mezcla de convicción, provocación y aval implícito para que los paramilitares alineados a sus posiciones hagan lo necesario “para que Colombia no sea Venezuela”.

La arenga de Uribe no fue un hecho aislado en la campaña para las legislativas, previa en intensidad de las presidenciales de mayo. Su posición representa –como su propia trayectoria admite– un mandato acuñado en Miami, fortalecido en Washington y apañado en Madrid y en varias capitales de América Latina, envueltas cada una en sus propias convulsiones internas.

Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia en Venezuela, en Colombia gobernaba hacía un año la derecha de Andrés Pastrana (1998-2002). El primer año de la Revolución Bolivariana coincidió con la firma de Pastrana y su par estadounidense William Clinton del llamado Plan Colombia, que devino en la mayor militarización extranjera en Suramérica. Chávez transitó los años más intensos de la revolución en paralelo a Álvaro Uribe (2002-2010), quien más tarde diría: “Me faltó tiempo para lanzar una guerra contra Venezuela”. En sus últimos años de vida Chávez fue protagonista de un acercamiento con Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe, con el objetivo de pacificar el continente, sentar las bases del acuerdo con las Farc y facilitar el nacimiento de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac).

Nicolás Maduro recogió el legado de Chávez, apoyó los acuerdos de paz en Colombia e intentó mantener el acercamiento con Santos, que para ese entonces tejía su camino a la reelección en 2014. Pero la guerra por diferentes medios contra Venezuela ya estaba declarada y Colombia se reafirmó como cabecera de playa de la contrarrevolución.

Washington en Bogotá

En apenas unos meses visitaron Colombia el vicepresidente estadounidense Mike Pence, en agosto pasado; el entonces secretario de Estado Rex Tillerson, en febrero, y el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, también en febrero. El presidente Donald Trump lo hará este mes, aprovechando su viaje a Lima para la Cumbre de las Américas. Bajo la supuesta intención de firmar nuevos acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos, las visitas de los funcionarios estadounidenses tuvieron y tienen a Venezuela en el centro de la agenda.

El ahora ex secretario Tillerson fue claro cuando respondió a un pedido público de Juan Manuel Santos para que lo ayude a acabar con el gobierno bolivariano: “Colombia será un jugador clave para la restauración de la democracia en Venezuela”, dijo en Bogotá. Por esos mismos días el jefe del Comando Sur viajó a la capital colombiana para “renovar los compromisos” militares entre ambos gobiernos.

La nueva etapa de la ofensiva estadounidense contó con el apoyo indisimulado del poder económico y político en todas sus variantes, como se desprende de las acciones y las declaraciones de sus protagonistas. Uribe renueva sus influencias con el terrorismo contrarrevolucionario y Santos fortalece sus lazos militares con Estados Unidos. Detrás de ellos se alinean los principales candidatos de una derecha que se presentó dispersa en el comienzo de la carrera presidencial, pero unificó posiciones tras las elecciones legislativas y también las internas del 11 de marzo
La sucesión de hechos para preparar una intervención militar en Venezuela o generar ahogo y fomentar la convulsión interna se intensificaron en marzo y lo harán mucho más en abril. Desde comienzos de este año se anotan movimientos militares, acuerdos con Washington, denuncias de que “en Venezuela hay colombianos presos” y propaganda sobre los inmigrantes venezolanos (ver “Hipocresía…”). Se suma el fuerte protagonismo de Santos en el autodenominado Grupo de Lima. Serán meses determinantes a ambos lados de las fronteras.

La corriente reaccionaria escudada en el Grupo de Lima intentará copar la Cumbre de las Américas en Perú, el 13 y 14 de abril ante la presencia del presidente de Estados Unidos. Tan importante como esa visita a Perú será el viaje de Trump a Colombia, luego de la Cumbre. La Casa Blanca adelantó que el Presidente quiere encontrarse con países “socios y aliados” que comparten sus valores y creen que para un “futuro seguro y próspero” se necesitan “fuertes democracias, comercio recíproco y justo, y fronteras seguras”. La mención sobre “democracias” y “fronteras” hace alusión a Venezuela.

Uribe y su candidato para las presidenciales, Iván Duque, realizaron en febrero una gira por una Miami reverdecida con el triunfo de Trump. Allí se encontraron con líderes de la contrarrevolución cubana y venezolana y fueron invitados por organizaciones ultraderechistas que reclaman mayor ahogo a Cuba e intervención militar o golpe de Estado en Venezuela. “La causa de Cuba, Venezuela y Colombia es una sola”, sentenciaron. Sin especular, admiten su temor a que en las próximas elecciones en Colombia en mayo, y México en julio, triunfen fuerzas no subordinadas al poder establecido.

A comienzos de marzo, Colombia y Estados Unidos ampliaron los términos de cooperación en el combate “al crimen transnacional” y “para reducir el narcotráfico” y achicar la superficie cultivada hasta 50% para 2023. El acuerdo se dio durante el Séptimo Diálogo de Alto Nivel entre los dos países, encabezados por el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín.

Previsiblemente, la canciller colombiana dijo que a ambos gobiernos les preocupa la situación de los miles de venezolanos que llegan cada día a Colombia y eso hace necesario “crear un canal humanitario”. “Hemos hablado de la recuperación de la democracia en Venezuela, tan importante para el continente”, dijo sin más detalles.

Balas para la paz
Mientras Uribe y Duque alimentaban la contrarrevolución y Santos cerraba filas con el gobierno de Estados Unidos, medio centenar de miembros o allegados al partido político emergente de la guerrilla de las Farc eran asesinados. El incumplimiento en las responsabilidades del Estado según los acuerdos de Cuba permitió en poco más de un año una feroz ofensiva contra la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (ver “Débil implementación…”), organización política surgida de la desmovilización de los guerrilleros.

Lo mismo sucedió con activistas y militantes de organizaciones sociales, indígenas y campesinas. Mientras Santos ostentaba el Premio Nobel de la Paz, el Estado a su cargo era incapaz de frenar la persecución y los asesinatos. Ante la evidencia, el 14 de marzo pasado reconoció que 160 líderes sociales han sido asesinados en el país desde 2016, sobre datos de un informe de la Fiscalía. Sin embargo, la organización Somos Defensores publicó unos días antes un documento en el que asegura que la violencia contra activistas se cobró 106 vidas sólo en 2017. “En promedio, cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia”, señaló el informe.

“#fraude” fue tendencia

En este contexto, la derecha colombiana se erige en símbolo reaccionario continental. El resurgimiento paramilitar, directamente proporcional con los avances de los acuerdos de paz con la guerrilla, habilita que todo lo que se mueva desde el centro hacia la izquierda política sea perseguido o amenazado; que aumenten los asesinatos de líderes de derechos humanos y la represión a movimientos sociales.

Esto explica por qué la derecha colombiana desacredita a su principal rival político en las presidenciales, Gustavo Petro, acusándolo de “chavista”. No lo hace precisamente por los vínculos del candidato de la centroizquierda con la Revolución Bolivariana, sino para trazar una línea que separa, dicho con ironía, a los demócratas de los terroristas y a los defensores de la libertad de los voceros de la opresión. Uribe dijo de Petro: su propuesta es “más expropiaciones, más odio de clases”. Así se vive en Colombia la campaña electoral.

Petro y el candidato de Uribe, el senador Duque, ganaron las elecciones internas de sus respetivos espacios el 11 de marzo y llegan a las presidenciales con chances de disputar la segunda vuelta el 17 de junio en medio de una paridad con otros postulantes. En las internas de la derecha, en la que Duque dirimía su candidatura con la conservadora Lucía Ramírez y el ultraderechista Alejandro Ordoñez, votaron 5,9 millones de personas, de las cuales cuatro millones lo hicieron por Duque, del partido Centro Democrático. En la otra interna, Petro logró unos 2,8 millones de votos, mientras que su único rival, el ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, sumó 500 mil.

El mismo día se realizaron las legislativas, en las que previsiblemente las diferentes expresiones de la derecha y la extrema derecha lograron repartirse la mayor cantidad de bancas en el Congreso. Sin embargo, ningún partido logró acercarse al 20% del total de votos emitidos.

Para la prensa comercial de habla hispana el 11 de marzo sucedió algo similar a lo que ocurrió en noviembre con las presidenciales de Honduras. Lo que en la propaganda eran elecciones pacíficas, transparentes y robustas –en clara contraposición a lo que dicen sobre Venezuela–, al final del día terminaron siendo comicios con “irregularidades” de magnitud no admitida.

Por izquierda y por derecha Santos y la justicia electoral quedaron envueltos en un proceso vergonzoso. Numerosos votantes en las internas de la derecha y también seguidores de Petro denunciaron que en los colegios electorales no hubo suficientes papeletas para votar en las consultas interpartidistas. Así sucedió en los distritos más importantes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Cúcuta, Montería, Ibagué, Popayán, Bucaramanga y Cartago. A falta de boletas originales, el Ejecutivo autorizó votar con fotocopias, nada más alejado de la rigurosidad electoral. También las redes digitales sirvieron para canalizar las denuncias y la etiqueta “#fraude” fue tendencia en Twitter en Colombia durante la jornada de votación.

Desde ese día de internas y legislativas, la justicia electoral investiga varias irregularidades y el Procurador colombiano, Fernando Carrillo Flórez, ordenó suspender de manera provisional a la senadora electa por el Partido Conservador Aída Merlano por la presunta compra de votos y fraude electoral. La candidata tiene poder económico suficiente para poder pagar, según investigaciones preliminares, cerca de dos millones de dólares para corromper a los electores y comprar votos en Barranquilla.

Triunfo abstencionista

El desinterés de la población sólo fue atenuado por el movimiento de los equipos de los partidos tradicionales, que movilizan electores como ganado. Aun así, la alta abstención se ubicó por encima del 50% de los 36 millones de habilitados a votar. Para elegir el Senado se ausentó el 53%, mientras que para la Cámara de Representantes la abstención fue del 52,4%. El voto en Colombia es voluntario (no obligatorio) y, según las estadísticas, el país tiene uno de los índices de abstención más altos de América.

En la Cámara de Senadores, el partido Centro Democrático (uribismo) obtuvo 19 bancas, el también derechista Cambio Radical 16; el Partido Conservador 15; el Partido Liberal, 14; el oficialista Partido de la U, 14. Con excepción de los liberales, todas las expresiones de la derecha están en franca descomposición, con legisladores o dirigentes presos o procesados, acusados de corrupción, vínculos con paramilitares o violencia paraestatal.

El poder oculta entre otras cosas que la Corte Suprema de Justicia procesó a casi medio centenar de legisladores derechistas por su relación en tiempos de Álvaro Uribe con grupos paramilitares o por haber tomado dinero sucio para sus campañas electorales.

El Senado se completa con la Alianza Verde, 10 bancas; Polo Democrático Alternativo, cinco; Coalición Lista de la Decencia, cuatro y el partido evangélico Mira, tres. La circunscripción especial indígena repartió sus dos bancas entre el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Maic).

En la Cámara de Representantes, el Partido Liberal obtuvo 35 escaños; Centro Democrático, 32; Cambio Radical, 30; Partido de la U, 25; Partido Conservador, 21; Alianza Verde, nueve. Varios partidos tendrán dos representantes cada uno: Mira, PDA, Opción Ciudadana y Lista por la Decencia. Una banca para Colombia Justa y Libre, Coalición Alternativa Santandereana y Mais, partido que además consiguió otro representante por la circunscripción especial para los nativos. Las dos bancas de la circunscripción para los afrodescendientes serán ocupadas por las comunidades negras Renaciente y por el Consejo Comunitario La Mamuncia.

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc, el partido que sucedió a la guerrilla) logró en su primera participación electoral de la historia 49.170 votos (0,34%) para el Senado y 30.643 (0,22%) en Representantes. Sin embargo, producto del acuerdo de paz en La Habana, Farc tendrá cinco bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes durante dos legislaturas consecutivas.

Reacomodamientos

Tras las internas y las legislativas, los tiempos hacia las presidenciales se aceleraron. Iván Duque inscribió su candidatura junto a Marta Lucía Ramírez como compañera de fórmula, tal como se había acordado cuando ambos dirimieron las postulaciones en la interna de este sector de la derecha.

Duque y Ramírez no serán los únicos representantes de la derecha más reaccionaria. Dos ex compañeros de gabinete de Juan Manuel Santos lideran la otra fórmula presidencial: Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, y Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa y más recientemente embajador en Washington. Ambos se opusieron públicamente o desde las sombras a las negociaciones de paz con la guerrilla. Cuando Vargas Lleras hizo el anuncio de su compañero de fórmula, tuvo un gesto de sinceridad elocuente: “Pinzón demostró (su capacidad) al frente de la empresa más grande que tiene este país: el Ministerio de Defensa”.

Ambas expresiones de la derecha, Duque (Centro Democrático) y Germán Vargas Lleras (Cambio Radical), competirán por la Presidencia, pero analizan seriamente una alianza en el Congreso colombiano, que los tiene como las fuerzas más importantes junto a los liberales.

Petro anunció que su compañera de fórmula será la representante a la Cámara Ángela María Robledo, del Partido Verde. Esta psicóloga es defensora de la inclusión social, equidad de género y derechos de la infancia. Como legisladora, en 2014 logró modificar el Código Penal para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Robledo secundará a Petro, quien desde sus cargos como Senador y luego como alcalde de Bogotá confrontó en todo con Uribe primero y Santos más tarde. En su juventud fue parte de la guerrilla del M-19. Duque y Vargas Lleras dicen de él que promueve el sistema “que arruinó Venezuela”.

Según las últimas encuestas, entre Duque y Petro disputa un espacio Sergio Fajardo. Quien fuera alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia hasta finales de 2015, se declara “no contaminado” por los grandes males de los partidos tradicionales. Estará acompañado por la senadora y politóloga Claudia López. Fajardo buscó unificar, sin éxito al menos para la primera vuelta, la candidatura con Humberto de la Calle, aspirante del Partido Liberal. Fajardo fue vicepresidente de Colombia entre 1994 y 1996 y más recientemente jefe del Equipo Negociador con las Farc.

Quién sí asume con entereza sus ideas bolivarianas en un ámbito político reaccionario es Piedad Córdoba. Fue Senadora desde 1994 hasta su destitución en el 2010, luego de que la Procuraduría General de la Nación, encabezada por el ultraderechista Alejandro Ordóñez, la acusara de colaboración con las Farc. En 2016 el Consejo del Estado retiró su inhabilitación por falta de pruebas. Estará acompañada por Jaime Araujo, magistrado de la Corte Constitucional.

Una candidata escindida del Partido Liberal es Viviane Morales, ex integrante de la Cámara de Representantes, dos veces senadora y Fiscal General de Colombia entre 2011 y 2012. Estará acompañada por el teólogo y docente universitario Jorge Leyva.

Ejes de la reacción

Resta mencionar una de los puntos de apoyo más importantes de la alianza electoral reaccionaria: férreos lazos con los medios de comunicación. La relación del poder establecido con la prensa es un tema bien profundo en un país donde menos de una decena de medios tienen casi el 80% de audiencia. La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) especifica que ocho grupos mediáticos concentran el 78% de la audiencia en radio, prensa escrita y televisión. Los dos grupos más grandes poseen el 50% de los medios. Otro trabajo, de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), señaló en noviembre pasado que más del 90% de los 40 millones de dólares de pauta publicitaria del Estado se reparte entre los medios privados.

Atravesada por palabras y acciones contrarrevolucionarias, Colombia llega a este proceso con la clásica estrategia de la oligarquía: mostrar seguridad y mano dura; prometer inversiones extranjeras y trabajo; cuestionar al “terrorismo” (en referencia a las guerrillas); azuzar los fantasmas de la izquierda, financiar las campañas con dinero de procedencia oscura, activar a los grupos paramilitares y mover los aparatos partidarios para contrarrestar la abstención electoral. Tal el escenario colombiano. Resta saber si las izquierdas podrán vencerlo en las urnas.

Ignacio Díaz y Adrián Fernández

Débil implementación de los acuerdos de paz 

Luego de las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, el futuro de la implementación del histórico acuerdo de paz entre el Gobierno y la ex guerrilla de las Farc quedó fuertemente amenazado. El resultado favorable para los partidos de derecha que promueven la continuidad de la guerra, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, encendió las alarmas entre los defensores del proceso de paz, a pocas semanas de las presidenciales.

En medio de la campaña proselitista, el gobierno de Juan Manuel Santos expone los logros alcanzados tras la firma del histórico acuerdo definitivo en noviembre de 2016. Según la visión oficialista, en poco más de un año se ha desarrollado buena parte de la institucionalidad y las bases necesarias para la construcción y consolidación de la paz a futuro.

“Construir la paz significa avanzar también en un modelo institucional que realmente permita llegar a territorios que durante 53 años vieron que la única presencia se expresaba a partir de soldados o policías desplegados en medio de ese conflicto armado”, defendió el vicepresidente Óscar Naranjo ante las críticas por la lenta implementación de lo acordado con las Farc.

El gobierno de Santos puede exponer a su favor la firma de un histórico e integral documento para la paz nacional y el logro del cese al fuego y el desarme del mayor grupo guerrillero del país. A su vez, la experiencia internacional de otros procesos nacionales de paz demuestra su alta complejidad y prolongada duración en el tiempo hasta su conclusión definitiva, por lo que es lógico que el conflicto colombiano todavía no haya sido superado.

“Buscamos la paz, la hicimos y ahora toca construirla”, dijo Naranjo tras las elecciones legislativas, dejando la responsabilidad en el próximo gobierno. Sin embargo, análisis pormenorizados sobre la implementación de lo acordado en La Habana demuestran grandes déficits en su cumplimiento por parte del Estado colombiano.

Voces de preocupación

Por el lado de las Farc, reconvertidas en organización política legal, su líder no dudó en “lanzar un SOS por el proceso de paz en su fase de implementación”, en medio de la falta de seguridad para los candidatos legislativos de la fuerza durante la campaña. Lo hizo el 28 de febrero, 20 días después de haber suspendido su actividad proselitista y denunciar una “traición” del gobierno de Santos. “Estamos viendo cómo se unifican pequeñas fuerzas que son muy poderosas y quieren dentro y fuera del Estado hacer fracasar este histórico y hermoso proceso de paz que ha sido ejemplo en el mundo”, advirtió ese día Rodrigo Londoño.

Asesinatos de ex combatientes y líderes comunitarios, impunidad tras esos crímenes, falta de seguridad para actividades proselitistas y acceso a financiamiento electoral e incumplimiento de la liberación de ex guerrilleros amnistiados, son los puntos más visibles en los que está fracasando el proceso de paz en lo inmediato.

Las dificultades para avanzar son elocuentes. “Colombia está saliendo de una situación de guerra civil y los acontecimientos actuales nos muestran que esta guerra no terminó totalmente, sólo lo hizo en ciertos aspectos”, aseguró el embajador alemán en Colombia, Michael Bock, invitado a un debate sobre la justicia para la paz. “Aquí hay crímenes cometidos por todos los actores, por el Gobierno, la policía, los militares, la guerrilla, y existen perpetradores con intereses sociales y políticos”, explicó tras argumentar que consideraba la implementación del acuerdo de paz colombiano “más difícil y complejo” que el proceso alemán al término de la Segunda Guerra Mundial, facilitado por la derrota militar del nazismo.

Balance dispar

La lenta y dificultosa implementación de los acuerdos de paz fue confirmada por dos informes oficiales que registraron en profundidad el grado de avance alcanzado al cumplirse el primer aniversario de su vigencia. Uno de los análisis fue encargado al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (de Estados Unidos), que tiene la responsabilidad de brindar supervisión, verificación técnica y evaluar la marcha de la implementación del acuerdo. El otro fue realizado por el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (Oiap), formado principalmente por académicos colombianos, y publicado el pasado 5 de enero.

En un análisis del acuerdo final de paz, el Instituto Kroc corroboró el lento avance de las medidas comprometidas para el corto, mediano y largo plazo. De las 558 disposiciones presentes en el histórico documento, sólo hubo alguna actividad en el 45% durante 2017.

En la primera etapa, el Gobierno y las Farc cumplieron con el cese al fuego bilateral, el traslado de los guerrilleros a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización y la dejación de armas. También fueron positivos, según el instituto estadounidense, los avances en la conformación de mecanismos de monitoreo y verificación del cumplimiento de lo acordado, tanto nacionales como internacionales.

Las primeras trabas surgieron desde el Congreso que, sumado a la falta de celeridad por parte del Gobierno, provocaron que no se pudiera implementar toda la normativa legal necesaria para poner en marcha “la ejecución de compromisos medulares” del acuerdo de paz, criticó el informe.

Otro punto que debía implementarse rápidamente eran las amnistías e indultos, beneficios que si bien ya fueron recibidos por ex guerrilleros y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, avanzan lentamente y generan críticas desde las Farc. Además, todo lo referido a los tratamientos penales diferenciados fue atacado duramente por las fuerzas opositoras de derecha, que presentan el tema como un “pacto de impunidad” que favorece a las Farc. Sin embargo, los mismos partidos no dicen nada de las acciones de sicarios que hay a diario en varias zonas del país contra dirigentes comunitarios, campesinos, activistas de derechos humanos y otros, casi en su totalidad impunes.

La falta de garantías de seguridad para distintos sectores sociales organizados y para la reincorporación política, social y económica de los ex combatientes es sin duda el punto más crítico de la implementación de la paz. El Oiap denunció en su informe la evidente “continuidad de un plan sistemático de eliminación física de ex combatientes de las Farc y líderes sociales en todo el país”.

Severos incumplimientos

Cuando el balance de la implementación de la paz se hace sobre los objetivos de mediano y largo plazo, es evidente que no hubo prácticamente ningún avance significativo. El informe anual de Oiap se tituló “La paz en deuda” y presentó un análisis punto por punto en términos normativos e institucionales de la implementación. En el primer año de vigencia del acuerdo definitivo sólo se puso en marcha el 18,3% de las disposiciones legales necesarias para construir la institucionalidad de la paz, reflejó el informe.

Luego del histórico logro de poner fin al conflicto armado entre las Farc y el Estado, garantizar la dejación de armas y desmovilización de los ex guerrilleros, los temas acordados para poder construir una paz estable y duradera tuvieron un promedio de implementación de apenas 10%. Los puntos referidos a la reforma rural integral avanzaron sólo un 5%, los referidos a la lucha contra el narcotráfico un 6% y la reparación de víctimas del conflicto un 9,3%. La participación política avanzó más durante el primer año (19%) y en los meses siguientes, pero no hubo garantías de seguridad para el desarrollo de la campaña electoral.

Este balance del Oiap registró una evidente “falta de voluntad política” y expuso los múltiples obstáculos que enfrenta el Acuerdo Final. “El Estado aún no se articula ni se coordina para poner en marcha el acuerdo”, concluyeron los académicos colombianos y advirtieron que “la paz estable y duradera que enuncia el Acuerdo Final no será posible sin la implementación integral de los puntos 1 y 4, referidos a la Reforma Rural Integral y la solución al problema de las drogas ilícitas”. Si bien hay coincidencia en los análisis sobre que las Farc no volverán a la guerra, sí está latente la posibilidad de que surjan nuevas formas de violencia en el país, principalmente por la ausencia de avances en los puntos claves del acuerdo.

Para evitar le regeneración del conflicto armado interno es necesario que avance la implementación de los puntos referidos al acceso y uso de la tierra, desarrollo económico campesino, reforma rural, programas de sustitución de cultivos ilícitos, entre los principales temas que constituyen “la raíz del conflicto”, concluyó el Instituto Kroc.
Las tareas más importantes todavía están pendientes y si no hay respuestas a las causas verdaderas del conflicto no habrá paz en Colombia.

Hipocresía en la frontera colombo-venezolana 

Maniobras propagandísticas para tergiversar la realidad venezolana fueron replicadas por el conjunto de la prensa pro estadounidense y amplificada por quienes promueven una intervención militar “humanitaria” en Venezuela. Para sustentarla, un grupo de medios de comunicación informó que la oficina de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) había calificado a los emigrantes venezolanos como “refugiados”.

Esa información es falsa: la propia agencia de la ONU negó que los inmigrantes venezolanos que llegan a otros países de la región deban ser tratados como refugiados y exigió a los gobiernos suramericanos una actitud de reciprocidad, ya que la Revolución Bolivariana tiene una larga trayectoria de solidaridad y reconocimiento de derechos a los inmigrantes.

“Los migrantes que están llegando a nuestro país son tal vez el problema más serio que tenemos en este momento”, declaró en febrero el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Y agregó: “Hemos enviado misiones a países como Turquía, para poder aprender cómo han lidiado ellos con los refugiados sirios”. Es nítida la desproporcionada comparación con Siria, para cimetar futuros pasos contra Venezuela.

Realidad

La frontera colombo-venezolana lleva una larga historia de constante flujo de personas, pero con sentido inverso al que muestra hoy. Los últimos datos oficiales del censo de 2011 cifran la cantidad de colombianos residentes en Venezuela en 721.791 personas, pero el flujo migratorio registrado a partir de 2012 llevó al Gobierno a estimar la cantidad de inmigrantes de ese país en 5,6 millones, lo que representa el 19% de la población total de Venezuela.

Datos internacionales corroboran el éxodo colombiano provocado por más de medio siglo de conflicto armado interno. Según ínformes de 2017 del Consejo Noruego para los Refugiados y del Observatorio de Desplazamiento Interno, Colombia encabeza el ranking de personas forzosamente desplazadas de sus hogares a nivel mundial, con 7,2 millones de personas. Le siguen Siria, Sudán, Irak y la República Democrática del Congo, países atravesados por guerras civiles e intervenciones extranjeras.

En cuanto a los colombianos desplazados a Venezuela, Acnur informó que en los últimos años se registraron 130 mil solicitudes de refugio de personas que huyeron del conflicto armado. Prácticamente todas las personas que tiene estatus de refugiados en Venezuela son colombianas.

Fuentes omitidas
El representante de Acnur en Venezuela, Roberto Meier, brindó una visión totalmente distinta sobre la situación fronteriza que no se condice con el relato que difunde de la prensa comercial continental. El especialista remarcó en primer lugar el buen trato y la solidaridad que los inmigrantes colombianos reciben en Venezuela desde hace 30 años. El país “ha respondido a todos aquellos que salieron por el conflicto armado y les ha abierto las puertas. Aquel colombiano que emigraba a Venezuela por el conflicto tenía acceso a salud, educación, a todos los servicios, independientemente que tuviese un documento o no”, aseguró desde la frontera en una entrevista para Telesur.

Sobre la falsa noticia publicada en los medios, Meier aclaró: “Nosotros en ningún momento dijimos que los venezolanos que salen del país son refugiados. En esa nota de orientación estamos recordando a los países que deben dar protección y accesos a los derechos básicos a los inmigrantes. Venezuela lo hecho por décadas. Esperamos reciprocidad”.

Sin embargo, la realidad que viven los venezolanos que emigran a Colombia dista mucho de la que tuvieron los colombianos que huyeron del conflicto armado o fueron forzosamente desplazados. La xenofobia y la discriminación están muy presentes en Colombia, donde además grandes porciones del territorio son controladas por mafias criminales y paramilitares.

Uno de los mayores problemas que sufren los venezolanos migrantes es la trata de personas. “La gente sale (desde Venezuela) sin información, sin darse cuenta exactamente a qué se está exponiendo. Tenemos aquí redes de trata y tráfico de personas, de todo lo peor que podamos encontrar, y queremos advertirle esto a la gente, para que cuide a los niños”, advirtió Meier sobre la realidad que se vive en Colombia.

Otro punto ocultado de la realidad fronteriza es el de las familias binacionales, compuestas por ciudadanos de ambos países que se mudan de un lado a otro en función de las situaciones coyunturales. Muchas personas que cruzan desde Venezuela hacia Colombia son en realidad colombianos que regresan o tienen familias de nacionalidad mixta. Sin embargo, todos son igualmente maltratados por el gobierno de Santos.