Este martes 22 de junio fueron hallados tres cuerpos descuartizados en la vía que conduce de Cali a Palmira, Valle del Cauca, a la altura del río Frayle. Un día antes, la cabeza de Santiago Ochoa; hace un mes, el 22 de mayo, se encontró la cabeza de una mujer en el barrio Carimagua de la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. El 27 de mayo fue hallado en el barrio San Cristóbal, sur de Bogotá, una bolsa con restos humanos. Varios jóvenes han sido encontrados flotando en el río Cauca.

Estos hechos no son nuevos en la historia de Colombia. En febrero del presente año se encontraron los restos de dos personas descuartizadas en Suarez, Cauca.

En el 2020 se descubrieron varios cuerpos flotando sobre las aguas del río Medellín, entre ellos el de un hombre atado de manos y pies y decapitado; en julio de ese mismo año se encontró a un costado de la vía Panamericana entre Popayán y Timbío, a la altura de la vereda La Honda, el cuerpo desmembrado de un joven de 24 años que trabajaba como domiciliario y que días antes había sido reportado como desaparecido; otra parte del cadáver fue encontrado en el municipio de El Tambo, Cauca.

En el 2019 sonaron varios casos similares, entre ellos, se supo sobre una ‘casa de pique’ en Soacha, sur de la capital, donde habrían sido descuartizados varios ciudadanos venezolanos.

También se registraron hallazgos del mismo tipo en 2018 y el 2017, y en 2016 agentes del CTI desmantelaron otra ‘casa de pique’ en la llamada zona del “Bronx” de Bogotá, a escasas seis cuadras de la Casa Nariño, sede presidencial.

Y así, año tras año se habla de las ‘casas de pique’, las primeras conocidas en el pacífico colombiano, de los hornos crematorios, de las motosierras utilizadas por los paramilitares en los noventa contra campesinos y opositores a su proyecto criminal, el mismo que respaldó y llevó a la presidencia a Uribe Vélez, quien se encargó de romper la frágil institucionalidad colombiana, degradar aún más democracia -ya era plutocracia- para instaurar una narcocracia homicida, y deformar la mentalidad de millones de ciudadanos que optaron por justificar lo atroz, defender la tortura y decidir, por acción indirecta, quien merece vivir y quién no, en Colombia, quienes deben portar armas y contra quien pueden utilizarse desde la acción civil, lejos de los combates entre actores armados.

Están los mal llamados ‘falsos positivos’ -como si positivo fuera la muerte violenta de otro ser humano (en este caso de inocentes vendidos como mercancía para ser ejecutados y convertidos en cifras de un supuesto éxito para el gobierno nacional) y como si institucionalizar el lenguaje militar y convertirlo en diálogo natural dentro de una sociedad diezmada por la barbarie y la indiferencia, fuera ganancia-, están las ejecuciones, las masacres, los genocidios, está la brutalidad y la sevicia en los crímenes, la incapacidad para reconocer la humanidad en el oponente, y la necia búsqueda de enemigos entre simples contradictores políticos.

La historia del Siglo XX, el siglo corto de la humanidad, fue un baño de sangre y de espanto en Colombia. El XXI no es mejor y a él se suma la fascinación por la idiotez colectiva y la naturalización de lo abyecto, de lo que como sociedad debería confrontarnos, retarnos y unirnos para buscar salidas razonables y humanas para superar de una vez y para siempre la mortal encrucijada de la violencia endémica y sistémica. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lancemos un gran grito diciendo ¡BASTA!