Por María Jagoe

Se cumplió un año desde la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina. Esta norma reconoce a las mujeres y personas gestantes el derecho a abortar hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de explicar los motivos.

Según datos del Ministerio de Salud, durante 2021 se realizaron 32.758 interrupciones legales del embarazo en hospitales y centros públicos. Son las primeras cifras oficiales sobre aborto en la historia argentina. También se registraron 19.000 consultas telefónicas en la línea de Salud Sexual, lo que representa más llamadas en 12 meses que durante los 10 años anteriores.

Pero durante este primer año de vigencia de la ley de Argentina, ¿qué pasó en el resto de nuestra región?

La Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto en caso de violación en abril de 2021. La votación (7 votos a favor y 2 en contra) se realizó después de que se presentaran varias demandas por inconstitucionalidad, ya que la ley sólo reconocía la causal de violación para las mujeres con discapacidad mental.

En el caso de México, la legislación varía a nivel federal. En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al estado de Coahuila que modifique su código penal, que castiga el aborto voluntario con uno a tres años de prisión, por considerarlo inconstitucional. También obligó al estado de Sinaloa a eliminar de su constitución el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción.

El aborto es legal en todo el país en caso de violación. Sólo Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Colima, Hidalgo y Veracruz permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

En Chile, el 30 de noviembre pasado, la Cámara Baja de Chile rechazó un proyecto de ley que ampliaba el acceso legal a la interrupción del embarazo hasta la semana 14. La propuesta quedó archivada y habrá que esperar un año antes de presentarla nuevamente ante el Congreso.

Sin embargo, apenas un mes después las organizaciones feministas chilenas lograron un triunfo histórico. La iniciativa popular “Será Ley” reunió más de 15.000 firmas y podrá ser tramitada y defendida en la Convención Constitucional. El objetivo es que los derechos sexuales y reproductivos sean protegidos en la nueva Constitución.

Colombia también espera un fallo favorable para la despenalización del aborto. Estaba previsto que la Corte Constitucional se pronunciara el pasado mes de noviembre, pero la votación no se produjo y entró en un limbo jurídico hasta que se decida si uno de los nueve jueces puede o no participar en el debate.

Desde 2006, Colombia reconoce el derecho al aborto en caso de violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer. El movimiento Causa Justa denuncia que cada año unas 400 mujeres son criminalizadas por abortar.

Centroamérica tiene las políticas más restrictivas de la región. En Honduras, en enero de 2021, una reforma constitucional endureció aún más la prohibición del aborto. El mes pasado, República Dominicana rechazó incluir el aborto en tres causales (riesgo para la madre, violación y malformación fetal) en un nuevo código penal. Y en octubre de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador rechazó despenalizar el aborto aún cuando esté en riesgo la vida de la mujer.

Sin embargo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó el 24 de diciembre pasado liberar a tres mujeres que cumplían condenas de 30 años de cárcel. Habían sido procesadas por “homicidio agravado” después de sufrir emergencias obstétricas. Esto fue celebrado por la campaña “Nos Faltan Las 17”, que actualmente busca la liberación de 14 mujeres más que fueron encarceladas por la misma razón.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se realizan alrededor de 73 millones de abortos en todo el mundo. Un 45% de ellos se practican en condiciones no seguras, por personas no capacitadas que utilizan métodos invasivos y peligrosos. En las regiones en desarrollo, la OMS calcula que mueren 220 mujeres por cada 100.000 abortos inseguros y 7 millones deben ser atendidas por complicaciones derivadas de esta práctica.

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