Arremetida contrarrevolucionaria en Venezuela

El martes 21 de febrero periodistas de distintos Estados del país se pronunciaron contra las agresiones imperialistas a Venezuela. Foto: AVN

El Gobierno se mantiene firme ante la campaña infame de Washington y denuncia una propaganda de guerra. La oposición está fracturada, no quiere dialogar y apela a la injerencia internacional.

“En Estados Unidos se ha impuesto una inercia estratégica de las políticas de Bush y Obama, que hoy están mandando en todos los organismos estadounidenses, bajo el auspicio de la derecha venezolana. Ellos no pueden aceptar que Venezuela esté recuperándose, que poco a poco estemos recuperando la economía”, denunció el presidente Nicolás Maduro tras advertir que dirigentes opositores promueven una intervención directa contra el país.
Las tensiones políticas internas se dispararon cuando la oposición decidió abandonar las mesas de diálogo con el gobierno nacional. Desde entonces, su núcleo duro arrecia en intentos por sacar del poder al Presidente, en línea con la escalada de ataques lanzada desde Washington. Pero tienen un problema mayúsculo: la estructura de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne al conjunto de las agrupaciones de oposición está fracturada, sus seguidores la desprecian públicamente y su poder de movilización se redujo notablemente, como se vio en la última marcha del 18 de febrero en Caracas en reclamo de la liberación de Leopoldo López.
Para intentar salvar la coalición, los miembros acordaron una reestructuración y la salida de su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba. En su lugar asumió José Luis Cartaya –figura casi desconocida en el país– como nuevo “coordinador general” de la MUD y se crearon tres secretarías para repartir cargos.
En el plano legislativo, la oposición no puede hacer uso de su mayoría propia porque mantiene a la Asamblea Nacional en desacato. Además, la Contraloría General de la República (CGR) debió intervenir recientemente la Dirección de Auditoría Interna del órgano legislativo debido a las denuncias por el manejo inadecuado de los recursos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2016. Entre las irregularidades se destaca la denuncia por el desembolso de casi 200 millones de bolívares, el 2 de enero, a nombre del diputado Ramos Allup, días antes de dejar la presidencia de la Asamblea Nacional.

Nueva ofensiva contrarrevolucionaria
Ante la inoperancia interna, la oposición depende de la campaña internacional contra Venezuela, con eje en los medios de comunicación.
El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sin ninguna prueba que consideraba que el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, tenía “un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos” y lo incluyó en su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados. “Ante la infamia y la agresión imperialista: moral intacta, mayor firmeza y convicción antimperialista y mayor conciencia chavista”, respondió El Aissami al anuncio del gobierno de Donald Trump. “En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antimperialista. ¡Venceremos!”, agregó.
Esta denuncia se suma a otras similares hechas anteriormente contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, y el Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.
Una semana antes, la cadena CNN emitió un programa para intentar vincular burdamente al gobierno venezolano con el tráfico de pasaportes al servicio del terrorismo internacional. La fuente utilizada para la denuncia fue un agente opositor infiltrado en la embajada venezolana en Irak, descubierto y expulsado de su cargo en septiembre de 2016.
En medio de estos ataques, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, visitó los parlamentos de Colombia y Brasil, y fue recibido por el canciller del gobierno ilegítimo de Michel Temer, José Serra. En un discurso ante el congreso colombiano, Borges señaló que “se hace urgente un proceso de liberación en Venezuela” y pidió apoyo a los países de la región para “salir de la crisis”. Pareció estar solicitando una intervención internacional contra el país.
Rápidamente, la Asociación de Abogados Bolivarianos de Venezuela introdujo ante la Fiscalía General una demanda para pedir el antejuicio de mérito por delitos de usurpación y lesa patria a Julio Borges. Se entiende que si la Asamblea Nacional está en desacato, su presidente carece de tal investidura y mucho menos puede recorrer otros países usurpando funciones exclusivas del Presidente.
Aunado al viaje de Borges, otra delegación de diputados opositores viajó a Estados Unidos. Encabezada por Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, la delegación mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y solicitó la imposición de sanciones a dirigentes venezolanos oficialistas días antes que Washington lanzara la operación contra el Vicepresidente de Venezuela. El plan se completó con la reunión de Donald Trump y Lilian Tintori –esposa de Leopoldo López– en la Casa Blanca el 15 de febrero, con el reclamo del presidente estadounidense para la liberación de López.
En paralelo, los medios buscan instalar progresivamente el concepto de que Venezuela sufre una dictadura encabezada por Maduro.

Respuesta firme
En rueda de prensa internacional convocada en Caracas, Delcy Rodríguez denunció la “operación de propaganda de guerra contra el país”. El Gobierno decidió ante la sistemática y reiterada difusión de contenidos que constituyen agresiones e infamias directas contra Venezuela y la dirección revolucionaria, sin derecho a réplica y sin pruebas, quitar inmediatamentede la parrilla de programación a la señal estadounidense. El director del ente rector de las comunicaciones en el país (Conatel), Andrés Eloy Blanco, argumentó que “CNN se convirtió en un cañón de instigación de violencia en el país, al odio religioso y político”. Maduro denunció directamente que “CNN está promoviendo una intervención general y masiva contra Venezuela”.
El Psuv salió rápido a denunciar el peligroso vínculo entre estas acciones y el decreto del ex presidente Obama que califica a Venezuela como una “amenaza” a la seguridad de Estados Unidos. Tal decreto “pretende ser reavivado con falsos positivos”, denunció el partido revolucionario, en referencia a las graves denuncias sin fundamentos que intentan vincular al Gobierno con narcotraficantes y terroristas. “La infamia y el descrédito son manejados como instrumento político para pretender deslegitimar a la máxima dirigencia de la Revolución y generarcondiciones que justifiquen una intervención extranjeraen nuestra Patria”, se lee en el comunicado.
Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana consideró las acusaciones como un acto de injerencismo del gobierno estadounidense que ofende a todos los venezolanos y afirmó que “la nefasta estructura de la DEA es empleada de manera criminal para afectar Estados y gobiernos progresistas en función de oscuros intereses”.

Clap: la clave económica
La nueva arremetida nacional e internacional contra la Revolución Bolivariana se da en un contexto nacional donde la prioridad del Gobierno es la reactivación del crecimiento económico, así como también garantizar la paz y estabilidad del país. En ese punto, los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) cumplen un papel vital, no sólo en la producción y distribución de alimentos.
Sobre este instrumento Maduro explicó: “Los Clap no son simplemente una caja. Critico fuertemente a los compañeros que ponen al pueblo a hacer cola para entregarle una caja. Ese no es el camino, el camino es ir casa por casa, abrazar al pueblo, incorporarlo, fortalecer los Clap a nivel asambleario, en la base. Que nadie desnaturalice los Clap”. Y llamó luego a consolidar esta herramienta popular por ser “la respuesta socialista desde las bases a la guerra económica”. “Sigo insistiendo en apostar todo el poder para los Clap porque sé que miles de nuevos líderes han surgido en las comunidades”, concluyó el Presidente.
Sin embargo, la distribución a través de los Clap ha generado un serio fenómeno de corrupción y mafias que atentan contra su razón de ser. Por eso el Coordinador Nacional de los Clap, Freddy Bernal, ha sido enfático en promover la denuncia como método para garantizar la debida distribución casa por casa. Fueron habilitados distintos canales para recibir todas las denuncias y varias personas fueron detenidas por revender a altos costos las bolsas de alimentos en distintos Estados del país. Por eso Maduro aseguró que “todo miembro del gobierno que vea desfigurando la esencia de los Clap será removido de su cargo”.

Desde Caracas, con informes de Roxana Martínez

Venezuela da el ejemplo con migrantes colombianos

Una delicada situación se vivió en la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en los Estados Táchira y Zulia, al confirmarse el desplazamiento de al menos 96 familias colombianas hacia territorio venezolano.
Anunciada públicamente por el gobierno de Venezuela primero y confirmada luego por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, le emigración se produjo en dos grandes grupos. Ambos afirmaron estar huyendo de las amenazas y persecuciones de paramilitares que tomaron localidades del norte de Santander tras la desmovilización de guerrilleros de las Farc.
La inmediata presencia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en la zona permitió comprobar y atender la situación de los migrantes colombianos junto al gobierno venezolano. Acnur informó que la mayoría de los desplazados arribaron a Zulia por el Río Catatumbo y notificó la inmediata activación de la “red nacional de protección de refugiados” bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro. Este organismo de la ONU agradeció y felicitó la “respuesta solidaria y rápida de las autoridades de Venezuela, al acoger a los refugiados y a otros miles que tuvieron que huir de la violencia en sus países de origen”.
Los nuevos inmigrantes recibieron ayuda humanitaria y se les abrió el proceso de refugio a todos los que manifestaron interés en permanecer en Venezuela. La solidaria respuesta del gobierno bolivariano contrastó con las últimas denuncias hechas desde Colombia, donde autoridades gubernamentales cuestionaron la migración de profesionales venezolanos a Bogotá y el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, usó el término “venecos” para referirse peyorativamente a los venezolanos durante una entrega de viviendas.
Pese el bombardeo mediático diario contra Venezuela, los ataques a la moneda nacional, el tráfico de alimentos y gasolina promovidos desde Colombia, una vez más el gobierno bolivariano ratificó su carácter humanitario y de hermandad con los pueblos latinoamericanos.

Reestructuración de Pdvsa

“Cero tolerancia con la corrupción y la traición”, sentenció el presidente Nicolás Maduro al anunciar una “reestructuración absoluta” y un “golpe de timón” en la petrolera estatal venezolana.
La medida había sido adelantada en noviembre, pero recién en enero fue designada la nueva junta directiva de Pdvsa, que está integrada por la canciller Delcy Rodríguez, quien asumió como vicepresidente de Asuntos Internacionales; la vicealmirante Maribel Parra en la vicepresidencia ejecutiva; Simón Zerpa en Finanzas y César Triana como presidente de Pdvsa Gas. Todos tienen la tarea primordial de “sanear Pdvsa de la corrupción e iniciar un proceso de transformación completa e integral”, señaló el presidente de la empresa, Eulogio del Pino.
Los cambios demuestran que la lucha contra la corrupción sigue su curso. A inicios de año fue destituido y detenido Juancarlo Depablos, presidente de la subsidiaria petroquímica de Pdvsa, Pequiven. También fueron aprehendidos nueve directivos de la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del país, incluido el presidente de la Corporación del Petróleo y director de la faja, Pedro León Torres. Las investigaciones se mantienen ante las irregularidades presentadas por la adquisición de equipos a sobreprecio.
Ante esta realidad y la susceptibilidad de la empresa a sabotajes internos, se produjo su necesaria reestructuración. La tarea encomendada por Maduro es lograr una Pdvsa socialista, eficaz y eficiente, para lo cual es esencial vencer la corrupción y la burocracia enquistadas en la principal empresa del país.