Corte Interamericana juzgará el golpe a Fernando Lugo
Por Jorge Zárate
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda de Fernando Lugo contra el Estado paraguayo por el golpe parlamentario que sufriera en junio de 2012.
La decisión, hecha pública sobre finales de 2021, puede abrir un antecedente para otros casos de destituciones en la región.
Se trata de un hecho “histórico” e “inédito” que permitiría estudiar la seguidilla de «golpes blandos» ocurridos desde la destitución de Manuel Zelaya en Honduras en junio de 2009.
La CIDH consideró importante para la admisión de la demanda, que el Congreso sólo diera 16 horas a la defensa del expresidente y que el libelo acusatorio tenía apenas dos hojas.
Su abogado, Emilio Camacho defendió que “fue un auténtico golpe de estado parlamentario» y o describió como “un caso paradigmático» porque la presentación “es una defensa al estado democrático y a la voluntad popular”.
“Si la CIDH lo resuelve a favor de Lugo, marca un antecedente para los otros expresidentes», consideró, y recordó los casos de Dilma Rousseff, en Brasil (2011-2016); Rafael Correa, en Ecuador (2007-2017) y Manuel Zelaya, en Honduras (2006-2009).
Lugo, elegido en 2008, fue candidato de una alianza de partidos progresistas con el centro derechista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El gobierno del exobispo interrumpió décadas de hegemonía del Partido Colorado, que gobernaba ininterrumpidamente desde 1947.
Lugo fue apartado de su cargo por la Masacre de Curuguaty, un trágico evento en el que unos 400 policías acudieron a desalojar de unas tierras en litigio a un grupo de campesinos sin tierra.
La impericia de la fuerza pública y eventos que nunca se investigaron, derivaron en la muerte de 11 campesinos y 6 policías.
El lawfare, o «judicialización de la política», consiste en el «uso indebido» del sistema judicial para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, según lo define el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
Vale decir que en la “indefensión” de Lugo durante su juicio político se produjo la “violación de derechos fundamentales y del pacto de San José de Costa Rica”, según considera Camacho.
Ahora las partes tienen 6 meses para aportar pruebas. Aunque posteriormente puede darse un acuerdo, también el litigio puede continuar hasta que se dé una sentencia.
«El presidente Lugo dice que en caso de que la CIDH haga lugar a su reclamo, que estaría en torno de los 500 millones de guaraníes, que son como como 70 mil dólares, lo va a donar a la comunidad indígena Avá Guaraní», informó Camacho.
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La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
