El Estado de emergencia decretado por el Gobierno de Perú puso en marcha un feroz operativo de represión de las protestas populares que se saldó, hasta este jueves con al menos 15 muertos, aunque organizaciones sociales denuncian cerca de 30 víctimas fatales.

Las protestas, que se realizan en distintos puntos del país luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, dejaron en las últimas 24 horas siete muertos sólo en la ciudad de Ayacucho.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho informó que siete personas murieron y otras 52 resultaron heridas en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad cuando trataban de tomar el Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte.

El gobierno regional de Ayacucho responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte y a los ministros del Interior y de Defensa, César Cervantes y Luis Alberto Otárola, respectivamente, por lo ocurrido en su jurisdicción.

«Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego y represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú contra nuestra población, condenamos todo acto de vandalismo», señaló el Ejecutivo local.

Con la confirmación de las autoridades de Ayacucho, el balance oficial de muertos por las protestas se elevó a 15 personas, aunque la demora de la información de los fallecimientos genera confusión en el número real.

Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados los aeropuertos de Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho.

Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.

Ante las manifestaciones, el Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.

Las protestas se intensificaron este jueves luego de que un juez accediera a un pedido de la fiscalía para mantener en prisión a Castillo preventivamente por 18 meses e investigarlo por rebelión y conspiración.

El el juez supremo Juan Carlos Checkley acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública.