¿Cuáles son los delitos por los que se acusa a Áñez?
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, informó que la cartera que dirige pedirá «una condena de 30 años» contra la dictadora expresidenta de fact Jeanine Áñez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz, en las que murieron cerca de 40 personas.
«Acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos», enfatizó Lima.
El ministro hizo estas afirmaciones un día después de que la jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, decretó la detención preventiva de cuatro meses para la exmandataria de facto.
La medida también recayó sobre sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, y se justificó por la existencia de riesgo de fuga de los detenidos.
El pedido de justicia de los familiares de las víctimas de las masacres incluye desde un primer momento el juzgamiento de Áñez y la cúpula cívico-militar del gobierno de facto.
En febrero pasado, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló a la expresidenta de facto Jeanine Áñez como responsable de estas masacres.
Recordó que el 15 de noviembre de 2019, Áñez firmó el decreto 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal.
Este lunes, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia presentó a la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez y sus excolaboradores para viabilizar juicios de responsabilidades.
Las cuatro proposiciones acusatorias involucran a Áñez, detenida el domingo y trasladada a la cárcel de Obrajes de La Paz, a quien este lunes la Justicia impuso de manera provisional cuatro meses de prisión mientras se sustancia el juicio por el golpe de Estado contra Evo Morales..
En rueda de prensa, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, confirmó la presentación ante la Fiscalía General del Estado y enumeró los cargos.
Las acusaciones tienen que ver con el préstamo presuntamente irregular de más de 327 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Bolivia; la prórroga «ilegal» por 15 años de concesión de Fundaempresa, una entidad comercial contratada por el Estado; la «vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile» y las restricciones decretadas durante la pandemia.
¿Cuáles son los delitos por los que se acusa a las exautoridades?
La Agencia Boliviana de Información (ABI) mencionó los cuatro cargos que se suman a los que ya impartió la Justicia, para ordenar la detención de Áñez.
Caso FMI
En el caso del préstamo irregular de $us 346,7 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional pide juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez, el exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero; y expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Caso Fundempresa
En el caso de la prórroga ilegal de concesión de Fundempresa dictado ilegalmente en el régimen, el Gobierno solicitó que Áñez, y los exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, José Abel Martínez Mrden y Adhemar Guzmán Ballivián sean procesados por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica.
Caso residentes bolivianos en Chile
Bolivianos residentes en Chile, asesorados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, denunciaron la vulneración de sus derechos humanos el 2020 debido al cierre de fronteras que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria en el régimen de Áñez.
Hoy, se presentó una proposición acusatoria en contra de Áñez, quien es denunciada por resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación. Las víctimas indican que se les vulneró el derecho a la vida digna, a la libertad de residencia, permanencia y circulación, a la seguridad y a la no discriminación.
Caso libertad de expresión en pandemia
Durante el régimen de Jeanine Áñez, se declaró situación de emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19. En la primera ola, se aplicó una estrategia basada en la restricción y persecución a quienes opinen en contra de su gobierno. Todos los que opinaban diferente eran sancionados con hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias.
La denunciada en este caso es Jeanine Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo.
La dictadora y expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y algunos de sus ministros fueron detenidos este fin de semana acusados de sedición, terrorismo y conspiración, durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
De acuerdo con la imputación fiscal existen los suficientes elementos de convicción respecto a la probable participación de los sindicados en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
En la semana, la Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y otros altos jefes militares y policiales por su participación en el sangriento golpe contra Evo Morales.
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