Gobierno uruguayo presentó el primer Plan Nacional de Aguas

El río Santa Lucía es principal abastecedor de agua potable del país

Autoridades nacionales iniciaron un estudio en profundidad sobre el uso y contaminación de este recurso vital. La discusión ahora es sobre su uso racional, imposible bajo la lógica capitalista.

Como resultado de la lucha del movimiento popular organizado se redactó y presentó el primer Plan Nacional de Aguas (PNA). Hijo de la Ley de Política Nacional de Aguas (Ley N° 18.610), prevé la formulación de planes nacionales, regionales y locales, con lineamientos generales sobre el manejo del agua. Hace algunos años comenzaron a abordarse en el país temas fundamentales, como el cambio climático y el uso del agua.
A nivel mundial hay extremas desigualdades en el uso y abuso de este recurso: mientras en Estados Unidos una persona consume en promedio entre 250 y 300 litros de agua por día, un somalí usa nueve litros, aunque se estima que cada persona necesita 50 litros por día. El problema ya es muy grave: 1.200 millones de personas tienen dificultades para acceder al agua potable, lo que equivale a uno de cada seis habitantes del mundo. La sobreexplotación de cauces, ríos, arroyos, acuíferos, disminuye la disponibilidad de acceso a este bien vital.
Diez empresas multinacionales pugnan por tomar el control del agua en el planeta: Vivendi, Bouygues Saur y Suez Lyonnaise des Eaux, de Francia; Enron-Azurix, de Estados Unidos; Rwe Groupe, de Alemania; Thames Water, United Utilites, Sever Trent, Anglian, Kelda Group, del Reino Unido. Algunas de ellas han sido acusadas de corrupción y de pagar sobornos. Aliados naturales de las empresas, organismos como el Banco Mundial, FMI y BID proponen modelos que transfieren la gestión a las multinacionales, haciendo del agua una mercancía.
América Latina, particularmente Suramérica, cuenta con recursos acuíferos que son apetecidos por las grandes multinacionales. Analistas coinciden en que los intentos por apropiarse del agua pueden propiciar guerras futuras. En la región todavía se recuerda la batalla en defensa del agua que liberó –y ganó– el pueblo boliviano en el año 2000, cuando se entregó el recurso a Aguas del Tunari. La lucha terminó con 16 muertos y la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada.

Puebladas

En 2004 el movimiento popular uruguayo, mediante plebiscito constitucional, impidió la privatización del servicio de agua. Con tal medida, Uruguay pasó a ser el primer país que estableció en su Constitución que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental. Según datos del ente estatal que brinda el agua potable, OSE, el 98% de la población accede a la misma, el 10% del consumo es humano y 84% se utiliza en riego agrícola.
El plebiscito ganado y otras acciones preanunciaban el quiebre de la hegemonía de los gobiernos de derecha. El pueblo organizado canalizó sus demandas y propuestas integrando, desde la diversidad, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
Con las cartas vistas, en 2011 –durante la administración de José Mujica– se aprobó la Ley de Política de Aguas (18.610) que dio lugar, el año pasado, a la creación y debate de un plan nacional de aguas (PNA). El mismo da instrumentos para gestionar los recursos hídricos en todo el país y establece criterios para la confección de planes regionales y locales.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente –desde la Dirección de Aguas– armó el pasado año un documento y lo sometió a la consideración de la academia, los consejos regionales de recursos hídricos, las comisiones de cuenca y acuíferos y otros actores. La actividad insumió buena parte del año pasado.
El PNA plantea una serie de directrices que tienen que ver con la gestión integrada; ratifica que el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales; que las cuencas son una unidad de actuación, concibiendo la participación ciudadana en la planificación, gestión y control y admitiendo innovaciones en el marco legal.
Los consejos regionales tienen que ver con la Laguna Merín, los ríos de la Plata y Uruguay más el frente marítimo. Mientras que las cuencas incluyen los ríos Cebollatí, Santa Lucía, Cuareim, Tacuarembó, Yí, el arroyo San Antonio, las lagunas del Sauce y de los Cisnes y el acuífero Guaraní, reserva significativa que involucra territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Expertos señalan que es una “invaluable e irrepetible riqueza natural”.
Por otra parte, establecen cuáles son los aspectos críticos que presenta el país. Uno de ellos tiene que ver con la escasa capacidad predictiva en relación a los impactos de las sequías y riesgos asociados a la infraestructura existente. En consecuencia diseña metas a mediano y largo plazo con la integración de un sistema informativo que permite disponer de insumos valiosos para el seguimiento y monitoreo de las acciones desplegadas.

Discrepancias

Pese a que el asunto no ha permeado a buena parte de la comunidad, distintas organizaciones –muchas de ellas claves en el plebiscito de 2004– han hecho sentir sus discrepancias y puntos de vista. Las organizaciones saben que, de alguna manera, tratar al agua como bien público y la necesidad de su uso racional choca con fortísimos intereses privados, por el modelo capitalista de producción.
A las presentaciones realizadas en distintos puntos del país se agregó un “panel ciudadano”, de 15 miembros, con amplia integración y procedencia territorial que discutió el PNA a partir de un material elaborado por un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República.
El panel generó un extenso documento de cinco capítulos: participación e involucramiento ciudadano; educación y cultura; calidad del agua; pago por su uso y modelo de desarrollo. Entre sus planteos señalan que: el Estado no tiene capacidad para atender las demandas de los participantes en los “Consejos Regionales y de las Comisiones de Cuenca”; falta vincular la salud humana e incorporar al ministerio respectivo; escasea la regulación sobre el uso de agroquímicos, aguas industriales y residuales. A pesar de sus distintas miradas, el panel especifica, que “un plan de agua debe pensarse en relación a la revisión crítica” de los modelos de desarrollo.
El debate revela en cierta medida la centralidad del asunto y los intereses que están en juego. El Gobierno introdujo en el Parlamento un planteo de modificación de la ley de riego. La iniciativa señala que el uso del agua para riego “no debe entrar en contradicción con el derecho al consumo”. Menciona el concepto de “caudal ecológico”, que busca cuantificar el agua del régimen hidrológico natural.
Integrantes del panel discrepan con la modificación porque entienden que debe esperarse a “tener conocimiento de los caudales ambientales”, ya que “en Uruguay aún no se ha definido cómo calcular los valores de estos caudales, que varían temporalmente en cada lugar”. Consideran que la modificación da ingreso a los privados para “la construcción, gestión, distribución y comercialización del producto” y se preguntan en qué medida esto respeta el espíritu de la reforma constitucional de 2004, que prohíbe la privatización del agua. La representación de la Comisión de Fomento Rural sostuvo que el proyecto “no está diseñado para los pequeños productores”.

Situación actual

A lo anterior se suman innumerables denuncias de contaminación de cauces de aguas y pueblos fumigados debido a la utilización de agroquímicos tóxicos. Según consignó el semanario Brecha, los vecinos del paraje La Armonía (departamento de Canelones) vieron cómo se secaban sus cultivos, pensando que era debido a los cambios climáticos, aunque meses después “los vecinos supieron que varios pozos de agua para consumo humano estaban contaminados con agrotóxicos”. Según el mismo trabajo periodístico, un miembro de la organización Mburucuyá de la ciudad de Dolores (departamento de Soriano) comenta que “hablar mal del glifosato es como hablar mal de la madre”. El boom soyero tiene mucho que ver con esta severa problemática. Se pasó de casi cuatro mil toneladas importadas de agroquímicos, en el año 2000, a casi 25 mil en 2014.
El Departamento de Canelones, fuertemente agrícola, con modalidad familiar, está muy afectado, al punto tal que la propia Intendencia pretende adoptar algunas medidas, aunque la presión de empresarios soyeros es inmensa.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, expresó, en relación a la contaminación de los cauces de agua, que “casi todos” están supervisados. Sobre el río Santa Lucía, abastecedor central de agua potable del país, se tiene información precisa de sus afluentes contaminantes. Sin embargo, reconoció que la medición de los niveles de contaminación no es “tan fácil” y realizó una comparación: “Nosotros no estamos ni peor ni mejor que muchos de los países de Europa y de América Latina con respecto a la contaminación; tenemos una ventaja sobre Brasil y sobre Argentina, por ejemplo, que nos permite a nosotros acotar rápidamente y detectar dónde están los problemas”, opinó.

Desde Montevideo,
Darío Rodríguez Techera