Brasil va perdiendo los restos de su democracia

Sin rubor, Temer anunció su candidatura presidencial. El gran capital no tiene candidato, pero bloquea a Lula y garantiza la vigencia de sus reformas regresivas. Intervención criminal en Río.

“Sería una cobardía no ser candidato”, declaró por primera vez de cara a las elecciones de octubre. Aunque parezca inverosímil, la frase es del presidente no electo, Michel Temer. En entrevista exclusiva para una revista nacional, el dirigente del Pmdb aseguró que lo hará para defender su “legado”. Se refería principalmente a la reforma constitucional que congeló el gasto social por 20 años, la reforma laboral que redujo derechos adquiridos por los trabajadores y la reforma previsional que pretende hacer aprobar en el Congreso.

Las encuestas de marzo mostraron una desaprobación de entre 93% y 94%, y un apoyo de apenas entre 2% y 6% para el mandatario brasileño, acusado de corrupto y usurpador del poder por una amplia mayoría de brasileños. Su gobierno culmina el 1 de enero de 2019.

Para poder al menos soñar con una imposible victoria electoral, Temer esperó a que la justicia dejara al ex presidente Lula inhabilitado y a las puertas de la cárcel para aferrarse a una peligrosa iniciativa populista: la intervención militar de la seguridad pública en Río de Janeiro.

Dos semanas después de lo que creyó era una brillante iniciativa, la encuestadora Ipsos del diario O Estado de São Paulo le reveló que su popularidad no había subido en absoluto y permanecía en 4%, con un punto más de desaprobación: 94%. Encima, el sondeo se realizó antes del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad (Psol), que fiscalizaba la intervención federal (ver recuadro). Temer debió cancelar su visita a este Estado clave del país, que pretendía usar de trampolín.

La única esperanza del presidente no electo está en que todos los posibles candidatos medidos en marzo registraron un mayor nivel de desaprobación popular que de aceptación, con un rechazo superior al 66% en la mayoría de los casos. Su extrema debilidad es compartida por el conjunto del sistema político, cuya profunda corrupción fue expuesta por la justicia.

Las cifras que arrojan las encuestas permiten concluir que no hay estabilidad posible para el país ante semejante repudio social contra sus dirigentes políticos y otros posibles aspirantes presidenciales. El único que rompe ese esquema es Lula, al frente de todas las encuestas para las elecciones presidenciales. Sin embargo, la población no tendrá siquiera el derecho a votarlo, mientras se ve obligada a tolerar otro año de un gobierno que no eligió.

Camino trazado
El gran capital no tiene donde apoyarse con firmeza, pero controla un Congreso corrompido y sostiene una hoja de ruta sin grandes obstáculos. Agotado el período de crecimiento económico tras la profunda recesión de 2015 (caída de 3,5% del PIB), el Partido de los Trabajadores (PT) dejaba de ser un aliado y comenzaba a transformarse en obstáculo para el ajuste deseado.

Al culminar el primer año de gobierno de Dilma Rousseff, se puso en marcha el plan golpista a través del Congreso, con eje en el partido burgués que hacía de principal aliado del PT desde los gobiernos de Lula: el Pmdb. Temer fue el único instrumento posible para evitar llamar a elecciones presidenciales anticipadas y el Congreso se encargó de votar lo ordenado: congelamiento del gasto público social (en áreas clave como educación y salud), reforma laboral favorable al empresariado y reducción de la inflación por la vía de la disminución del poder de compra de los asalariados.

La debacle político-institucional de 2016 colaboró en la profundización de la recesión (la economía cayó 3,6% en el año). Pero ahora, tras la debacle, Temer y la prensa tradicional celebran que Brasil “salió de la crisis”, por haber crecido apenas 1% en 2017.

Ese optimismo no lo percibe la población. Los últimos datos del desempleo demuestran que hace largo tiempo se mantiene en torno al 12%. En el trimestre de noviembre-enero, fue de 12,2%, porcentaje equivalente a 12,7 millones de trabajadores desocupados. Sin embargo, el Gobierno y los medios del gran capital difunden que ahora hay una generación “récord” de puestos de trabajo, aunque la débil reactivación económica no modifica el cuadro social.

Bloqueo

Otro nudo clave en el complejo entramado de relaciones de fuerza sociales del país es la inhabilitación electoral de Lula, que además puede quedar preso si el Supremo Tribunal Federal decide rechazar el pedido de habeas corpus este mes.

El ex presidente y líder político más popular del país sufrió un nuevo revés judicial el 26 de marzo, cuando un tribunal de apelación le rechazó los recursos presentados contra la condena de 12 años y un mes de cárcel impuesta por un tribunal de segunda instancia. El fallo en primera instancia, del controvertido juez Sérgio Moro, había decidido una pena de nueve y años y medio de cárcel para Lula por un departamento que habría recibido como soborno de la constructora OAS. El aumento posterior de la condena fue premeditado: los delitos con penas de 12 años o más no prescriben.

La defensa del ex presidente asegura que todavía no está sentenciada su inhabilitación política y promete recurrir a todas las instancias para evitar la aplicación de la pena de prisión y revertirla.

Por su parte, Lula continuó con sus caravanas por todo el país con un recorrido por los Estados del sur en marzo, donde defendió la reforma agraria, su candidatura y afirmó que “la democracia en Brasil no es la regla, sino la excepción”. El momento que atraviesa el país más grande de América Latina confirma esta aseveración.

Un crimen mafioso desnudó otra triste realidad de Brasil 

Cuatro balazos en la cabeza pusieron fin a la vida de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco el pasado 14 de marzo. Como mujer negra, lesbiana, militante de izquierda y referente del movimiento Lgbt, la joven brutalmente ejecutada junto a su chofer por sicarios representaba buena parte de lo que sectores reaccionarios del Estado carioca rechazan. Era, además, una férrea opositora de la intervención federal ordenada por Michel Temer en su afán por ganar algunos puntos de popularidad para dejar de ser considerado el presidente más rechazado de la historia de Brasil.

La conmoción por el asesinato fue tan grande que tuvo amplia reacción internacional. Siete relatores de la ONU ligados a los derechos humanos emitieron un duro comunicado conjunto contra las autoridades públicas brasileñas para exigir respuestas por el crimen de Franco y pedir la reevaluación de la decisión de intervenir el Estado carioca.
“Marielle era una crítica feroz del decreto del 16 de febrero de 2018 que autoriza la intervención federal”, alertó el comunicado y recordó que la activista había rechazado fuertemente “el uso de la fuerza militar” en Río de Janeiro. Para la comunidad internacional, el asesinato tiene el objetivo de “intimidar a todos aquellos que luchan por los derechos humanos y por el Estado de derecho en Brasil”.

El 18 de marzo Temer tenía planificado viajar a Río para celebrar el primer mes de la intervención militar, pero debió cancelar su acto ante las masivas manifestaciones sucedidas tras el crimen.

La muerte de Franco engrosa una larga lista de crímenes por razones políticas en Brasil. Desde 2017 fueron asesinados 40 concejales y alcaldes de todo el país. Según el diario conservador O Estado de São Paulo, al menos hubo 194 asesinatos de políticos o activistas sociales en cinco años. Otras fuentes dan cifras mayores.

Cuando se trata de candidatos municipales, las cifras recogidas entre 2000 y 2016 dan un saldo de 79 víctimas mortales. La violencia política de Brasil es un tema muy presente y muy poco expuesto hacia dentro y fuera del país.
Un último dato completa el cuadro: prácticamente en todos los casos los responsables no fueron encontrados y los casos quedaron impunes.