Reformas previsionales en el centro de las políticas públicas de todo el mundo

Los sistemas de administradoras de pensión impuestos en la década de 1990 son vistos como una estafa. Una discusión más profunda aún es el proyectado envejecimiento de la población latinoamericana.

Durante la década de 1990 varios países de América Latina adoptaron regímenes de capitalización individual en el sistema previsional. Fue el caso de México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. El resultado es conocido: gran parte de la población de adultos mayores quedó sin cobertura; sus ingresos por jubilación fueron inferiores a los cálculos que les hicieron las empresas privadas administradoras de sus fondos que, a su vez, se enriquecieron.
En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), la canasta básica de alimentos para un adulto mayor es de 14.062 pesos. Tres millones de jubilados y pensionados reciben un haber mínimo jubilatorio de 5.661 pesos con el que apenas cubren el 40% de esa canasta. Las organizaciones sindicales exigen una jubilación que represente el 82% del salario de los trabajadores porque, constatan, al jubilarse pasan a cobrar la mitad del sueldo que percibía cuanto estaba económicamente activo. Además reclaman que los trabajadores precarizados y beneficiarios de planes sociales también puedan acceder a una jubilación digna.
Para los adultos mayores de Argentina el primer año de gestión del gobierno que asumió en diciembre de 2015 significó una pérdida del poder adquisitivo estimada en más del 7%. El presidente Mauricio Macri aseguró: “en tres años reformaremos el sistema previsional argentino”. En 2016 promulgó la Ley 27.260 que estableció un “blanqueo” impositivo, cambios tributarios de carácter regresivo y una serie de medidas previsionales.
En 1981 Chile instituyó un sistema de capitalización individual con gestión privada de fondos de pensiones (AFP) que fue reformada en 2008 con la incorporación de prestaciones públicas solidarias. El sistema fiscal chileno, lejos de cumplir las optimistas proyecciones previsionales de los años 1980, sigue erogando cerca de 4,2% del PBI. El principal agravante es que los jubilados cobran haberes muy por encima de lo que debiera corresponderles en un sistema solidario controlado por el Estado.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet y mantenidas por todos los gobiernos de la democracia: socialdemócratas, demócratacristianos y derechistas. Cada año se lleva enormes ganancias de los salarios de los trabajadores mientras pagan pensiones muy bajas a la mayoría.
El actual sistema obliga a los trabajadores a cotizar el 10% de sus salarios a las AFP, que invierten los fondos en los mercados de capitales. Las AFP reciben además subsidios del Estado y “de cada cuatro pesos recaudados en cotizaciones obligatorias, se apropian poco menos de tres, para no devolverlos jamás”, concluyó un estudio del Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo (Cenda). Los jubilados en las AFP cobran pensiones equivalentes a entre un tercio y un 50 % de los ingresos que recibían durante su vida laboral.
En Brasil luego de que se dieron a conocer detalles de la nueva propuesta de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Michel Temer, organizaciones sindicales y sociales comenzaron un proceso de resistencia y denuncia sobre las consecuencias de esa reforma. Cientos de miembros de estas organizaciones trataron de ingresar al Congreso para protestar pero fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
Entre los aspectos más resistidos por la población brasileña está el de aumentar la edad de retiro para mujeres, policías, maestros y trabajadores rurales. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, argumenta que “los cambios reducirán los ahorros del gobierno en un 20 a un 25% en los próximos 10 años y en cerca de un 30% en 30 años”. El proyecto debe ser aprobado por una comisión de la Cámara baja antes de que pueda ser sometido a votación en el pleno del Congreso. Al tratarse de una enmienda constitucional tiene que ser aprobada por una mayoría de tres quintos en dos votaciones distintas en la Cámara de Diputados y el Senado.

Cruzando el Atlántico

En Europa la sostenibilidad del sistema jubilatorio también está en el medio de la escena. En Irlanda se aplicó un régimen de garantía en caso de insolvencia de los planes de pensiones administrados por el Ministerio de Finanzas; en Lituania se recortaron las prestaciones y en Rumania se aprobó un proyecto de ley que pretende elevar la edad jubilatoria y los años de trabajo para los empleados públicos. Bélgica sancionó una ley para desalentar la utilización de la llamada “pensión de transición convencional”, nombre con el que se conoce a la jubilación anticipada.
En España, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) debió enfrentar una tenaz oposición frente al proyecto de establecer el retiro a los 65 y 67 años para la mujer y el hombre, respectivamente. La iniciativa preveía también elevar la edad mínima para poder acceder a la prejubilación.
El gobierno de Alexis Tsipras en Grecia debió homologar la edad jubilatoria para ambos sexos a los 65 años y elevó de 35 a 40 los años de aportes, como parte de las condiciones para acceder a la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea. También fue reformado el sistema previsional siguiendo las recetas del FMI. Pese a los cientos de movilizaciones en contra en Francia la edad jubilatoria es hoy de 62 años.

Envejecimiento poblacional

Según un informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), en nuestra región la población de más de 60 años está aumentando sostenidamente en todos los países. Entre los años 2000 y 2025, 57 millones de adultos mayores se incorporarán a los 41 millones existentes. Entre 2025 y 2050 este incremento será de 86 millones de personas.
Según el mismo estudio los países de mayor población de la región (Brasil y México, junto a Colombia, Argentina, Venezuela y Perú) concentrarán la mayor parte de este aumento. Pero en los países más pequeños este aumento también será significativo, especialmente a partir de 2025. Entre el 2025 y el 2050, entre un quinto y un cuarto del incremento de la población adulta mayor se producirá en estos países.
En la actualidad el envejecimiento está más avanzado en Uruguay, Argentina, Cuba y Chile y en varias naciones del Caribe (Trinidad y Tobago y Barbados). En estos países más del 10% de la población es mayor de 60 años. En el otro extremo se sitúan países menos avanzados en su transición demográfica como Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras, Haití y otros, donde menos de un 6.5% de la población sobrepasa los 60 años. Hay un grupo de países en situación intermedia cuya transición demográfica ya está bastante avanzada.
En todos los países aumenta la proporción de personas adultas mayores, pero para el año 2025 Cuba y la mayoría de los países del Caribe tendrán una estructura por edad más envejecida. De hecho, para el año 2050 se proyecta una proporción de adultos mayores superior a 15% en todos los países y superior a 30% en varios ellos.
A partir de 2050 América Latina tendrá un descenso en la población y llegaría a 687 millones en 2100. El número de habitantes en Latinoamérica y el Caribe se elevó de 161 millones en 1950 a 512 millones en el año 2000 y las proyecciones para este siglo prevén un aumento sólo de cien millones de personas, que desconcierta a expertos.
“Las principales modificaciones se observarán en la estructura por edad de la población debido al avance del proceso de envejecimiento”, explicó la Cepal. En las seis décadas, la esperanza de vida para latinos y caribeños se incrementó 23 años pero en el siglo actual esa brecha de acortó a la mitad.
Según un informe del Banco Mundial, en la actualidad la población de la región se ha triplicado y la mayoría de los habitantes vive en ciudades. Muchos menos menores mueren a causa de enfermedades gracias a los avances en salud y educación y nace un 50% menos de bebés.
En consecuencia, el cambio demográfico en América Latina y el Caribe durante el siglo XXI estará marcado por el rápido envejecimiento de la población. Este proceso no tomará un siglo como en Europa, se llevará a cabo en dos o tres décadas. A nivel mundial, la cuarta parte de los países que está envejeciendo más rápidamente se encuentra en este continente.

Inés Hayes