Sin armas ni uniformes las Farc se unen a una vida civil convulsionada

Fin del desarme de las Farc. Meta, 27 de junio de 2017. El presidente Santos le entrega a Timochenko un fusil convertido en pala. Foto:Misión ONU en Colombia

Conflictividad social y represión, fragilidad política y asesinatos de líderes sociales. Complejo escenario para un Gobierno sacudido por la corrupción y acosado por sus propios aliados.

El desarme e incorporación a la vida civil acordado entre las Farc y el Gobierno transitan sus últimos días. La implementación de la paz no está cerrada pero la entrega de armas finalizada el 27 de junio traspasa un camino sin retorno en la historia de la lucha armada de esta organización. A casi siete mil hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia los espera un país convulsionado por las violaciones a los derechos básicos, donde el rendimiento macroeconómico choca con poblaciones altamente pobres.
Aún con una prórroga en los plazos de cumplimiento de los acuerdos de paz acordada entre el Gobierno y las Farc, durante mayo y junio cada guerrillero entregó sus armas a la ONU, fueron depositadas en contenedores y luego certificadas. “Jamás volveremos a emplear la violencia, nuestra única arma será la palabra. Lo prometimos y lo cumplimos”, dijo el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, hasta ahora alias Timochenko. Las 26 zonas veredales, aldeas transitorias donde se alojaron los guerrilleros en tránsito hacia la legalidad, se transformarán en agosto en espacios de capacitación y formación técnica como parte de su reincorporación comunitaria.
El despliegue incluyó el desplazamiento hasta las zonas veredales de unos 2.800 colombianos que formaban parte de las redes de apoyo civil de las Farc, milicias no uniformadas que también pasan a la legalidad.

Ordenamiento
El presidente Santos firmó casi una veintena de decretos en un par de días y tramitó las leyes necesarias para dar seguridad física, jurídica y económica a los desmovilizados. El mandatario reconoció a su vez que “el alto el fuego ha funcionado, no ha habido un solo enfrentamiento. Ni un herido, ni un muerto. No ha habido ni un solo incidente o ataque contra la población civil”.
Esos decretos presidenciales, avalados por las facultades que le otorgó el Congreso, reglamentaron el status jurídico de los guerrilleros, pusieron en marcha mecanismos de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto e inventariaron bienes y activos de las Farc para determinar los valores económicos de la guerrilla con el que se creará un fondo para la reparación material de las víctimas del conflicto.
Además, se sentaron las bases para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras. Santos reiteró su propósito de darle la titularidad de las tierras a 800 mil familias campesinas.
Las Farc determinarán en agosto las características de su futuro político inmediato durante el Congreso fundacional en el que la consigna es construir la paz y la perspectiva democrática desde un partido político o un movimiento social o ambas cosas a la vez. El encuentro se apoyará en la llamada Tesis de Abril, un documento que funcionará como punto de partida del debate por venir que abarca desde el proceso interno de transición política hasta los asuntos urgentes de los colombianos, las luchas sociales, el contexto latinoamericano e internacional y hasta la crisis del capitalismo.
El movimiento o partido que surja tendrá garantizados como mínimo cinco asientos en el Senado y en la Cámara de Representantes de los períodos 2018-2022 y 2022-2026. Las primeras elecciones legislativas serán en marzo del año próximo y las presidenciales en mayo.
La confirmación de la candidatura presidencial de la ex senadora Piedad Córdoba pareció encajar en un sector de las Farc que analiza seriamente sumarse a su presentación. La propia dirigente que se identifica con el movimiento bolivariano no descartó ser candidata del movimiento partidario que conformen las Farc aunque se mostró respetuosa del debate.
La derecha gubernamental también acumula incertidumbre y varios frentes abiertos mientras que la extrema derecha refuerza su frente fascista, reaccionario y guerrerista. En este último grupo se anotan los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con el acompañamiento de sectores como Germán Vargas Llegas, del hasta ahora oficialista Cambio Radical. Pastrana pidió la unidad de la misma coalición que se unió para rechazar los acuerdos de paz. El objetivo es en 2018 “arrancar Colombia las garras de las Farc”.
Un recurso presentado por el senador uribista Iván Duque, uno de los precandidatos presidenciales de la derecha, para anular el procedimiento expedito (fast track) condicionó a Santos para poner en práctica los compromisos asumidos en La Habana. En ese contexto político adverso se produjo el atentado explosivo del sábado 17 de junio que le costó la vida a tres personas en un centro comercial de Bogotá.

Distancia
Marzo y mayo de 2018 quedan lejos desde la óptica actual. Mayo y junio pasado estuvieron cargados de protestas, rebeliones populares y represión gubernamental. Una de las movilizaciones conjuntas más nutridas fue la del 6 de junio cuando miles de personas llegaron hasta la Plaza de Bolívar, corazón del poder político en Bogotá. Reclamaban mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y mayor asistencia económica para sectores económicos vulnerables.
Los docentes lograron el 17 de junio el acuerdo “que nos habíamos propuesto” con el Gobierno, tras 35 días de paro y marchas, una de las cuales fue severamente reprimida por la policía colombiana. En diferentes ocasiones se sumaron trabajadores de la rama judicial, trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y empleados de la banca. También protestaron los productores de arroz quienes denunciaron que los tratados de libre comercio (TLC) están acabando con su producción. Tras amenazar con paro por tiempo indefinido consiguieron subsidios para atenuar el impacto económico. Hubo más: miles de indígenas se movilizaron desde fines de mayo en la llamada Marcha por la Protección del Territorio, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, liderada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic.
Los habitantes de la ciudad de Buenaventura protagonizaron durante 21 días paros cívicos con movilizaciones y cortes de caminos para pedir mayor atención por parte del Estado. Este puerto por el que el año pasado se movilizaron casi 14 millones de toneladas de carga tiene 64% de sus casi 500 mil habitantes sumidos en la pobreza, 18% en la miseria y 60% sin trabajo. Sucedió algo parecido en Chocó, también sobre el Pacífico, donde viven más de 500 mil personas, la mayoría con problemas de salud, empleo y educación.
En medio de la conflictividad social y de las fauces de la extrema derecha, Santos y su gobierno lidian además con el “caso Odebrecht”. A comienzos de junio se supo que Eleuberto Martorelli, antiguo directivo de la constructora, confesó que la compañía dio un millón de dólares a la campaña de 2014 del presidente Juan Manuel Santos a través de la sociedad panameña Paddington. El gerente de la campaña presidencial de Santos, Roberto Prieto, reconoció en marzo que “sí hubo una operación irregular” en las elecciones de 2010. Según la prensa, recibieron de Odebrecht unos 400 mil dólares para fabricar carteles con la imagen del candidato actual Presidente.
Martorelli dijo además que también dio a al candidato uribista Óscar Iván Zuluaga 1,6 millones de dólares a través de su publicista Duda Mendonça. La lista de denunciados la integra además el ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno, detenido y expulsado del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA). La causa Odebrecht tenía a mediados de junio un único preso: el senador Otto Bula, del oficialista Partido Liberal, quien admitió haber recibido 4,6 millones de dólares por intermediar para que la constructora brasileña lograra contratos en Colombia.
La Fiscalía ya había hecho público en marzo que contaba con elementos que van en el mismo camino de la investigación contra Santos y Zuluaga. Las leyes electorales colombianas prohíben que a candidatos recibir dinero de extranjeros pero será el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien determine si las campañas violaron la ley.
Pocas veces como ahora coincidieron en el tiempo el desgaste gubernamental de las élites dominantes y las acciones populares rurales, indígenas y urbanas. Pero la impunidad sigue siendo inherente a la oligarquía colombiana: mientras organizaciones civiles y comunitarias denunciaban que 36 líderes sociales fueron asesinados en los primeros seis meses del año, el presidente Santos encabezaba el 9 de junio un acto junto al general retirado Jaime Humberto Uscátegui, recientemente liberado tras estar 16 años preso (de una condena a 37 años) por la masacre de Mapiripán, cometida por paramilitares en 1997. El mandatario pidió “que la visita del Papa nos una a todos los colombianos”. Francisco estará en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias entre el 6 y el 10 de septiembre.