El 3 de marzo de 2016 fue asesinada Berta Cáceres Flores, mujer indígena Lenca y defensora de los derechos humanos en Honduras. En 1993, Berta cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), desde el cual organizó la lucha contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales en el país.

Una de las fuertes luchas fue ante la hidroeléctrica sobre el río Gualcarque llamada Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA), obra financiada por el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), que reconoció el financiamiento a la empresa cuyo director ejecutivo estuvo involucrado en el asesinato de Berta.

El 5 de julio de este año, la Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras, declaró culpable a Roberto David Castillo, director ejecutivo de DESA, como coautor del asesinato.

Es importante señalar que muchas de estas obras de extracción en la región y financiadas por bancos internacionales incumplen los protocolos en materia de protección a los derechos humanos de las comunidades.

También es importante recalcar que en el caso de Honduras cuando asesinan a Berta Cáceres, el banco financiador de la empresa DESA se retiraba de manera definitiva del proyecto, pero advertía que la obra debía de continuar.

Esta mala práctica se repite en distintas latitudes con conflictos socioambientales, como el caso de la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará en Panamá.

Esta obra es ejecutada por Generadora del Istmo, S.A. (GENISA), y financiada por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

A estos bancos internacionales se les presentaron denuncias por la forma abrupta de la construcción de la hidroeléctrica que genera múltiples estragos de manera sistémica al ambiente y a la población indígena.

Estas denuncias también fueron presentadas a las instancias gubernamentales y judiciales panameñas por los afectados y defensores de los derechos humanos; sin embargo, la obra continuó y la justicia hizo caso omiso a subsanar los daños ocasionados.

Todo se resume en palabras expresas de parte de los bancos “que no hay que mirar hacia atrás sino hacia delante. Lo tengo clarito como si fuera el día de ayer que lo dijo”, según el defensor ambiental Oscar Sogandares.

El acto se repetiría nuevamente con la consultora española-canadiense Hatch de uno de estos bancos bajo el cinismo de señalar que “un árbol sería cortado para aprovechamiento de la comunidad” y así miles de árboles yacen bajo el fondo de las riberas del río Tabasará por la impositiva represa Barro Blanco.

El pasado 13 de julio de 2021 fueron desalojadas las últimas familias ubicadas en los predios a la entrada a la hidroeléctrica Barro Blanco. ¡Familias sin tierras y sin justicia, sin atención a sus derechos humanos violados!

Esta triste historia se crea por los modelos de desarrollo que imperan por encima de la voluntad de los pueblos y que violentan las leyes y las territorialidades de Abya Yala.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Fotografías: cedidas.

Articulo original publicado en Radio Temblor

La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

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