Por Adrián Fernández

Pedro Castillo asumirá como Presidente el 28 de julio tras ser sometido a un proceso de desgaste institucional inédito para el país y con pocos antecedentes en Latinoamérica. Sin aún haber sido ungido Presidente, recibió el bombardeo de una derecha que no descansó. Una cosa es lo que se dijo en campaña y otra es el irrespeto a quien ganó una elección sin cuestionamientos de la justicia electoral ni de los veedores internacionales. Así comienza.

Este 28 de julio se abrirá, entonces, un período diferente en la historia reciente del Perú, con un Gobierno claramente definido de izquierda aunque en pleno proceso de construcción política. Hacia adentro, el frente político y social que lo acompaña deberá mostrar solidez y cohesión.

No corresponde hacer futurismo sino de revisar objetivamente la situación de este Perú en pandemia, debilidad institucional, emergencia popular, ofensiva derechista, altos índices de pobreza, desempleo y trabajo irregular; extractivismo a beneficio de las multinacionales y en detrimento de los pueblos, con contaminación ambiental.

Las circunstancias y la urgencia de atender la grave situación hicieron que Castillo transite los días hasta su asunción redefiniendo su programa de gobierno, cambiando algunas prioridades que apuntan a cómo dar solución a la pandemia, mediante la continuación de la vacunación masiva; reactivación de la economía, con incidencia en el agro; priorizar la educación en todos los niveles y especialmente en los pueblos más olvidados.

Mientras atiende las urgencias, Castillo reafirmó recientemente su intención de poner en marcha su (difícil) gran objetivo: pedir al Congreso que convoque a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. La tarea es compleja por la correlación de fuerzas.

Las comparaciones no siempre sirven pero algún dato siempre aportan: Rafael Correa ganó las elecciones en Ecuador en 2007, con apenas el 23% de apoyo en la primera vuelta y 56% en la segunda. Aún sin legisladores propios, estableció alianzas programáticas con diferentes sectores políticos y logró una convocatoria a elecciones constituyentes que le permitieron transformar los 10 años siguientes del país.

Para cualquier transformación profunda –se sabe- es necesario, además de los votos y los acuerdos políticos, la movilización popular. El pueblo en las calles para hacer ver que los cambios son inexorables, aunque tome dos años redactar una nueva Constitución (lo sabe el pueblo ecuatoriano, también el boliviano y el chileno). La anunciada recolección de firmas para exigir una consulta ciudadana sobre la reforma total de la Constitución será un primer paso.

Legitimidad y poder popular

Ahora que Castillo es presidente electo, las elites políticas, mediáticas y económicas, incluyendo militares retirados y a la mafia fujimorista, seguirán estando al acecho. En este Perú que en seis años tuvo cuatro presidentes el problema de fondo es la relación de fuerzas y el poder popular para ejercer el Gobierno, que será mensurado casi día a día. La ilegitimidad promovida por el golpismo deberá ser respondida por la legitimidad social, popular, de las organizaciones que tienen por delante tanto o más desafíos que el futuro Gobierno.

El Congreso peruano, unicameral, tiene un peso importante, como lo dejó entrever en estos años de convulsión política e institucional. Puede censurar ministros, declarar la vacancia presidencial e incluso sustituir al Presidente dentro de los preceptos de la Constitución actual.

Pero hay un dato que no se puede soslayar: la putrefacción política también alcanza al Poder Legislativo, como bien lo marcan los sondeos de opinión y como lo registran las protestas del año pasado y de 2019.

Castillo tendrá pocos legisladores propios, 37 sobre 130, que pueden llegar a 42, sumando a los progresistas de Verónika Mendoza, con quien el presidente electo realizó un acuerdo antes del balotaje. La mayoría del resto de los diputados (88) pertenecen a la derecha. Aunque el frente conservador está fragmentado, es factible que se unifiquen en su votación frente a un Gobierno de izquierda.

Es cierto que, en los últimos seis años, pasaron por la Presidencia de Perú cuatro personas: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y el actual «Gobierno de transición y emergencia» que encabeza Francisco Sagasti. Pero también es cierto que las caídas de quienes antecedieron al actual mandatario están relacionadas con corrupción, planes de ajuste económico y social, gobernar de espaldas al pueblo y reprimir las protestas sociales.

Ninguno de los últimos tres asuntos parece estar en la agenda de Castillo, pero el primero de ellos –la corrupción- es inherente al propio sistema en el que se mueve Perú. La corrupción será un elemento sin atenuantes que utilizará la derecha para dinamitar al nuevo Gobierno ante un pueblo hastiado.

Herencia de la matriz neoliberal

Por fuera de los condicionamientos que eventualmente pudieran surgir dentro de la gobernabilidad (lo dicho, fortaleza del Poder Ejecutivo, poder popular y relación con el Congreso), el principal tema de agenda de Castillo será la estabilización económica y social.

Tras treinta años de neoliberalismo, el Estado peruano es débil frente al poder económico, las multinacionales y los grupos financieros. Hasta la pandemia, la economía se encontraba en crecimiento, con pocos sectores favorecidos pero otros muy grandes sumidos en el trabajo irregular, el empleo informal y la pobreza.

Un comunicado de organizaciones sociales, indígenas y campesinas, lo denunció con claridad en noviembre de 2020: “el modelo económico neoliberal extractivista peruano ha generado una profunda desigualdad, donde unos pocos se enriquecen y las grandes mayorías se encuentran empobrecidas”.

Además, “se han flexibilizado normas para institucionalizar el trabajo precario y el trabajo esclavo, se promueven asociaciones público privadas para poner a todas las instituciones públicas y el presupuesto público para favorecer los intereses de las grandes empresas, dejando a la mayoría de peruanas y peruanos sumidos en la pobreza, el hambre y la desnutrición, haciéndolos más vulnerables ante cualquier pandemia o epidemias”.

En junio de 2017 se produjo un incendio en la limeña Galerías Nicolini que evidenció buena parte de la «matriz productiva» del Perú urbano: cuatro jóvenes trabajadores murieron mientras estaban encerrados bajo llave en contenedores donde, durante 12 horas por día se dedicaban a cambiar etiquetas y embalajes de mercadería importada para adecuarla al mercado peruano. No hace mucho tiempo de eso, apenas transcurría un año de Gobierno de Kuczynski. Aquel hecho mostró que cerca de 50 mil personas realizan esa tarea sólo en Lima y que el Estado peruano controla sólo el 10% de las casi 500 mil empresas formales del país, sin contar las ilegales ni las informales.

Perú tiene unos 10 millones de personas bajo el límite de la pobreza; casi 4 millones de trabajadores informales; muy altos porcentajes de niños con desnutrición crónica y analfabetismo. Se estima que el 19 % de la población peruana entre los 15 y 24 años, casi un millón de personas, no estudia ni trabaja.

Aquí también se espera un frente de resistencia fuerte que sólo podrá contrarrestarse con mejoras y consciencia de los sectores populares. El comportamiento del poder económico en América Latina tiene sus recetas ya probadas: noticias falsas para generar tensión económica, presión para devaluar, concentración de alimentos para generar escasez y aumentos de precios, provocar tensión social e intensificación de la fuga de capitales.

Será clave, en este escenario, que Castillo avance con el proyecto de transformación profunda que el pueblo espera para, de esa manera, generar el apoyo social necesario para sortear estas tensiones. En su plataforma se encuentra, además de la reforma de la Constitución, disminuir la pobreza, fortalecer el Estado, nacionalizar áreas estratégicas, hacer frente a la exclusión social y fortalecer salud y educación.

Asumir un gobierno en América Latina en tiempos de pandemia trasciende lo establecido en los manuales. Cambian las prioridades económicas, aumentan exponencialmente las necesidades sociales, desnudan las estructuras opresoras del capitalismo y, además, dilapidan mucho más rápido el poder político de gestión.

El aumento de la pobreza en pandemia provocó el crecimiento del número de personas sin hogar y, con ello, la ocupación de tierras para levantar allí campamentos improvisados. En algunos países de la región se las llama “tomas de tierra”, en otras “ocupación”, en otras “asentamientos”. Todo refiere a lo mismo: espacios sin los servicios necesarios, en las afueras de las grandes ciudades y, por viviendas, el uso de cartones, chapas metálicas, plásticos y maderas. El profesor Castillo sabe que el país nunca tuvo un plan de viviendas para el pueblo. Venezuela y Bolivia así como movimientos sociales y cooperativos de Uruguay y Argentina tienen experiencia para aportar.

Multinacionales, territorio y pueblo

La región minera del Perú es foco permanente de reclamos, movilizaciones y protestas; son las más pobres como bien sabe Pedro Castillo, nacido y criado en el departamento de Cajamarca.

La región Cajamarca tiene un enorme potencial minero. Sufre una involución en materia económica y social, en contraposición a los grandes negocios de las multinacionales. A inicios de los 2000, su ingreso por habitante era el segundo más alto del Perú, solo por debajo de Lima. Actualmente, casi 5 de cada 10 habitantes de la región es pobre. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló en 2020 que 16 de los 20 distritos más pobres del Perú están en Cajamarca.

La explotación de recursos en la zona andina tiene su correlato en la zona de la Amazonía peruana, donde se encuentran altos niveles de plomo en la sangre de poblaciones indígenas que viven cerca de áreas de extracción de petróleo.

La región andina y la Amazonía, principalmente el centro y sur del país, concentran casi todos los proyectos extractivos y también los grandes focos de resistencia. La extracción de oro, plata, cobre y otros minerales dispara las principales protestas sociales en Perú. Poblaciones enteras se alzan contra las multinacionales y los gobiernos en defensa del medio ambiente; denuncian que no son consultadas previamente, además del incumplimiento de las promesas de obras de infraestructura, y piden resarcimientos económicos por los daños irreversibles.

Este país es el tercer mayor productor mundial de cobre, zinc y estaño, con crecientes inversiones de las multinacionales aliadas a empresas locales. La mitad de los 30 proyectos mineros más importantes se encuentran en zonas habitadas por comunidades indígenas (mayormente aimaras y quechuas). Se distribuyen principalmente en Apurímac, Áncash, Lambayeque, Huánuco, Ayacucho y el Cusco.

La derecha en Perú se frota las manos pensando estrategias para seguir golpeando duro a Castillo. El profesor lo sabe. Y sabe, además, que en la movilización popular (no sólo en las calles, entiéndase también acciones populares desde la gestión cotidiana) reside buena parte de su consolidación.

No es tiempo de pronósticos ni de intrigas futuristas. Allanado el camino de la consagración electoral, para el profesor Pedro Castillo y el pueblo que lo acompaña habrá comenzado la batalla crucial. Peruanas y peruanos son protagonistas de un ciclo en el cual América Latina tiene puesta la mirada.

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