Nada menos que 1.306 fueron las denuncias por desapariciones de niños y adolescentes en el 2021, de las cuales son mujeres el 78,6%. Un dato duro en un país donde son desbaratadas a menudo bandas que hacen trata de personas. Sin embargo, ni la Policía ni el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) consideran esta como la principal causa de esta cifra tan elevada. Aquí un pantallazo de lo que se está haciendo para revertir este preocupante cuadro de situación.

La ministra de la Niñez, Teresa Martínez, pide cautela: “Es un número escandaloso porque no está depurado, porque no están convenientemente registrado los localizados, los retornados, etc”, expone. Como contrapartida, da cuenta de que en 2021 sólo se registraron 2 denuncias que se judicializaron, que son sobre las que interviene el ministerio a su cargo. 

“Hay que diferenciar niños con paradero desconocido con niños desaparecidos, porque estos son los que se procedió a la búsqueda y no han sido localizados, en tanto que paradero desconocido son los que salen de la casa y no vuelven y todavía no se ha procedido a su búsqueda. Son dos situaciones distintas”, apunta. “Ahora se están depurando las listas y tendremos los números exactos para ver cuántos tenemos como desaparecidos reales”, asegura.

Entre tanto, al preguntársele si la causa del dato es la trata o el tráfico de órganos, el subcomisario Felipe Figueredo de Búsqueda y Localización de Personas consideró: “En realidad estas razones no serían los motivos; hay diferentes causas, que van desde problemas entre los padres, que son generalmente por la tenencia, uno lleva al menor sin la autorización del otro y ya hacen la denuncia solicitando la Orden de Búsqueda y Localización del niño. Algunos de ellos se encuentran extraviados, tienen problemas de salud e inclusive por los cambios propios de la niñez a la adolescencia, entran en una inestabilidad que los impulsa a huir de la casa; de ahí la importancia del acompañamiento de los padres”

Aníbal Cabrera Echeverría

 Entre las razones que la policía admite expone que “las injerencias externas también tienen su impacto; amistades, tecnología, relaciones amorosas, entre otras causas que influyen bastante en la conducta del adolescente, llevándolo a ocultar informaciones de sus padres o tutores, por temor a la desaprobación”, apunta.

Para Aníbal Cabrera Echeverría de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) el problema es estructural: “el departamento de Búsqueda de la Policía tiene entre 8 y 10 personas para hacer el trabajo, no tiene equipamiento, infraestructura, no tiene equipos tecnológicos, es una situación difícil. Por ejemplo, si lo comparamos con Antisecuestros que tiene un tremendo equipo para entre 10 y 20 casos al año, esto no guarda relación con esta dependencia que tiene que buscar a unas 3 mil personas por año, claramente algo no está bien”, apunta.

El especialista en Niñez, ve también cierta desidia en el Ministerio del Interior. “Creo que se soslaya que pueden ser víctimas de trata o del crimen organizado y allí el rol de ese organismo es clave porque es responsable de seguridad interna, más allá de las competencias de la Policía Nacional”.

Para Martínez, “no podemos saber las causales porque a veces es gente que no retornó a tiempo, por enojo, maltratos, abuso, le puedo hablar de los casos judicializados donde por allí se orientan la mayoría de los relatos de los que se fueron”. Cuenta también que hasta el momento “no tenemos denuncias de tráficos de órganos o trata, así que no podemos decir eso con propiedad. La policía tiene que depurar sus números con la Fiscalía que es la que sabe si se los localizó o no”, propone.

Procedimientos

Otro elemento a considerar es cómo se tramita la desaparición de personas: “Hay que entender que durante 30 días se tiene a la persona en la planilla de búsqueda y localización y, una vez cumplido ese plazo, se remite a casos no resueltos y a los 30 días va al freezer o queda bajo la alfombra con el agravante de que la policía, todos los 1 de enero pone el contador en 0. Así que los que desaparecieron el año anterior y no fueron encontrados quedan fuera del radar”, apunta. 

El subcomisario Figueredo explica el trámite: “Lo que hay que determinar bien son las denuncias que ingresan en nuestro Sistema, tenemos una base de datos que esta sincronizada de manera online con el Sistema Informático de la Policía Nacional; al ingresar las denuncias que nos envían los compañeros de las distintas dependencias policiales, cargan en el mencionado Sistema. A partir de la misma, ya se cuenta con una Orden de Búsqueda y localización”

Entonces, “el término Desaparecido es utilizado después de agotar todas las instancias de Búsqueda y Localización, a través de familiares, amigos y lugares que frecuente el menor, esto porque la gran mayoría de niños han sido devueltos a sus hogares, así como también es consabido que no estamos contando con la cantidad de retorno deseado de levantamiento de denuncias, por parte de los familiares, que dejen sin efecto la Orden de Búsqueda y Localización, posterior a haber ubicado a su familiar”

Como los parientes generalmente no comunican el regreso de los niños y adolescentes desaparecidos, esta situación hace aumentar los números de la estadística.

La ministra de la Niñez considera: “Necesitamos hacer un registro único, estamos trabajando en eso”, dice Martínez para proponer: “La policía tiene que también activar el protocolo de búsqueda para que tengan números reales, porque si no lo hacen, seguirán teniendo los números de las denuncias y no la de los localizados que es lo que ahora se está comparando”, para tener un definitivo. 

El senador liberal, Lucas Aquino, es presidente de la comisión de Niñez de la cámara alta y viene motorizando la reunión de una mesa interinstitucional (ver aparte) y promueve la creación de un Registro Nacional de Menores Extraviados. Según los números que pudo recoger, de ese total de 1.306 menores desaparecidos en el 2021, alrededor de un 50% regresó a sus hogares, “pero se desconoce las condiciones en que retornaron y cómo se encuentran actualmente”.

Violencia familiar

El elemento de la violencia intrafamiliar surge claramente de la experiencia, al punto que cierto cuestionario referente al tema es implementado por la policía cuando logra encontrar a un niño o adolescente perdido. “Con relación al menor que haya sido ubicado, se convoca a la familia para escucharlos, en el marco de los trabajos de análisis de las causas, a fin de descartar cualquier tipo de daño al menor y proceder a su entrega. En el caso de que el menor manifieste ser víctima de malos tratos, de algún tipo de hecho contra su integridad física o su autonomía sexual o se observen rastros de violencia, se comunica inmediatamente a las instituciones afines”, cuenta el subcomisario Figueredo.

“Las pistas que se manejan para la Búsqueda y Localización, parten de los mismos familiares, como fuente primaria de investigación, así como de todo lo que se pueda ir recolectando en el proceso de la tarea policial, en el que en muchos de los casos terminan siendo ubicados en sus propios hogares” relata de la experiencia.

Para Cabrera Echeverría es importante ir pensando en el diseño de ese Registro que permita clasificar por barrio, distrito, ciudad, departamento, incorporando preguntas para determinar si la persona desaparecida tiene alguna discapacidad, o pertenece a alguna comunidad indígenas, etc.

“Entendemos que es necesario un Centro de Coordinación de búsqueda y localización de personas, con representantes de la Policía, los ministerios de la Niñez; Mujer; Migraciones, Fiscalía y Defensoría. Tiene que hacer un mapa de riesgo con las zonas de vulnerabilidad, señalando los departamentos con pobreza, dónde se generan más denuncias de violencia y abuso sexual, denuncias de trata de personas, para poder armar un mapa de riesgo del país”.

Lo esencial del tema, es que se pueda “hacer un seguimiento caso por caso, con una evaluación de la vulnerabilidad de las personas desaparecidas, porque si es indígena tiene mayores riesgos, por ejemplo”.

Otro punto es el retorno: “Una vez que se encuentra a la persona, hay que evaluar el regreso a la casa, ver si el hogar es el mejor lugar para regresar. En la evaluación se tiene que mirar por qué se fue de la casa porque hay condiciones en las familias que hacen que muchas veces el adolescente salga. Se necesita una evaluación psicológica y médico forense a cada una de las personas porque imaginen un caso de abuso sexual, en el que se encuentra a la persona y se termina regresándola a un infierno. Entonces se debe mejorar el abordaje”.

Recursos y soluciones

Claramente todo dependerá de los recursos y es allí donde la situación suele ponerse difícil.

Cabrera Echeverría analiza: “Todos necesitan más recursos, la Policía, el Minna, pero es bueno recordar que Paraguay tiene un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para seguridad ciudadana del que se podrían obtener los recursos para equipar el centro, capacitar y entrenar al equipo y generar los manuales de procedimientos”, apunta.

Según expone sólo se requiere de “voluntad política, porque la ejecución presupuestaria de ese préstamo es bajísima. Es algo que se aprobó en el gobierno de Horacio Cartes y que podría ayudar en mucho en esta situación”, concluyó señalando.

La ministra Martínez entiende que “todos podríamos hacer algo desde las iglesias y escuelas, formando a los niños para que no salgan sin compañía, enseñarles que no deben salir de sus casas por enojo, no escuchar a extraños, no acercarse a autos extraños, hay un montón de tips que los padres dan a sus hijos, pero que hay que repetirlos en todos los espacios”, indica.

Dice luego que “cuando tengamos los números podremos analizar todos los procesos, no quiero decir con esto que sólo si el número es grande hay que activarse, ya que un niño desaparecido, es un niño que tiene que ser encontrado, pero necesitamos sincerar los números para saber de qué estamos hablando o si no hacemos meras especulaciones”, consideró.

“Unificar los datos”

El senador Lucas Aquino (PLRA) preside la Comisión de Niñez de la cámara alta donde viene promoviendo una mesa de trabajo interinstitucional, “sobre la problemática de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el Paraguay donde se ha observado en los primeros informes recibidos la falta de registro sobre datos de niños, niñas y adolescentes que no han vuelto a su hogar. Así también solicitamos informes a varias instituciones, como a la Policía Nacional y a la Corte Suprema de Justicia y que han remitido datos referentes a los mismos”, contó de su accionar.

“Lo que buscamos con esta mesa de trabajo es poder unificar los datos tanto del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del Ministerio de la Defensa Pública y todas aquellas instituciones de protección a la niñez y adolescencia. Y en base a esto ir tomando medidas para un mejor trabajo”, apuntó.

Entre tanto, Aquino requirió a la Bicameral de Presupuesto que se agreguen 2 millones de dólares anuales más para las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) para que puedan contribuir en la tarea de localizar a personas desaparecidas.

El legislador también interesó del tema al cardenal Adalberto Martínez que comprometió su apoyo para conseguir ir revirtiendo este preocupante cuadro. Vale recordar que el tema, fue abordado en la primera homilía con su nueva investidura, realizada en septiembre pasado en el Bañado Tacumbú. «Nuestros encierros e individualismos nos llevan muchas veces a la indiferencia frente a determinados dramas que viven muchas familias y hogares que tienen a sus seres queridos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes desaparecidos y cuyo paradero y destino son desconocidos, o tienen un final trágico», aseguró el también arzobispo metropolitano de Asunción desde la parroquia Felipe y Santiago, según lo citó la agencia española Efe.

Recordó en aquella ocasión que el Ministerio Público y la Policía, entre otros, tienen la obligación de investigar las desapariciones de personas y determinar su paradero, pero también señaló que la sociedad «no puede ser indiferente a este flagelo» y alertó que muchos casos de desapariciones «podrían estar vinculados con el crimen de la trata de personas».