Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la dictadura que gobernó Bolivia entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y sobornos.

Junto a Murillo, uno de los ministros más crueles del régimen de facto, fue detenido junto a otro exfuncionario boliviano y tres ciudadanos estadounidenses.

«Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero», señala un comunicado del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos.

Murillo y su jefe de Gabinete, Sergio Méndez, «están acusados ​​de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos», amplía el texto.

«Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36, y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020», afirma.

En esas acciones -continúa- los estadounidenses «pagaron $ 602,000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano. funcionario del gobierno».

Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia.

Especifica que el contrato, de aproximadamente $ 5,6 millones, era para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

«Para promover el esquema de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld luego lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de $ 582,000 en efectivo para Murillo y Méndez», relata la comunicación oficial.

«Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión», agrega, y precisa que el fiscal federal adjunto Marx P. Calderón «está manejando el decomiso de activos», de los acusados.

El actual ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, anunció que se había decidido pedir a Estados Unidos la extradición de Murillo y Méndez, que están acusados en Bolivia de malversación de fondos públicos con la compra con sobreprecios de materiales antidisturbios para las fuerzas armadas y de seguridad boliviana.

Además, el 26 de marzo pasado, un juez cautelar de Cochabamba declaró la rebeldía e instruyó las aprehensiones de dos de los principales ministros del gobierno de facto: Arturo Murillo y Fernando López, por la masacre de Sacaba, durante la represión de la dictadura.

Apenas restablecida la democracia en Bolivia, la Policía boliviana confirmó que Arturo Murillo y Luis Fernando López, ambos procesados por corrupción y otros delitos, burlaron órdenes de detención y viajaron a estados Unidos y Brasil, respectivamente.

La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

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