Por Claudia Baigorria

Este 25 de noviembre se cumplen 60 años del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en República Dominicana. Las recordamos como “Las Mariposas”. La Agencia de Noticia de la CTA Autónoma de Argentina, ACTA, comparte el documento elaborado por la organización sindical y política a propósito de esta jornada.

Una fecha que es parte del calendario feminista y de la historia política de la región. Como todos los años, desde la CTA Autónoma estaremos protagonizando actividades en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Diversidades. Esta vez y dada la situación de aislamiento y distanciamiento a causa de la pandemia por Covid-19, no tendremos la posibilidad de fundirnos en ese abrazo sororo en las calles como cada vez que gestamos una marcha multitudinaria. Pero estaremos presentes en las múltiples convocatorias que a lo largo y ancho del país hemos organizado, para seguir diciendo BASTA a la violencia sexista en sus múltiples expresiones y también para celebrar los derechos que fuimos capaces de conquistar a partir de la lucha feminista y popular.

Un año atrás las mayores luchas de disputas contra el patriarcado capitalista, racista y xenófobo nos tuvieron como protagonistas inocultables en el marco de la enorme marea feminista en toda la región. En un contexto que estuvo signado por la avanzada de la violencia institucional y estatal, con fuerte represión y violaciones a los derechos humanos, las mujeres y las diversidades pusimos el cuerpo y ocupamos las calles, habitando la desobediencia, denunciando los secuestros, los abusos, las violaciones, los apremios ilegales. Protagonizamos junto a los pueblos las grandes luchas contra la opresión capitalista resistiendo las avanzadas represivas en todo el Continente.

Sin dudas, el mayor triunfo fue haber puesto fin a la pesadilla de los cuatro años de gobierno neoliberal de Mauricio Macri en la Argentina, cuya decidida acción denunciando las políticas de ajuste, endeudamiento, saqueo y criminalización nos encontró convocando al Paro de Mujeres y Diversidades y marchando en las calles a lo largo y ancho del país. Denunciamos y marchamos contra el Golpe en Bolivia que gestó la derecha contra el gobierno popular y plurinacional de Evo Morales, que hoy encontró su fin con la asunción del nuevo Presidente Luis Arce. También acompañamos las protestas y enormes movilizaciones contra las políticas neoliberales de Sebastián Piñera en Chile, cuyo fin comienza a esbozarse con el contundente triunfo popular en el plebiscito por la reforma constitucional. De igual modo, fuimos motor de las protestas contra el fascismo misógino y racista encarnado en las figuras de Donald Trump y Bolsonaro, ambos hoy en fuerte retroceso político.

En la Argentina, nuestra lucha junto a un amplio espectro del sindicalismo feminista cristalizó en la conquista del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con el nuevo gobierno que asumió en diciembre de 2019, que marca una diferencia sustantiva que pone en perspectiva la posibilidad de concreción a través de políticas públicas de las reivindicaciones que levantamos desde las movilizaciones populares. Consideramos que fue esencial a la hora de atender las situaciones de violencias que emergieron durante la pandemia, además de las preexistentes, y también de impulsar iniciativas con relación a las tareas de cuidados, las más feminizadas del circuito del trabajo.

En materia de igualdad de género en nuestro país, los grandes avances de esta etapa sin dudas tienen que ver con la reciente aprobación del Convenio 190 de la OIT para la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo con perspectiva de género, que fuera aprobado en la Cumbre de la OIT en Ginebra el año pasado con destacada actuación de nuestra CTA Autónoma como parte de la delegación sindical argentina. Destacamos también la media sanción de la Ley Vigo – norma que incorpora la cobertura por violencia de género al Plan Médico Obligatorio – que viene a sumarse a otras, como la implementación de la Ley Micaela (sancionada en 2018) que implicó la formación y capacitación obligatoria para todes les funcionaries de la gestión pública. Ahora vamos por la Micaela Sindical. Esperamos la definitiva implementación de la Ley Brisa en todo el país (también sancionada en 2018) que prevé una reparación económica para familiares de víctimas de femicidios o violencia de género. Obviamente, también celebramos como triunfos sustantivos el Cupo Laboral Travesti Trans, cuya sanción empujamos en el ámbito legislativo. Y obviamente, el foco de nuestros reclamos seguirá en la definitiva despenalización y legalización del aborto, cuyo debate parlamentario seguimos exigiendo para este año y que vuelve a reinstalarse en la agenda pública a partir de la iniciativa del poder ejecutivo nacional, recogiendo como antecedente fundamental las enormes movilizaciones, debates y consenso social generados desde la marea verde.

Un mundo libre de violencias es sin femicidios ni travesticidios y con políticas públicas

El contexto de cuarentena obligatoria agudizó la situación endémica de violencia machista. Expuso que para muchas el interior de sus casas no es refugio seguro. La violencia y los femicidios aumentan. Los números rojos en desmedro de los derechos y la vida de ellas y elles no dejan de crecer. Un femicidio cada 32 horas en nuestro país. 290 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, 274 niñes y adolescentes se quedaron sin madre. 175 femicidios fueron en pandemia.

Seguimos exigiendo mayor inversión para la prevención y abordaje integral e interseccional de las violencias, que apunte a las distintas aristas de la problemática en lugar de abordar solamente la emergencia individual de cada caso. Ello supone la ampliación de políticas de reparación para familiares o integrantes del círculo de confianza de las víctimas, y obviamente las políticas preventivas alrededor de la Educación Sexual Integral o la profundización en temática de nuevas masculinidades.

Un mundo libre de violencia es sin Justicia patriarcal

Es urgente una profunda reforma judicial que termine con la impunidad de la justicia patriarcal y colonial que sigue violentando a las mujeres, niñeces e identidades diversas. En muchas provincias argentinas se evidencia una clara desprotección y responsabilidad del Estado en la atención a las situaciones de violencia contra las mujeres, como vimos con los recientes femicidios en Tucumán (con el femicidio de Paola, que venía denunciando hace cinco años) y Jujuy que dieron lugar a verdaderas puebladas exigiendo justicia. En Jujuy hay un patrón de impunidad e inacción del Estado ante los femicidios. El caso María Ovando en la provincia de Misiones, condenada a 20 años de prisión, es un paradigma de la falta de perspectiva de género y de clase del sistema judicial argentino. La misma inacción se observa en la ausencia de medidas efectivas para el cumplimiento del Protocolo ILE – Interrupción legal del embarazo -, forzando a parir a muchas niñas y poniéndolas en serio riesgo de vida y condicionando su posibilidades de desarrollo, violando además sus derechos fundamentales. Del mismo modo, la dilación de la justicia en las causas por abusos sexuales que se denuncian en nuestro país, re-victimizando una y otra vez a quienes se animan a judicializar estos hechos, criminalizando a las mujeres pobres y garantizando impunidad a quienes tienen cobertura de los poderes de turno, entre ellos a los poderosos amparados por las iglesias y a los hijos de esos poderosos.

Un mundo libre de violencias es sin pobreza, con trabajo, salarios dignos y con reconocimiento y reparto equitativo de cuidados.

La Argentina que dejaron los cuatro años de neoliberalismo de Cambiemos exhibe que más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, mientras que el 11% es indigente. Seis de cada diez niñes y adolescentes son pobres. La pobreza y desigualdad estructural, el trabajo precario y la desocupación empeoran en situación de pandemia, relegando a las mujeres a asumir todo tipo de tareas de cuidados a tiempo completo sin reconocimiento económico. También en pandemia, fuimos las primeras expulsadas del mercado laboral, las peor remuneradas y las más precarizadas. Al igual que el resto de la clase, percibimos escasos aumentos salariales y de jubilaciones, por debajo de la inflación.

El coronavirus puso de manifiesto que sus efectos secundarios, como la pobreza, que golpea más a los hogares con niñes donde el principal ingreso económico lo genera una mujer y en los hogares monoparentales, que en su mayoría también tienen una jefatura femenina.

El ASPO también profundizó la desigualdad existente en la distribución de las tareas de cuidado y crianza de los hijos y las hijas al interior de los hogares (alimentación, escolaridad, juegos, contención, cuidados en general). La reclusión en nuestros hogares perjudicó nuestras posibilidades de avance laboral. Para muchas además, supuso padecer la pesadilla de la violencia intrafamiliar. Además, la brecha salarial invisibiliza una brecha aún mayor de ingresos, dado precisamente por ese trabajo al interior de los hogares de manera no reconocida económicamente. Deben ampliarse los servicios de cuidado, las licencias por cuidado y deben reconocerse y remunerarse los trabajos de cuidado y los trabajos que realizamos miles de mujeres y disidencias en nuestras comunidades para el sostenimiento de la vida, produciendo alimentos, cuidados, acompañamiento contra la violencia de género, salud comunitaria.

La división sexual nos asigna las tareas de cuidado y una participación de la actividad económica que es 20% menor a la de los varones. La diferencia existe a pesar de que las mujeres tenemos mayor formación educativa: el 60% completamos el ciclo secundario o superior en contraposición del 55% en los varones. La brecha salarial supera el 29%. Salud, educación, áreas de cuidado, limpieza, desarrollo social son los sectores donde estamos sobre-representadas. Necesitamos promover acciones concretas que remuevan la matriz sexista que ubica los sectores.

Demandamos la promoción de una Ley de Cuidados que reconozca estos trabajos en todos los frentes, y los remunere con salarios dignos que cubran las necesidades de las mujeres y sus familias. Hemos estado y seguimos en la primera línea de lucha contra la pandemia y sus consecuencias, en los hospitales, asistiendo comedores y merenderos en los barrios, en los hogares, entre otros. La propuesta podría incluir en el debate una política integral de cuidados que establezca la corresponsabilidad del Estado, el sector empresario, las comunidades y las familias en la resolución estructural de la inequitativa distribución de los cuidados. Que jerarquice los trabajos de estas áreas feminizadas, aportando a dinamizar la economía con la generación de empleo genuino para les trabajadores de tareas esenciales no remuneradas.

Un mundo libre de violencias es con mujeres y diversidades libres y desendeudadas

Es necesario entender la DEUDA como un condicionante estructural que nos ata a un modelo extractivista, un modelo de acumulación por desposesión. La deuda es también la deuda de las economías domésticas; nos endeudamos las asalariadas y las trabajadoras de la economía popular con la estrategia generadas por los propios gobiernos, hipotecando las AUH. Nos endeudamos para pagar alimentos y servicios. La feminización de la pobreza se sustenta en hogares endeudados, mono-marentales, con mujeres precarizadas o sin ingresos y se expresa en uno de los datos más dolorosos de este tiempo: 8 millones de niñes son pobres en la Argentina.

Un mundo libre de violencias es con soberanía sobre nuestros cuerpos y territorios

Desde el feminismo popular apuntamos a una transformación anticapitalista, antiextractivista, antiracista y antipatriarcal. Proponemos pensar la soberanía basada en los cuidados de nuestros cuerpos y territorios, el trabajo sin reproducción de desigualdades de géneros y lo productivo, comprendiendo también el trabajo reproductivo que asumimos las mujeres como red de sostenimiento del sistema generador de opresión. Nuestra centralidad es la vida, por eso decimos NO al extractivismo como proyecto fundamental del capitalismo en su fase neoliberal todavía vigente, en todas sus formas: minería a cielo abierto, agronegocio, fracking, mercantilización de la semilla y el monte, apropiación de los trabajos de cuidado, etc. Sabido es que el proyecto extractivista se sostiene sobre la base del trabajo esclavo, la trata de personas (mujeres y niñes) con fines de explotación sexual, el tráfico de drogas que termina comercializándose al menudeo en nuestros barrios más pobres, el genocidio de nuestros pueblos originarios con fines de saqueo de sus tierras y aprovechamiento de los bienes comunes, la enemistad con la naturaleza, la violencia y violaciones a elementales derechos humanos y ambientales.

Hablar de soberanía de los territorios supone comenzar por el primer territorio violentado: nuestras cuerpas. El problema de la criminalización del aborto es un problema de violencia de género. La peor de todas las violencias. También es violencia que haya medios de comunicación que militan fundamentalismos y niegan con el lenguaje derechos elementales Recordemos por caso, la editorial de La Nación pregonando la maternidad de niñas violadas. “Niñas, no madres” es el slogan con el que sostenemos la demanda de que haya infancias felices y protegidas en nuestro país. La demanda por la legalización del aborto voluntario tiene una larga historia de lucha de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que este año cumplió 15 años y que nuestra CTA Autónoma tiene el orgullo de integrar desde su fundación. El 2018, como parte de la marea verde, demostramos en las calles que la ilegalidad del aborto somete a miles de mujeres y personas gestantes a situaciones de clandestinidad y condiciones inseguras que ponen en riesgo nuestras vidas. Pero fundamentalmente a las jóvenes más pobres y sin posibilidades de acceso a interrupciones en clínicas privadas. Debe ser un derecho para todas, independientemente de la condición socioeconómica. Sin aborto legal no hay justicia social. Hoy más que nunca, sigue vigente la consigna que acuñamos desde la Campaña: Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir. Es ahora, es urgente! Será Ley!

Vivas, Libres, Desendeudadas y Con Derechos Nos Queremos!

Soberanía Sobre Nuestras Cuerpas y Nuestros Territorios!

Basta de Violencia contra las Mujeres y Diversidades!!