Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la nueva presidenta de Perú, la primera mujer en ocupar el cargo, después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo. Horas antes, el ahora exmandatario había anunciado la disolución del órgano legislativo, en una medida calificada como «autogolpe de Estado» por diversos sectores del país.

«Como todos conocen, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle», dijo Boluarte, que ocupaba la vicepresidencia del país desde julio de 2021, al hablar ante el Congreso durante su juramentación.

Boluarte fue ministra de Inclusión Social desde la posesión de Castillo hasta el mes pasado y, a diferencia de la mayoría de los funcionarios de su gobierno, no estuvo involucrada en escándalos ni sembró sospechas de corrupción.

Aún así, la oposición parlamentaria la tuvo en su mira y pretendió destituirla por haber seguido figurando como presidenta de un club privado, a pesar de que por ley eso es incompatible con ser ministra.

Sin embargo, esta semana el Congreso archivó el caso por considerar que no hubo incompatibilidades y de paso dejó sin efecto otra denuncia que sin mayores fundamentos se le había hecho por supuesto nepotismo (trato preferencial desde el cargo público hacia familiares o amigos).

La abogada, de 60 años, pidió en su discurso una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional, con un «gabinete de todas las sangres».

Poco después de jurar, Boluarte ingresó al Palacio del Gobierno, de donde salió más temprano Castillo, que se encontraba por la tarde en la Prefectura de Lima.

Castillo fue arrestado por «el presunto delito de rebelión» y por «quebrantar el orden constitucional», en un operativo dirigido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó el Ministerio Público.

«Hay una comisión de un hecho en flagrancia y está en calidad de detenido», confirmó paralelamente la coordinadora del equipo especial de fiscales anticorrupción, Marita Barreto.

De acuerdo con esos medios, Castillo estaba acompañado y era asesorado legalmente por Aníbal Torres, su hasta hace poco jefe de gabinete.

El Congreso de Perú, dominado por la derecha y extrema derecha enfrentado con el mandatario de izquierda desde su asunción, adelantó este miércoles unas horas la sesión donde tenía previsto tratar la tercera moción de vacancia (destitución) contra Castillo desde que asumió, por «incapacidad moral permanente» derivada de supuestos hechos de corrupción, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.

Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.

La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un «golpe de Estado» por congresistas de varias bancadas, que trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.

La posibilidad de que Castillo, un profesor rural de 53 años sin partido político, decidiera el cierre del Congreso ante la posibilidad de una destitución había sido desestimada por el mismo mandatario la semana pasada.

«Ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución, y rechazo profundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia», escribió el sábado en Twitter.

Sin embargo, horas antes de que el Congreso se reuniera para debatir el pedido de vacancia, el mandatario dio un mensaje televisado en el que anunció la disolución del órgano legislativo, declaró un «Gobierno de excepción» y un «toque de queda a nivel nacional».

Castillo convocó «en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos ley».

Constituconalistas aseguraron que no hay ninguna figura legal que ampare lo que hizo el presidente, ya que la Constitución señala que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como hizo Martín Vizcarra.

En un comunicado conjunto, las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú emitieron este miércoles un comunicado conjunto en el que hicieron referencia a la única causa por la que un mandatario puede disolver el Congreso, que es «si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros», lo que no ocurrió en este caso.

«Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional», señalaron.

El anuncio del mandatario motivó inmediatamente una serie de renuncias en el Gabinete.

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