Disputas universitarias y contradicciones sindicales en Estados Unidos

Estudiantes de la Universidad de Berkeley con pancartas: “esto es guerra”, “seamos ingobernables”.

La economía industrial no repunta y las empresas siguen migrando a otros países. El conflicto social aumenta, pero está fragmentado según demandas sectoriales y la situación de cada ciudad.

Alrededor de 20 personas fueron arrestadas en la Universidad de Berkeley, California, luego de un enfrentamiento entre supremacistas blancos seguidores de Donald Trump y manifestantes antifascistas. Saludo nazi y puñaladas mediante, los “Chicos Orgullosos” (Proud Boys) golpearon en la cara a una mujer. Es la tercera vez en el último tiempo que este tipo de choques se dan en la universidad que supo ser insignia de la lucha contra la guerra de Vietnam y el activismo estudiantil de la década de 1960. La reportera especializada Shane Bauer dijo que “nunca vio algo tan violento” en manifestaciones del estilo y que la policía se dedicó a observar sin intervenir.
La escena describe en parte lo que se vive en Estados Unidos. Embanderados con la libertad de expresión, grupos racistas radicales intentan penetrar con su discurso en las universidades de todo el país y colectivos de activistas enrolados en distintas ideologías políticas o causas sociales rechazan activamente su presencia. Aunque menos violentas, situaciones similares ocurrieron también en universidades de Seattle, Alabama y Carolina del Sur. Medios estadounidenses independientes como Mother Jones aducen la reacción ante las provocaciones racistas a un cierto resurgimiento de grupos “antifas” (por antifascistas) que promueven la acción directa.
Aunque los grupos organizados de un lado y otro estén adoptando posiciones más radicales, las mayorías juveniles, como en el resto de los estratos sociales, tienden más a la participación en acciones locales, “rallys” de protesta temáticos o peticiones a las autoridades. También impulsan iniciativas como la Escuela de Resistencia, diseñada por jóvenes graduados o estudiantes avanzados, que se desarrolla en la Universidad de Harvard. Allí se aprende sobre historia, formas de organización social y política, comunicación y uso de redes sociales, e integran su cuerpo docente desde académicos hasta consultores y ex integrantes de la administración Obama. El objetivo es dar herramientas para convertir la protesta en acción política. Otros jóvenes se han incorporado a las filas del Partido Demócrata y unos cuantos sumado su adhesión a la organización Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés).
La DSA no es un partido pero promueve la formación de dirigentes que luego se presentan a elecciones afiliados como demócratas o independientes; afirma que desde la elección presidencial triplicó su cantidad de adherentes. Lejos de ser una organización de masas (según la propia organización son 17 mil en la actualidad mientras los afiliados al Partido Demócrata son 45 millones), vive un crecimiento significativo y muestra una tendencia que podría cambiar la composición del Partido Demócrata y generar tensiones y debates internos en los próximos años. Desde la DSA sostuvieron que no necesariamente jugarán por dentro de la estructura partidaria, “pero tampoco del todo por fuera”.
En cuanto a la dirigencia política, una encuesta publicada en The Hill mostró que Bernie Sanders, reciente precandidato presidencial del Partido Demócrata, tiene una imagen positiva del 57% entre aquellas personas registradas para votar. La más alta entre los 16 dirigentes de ambos partidos analizados. La misma encuesta ubicó a Donald Trump con 44% de imagen positiva y 51% negativa y a su ex contendiente, Hillary Clinton, con 42 y 53% respectivamente.

Duro momento para los trabajadores

Otra fotografía. Apenas concluida la campaña electoral Donald Trump visitó la planta de Carrier en Indiana, que un año atrás había anunciado que cerraría y se mudaría a México. El republicano hizo de esa empresa un caso testigo de lo que pasaría en su mandato: “Carrier nunca se irá”, dijo y aseguró que los 1.100 puestos de trabajo se mantendrían en Estados Unidos. “Trump estaba mintiendo”, dijo en marzo de este año Chuck Jones, presidente de United Steelworkers (USW). A la compleja situación de Carrier se suma la de otras empresas de la zona, como Rexnord, también del sector siderúrgico. Tiene 300 empleados y también anunció su cierre; se mudará a Monterrey, México.
En los últimos 50 años la tasa de sindicalización en el Estado de Indiana -uno de los que integra el llamado “cinturón de óxido”, por su desarrollo industrial- pasó del 40 al 11%. Esta zona fue crucial en la elección presidencial estadounidense ya que un amplio sector de la clase trabajadora industrial transformó su descontento con la crisis de empleo y económica en apoyo a la candidatura de Trump.
De hecho, una parte importante de los dirigentes sindicales de Indiana, según reportó Sarah Haffe para The Nation, votaron a Trump y tenía ciertas expectativas en que la prometida salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) repercutiera positivamente en su estabilidad laboral. Pero pasados ya los primeros meses de gobierno su posición cambió. “No ha habido un partido político en mucho tiempo que piense en los trabajadores y eso tiene que cambiar”, declaró John Feltner, despedido de Rexford. Feltner advirtió a sus pares mexicanos que ahora llevarán adelante la producción: “Si les están pagando tres dólares la hora y encuentran que en Vietnam lo van a hacer por 1,50, adivinen, van a estar peleando en el mismo bando que nosotros”.
Por otro lado, los mineros también se encuentran en un momento crítico. Desde la segunda posguerra, el Estado federal garantiza que las empresas sigan abonando sus seguros de salud una vez retirados. La resolución fue renovada en los sucesivos gobiernos, no sin conflictos dados los constantes intentos de las patronales para dejar de hacerlo. En marzo de este año llegaron cartas de las coberturas médicas a 20 mil trabajadores jubilados. Si al 30 de abril el Congreso no suscribía al convenio nuevamente, quedarían sin seguro. La población minera cuenta con altas tasas de enfermedades, sobre todo pulmonares, características de las tareas insalubres desarrolladas.
A su vez, desde la Afl-Cio, federación que representa a 12,5 millones de trabajadores de 55 sindicatos -cuyos dirigentes más o menos explícitamente también apoyaron a Trump en la elección- criticaron el plan de salud promovido por la Casa Blanca (que finalmente no se llevó a votación por no contar con los apoyos necesarios dentro del bloque republicano). En su momento Richard Trumka, presidente de la federación obrera, había advertido que sería una “masiva transferencia de recursos de los trabajadores hacia Wall Street”.
Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, de todas formas, todavía no habían asumido una posición plenamente confrontativa. “Han surgido dos facciones de gobierno muy diferentes”, declaró Trumka. “Está el ala de Wall Street, que socava las promesas de Trump a los trabajadores; y un ala inactiva que podría promover el progreso que la clase trabajadora necesita”. Para el líder sindical, el presidente Trump “tiene que decidir de qué lado está: con los trabajadores mineros, del acero, granjeros y otros estadounidenses a quienes prometió ayudar en campaña; o con los magnates de Wall Street que están acomodando la economía a expensas nuestras”, manifestó. “Esa decisión será el test más importante de su presidencia”, completó.
El que se mantiene firme por ahora en su apoyo es James P. Hoffa, dirigente del poderoso sindicato de camioneros. Aunque hizo campaña por Hillary Clinton, ha apoyado cada decisión tomada por el Presidente desde su asunción, por ejemplo la salida del TPP (Tratado Transpacífico de Libre Comercio) y el restablecimiento de las obras del polémico oleoducto Keystone XL, aprobado y vetado luego por Obama por presión de grupos ambientalistas.

A medio camino

Hasta fines de abril, la única causa que había vuelto a mover al conjunto del país luego de la Marcha de las Mujeres del 8 de marzo, fue una convocatoria de alrededor de 120 mil personas en distintas ciudades (principalmente Washington y Nueva York), para exigir al Presidente que publique su declaración de impuestos, como es tradición. La movilización también exigió al Congreso que sancione una ley que obligue a futuros mandatarios a revelarlas.
“Marchamos porque no nos quedaremos en silencio mientras los ricos y poderosos gobiernan este país guiados solo por sus intereses individuales y no en los del pueblo norteamericano en su conjunto”, decía el texto de convocatoria.
Salvo esta convocatoria y la del 1 de mayo, fecha para la que estaba previsto un paro nacional de trabajadores migrantes, el conflicto social sigue pasando por el plano local y sectorial. Las expresiones radicales, aunque no parecen tomar carnadura suficiente para convertirse en alternativa política, allí están. La violencia social no parece amainar, sino todo lo contrario.

Julia de Titto