Venezuela elige alcaldes en un clima de grandes dificultades

Feria del Campo Soberano Navideño en Caracas. Foto: AVN

El 10 de diciembre todos los municipios votarán a sus autoridades. Pero la atención está puesta en la escalada de precios y el aumento del costo de vida. Avanza la lucha contra la corrupción.

Con una oposición dividida tras dos victorias electorales de la Revolución Bolivariana, Venezuela irá a las urnas por tercera vez en cuatro meses. El próximo 10 de diciembre los 335 municipios del país elegirán a sus alcaldes o alcaldesas y el Estado Zulia votará nuevamente a su gobernador, luego de que el Consejo Legislativo declarara la vacante absoluta del cargo. Juan Pablo Guanipa, electo en octubre, se había negado a juramentarse ante la Asamblea Constituyente como hicieron los otros 22 gobernadores electos.
“Tremenda dictadura ésta, que organiza tres procesos electorales en cuatro meses para que el pueblo elija”, ironizó el presidente Nicolás Maduro durante una reunión con Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). “Confío en el voto del pueblo y en su conciencia, en la democracia, en la libertad”, agregó antes de asegurar que “llueva, truene o relampaguee, en 2018 vamos a elecciones presidenciales, como dice la Constitución”.
Con los triunfos en la elección para diputados de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 31 de julio, que logró más de ocho millones de votos, y en las regionales del 15 de octubre, donde ganó 18 de las 23 gobernaciones, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la coalición oficialista del Gran Polo Patriótico dieron un duro golpe a la MUD. La consecuencia inmediata fue que los principales partidos de la alianza opositora decidieron no participar de las elecciones municipales. Pero otros sí lo harán.
Un total de 16 partidos nacionales y 55 organizaciones de ámbito regional (71 en total) presentaron candidatos para las elecciones de alcaldes y alcaldesas. Entre ellos están las fuerzas opositoras UNT, AP, Copei, Nuvipa y el MAS. En paralelo, continúan las idas y vueltas en torno a la posibilidad de un diálogo político entre Gobierno y oposición, debido a la ruptura de la MUD y las graves pugnas internas.
Ante este cuadro adverso y el descontento de sus seguidores, las fuerzas de extrema derecha redefinen sus estrategias, hacen llamados al desconocimiento de las autoridades nacionales, piden sanciones internacionales contra su propio país e incluso abren las puertas a una posible intervención de Washington.

Costo de vida
Con la instalación el 4 de agoto de la Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela puso fin a cuatro meses de violencia callejera, intentos golpistas, muertes y peligrosa fractura social. Gracias a esta iniciativa de Maduro, el país ingresó nuevamente a una etapa de paz y convivencia y las urnas dieron la espalda a los dirigentes de la extrema derecha.
Sin embargo, mientras eso sucedía en el plano político y la población recuperaba su vida normal en las áreas afectadas por la violencia, la situación económica cotidiana continuó agravándose. La denunciada guerra económica se multiplicó y los precios de alimentos fundamentales y medicinas se dispararon, generando zozobra y molestia en la población.
Noviembre fue el peor de los 11 meses transcurridos del año y el más duro para la población asalariada. El incontrolable aumento de los precios, la especulación y la usura, en sintonía con la disparada del dólar paralelo, que el 22 de noviembre superó la barrera de los 80 mil bolívares por dólar, afectan de manera brutal a la mayoría de los venezolanos.
Desde la convocatoria a la constituyente, el 1 de mayo, hasta el 22 de noviembre, el dólar especulativo tuvo un incremento de 1920% y empujó al país a una peligrosa dinámica hiperinflacionaria. En paralelo, Estados Unidos aumentó desde el exterior la cifra del “riesgo país” para encarecer el endeudamiento externo y forzar a Venezuela a declarar una cesación de pagos (default) que no se concretó.
Queda claro que el país vive en estos momentos situaciones que no responden a la lógica económica y que sólo pueden comprenderse cabalmente en el marco de una guerra contra la economía nacional.
En cualquier caso, el costo de vida es desde hace tiempo la mayor preocupación del venezolano. En los días previos a las elecciones municipales del 10 de diciembre y el inicio de las festividades navideñas, la atención de la población está puesta en cómo hacer rendir el dinero ante la remarcación diaria de precios, que diluyó el último incremento salarial.
La gravedad del cuadro económico incluye el contrabando de extracción, que no se detiene; el incremento de los ataques a la moneda nacional y su extracción por las fronteras; la especulación comercial y empresarial, que azota la economía y los ingresos en moneda nacional; restricciones para la circulación y retiro de dinero en efectivo; creciente bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos.
Mientras esto sucede, las mafias dedicadas a la compra y venta ilegal de dólares, alimentos, gasolina e incluso oro se extienden en todo el territorio, provocando las mayores dificultades en las zonas de frontera.

Respuestas oficiales
En medio de los diversos ataques internos y externos a la economía, el gobierno venezolano realiza esfuerzos para superar las dificultades internas y garantizar el pago de la deuda externa a través de una renegociación que ya logró acuerdos e importantes avances con Rusia, China y un conjunto de acreedores.
Previo al inicio de las fiestas navideñas, el Gobierno tomó un conjunto de medidas de protección social, en respuesta a las acciones desestabilizadoras. Maduro decretó un aumento de 30% del salario mínimo (subió 337% en lo que va del año) con incidencia en el pago de utilidades y pensiones. El 89,9% de los adultos mayores recibe ingresos por pensiones, además de un bono de ayuda contra la guerra económica.
También fueron aprobados recursos para saldar deudas con trabajadores de alcaldías y gobernaciones en todo el territorio nacional y el pago de dos meses adicionales de utilidades para todos los trabajadores de la administración pública y pensionados.
Asimismo, se actualizó la base de cálculo del bono de alimentación, que pasó de 21 a 31 unidades tributarias y se creó un bono navideño especial destinado a cuatro millones de venezolanos, que ha sido asignado a través del sistema de registro del Carnet de la Patria. Lo mismo sucedió con el bono de ayuda o tarjeta Hogares de la Patria, que llega a un millón 200 mil familias y la asignación del programa Chamba Juvenil, además del monto de créditos para mujeres emprendedoras.
A través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), se acordó la entrega de 16 millones de juguetes como parte del Plan Niño Jesús, junto a la distribución de pernil y la entrega del combo navideño con los ingredientes y productos necesarios para la elaboración de la hallaca, plato típico de las navidades en Venezuela.
Hasta noviembre se han constituido más de 31 mil Clap que atienden a poco más de seis millones de familias en todo el país. Sólo en Caracas hay alrededor de 230 mil, con alcance a 800 mil familias.
“Mientras que la derecha insiste en amargarle la vida a los venezolanos, el gobierno bolivariano, a través de sus ministros, está estableciendo las políticas económicas para lograr el abastecimiento”, afirmó Freddy Bernal, jefe nacional de los Clap.
Con miras a dar respuesta a las demandas de la población contra la especulación, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) activó a su vez un Plan Integral de Fiscalización de más de 11 mil establecimientos de todo el país, aunque hasta el momento la política de control de precios y sanciones no ha logrado frenar la espiral inflacionaria.
Ante los elevados precios de la carne y el pollo, durante las dos primeras semanas de noviembre el ente realizó alrededor de 634 inspecciones a establecimientos y garantizó la venta de una tonelada de carne y 157 mil kilogramos de pollo a precio justo.
En cuanto a las verduras y hortalizas, las llamadas “Ferias del Campo Soberano” distribuyen semanalmente más de mil toneladas de alimentos en las ciudades y se han convertido en una buena alternativa para la compraventa de estos productos a precios justos.
Otro problema serio es la falta de dinero en efectivo, por lo que un nuevo billete de 100 mil bolívares entró en circulación. Esto mientras se multiplican las incautaciones a mafias traficantes de la moneda en todo el territorio nacional y se promueven incentivos para el pago electrónico.

Constituyente económica y producción
En el proceso de reestructuración de la economía, la ANC revisa el edificio jurídico del país. Su agenda económica está enmarcada dentro de los 15 motores de la economía y las ocho leyes presentadas por el Presidente en septiembre. El objetivo es construir un nuevo modelo económico que apueste al incremento de la capacidad productiva.
En este sentido, fueron aprobadas la ley para la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur), que agrupará a todas las empresas productivas del país en materia agroalimentaria, y la ley de Precios Acordados, con miras a combatir la especulación: fueron desplegados 33 mil fiscales para garantizar su cumplimiento. También está en debate la ley de casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos.
En lo que respecta a la producción, el ministro para las Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Juan Arias, informó que las empresas del Estado superaron en 2017 las cifras de producción del año anterior. Algunas alcanzaron un incremento hasta un 250% superior al de 2016. Tal es el caso de las empresas briqueteras, procesadora del hierro, que para octubre tuvieron una producción acumulada de 158.347 toneladas, con un incremento del 216%.
Para garantizar el aumento de la producción, los ministerios de Industrias Básicas y de Comercio Exterior e Inversión Internacional acuerdan proyectos para proveer de la materia prima necesaria a más de 1.500 pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de elevar sus niveles de producción destinados a la exportación.
Por otra parte, la petrolera estatal (Pdvsa) impulsa un plan extraordinario para el incremento de la producción de crudo en 2018. El Vicepresidente de Exploración y Producción, Nelson Ferrer, informó que los objetivo son: aumentar los ingresos fiscales, incrementar las exportaciones, reducir las importaciones para satisfacer el mercado nacional, garantizar el pago de compromisos financieros, reactivar fuentes de empleo y optimizar el sistema de refinación.
La actividad minera es otro eje importante. Durante 2017 ingresaron a las arcas del Banco Central de Venezuela poco más de 5,2 toneladas de oro provenientes de la pequeña minería, equivalentes a unos 200 millones de euros. Sólo en octubre fueron producidos 1.234 kilogramos, por lo que el objetivo es cerrar el año con una producción superior a las siete toneladas.
No menos importante es la propuesta del Presidente de retomar y refundar los Bancos Comunales, con el fin de afianzar el poder popular, los proyectos socioproductivos, las comunas y consejos comunales, esenciales en la construcción de las economías locales. Maduro exhortó a que en una primera etapa tengan prioridad los proyectos destinados a beneficiar y/o incluir a mujeres, jóvenes y trabajadores de la comuna. Este mecanismo financiero está contemplado en el programa de gobierno Plan de la Patria, que planteó la conformación de tres mil bancos comunales para “consolidar la nueva arquitectura financiera del Poder Popular”.
En este cuadro de urgencias, fueron instalados los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), conformados por obreros de 660 empresas privadas y 144 públicas, que asumieron el compromiso de incrementar la producción nacional.
Fortalecimiento de la clase obrera, defensa de los derechos socioeconómicos de la población y su protección social, trabajo conjunto de todas las fuerzas productivas, son tres ejes de las medidas económicas que implementa el gobierno de Maduro. Hasta ahora los esfuerzos para superar las dificultades económicas son insuficientes. Revertirlo es hoy el principal reto de la Revolución Bolivariana.

Con informes de Roxana Martínez desde Caracas

Corrupción en áreas estratégicas

Desde agosto último, con el cambio de fiscal general comenzaron a salir a la luz graves casos de corrupción que horadan el proceso revolucionario y afectan áreas estratégicas de la economía. El desfalco en Pdvsa y en la Franja Petrolífera del Orinoco y la sobrefacturación en las importaciones y delitos cambiarios a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) son los principales.
Las investigaciones han develado el sabotaje a la producción de Petrozamora; desmantelamiento y modificación de seriales en vehículos de Pdvsa en Monagas; develación de sobreprecios en compras internacionales en Bariven; reapertura de las investigaciones a ex funcionarios de Pdvsa por legitimación de capitales; desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Uno de los hechos más graves fue presentado por el Ministerio Público a mediados de noviembre e involucró a la división Oriente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2014 y 2017. El entramado corrupto alteró cifras de producción y causó daños por 1.156 millones de dólares debido a los barriles de crudo no producidos en se periodo. Asimismo, se dispusieron unos 266 millones de dólares para el pago de impuestos y regalías al Estado por petróleo que nunca se produjo. Por el caso fueron detenidos nueve funcionarios y un ex trabajador de Pdvsa Oriente, en su mayoría gerentes y directores.

Petrozamora y otras
Estas 10 detenciones se agregaron a 32 anunciadas por el Fiscal General Tarek William Saab a comienzos de noviembre en casos de presunto desfalco y daño patrimonial contra la principal industria del país. El informe del 2 de noviembre –a modo de balance de los tres primeros meses de Saab al frente de la Fiscalía General de Venezuela, incluyó a personas relacionadas con empresas mixtas vinculadas a la Faja Petrolífera del Orinoco.
Por el caso de Petrozamora, empresa mixta conformada con la rusa Gazprom que extrae crudo en el Estado Zulia, fueron detenidos 16 altos funcionarios; por el de Petromonagas, seis ciudadanos; por la empresa mixta Petropiar, cuatro; por Bariven, tres altos cargos, y por Pdvsa Yagua, dos gerentes.
Para Saab esta cifra es inédita y detalló que entre los responsables de mayor peso se encuentra encarcelado el presidente de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana del Petróleo, Orlando Chacín Castillo, quien había fungido como vicepresidente de Exploración y Producción de Pdvsa hasta enero de 2017.
En el caso de Petrozamora, la mayoría de los funcionarios está imputada por los delitos de asociación para delinquir, obstrucción de la libertad de comercio, concierto de funcionario con contratista, peculado doloso y daño a la industria petrolera con siniestro. Todos son considerados responsables de la promoción y ejecución de prácticas de sabotaje a la producción de crudo de la empresa. De acuerdo a la información aportada por el Fiscal General, se calcula que la pérdida es de 15 millones de barriles entre 2015 y 2017, equivalentes a casi 500 millones de dólares.
Saab detalló que entre los daños patrimoniales a Bariven, filial de Pdvsa dedicada a la adquisición de materiales para la exploración y extracción, se detectaron contratos con sobreprecios de entre 100% y 98 mil%. Por este caso fueron detenidos el presidente de la compañía y otras dos personas. Aquí se detectaron –dijo– “un sinnúmero de irregularidades internas” en los procesos de compras y sobreprecios en los contratos, tanto en moneda nacional como extranjera.
El caso particular de PetroPiar sobresale en el multimillonario desfalco en la Faja del Orinoco por la compra de bienes y servicios con sobreprecio y adjudicaciones ilícitas, todo ello en la generación intencional de emergencias ficticias. De esta manera se justificaban contrataciones irregulares, que en uno de los casos alcanzó un sobreprecio superior al 10 mil%. Por este caso, además de las detenciones se han emitido órdenes de aprehensión con alerta roja a personas que estarían prófugas de la justicia venezolana en Estados Unidos.
Entre enero y septiembre de este año, precisó el Fiscal, se emitieron 1.317 alertas de sobreprecio tanto en bolívares como en dólares, “cuyos montos objetados superan los 10 mil millones de bolívares y 219 millones de dólares”. En esta trama de corrupción, resaltó, se incluye a Roberto Rincón, quien se encuentra bajo la figura de testigo protegido en Estados Unidos y “dentro de poco saldrá en libertad”, indicó Saab.

Cambio en agosto
El pasado 5 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) juramentó a Tarek William Saab como Fiscal General de la República, tras la remoción de Luisa Ortega Díaz. Desde entonces, amparado en el decreto de emergencia de la ANC, el nuevo Fiscal asumió la tarea de avanzar en la reestructuración del Ministerio Público (MP), con la lucha contra la corrupción como uno de los puntos fundamentales. Antes de su llegada había sido develada una poderosa red de extorsión dentro del MP venezolano.
En un primer boletín se informó que habían sido verificadas 32 empresas, de las cuales 26 eran “firmas fantasmas” que no poseían registros fiscales. El MP solicitó órdenes de aprehensión contra todos los representantes legales de las mismas. Se realizaron nueve allanamientos, congelaciones de bienes y nueve detenciones. Posteriormente el Fiscal dio a conocer que cerca de 900 empresas están involucradas en casos de sobreprecios para quedarse con divisas otorgadas por Cadivi y Cencoex.
La corrupción y el desvío de fondos públicos en el sector importador es considerado por muchos la mayor fuente de distorsiones de la economía nacional. En los últimos meses quedaron en evidencia numerosas empresas que realizaron prácticas comerciales ilícitas, como sobrefacturación e importaciones ficticias.
Entre los casos más sonados destacan el de la Azucarera Río Turbio, con procesamientos por sobreprecio en la obtención de 60 millones de dólares, asociación, legitimación de capitales y uso de documento público falso, situación que conllevó a la detención de sus accionistas. Otra empresa es Central La Pastora, a la cual se le incautaron todos sus bienes por fraude al Estado. También fue detenida la directiva de Importadora Zaidelys y la de Acción Mercantil 0, esta última por simulación de importaciones.
La privativa de libertad y presentación ante tribunales del actor Manuel Sosa por los delitos de concierto de funcionarios con contratista, asociación y peculado doloso fue otro caso resonante. Sosa, presidente de la empresa Suministros Gramal, recibió alrededor de 50 contrataciones para importaciones con sobreprecio por parte de la empresa mixta de petróleo PetroPiar. El daño patrimonial a Pdvsa en este caso supera los 2 millones de dólares.
Se destaca además el caso de la Constructora Urbano Fermín CA, contratista de Pdvsa, cuyo Gerente General fue formalmente acusado por los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir, vinculado al desfalco a la Faja del Orinoco en el periodo 2010-2016.
Otras 10 empresas fueron allanadas, todas vinculadas por el desfalco en la Faja del Orinoco, de las cuales se presume que seis eran “empresas de maletín”.

Con informes de R. M.