Ecuador: Comisión legislativa aprueba denuncia a Lasso
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) de Ecuador aprobó con votos opositores un extenso informe que advierte que el presidente Guillermo Lasso tiene “vinculación directa” con paraísos fiscales.
El documento también denunció que el jefe del Estado incumplió el “mandato popular” que prohíbe a los funcionarios tener bienes o capitales en cuentas off shore.
Aunque el informe no recomienda explícitamente la destitución de Lasso o un juicio político, alude al artículo 130 de la Constitución que establece esa potestad de la AN, y advierte sobre una “crisis de gobernabilidad”.
En su párrafo clave, el texto señaló que “se verifica la inobservancia por parte del presidente al Pacto Ético (consulta popular sobre paraísos)”.
Este aspecto, según la comisión, “configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto el artículo 130, numeral 2 por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre los paraísos fiscales”.
La comisión se activó tras la difusión, a inicios de octubre, de un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que denunció la existencia de cuentas off shore de personalidades de todo el mundo.
La comisión ecuatoriana también pide aprobar una resolución para llevar a Lasso al pleno de la AN en no más de ocho días y sugiere pedir el inicio de juicio político contra las autoridades que no colaboraron en la investigación.
El documento fue aprobado con los votos de la fuerza indigenista Pachakutik y de la correísta UNES, y el rechazo de los dos legisladores de la Bancada del Acuerdo Nacional, que agrupa a los sectores cercanos al Gobierno.
El informe se gira ahora al pleno de la Asamblea, donde no existe un plazo para ser discutido y donde parece difícil que el documento logre una mayoría para avanzar en un eventual juicio político contra el mandatario.
El informe concluyó que “hay una vinculación directa” de Lasso con las empresas Banisi y Banisi Holding, que tienen sede en Panamá.
También dio por hecho que la creación de compañías offshore dentro del Grupo Banco de Guayaquil –de la que Lasso era accionista- “necesariamente deben contar con el conocimiento y aprobación” del mandatario.
También aseguró que la afirmación de Lasso de que no tiene relación con Banisi “no se ajusta a la verdad” y especuló con un posible delito de defraudación tributaria porque detectó “disparidades” en el pago de impuestos.
Lasso se negó dos veces a ir a la sede legislativa a responder ante la comisión y, en cambio, invitó a los integrantes del cuerpo a presentarse en la sede del Gobierno para responder “todas las preguntas que fueran necesarias”.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
