Convención Nacional de Alianza País el 3 de diciembre

Con presencia de Rafael Correa y abierta oposición de Lenín Moreno, la fuerza de gobierno será escenario de una disputa interna que podría terminar en ruptura. Algunos intentan evitarla.

Ecuador vive uno de los momentos más cruciales desde el inicio de la Revolución Ciudadana en enero de 2007. Tras la ruptura abierta entre el actual presidente y el ex mandatario, la disputa interna llegó a un momento clave y tendrá lugar al interior del movimiento político que los acoge: Alianza País (AP).
Rafael Correa no quiere dejar pasar más tiempo. Al cierre de esta edición arribaba al país desde Bélgica, con el objetivo de participar de la Convención Nacional de AP convocada por la Dirección Nacional –donde tiene mayor apoyo– para el 3 de diciembre en Esmeraldas. La convocatoria fue desconocida por el presidente Lenín Moreno, pese a que considera que tiene la fuerza suficiente para ganar una mayor cantidad de adhesiones en la disputa interna con Correa.
Quienes respaldan al actual mandatario podrían decidir no asistir, desconocer a la actual Dirección Nacional, la convocatoria a la Convención, y llevar a la justicia la disputa por el control del movimiento político. En cualquier hipótesis, la ruptura de AP parece difícil de evitar, aunque numerosos dirigentes y militantes hacen grandes esfuerzos por mantener su unidad.
Por el momento nadie da el brazo a torcer y la formación de una nueva organización dependerá del resultado de la Convención o de futuras definiciones judiciales en torno a las autoridades de AP. El propio Correa ya insinuó que el lanzamiento de otra fuerza política es una alternativa.

Primer round
El Gobierno celebró la declaración conjunta de 44 legisladores sobre 74 –mayoría del bloque oficialista en la Asamblea Nacional– a favor de la consulta popular expresada públicamente el 7 de noviembre tras una reunión a puertas cerradas. La semana anterior, la Dirección Nacional de AP había decidido destituir a Moreno de la presidencia del movimiento y reemplazarlo por Ricardo Patiño, una decisión cuya legalidad quedó en entredicho por la justicia.
Según los cálculos en el Palacio de Carondelet, el apoyo de legisladores a Moreno ascendió a 47 diputados contra 22 que mantuvieron un firme alineamiento con Correa y otro grupo menor que no tomó postura. Satisfecho con el pronunciamiento al interior de AP, Moreno volvió a apelar públicamente al tono conciliador y quedó a la espera del fallo del Tribunal Constitucional, que debe aprobar las siete preguntas de la consulta popular, cuyo eje es la propuesta de anulación de la reelección indefinida para cargos de elección popular.
El objetivo del Presidente es lograr el voto afirmativo de la población para todas las preguntas, que son apoyadas por el conjunto de la oposición, con el objetivo de ganar respaldo político. En caso de habilitarse todos los puntos de la consulta, es altamente probable el triunfo del Sí, aunque la incógnita es cuántas personas irán a votar.
El documento firmado por 44 legisladores de Alianza País a pedido del gobierno tiene seis puntos y se titula “Bloque Alianza País-Aliados ratifica unidad y compromiso”. En primer lugar, manifiesta el respaldo a Lenín Moreno y la Revolución Ciudadana, así como al programa de gobierno con el que fue electo. “Decimos Sí a la Consulta popular y al derecho del pueblo ecuatoriano a pronunciarse las veces que sean necesarias en los temas trascendentales para el país”, se lee inmediatamente después. Luego hace un llamado a la unidad del movimiento político, afirma que AP atraviesa “un momento de necesaria renovación” y condena indirectamente la decisión de la Dirección Nacional de quitar a Moreno del liderazgo de la organización.
Lo que no pudo definirse en la reunión interna fue la decisión a tomar por la Asamblea Nacional respecto al vicepresidente electo, Jorge Glas, quien está en prisión preventiva por presunta asociación ilícita en el marco de la trama de corrupción de Odebrecht (ver recuadro). Moreno y la oposición quieren lograr los votos para destituirlo del cargo y otorgar legalidad a la designación de la nueva vicepresidenta en funciones, María Alejandra Vicuña.
Pese al respaldo interno obtenido por Moreno, algunos legisladores que firmaron el documento marcaron distancia. La primera vicepresidente de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, comunicó luego de firmar que si bien respalda “la consulta popular como una herramienta de participación ciudadana”, votará en contra de la propuesta de anular la reelección indefinida y de cesar a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana para reemplazarlo por otro mecanismo. También la asambleísta Soledad Buendía aclaró rápidamente: “¡Soy correísta y defenderé la década ganada! No apoyo el Sí en las siete preguntas. Apoyo el mecanismo de consulta, no su contenido”. Estos pronunciamientos ponen en tela de juicio la cantidad de asambleístas contados como propios por el actual gobierno.
La respuesta del grupo disidente de AP, que reúne a varios de los principales y más reconocidos dirigentes del movimiento político, fue llamar a la Convención Nacional para el 3 de diciembre.

Agenda de gobierno
La crisis interna repercute directamente en el plano gubernamental porque, si bien le permite a Moreno tener un apoyo momentáneo de la oposición –cuyo principal blanco es Correa– provoca una parálisis en la agenda legislativa. El rumbo que tomará el Gobierno es en gran medida una incógnita, ya que muy pocas políticas se han ejecutado hasta el momento.
Sin embargo, Moreno dio señales de que luego de la consulta popular la economía pasará al primer plano, a sabiendas de que la evaluación popular de la gestión presidencial dependerá en gran medida de lo que suceda en ese plano. El primer objetivo del Gobierno es lograr combinar una reducción paulatina del déficit fiscal con un contexto de crecimiento económico.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que el próximo presupuesto anual tendrá un recorte de gastos estimado en 1.965 millones de dólares (5,3% del total) para bajar el déficit fiscal y el endeudamiento externo. La principal reducción del gasto está vinculada a la amortización de la deuda pública, a la que se destinarán 3.125 millones de dólares menos que en 2017. “Cuando hay reducción de la amortización es porque ya se ha pagado la deuda más cara y de corto plazo”, explicó el Ministro.
Con el nuevo presupuesto, las necesidades de financiamiento para 2018 se reducen de 12 mil millones a 8 mil millones, pero hasta ahora poco más se sabe sobre el rumbo que tomará la política económica del nuevo gobierno.

Jorge Glas va a juicio por asociación ilícita 

Acusado de asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht y detenido desde el 2 de octubre, el vicepresidente Jorge Glas irá a juicio penal junto a otras 12 personas. Para Rafael Correa y otros dirigentes de Alianza País se trata de una persecución política lanzada por el Gobierno y la oposición en el marco de las disputas internas entre el actual presidente y el ex mandatario. Desde la otra vereda consideran que el juicio es clave para demostrar que el Gobierno irá a fondo en la lucha contra la corrupción.
La acusación contra Glas por asociación ilícita fue acogida el 14 de noviembre por Miguel Jurado, juez de la Corte Nacional de Justicia. Entre los acusados está también el tío del vicepresidente, Ricardo Rivera, y el ex contralor Carlos Pólit. El delito contempla penas de tres a cinco años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal.
El caso fue llevado a juicio por pedido de la Fiscalía, que acusa a Glas de haber recibido 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a través de su tío para la adjudicación de cinco proyectos de obra, primero como ministro de Sectores Estratégicos y luego desde la Vicepresidencia.
“La inocencia estaba clara. No hay ninguna prueba en contra del Vicepresidente, ninguna”, se quejó públicamente el abogado de Glas, Eduardo Franco. Los defensores del Vicepresidente consideran que no hay pruebas para demostrar las transferencias de Odebrecht al tío de Glas y mucho menos que éstas llegaran luego a él. Hasta el momento el caso se basa únicamente en declaraciones de directivos de la empresa brasileña que sorpresivamente fueron absueltos por la Fiscalía, aunque tienen condenas en Brasil.
La detención de Glas ha permitido al presidente Lenín Moreno nombrar una Vicepresidente encargada y desplazar al hombre más cercano a Correa de este cargo clave.