Gobierno uruguayo apuesta al Plan Nacional de Infraestructura

El proyecto Ferrocarril Central prevé la construcción y reparación de 273 kilómetros de vías férreas.

Lanzado en 2015, el plan toma ahora protagonismo político y económico. La población demanda mayores inversiones en agua y saneamiento, vivienda y educación. Ambiciosa inversión ferroviaria. 

Uruguay presenta un significativo retraso en materia de infraestructura. Su modernización permitiría no sólo mejorar tiempos, costos productivos y calidad de vida en varias poblaciones, sino también enfrentar los problemas ocasionados por el cambio climático. Por eso el Gobierno despliega desde el inicio de su actual gestión, en 2015, el Plan Nacional de Infraestructura (PNI).
El PNI fue pensado en realidad para atraer inversión extranjera directa, que goza de ciertas exenciones. Dentro de la gestión del Frente Amplio, tiene como antecedente a la Agencia Nacional de Infraestructura, encargada de compilar las iniciativas que en la materia existían hasta 2015, a fin de jerarquizarlas y diseñar su financiación. La información tuvo eje en los aportes que realizaron las distintas reparticiones públicas nacionales.
Desde el Gobierno sostienen que la pretensión del Plan es que sea una nueva modalidad de trabajo pensada a largo plazo, con perspectiva de tres lustros (2015-2030). “Es una apuesta a futuro”, sentenció el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.

Detalles
El PNI es fruto de un trabajo previo, coordinado desde la OPP, que depende directamente de la Presidencia de la República. El gobierno nacional está desplegando el plan mediante financiación pública, asociaciones público-privadas (PPP) y créditos internacionales, por un total de 12.500 millones de dólares. Autoridades aseguran que un tercio de este monto correrá por el andarivel de las PPP.
El Plan fue lanzado hace dos años, pero se habla poco al respecto. El Gobierno aspira a readecuar y generar las infraestructuras necesarias para el país, particularmente de los sectores productivos. Es, a su vez, una manera de atraer inversiones, no perder competitividad económica con otros países y crear por esa vía puestos de trabajo. Se trata en definitiva de generar impactos productivos, sociales y políticos.
Según los estándares internacionales, al igual que buena parte de los países latinoamericanos, Uruguay ha invertido por debajo de lo necesario para lograr un verdadero desarrollo económico y social. Según los expertos, hay “una brecha de infraestructura”. Rutas destrozadas, inadecuadas, puentes vetustos, excesivo uso de camiones, son parte de los problemas relevados en buena parte del territorio nacional.
Desde la propia OPP se registró una diferencia entre oferta y demanda en tres sectores claves: agua y saneamiento, vivienda y educación. En los tres casos se realizaron estimaciones de costos y tiempos para cerrar la brecha existente.
El PNI también incluye la construcción de infraestructuras sociales, como el caso de los Centros de Atención a la Infancia y Familia (Caif), soportes comunicacionales, energéticos y viales.

Dualidad
A fines de julio el ministro de Economía, Danilo Astori, comentó que el plan tenía entre “un 40 y un 50 % de avance”, con una inversión de unos 6 mil millones de dólares. Este avance se percibe en el creciente parque eólico –que modifica la matriz energética, aunque el servicio eléctrico no baja de precio– y en el mejoramiento en las comunicaciones.
En relación a los préstamos, que aumentan la deuda externa, Astori destacó las bajas tasas de interés que paga el país, en lo que a su juicio es una “muestra de confianza de los inversores” con Uruguay. Informó que en la última colocación del Ministerio de Economía en unidades indexadas a cinco años, la tasa de interés fue de 3,13%. “El registro más bajo hasta ahora”, subrayó. Entusiasmado, el Ministro reiteró que ello es fruto de la “confianza y (de que) hay inversores privados nacionales e internacionales que participan de las experiencias del PNI”.
La necesidad de generar puestos de trabajo motivó que el Gobierno creara una serie de comisiones para trabajar con la empresa finlandesa UPM, que se apresta a montar una nueva fábrica de celulosa en el país. Todo hace pensar que la misma se instalará a la vera del río Negro, en el centro del territorio. Se fabricará la pulpa para ser industrializada y agregarle valor en Europa.
En las negociaciones con la empresa, con mucha confidencialidad, se abordaron multiplicidad de aspectos, entre ellos laborales e infraestructurales. El crecimiento del parque de vehículos pesados, entre otras causas por la existencia de dos plantas de celulosa y la prácticamente inutilizable red ferroviaria, puso en el tapete la necesidad de rearmar el sistema ferroviario desguazado durante el primer gobierno colorado posterior a la dictadura (1985-1990).

Otro tramo del PNI
En agosto el Gobierno lanzó con gran despliegue el proyecto Ferrocarril Central (FC), enmarcado en el Plan Nacional de Infraestructura. Estaba presente el presidente Tabaré Vázquez con varios de sus ministros y la platea estaba encabezada por empresarios nacionales y extranjeros.
El FC se trata, en sustancia, de la construcción y/o reparación de 273 kilómetros de vías férreas y aspectos conexos que unirán la urbe de Paso de los Toros –centro del país a orillas del río Negro– con Montevideo. La inversión tiene correlato con la instalación en la zona de la tercera planta de celulosa, aunque el director de la OPP buscó darle un carácter general: “La inversión en infraestructura es clave para el desarrollo nacional y, en ese sentido, hay una agenda de infraestructura con mirada a 2030”, respondió. Distintas críticas señalan que la inversión es para facilitarle el negocio a la pastera finlandesa.
En la citada presentación el equipo ministerial evacuó consultas de los empresarios. Uno de los más activos partícipes fue el ministro de Transporte y obras Públicas, Víctor Rossi, que se explayó en algunos detalles. Dijo que el FC, además de la extensión de red prevista, tendrá “un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una docena de carriles secundarios para cruces de trenes, un tramo para acceso industrial y más de 40 puentes. El llamado prevé que pueda existir un desarrollo que permita el uso de la energía eléctrica”. El reacomodo de esta línea férrea requirió acuerdos con los gobiernos locales, dado que parte de ella atraviesa centros poblados de varios departamentos, particularmente de Durazno, Florida, Canelones y Montevideo.
Con estas condiciones, dijo Rossi, las máquinas podrán alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora trasladando una carga de 22.5 toneladas por eje, lo que supondría un gran alivio para las golpeadas carreteras nacionales. También se satisface así uno de los planteos de la empresa finlandesa.
El inicio del proceso de licitación es inminente, porque el gobierno de Vázquez aspira iniciar la obra entre marzo y julio de 2018, mediante una asociación público-privada. La obra llevará 36 meses de construcción y 22 años de mantenimiento.
“Se busca la renovación del ferrocarril nacional. Hay decenas de empresas interesadas, a las que se les presentarán los estudios realizados para la concreción de la obra. El tiempo es un factor muy importante”, recalcó el ministro Rossi. Se habla de interesados procedentes de España, China, Rusia, entre otros países.
Con este anuncio, que pasó en el medio de otros problemas en el seno del gobierno (ver recuadro), el Frente Amplio pretende recuperar la iniciativa política generando ingresos y empleos. Su desarrollo, basado en sucesivos diagnósticos (algo muy frecuente en Uruguay), dará cuenta del impacto en el país y permitirá saber si ayuda a recuperar el liderazgo gubernamental ante el resurgimiento de la derecha en el continente.

Desde Montevideo, Darío Rodríguez Techera

Fuerte sacudón político

Cuestionado por sectores frenteamplistas y duramente atacado desde la oposición, el 9 de septiembre Raúl Sendic decidió renunciar a la vicepresidencia de Uruguay. Ese día, un plenario de militantes del FA debía tomar una decisión en base las acusaciones en su contra sobre el uso que dio a la tarjeta corporativa de la empresa nacional Ancap mientras formó parte de su directorio.
En su reemplazo asumió la senadora del Movimiento de Participación Popular –integrante del FA– y esposa de José Mujica, Lucía Topolansky, que se convirtió en la primera vicepresidente mujer. “Me revitalizó (…) Hablé una hora con ella y me dejó pedaleando”, declaró Tabaré Vázquez sobre Topolansky durante el Consejo de Ministros abierto del 25 de septiembre.