«La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa»

Carlos Marx

Hoy cuando deberíamos estar dando debates profundos y novedosos, orientados a profundizar y ampliar espacios democráticos, consolidar la realización de un Estado de derecho, como promete la Constitución, y avanzar aún más en el reconocimiento de derechos políticos y libertades civiles, volvemos a las oscuras prácticas del pasado, como si fuéramos una rueda anclada en el lodo de la historia. La persecución política, el uso de los aparatos y los recursos del Estado (incluso de otros países) para perseguir, violar derechos, estigmatizar, espiar y amenazar siguen vigentes en el país, y lo que es peor, nunca dejaron de estarlo. ¿Por qué repetimos como en un oscuro Déjà vu las mismas acciones deleznables de hace un año, de hace seis o de hace once?

Hoy Colombia parece estar más cerca de una dictadura civil que de una genuina y real democracia, y ello debería ser motivo de alarma nacional.

Así como hace un año, luego del arbitrario despido del periodista Daniel Coronell, la revista Semana sacó de su alacena de noticias congeladas, una investigación que respondía a la denuncia hecha por The New York Times el 18 de mayo de 2019 sobre el retorno de la práctica criminal de los ‘falsos positivos’, ahora, tras la segunda despedida del mismo periodista del mismo medio, Semana revela un nuevo caso de espionaje y persecución a varios ciudadanos nacionales y extranjeros.

El 1 de mayo de 2020, bajo el titular “Las carpetas secretas”, Semana informó que “algunas unidades del Ejército ejecutaron durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país. Entre febrero y los primeros días de diciembre del año pasado, las actividades de más de 130 ciudadanos fueron blanco de lo que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”.

En esas misiones, por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles”[1].

Entre las víctimas se cuentan defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales, políticos de oposición o incomodos al régimen, periodistas, sindicalistas, líderes sociales y miembros de las fuerzas armadas. Varios de ellos se habrían convertido en objetivos de vigilancia por investigar violaciones a los derechos humanos, crímenes de Estado o por haber denunciado, documentado, o representado a familias de víctimas de asesinatos extrajudiciales, y por revelar otros graves abusos, como lo sostuvo la organización internacional Wola.

“Entre quienes fueron monitoreados ilegalmente se encuentran periodistas estadounidenses veteranos, así como aliados de WOLA que incluyen el defensor de tierras César Jerez y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), una organización no gubernamental que ha representado a familias de víctimas asesinadas ilegalmente por miembros del ejército, y el líder indígena senador Feliciano Valencia”[2]. En este listado también se cuentan los nombres de 34 periodistas, entre quienes figuran Ginna Morelo y Karem Racines (Liga contra el silencio de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)), Juan Forero (The Wall Street Journal), Ignacio Gómez (Noticias Uno), Yolanda Ruiz (columnista de El Espectador y RCN Radio), María Alejandra Villamizar (Caracol), etc., etc., etc.

En su última columna publicada en El Espectador, Yolanda Ruiz pregunta: “¿qué temen? ¿Por qué la inteligencia militar se toma ese trabajo con periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Qué tienen ellos para ocultar? ¿Por qué le temen al trabajo que hacemos como para convertirnos en objetivo de investigación?[3] Y afirma tener miedo, aunque nada teme. “Varios me dijeron: el que nada debe nada teme. Es cierto que nada debo, pero sí temo. Porque en Colombia los que nada deben son amenazados, chuzados, hostigados, deshonrados, matoneados, desplazados y… asesinados”. Tiene razón en temer y en preguntarse en qué momento o desde hace cuánto la prensa que investiga y es rigurosa con su labor informativa se convirtió en una amenaza para el gobierno o el poder de turno.

El espionaje ilegal y las investigaciones poco concluyentes no son novedad en el país.  “En el 2011 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la ahora extinta agencia de inteligencia colombiana, fue desmantelada después de conocerse en el 2009 que estaba escuchando ilegalmente y monitoreando las actividades de líderes de la sociedad civil, jueces, y políticos. Las recientes revelaciones de Semana plantean la pregunta: ¿Por qué este es un problema recurrente en Colombia? ¿qué debe suceder para asegurar que aquellos responsables rindan cuentas y para que finalmente se implementen reformas necesarias a la inteligencia del ejército colombiano y su doctrina militar?”[4]

Muchas preguntas surgen en medio de esta coyuntura: ¿Por qué unos periodistas son espiados, que temas investigan, que ideología política tienen, porque son percibidos como amenaza y quien les teme?  ¿Cuál es el pretexto que se emplea para armar una costosa y sofisticada red de espionaje y actuar bajo un imaginario de legalidad? ¿Esta práctica, propia de estados represivos y dictatoriales, y totalmente insostenible en una verdadera democracia, surgió bajo el llamado periodo de la democracia restringida, o a la sombra del “Estado comunitario” que promovió Uribe en el 2002? ¿Cuántas unidades militares están involucradas? Y de nuevo la pregunta que nadie ha podido o querido responder: ¿Quién dio la orden?

En el editorial del pasado 8 de mayo, el diario estadounidense The New York Times afirma: «Colombia necesita abordar no solo los malos manejos en sus Fuerzas Armadas cuando se denuncien, sino la cultura del abuso y la sensación de estar por encima de la ley que sigue infectando al Ejército. Tiene poco sentido denunciar las violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo nombrar a un oficial con la historia del general (Nicacio) Martínez Espinel para dirigir el Ejército»[5]. Martínez que, contra viento y denuncias sobre su presunta responsabilidad en más de 75 ejecuciones, conocidas como ‘falsos positivos’ cuando estuvo al frente de la Décima Brigada Blindada, y de querer revivir esas prácticas criminales entre las tropas a través de un manual, fue ascendido a comandante general de cuatro soles del ejército el 7 de junio de 2019, pero seis meses después, de manera sorpresiva, el presidente anunció su retiro arguyendo razones personales. Nadie lo creyó. Parecía que la basura bajo la alfombra amenazaba con desbordarse, y que tarde que temprano el ignorado prontuario de Martínez tendría un costo político impagable para un gobierno tan desdibujado como el actual. En su lugar fue nombrado otro cuestionado mando militar, el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comprometido en graves violaciones a los derechos humanos, como lo denunció el movimiento de víctimas crímenes de Estado, al recordar la desaparición forzada de Jaime Enrique Quintero Cano, ocurrida el nueve de marzo de 1995” [6].

Desde la publicación por Semana del informe sobre el último evento masivo de espionaje conocido, 11 funcionarios militares han sido retirados del servicio. La Fiscalía General dijo estar investigando al general Nicacio Martínez y al parecer la Oficina del Inspector General también abrió su propia investigación.  Eso está muy bien; que los investiguen por estos hechos es lo mínimo, pero también deberían ser investigados por sus omisiones (en el mejor de los casos), que significan la muerte de miles de ciudadanos, la cooptación mafiosa de autoridades en los territorios, consolidación de alianzas criminales, anomia social y perpetuar un costoso estado de convulsión permanente.

Es preocupante que un país inmerso en una genocidio contra líderes sociales, un plan sistemático de exterminio contra ex combatientes desmovilizados bajo el acuerdo de paz de 2016, un etnocidio en el Cauca, que enfrenta tantos problemas de orden público y la amenaza constante de estructuras armadas y agrupaciones mafiosas en buena parte del territorio nacional, así como una peligrosa proliferación de armas en la ilegalidad, en vez de destinar sus recursos de inteligencia para investigar y desarticular las redes de crimen organizado y garantizar una sólida presencia estatal en territorios bajo control de grupos armados, destine sus recursos a perseguir opositores del gobierno de turno. “La inteligencia también debe utilizarse cuando sea apropiada para apoyar las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales. En cambio, lo que los informes de Semana revelan es que la inteligencia militar tiene como objetivo a los reformistas y a la prensa libre. La perversidad de esto no puede ser subestimada”, concluyó WOLA.

Para el diario The Wall Street Journal es también altamente preocupante que las herramientas utilizadas en la misión de espionaje incluyan dispositivos de escucha y otros equipos suministrados por los Estados Unidos para combatir “a las guerrillas marxistas y los traficantes de droga”, no para espiar periodistas, opositores políticos y figuras públicas. “Es especialmente irritante que los recursos suministrados por los Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas a los Estados Unidos se usen para espiar a los periodistas estadounidenses. El Pentágono también debe abordar cómo supervisa su ayuda. Pero el estado de Colombia como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región está en juego. Por su propio bien y por su futuro, Colombia necesita asegurarse de que su ejército cumpla con estrictas reglas de comportamiento”[7]. Una cosa es que los recursos nacionales, los que se logran con el tiempo y el trabajo de millones de ciudadanos terminen desviados a cuentas particulares, práctica de corrupción naturalizada en el país, y otra muy distinta es que los del imperio se destinen –¡y se sepa! – a la violación de derechos y el espionaje ilegal.

En la comisión segunda el Senado se realizó un debate sobre este nuevo escándalo. El senador Iván Cepeda se refirió a nueve generales de la República (la mayoría en retiro), que tendrían relación con los ‘perfilamientos’ y espionaje que se venía haciendo desde el Ejército. Los generales denunciados fueron Jorge Humberto Jerez Cuéllar, Eduardo Quirós, Gonzalo García Luna, Adelmo Fajardo, Juan Pablo Rodríguez, Jorge Horacio Romero, Diego Luis Villegas Muñoz, Mauricio Moreno y el Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, investigado también por delitos de corrupción.

Cepeda también anunció que interpondrá acciones legales contra algunos dirigentes uribistas que tendrían conocimiento de estos hechos y eran informados acerca de las interceptaciones realizadas.  “Vamos a denunciar al doctor Rafael Nieto Loaiza por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, también vamos a denunciar a los nueve generales que he mencionado, (…) y vamos a enviar esta información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y también haremos una solicitud de auditoría a la Contraloría General, sobre los bienes y patrimonio de estos generales», manifestó”[8].

Déjà vu sistemático

 Entre el 2009 y 2011 estalló el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el DAS, la principal central de inteligencia del país, que reportaba directamente al presidente de la república; la misma entidad que años atrás se había convertido en una empresa criminal al servicio del paramilitarismo, entregando las listas de las personas que debían ser protegidas para que fueran asesinadas, eliminando los antecedentes de narcotraficantes y paramilitares, y realizando montajes judiciales contra opositores políticos, investigadores sociales y periodistas, interviniendo las comunicaciones de voces críticas y defensores de derechos humanos e instalando micrófonos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El DAS fue desmotado, se le cambió de nombre, y sus archivos, en una operación de sortilegio fueron desapareciendo, uno a uno, del Archivo Nacional donde habían sido “resguardados”. Nadie lo impidió.

En 2014 se destapó la llamada Operación Andrómeda, en la que unidades de inteligencia del ejército habían hackeado las comunicaciones de los negociadores de paz del gobierno que participaban en conversaciones con las FARC en Cuba. Por estos hechos 20 uniformados fueron separados de la institución, el hacker Sepúlveda, quien trabajaba en la campaña del anterior candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, fue silenciado y condenando a 10 años de prisión, y los 11 agentes señalados de ser los responsables de la fuga de documentos secretos, incluyendo una lista de periodistas vigilados encontrada en la Central de Inteligencia militar, apenas si fueron interrogados. La Comisión Especial de Investigación interna creada por el ministerio de Defensa, estableció un protocolo para que estos hechos irregulares no se repitieran; protocolo que solo quedó consignado en una cartilla de papel que al parecer nadie leyó. Todo siguió igual o peor.

Para la presidenta del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la jurista Soraya Gutiérrez, las revelaciones hechas por Semana confirman que se trata de una práctica sistemática.

“Estas acciones hacen parte de una cadena de operaciones ilegales que han persistido en las fuerzas militares que incluyen delitos de corrupción perpetrados al interior del Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando Conjunto de Inteligencia, la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, y acciones de interceptaciones realizadas durante varios años  que incluyen la realizada por el Ejército Nacional a través de la “sala gris” que funcionó en la Central de inteligencia y Contra Inteligencia Militar -CIME- y  la  “sala Andrómeda” que funcionó en un local ubicado en el sector de Galerías y que tuvo entre otros objetivos la interceptación a los negociadores de La Habana.

En el marco de estas investigaciones el hacker Andrés Sepúlveda hizo presuntos señalamientos contra el expresidente Uribe Vélez, como lo han publicado varios medios de comunicación, y esto habría motivado la apertura de una investigación preliminar y la orden de inspección y allanamiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia en cabeza de la magistrada Cristina Lombana que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Batallón de Ciber Inteligencia (Bacib) y al Batallón de Contrainteligencia de seguridad (Bacsi) ubicados en Facatativá. Fue precisamente en este allanamiento donde se habría encontrado innumerable información de “perfilamientos” seguimientos, vigilancias, interceptaciones y de los cuales fueron víctimas integrantes del Cajar. Cabe recordar que estos batallones hacen parte de las Brigadas de inteligencia militar, que dependen del Comando de apoyo de inteligencia Militar (Caime) y del comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim)” [9].

Es importante para el país la desclasificación de los archivos de inteligencia para que se conozca la verdad sobre las violaciones cometidas en el marco de operaciones encubiertas y de inteligencia ilegal. “Nos sumamos a la petición efectuada por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que solicitó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la entrega de los documentos relacionados con los seguimientos y espionajes informáticos, “a fin de esclarecer la verdad histórica y de ética pública subyacente”, afirmó.

Los ciudadanos perfilados no son criminales y no son espiados porque se sospeche que podrían serlo. Todo el entramado es de una ilegalidad insuperable. Se trata de una persecución política, que incluye la estigmatización ideológica y la desviación de recursos públicos para espiar ciudadanos sin antecedentes judiciales, que se caracterizan por tener un pensamiento crítico, cuestionar los modos autoritarios del gobierno, no callar ante los crímenes de Estado, exigir resultados en las investigaciones y avances reales en los procesos judiciales, protección efectiva a los líderes sociales y combatientes desmovilizados, y, sobre todo, la cabal implementación del Acuerdo de Paz, y autonomía en las ramas del poder público. “Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los militares informantes no deben ser tratados como “enemigos internos. Ellos están haciendo un trabajo importante y válido para promover la paz y defender las prácticas democráticas, en un momento crucial para la seguridad de Colombia. Los militares deben reconocer esta labor como legal y legítima, y como esencial para ayudar a las fuerzas armadas a hacer mejor su trabajo, en un momento en que dicha institución corre el riesgo de ser golpeada por la corrupción y el pobre liderazgo”[10].

Esta distorsión entre los objetivos de seguridad y defensa, entre lo que es y como debería funcionar la ley de inteligencia del Estado, podría indicar que detrás de este operativo criminal, sistemático y varias veces denunciado, hay una intención política, un afán por intimidar, silenciar y descalificar a quienes exigen al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes. Se trata de una agenda paralela dentro del mismo Estado. La extrema derecha colombiana, comprometida con la defensa de un proyecto político antidemocrático y autoritario, se ha propuesto impedir que se realicen las transformaciones estructurales que requiere el país para salir de la encrucijada de la guerra, fortalecer el sistema de justicia, mejorar las condiciones de vida de las mayorías pauperizadas y, consolidar un genuino Estado social de derecho que aminore la profunda y obscena brecha social que hace que Colombia siga siendo uno de los cinco países más desiguales del planeta.

Esta política sistemática de acoso a la oposición política no puede ser tolerada en ninguna democracia, debe existir algún mecanismo de veeduría y control sobre los organismos de seguridad del Estado para que, sobre la base de principios democráticos, libertades civiles y defensa de los derechos humanos, se impongan límites éticos, operativos y judiciales a la función de inteligencia. No hay proporcionalidad entre el fin y el método, ni se le ha revelado al país toda la verdad. Los operarios que participan en este entramado, no actúan por cuenta propia, ni siquiera un general. Hay una cadena de mando y una orientación política y operativa precisa, que permite crear y sostener una doctrina que se fundamenta en la persecución por motivos políticos e ideológicos.

Que se trate de un capitulo reiterativo en nuestra historia, que cambien las fechas y algunos rostros pero que se sigan vulnerando derechos y valores democráticos en Colombia, no solo nos confirma que ello ocurre y se repite porque las condiciones lo permiten, también que urge una depuración al interior de las Fuerzas Militares y de policía, pero además de ello, es imperativo revelar la matriz de la estructura criminal.

La persecución política en Colombia ha tenido como principal ejecutor al Estado y sus instituciones, civiles y castrenses al más alto nivel, y decirlo no es novedad. Y tampoco es casual, ni se trata de ‘manzanas podridas’, ni de hechos aislados o de la repetición insubstancial de una práctica instaurada en el pasado por oficiales rebeldes a una línea de mando. No. Estos procedimientos hacen parte de la matriz de un proyecto político que se sustenta en conceptos autoritarios y represivos, propios de una dictadura civil o militar. Las consabidas campañas públicas de desprestigio, la creación de perfiles falsos en redes sociales, el acoso cibernético, el uso de drones, la compra de falsos testigos, los asesinatos selectivos, los montajes judiciales, el espionaje y la interceptación ilegal de comunicaciones, la contrainteligencia, el acoso y los actos de intimidación, entre otros, se producen de manera sistemática.

En algunos sectores del país existe una perversa concepción acerca del funcionamiento del Estado, en la que se legitima el crimen y se asume como practica connatural a la función pública de mando, incluso se considera necesaria en aras de la estabilidad institucional a fin de perpetuar un modelo de gobierno excluyente dentro de un proyecto político autoritario. Y algo así solo es factible desde el Estado, desde una precisa y articulada forma de criminalidad de sistema que permita actuar a la sombra y evadir responsabilidades.

El crimen de sistema no es una estrategia aislada ni fortuita, es una política de Estado que requiere planificación y organización, estructura de mando, asignación de roles (diseño y ejecución), una composición operativa para ejecutar órdenes y brindar directrices, y, por supuesto, pleno respaldo oficial. “Los crímenes de sistema incorporan un rol mediato de políticas y prácticas institucionales, incluyendo aquellas necesarias para garantizar su impunidad”[11].

Cuando en Colombia nos preguntamos ¿quién dio la orden de ejecutar a 5.763 jóvenes para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, en esa siniestra práctica conocida como ‘falsos positivos’? ¿Quién dio la orden de poner el DAS al servicio del paramilitarismo? ¿Quién dio la orden de perseguir a la oposición política y poner micrófonos en la sala penal de Corte Suprema de Justicia? ¿Quién dio la orden de convertir una casa del barrio galerías en sede de la Operación Andrómeda y chuzar a los negociadores de paz en La Habana? ¿Quién dio la orden de los entrampamientos a guerrilleros desmovilizados y líderes políticos de oposición? ¿Quién dio la orden de pagar falsos testigos y hacer montajes judiciales? ¿Quién dio la orden de desviar recursos estadounidenses para vigilar y espiar a 130 ciudadanos colombianos?  ¿Quién está detrás de estas prácticas sistemáticas?

No son los mandos medios que terminan expulsados de las instituciones militares, tampoco los empleados que deciden auto inmolarse (porque no tienen opción) ante el altar de justicia cuando la evidencias sobrepasan cualquier alegato de inocencia o defensa política. Ellos no son. Es el hombre de atrás, al autor mediato.

Cuando hacemos referencia al autor mediato hablamos de quien desde la sombra instrumentaliza a terceros, sobre quienes tiene ascendencia, dominio y control, y con quienes comparte una afinidad ideológica, para que sean ellos quienes ejecuten sus instrucciones criminales e ilegales, contando además con diversos filtros humanos que garanticen que ante un fallo en el sistema de encubrimiento un mando medio o bajo asuma las responsabilidades penales, nunca el cerebro de la operación, el hombre de atrás, el Nro. 1, el único protagonista en una estructura de poder, quien desde el mismo Estado, y valiéndose de sus recursos, logra ejecutar un proyecto criminal. No un simple crimen. Un proyecto.

El reconocido jurista alemán, Claus Roxin formuló en 1963 la teoría de la “autoría mediata por dominio de un aparato de poder”, que, según afirma, por ser contraria al ordenamiento jurídico estatal, debía corresponder a un “Estado dentro de un Estado”. La primera forma básica de autoría mediata “acontece cuando aquellos que ostentan el poder estatal, con ayuda de organizaciones subordinadas a ellos, cometen delitos, pues usualmente solo es el poder estatal aquel que puede actuar al margen de la ley, e incluso se verá facilitado cuando no estén vigentes las garantías del Estado de derecho”[12].

Colombia, pese a la recurrencia de sus prácticas criminales, no se ha atrevido a llegar al fondo de la historia para revelar la identidad del hombre que mueve los hilos. Y cuando hablamos de llegar al fondo, no nos referimos a la necesidad judicial de esclarecer los crímenes y los hechos aislados, y sancionar a quienes ejecutan los planes criminales, sino a la necesidad de determinar “el continuo de poder entre determinadores y seguidores para revelar las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada. La tarea del aparato de investigación y de juzgamiento no es “la de sencillamente describir la comisión del acto criminal, sino la de elucidar la operación de los elementos de la maquinaria criminal””[13]. Y es allí a donde tenemos que llegar.

Hay un refrán romano que dice “todos los caminos llevan a Roma”, y en Colombia frente al aparato criminal vigente, se podría decir que conducen al expresidente Álvaro Uribe Vélez, de hecho sería extraño que no fuera así, y así lo informó Noticias Uno hace algunos meses diciendo que según un correo anónimo recibido por la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, que advertía sobre las chuzadas contra blancos específicos que se estarían haciendo desde un batallón de comunicaciones militares del municipio de Facatativá, el expresidente Uribe sería el destinatario de chuzadas en el Ejército[14], pero eso es algo que tendrá que dilucidar la justicia, lo cierto es que como país debemos ir más allá de su nombre y de su pequeña estatura para encontrar la matriz de un proyecto criminal que aniquila la democracia y aborta todo ideal de paz.

Aquí los caminos del crimen y la infamia apuntan en una sola y clara dirección, pero mas que un individuo con poder político, financiero, tal vez armado, y hasta la fecha inmune a la acción del justicia, se trata de una apuesta política, de una concepción de país que se opone radicalmente al ideal de justicia, democracia y firme defensa de la vida y de los derechos humanos que requerimos para consolidar una paz real, una paz total en Colombia.

Mientras la justicia no tome en serio y con valor la decisión de investigar y revelar el nivel de cooptación del Estado por poderes mafiosos y criminales, antidemocráticos y militaristas, estos hechos seguirán repitiéndose, continuará la oposición política y la prensa libre espiada, perseguida, chuzada o desterrada, el nivel de impunidad se mantendrá entre el 90 y el 97%, y en la cúspide del poder, a la sombra y al amparo de la institucionalidad, permanecerán los hombres de atrás moviendo los hilos de nuestra historia.

Foto: el nuevo Palacio de Justicia (en el mismo sitio del que fue quemado por los militares en 1985) tomado desde el Capitolio. Autora: Maureén Maya. 

Nota// El espionaje ilegal es un ataque al periodismo como valor social y democrático, pero es también una violación al derecho que tiene toda la sociedad de recibir información veraz, libre y oportuna. Cuando se mata la libertad de prensa se mata la democracia.

Nota 2 // Para martes, 19 de mayo de 2020, la organización Wola realizara un Seminario sobre Espionaje militar en Colombia.

Para inscribirse ir al siguiente link: https://www.wola.org/es/events/seminario-virtual-espionaje-militar-colombiano/

[1] Revista Semana; “Las carpetas secretas”. Judicial. Bogotá, 1 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616

[2] Wola; “El espionaje ilegal por parte del ejército colombiano es inaceptable”. Pronunciamiento. Mayo 5 de 2020. Consultado en: https://www.wola.org/es/2020/05/espionaje-ilegal-ejercito-colombiano-inaceptable/

[3] El Espectador; “Perfilada”. Bogotá, 7 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.elespectador.com/opinion/perfilada-columna-918231

[4] Wola; “Seminario virtual–Espionaje militar colombiano: Un ataque contra los reformistas del posconflicto y la prensa libre”. Mayo 13 de 2020. Consultado en: https://www.wola.org/es/events/seminario-virtual-espionaje-militar-colombiano/

[5] The New York Times; “Lo que hizo Colombia con las herramientas de espionaje estadounidenses”. USA, 8 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.nytimes.com/2020/05/08/opinion/colombia-spying-corruption.html

[6] Movice; “Comunicado Público sobre el nombramiento del mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda”.  Bogotá, 31 de diciembre de 2019. Consultado en: https://movimientodevictimas.org/comunicado-publico-sobre-el-nombramiento-del-mayor-general-eduardo-enrique-zapateiro-altamiranda/

[7] WSJ; “La Unidad de Inteligencia de Colombia usó equipo estadounidense para espiar a políticos y periodistas”. Bogotá, 4 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.wsj.com/articles/colombian-intelligence-unit-used-u-s-equipment-to-spy-on-politicians-journalists-11588635893

[8] RCN Radio; “Piden depuración y que rueden cabezas en FF.MM. por ‘perfilamientos ilegales’”. Bogotá, 13 de mayo de 2020. Consultado en: https://www.rcnradio.com/politica/piden-depuracion-y-que-rueden-cabezas-en-ffmm-por-perfilamientos-ilegales?fbclid=IwAR30tr9z1YDmiC8kBLijznVACOmORhMXIqUiVnV4YmDh5nQjMXpooaz9KcA

[9] Soraya Gutiérrez; “La inteligencia ilegal: ¿una política de Estado?, ¿quién dio la orden?”. Gutiérrez es abogada penalista y presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Consultado en: https://www.pulzo.com/opinion/interceptaciones-ilegales-periodistas-hechas-ejercito-nacional-PP893863?fbclid=IwAR0nAYhHuZfrNSSYCm4MpjpCz-iFWXcW_UrkpSP4y5w2QG_X-HADOEabtEk

[10] Wola; “El espionaje ilegal por parte del ejército colombiano es inaceptable”. Pronunciamiento. Mayo 5 de 2020. Consultado en: https://www.wola.org/es/2020/05/espionaje-ilegal-ejercito-colombiano-inaceptable/

[11] Reed, Michael; “Elementos de peritaje. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 12.531. San José de Costa Rica, 26 de enero de 2010

[12] Omar Huertas Díaz; Carolina Amaya Sandoval; Germán Darío Malte Ruano; “Autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Tras la sombra del mando fugitivo: del dominio y la instrumentalización del delito”. Opinión jurídica. Universidad de Medellín, 17 de febrero de 2013.

[13] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States, Prosecution Initiatives, HR/PUB/06/4, 2006. Tomado de Reed, Michael; Elementos de peritaje. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 12.531.

[14] Noticias Uno; “Álvaro Uribe sería el destinatario de chuzadas en el Ejército, según correo”. Bogotá, enero de 2020. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=iyVM8sPjqgg