Por María Jagoe

El 27 de marzo pasado el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el «estado de excepción» en El Salvador. La medida se tomó después de un pico de homicidios supuestamente cometidos por miembros de pandillas y se prorrogó en dos ocasiones.

Este régimen decretado por Bukele suspende garantías constitucionales y derechos procesales básicos. En la práctica, limita los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente.

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) salvadoreñas e internacionales denuncian que esto se traduce en detenciones arbitrarias, abuso de poder, uso excesivo de la fuerza y vigilancia a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos

Amnistía Internacional documentó 28 casos de violaciones a los derechos humanos durante los dos primeros meses de vigencia del régimen de excepción. También aseguró que al menos 18 personas murieron mientras estaban bajo la tutela del Estado.

La organización denuncia que el gobierno de Bukele comete “violaciones masivas de derechos humanos”. Además de no respetarse el debido proceso, las personas detenidas sufren torturas y malos tratos.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos y criminalizando a las personas en situación de pobreza”, afirmó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

La ONG Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Asociación Azul Originario (AZO) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) recibieron 1.123 denuncias en dos meses.

Medios salvadoreños reportaron que para finales de mayo el 1.7% de la población mayor de 18 años se encontraba detenida, lo que supone un hacinamiento de más del 250% de los centros de detención penales.

Los detenidos denuncian torturas, malos tratos, graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene. El interior de los penales es mayormente controlado por miembros de las pandillas.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia registró al menos 1190 personas menores de 18 años que fueron detenidas y recluidas en Centros de Resguardo. La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos denunció la detención de seis lideresas comunitarias del municipio de Jiquilisco.

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La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)

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