Comunicado de Washington Office on Latin Americ (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA): la violencia policial en Colombia es inadmisible, los legisladores estadounidenses deben tomar medidas.

Desde el 28 de abril, miles de personas en toda Colombia han ejercido su derecho a la protesta, provocada por una controvertida reforma tributaria propuesta por el gobierno. Pero estos manifestantes han sido recibidos con una violencia inadmisible por parte de los miembros de la Policía Nacional de Colombia.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se complace en saber que el presidente Iván Duque ha retirado la propuesta, que habría supuesto una grave carga para la clase media a través de impuestos regresivos sobre las ventas.

El retiro de la legislación le da al país la oportunidad de lograr un consenso sobre las formas de abordar la brecha fiscal del país, sin profundizar las desigualdades que fueron exacerbadas por la pandemia.

También representa una victoria para los muchos colombianos que ejercieron su derecho a la protesta para garantizar la gobernabilidad democrática en Colombia. Tales protestas a gran escala, multisectoriales y regionales, eran muy poco comunes antes de los históricos Acuerdos de Paz de 2016 en Colombia.

A pesar de esta victoria, WOLA condena el uso desproporcionado de la fuerza utilizado contra los manifestantes por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y otras unidades policiales, así como las declaraciones hostiles de altos funcionarios y políticos influyentes.

Muchas de estas figuras públicas reaccionaron a las protestas agravando la violencia, estigmatizando a los manifestantes y sirviendo a una agenda más amplia contra los Acuerdos de Paz, por ejemplo, atacando a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ante estos hechos, que han dejado decenas de muertos y heridos, WOLA pide al gobierno de Biden y al Congreso de Estados Unidos que condenar los excesos policiales, distanciar a Estados Unidos de la retórica incendiaria de los funcionarios, y exigir al gobierno colombiano reformar el ESMAD y que responsabilizar a quienes han violado los derechos humanos desde el inicio de las protestas el 28 de abril.

Ese día, la sociedad civil colombiana inició protestas nacionales contra una propuesta de reforma tributaria presidencial erróneamente titulada “ley de solidaridad sostenible”.

Con divisiones entre múltiples movimientos sociales sobre si las protestas se debían realizar en medio de una grave ola de pandemia, al final, los esfuerzos flagrantes del gobierno por aplastar el derecho a la protesta impulsaron a miles de personas a salir a las calles en todo el país.

La policía respondió de forma represiva haciendo un uso desproporcionado, y en varios casos letal, de la fuerza, con la justificación de que actuaba para restablecer el orden y detener los saqueos.

Según datos recopilados por la Campaña para Defender la Vida, hasta el momento las fuerzas de seguridad pública son responsables de 21 homicidios, varios de los cuales eran jóvenes; 208 personas heridas, incluidos 18 casos de lesiones oculares graves; 42 agresiones y abusos cometidos contra defensores de los derechos humanos y periodistas; 10 casos de agresiones sexuales contra mujeres; y 503 detenciones, en su mayoría arbitrarias (nota: el comunicado está fechado el 3 de mayo).

La respuesta de la policía fue particularmente brutal en Cali, Valle del Cauca, donde el viernes 30 de abril al menos 10 personas fueron asesinadas por la policía.

Los problemáticos tuits del ministro de Defensa, Diego Molano, en los que igualaba a la Minga, una acción de protesta colectiva indígena pacífica, con ser terroristas, y los tuits del expresidente Álvaro Uribe, eliminados posteriormente por Twitter por violar las políticas de la comunidad que prohíben glorificar la violencia, en los que defendía el uso de armas de fuego por parte de la policía contra los manifestantes, alimentaron la represión contra estos.

El sábado 1 de mayo, el presidente Duque anunció que desplegaría tropas en varias ciudades, una medida que fue rechazada por los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali. Dada la retracción de la reforma tributaria, esperamos que la militarización no tome lugar, pero el anuncio en sí es preocupante, ya que los soldados están entrenados para combatir, y no para distinguir entre manifestantes pacíficos y agitadores.

La respuesta de la policía a las protestas que tomaron lugar en todo el país en noviembre de 2019, septiembre de 2020, y abril a mayo de 2021, nos obligan a reexaminar la necesidad de mayor rigurosidad en condicionar a la protección de derechos humanos, la asistencia estadounidense que beneficia a la Policía Nacional de Colombia.

El ESMAD no debe recibir asistencia de Estados Unidos, ya que tiene un historial atroz de cometer graves violaciones de los derechos humanos con impunidad.

Cualquier ayuda al ESMAD probablemente sea y deberá seguir siendo considerada una violación de la Ley Leahy, la cual prohíbe la financiación estadounidense a fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos.

WOLA recomienda firmemente que se suspenda la venta de materiales antidisturbios a Colombia hasta que se demuestre una adhesión más estricta a los procedimientos adecuados para la desescalada y el uso de la fuerza letal y no letal.