Fuente: Centro Mandela de Derechos Humanos – provincia de Chaco (Argentina)

Después de liderar durante los últimos tres años la tabla del total de provincias que más desmontaron en el país, el Gobierno chaqueño ahora pretende avanzar aún más contra lo que queda de los montes nativos ubicados en la región conocida como El Impenetrable. Estos montes están en zona protegida (Categoría II – Amarilla) según el mapa de la OTBN, en donde no se puede deforestar ni desarrollar ningún tipo de actividad agrícola, especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.

La embestida del Gobierno chaqueño pretende ocultarse bajo un ropaje de legalidad con lo que denominan el proceso de “Actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco (OTBN)”. Parece que no entendieron ni tomaron nota sobre las catástrofes que están ocurriendo en el norte argentino, con inundaciones y sequías extremas, seguidas una de otras sin interrupciones, producto de los desmontes que autorizaron los gobiernos provinciales para ampliar la frontera agropecuaria transgénica.

Todo indica que el Gobierno del Chaco apuesta a más cambio climático, o sea a más situaciones de emergencias y catástrofes, simplemente para responder a la lógica de los negocios del modelo agropecuario industrial instalado por ocho multinacionales que manejan –en última instancia- todos los resortes de los modelos de producción, consumo y agro-exportación de la República Argentina.

De ese modo ya destruyeron una buena parte del ecosistema de El Impenetrable. Ahora van por todo, poniendo en mayor crisis el balance ambiental de las zonas atacadas y en mayor riesgo el frágil equilibrio de biodiversidad y de bioseguridad en esas regiones. Se agregan los desmontes clandestinos y semiclandestinos, que son aquellos en que la deforestación se extendió en mayor superficie que las autorizadas por la Subsecretaría de Recursos Naturales y/o la Dirección de Bosques.

La estafa ambiental que se debe parar

La irracional profundización de los desmontes, que ya afectó el balance y el equilibrio ambiental del territorio chaqueño, con severos impactos negativos en lo social, económico y sanitario, se inició a partir de la decisión política del gobernador Domingo Peppo, quien sancionó el Decreto 233/17 a través del cual creó la Unidad Ejecutora  para “actualizar” el ordenamiento de los montes nativos en Chaco, con eje en el Ministerio de la Producción.

Expresamente el gobernador dejó fuera del juego  al Ministerio de Ambiente y Planificación, que es el poder que por excelencia debe intervenir en todos los procesos de “ampliación” de los ordenamientos territoriales.

Aquel Decreto otorgó facultades especialmente a la Subsecretaría de Recursos Naturales, a cargo del abogado Luciano Olivares, funcionario público reconocido por sus vínculos con los explotadores forestales y con las grandes empresas sojeras, girasoleras y maiceras que concentraron la compra de campos con montes en zonas protegidas.

Los megaproductores, especialmente cordobeses, obtuvieron permisos para deforestar con la directa intervención de la Dirección de Bosques, que generalizó un procedimiento excepcional de cambio de uso de suelos y pasó a entregar permisos de desmontes por un total de 26.100 hectáreas en solo siete meses, en el período comprendido Octubre de 2016 a Abril de 2017, que ahora pretenden blanquear recategorizando regiones por medio de la “ampliación de la OTBN”, que se anticipa como la gran estafa ambiental en el corto plazo, salvo que la comunidad organizada logre parar este plan atroz.

Proyectadas las 26.100 hectáreas desmontadas en el período señalado, es posible comprender que Greenpeace haya denunciado públicamente que se intervinieron 51.768 hectáreas desde 2016 hasta fines de 2018. El CENTRO MANDELA ya sostuvo que las recategorizaciones fueron tramposas y destinadas a la frontera agropecuaria transgénica en regiones protegidas –Zona Amarilla, Categoría II- según el Mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo chaqueño (OTBN).

Fuerte compromiso de Greenpeace y del “Grupo OTBN”

Apenas se conoció la “ampliación” del ordenamiento territorial que planea el Gobierno chaqueño se conformó el “Grupo OTBN”, que es un espacio heterogéneo pero intenso y muy activo para debatir y cuestionar el plan del gobernador Peppo. Con muy buenos reflejos compartidos se generó la participación y el compromiso de todos los integrantes, como también de parte de Greenpeace, representada por Noemí Cruz.

Conformado el grupo, comenzó el ciclo de esclarecimiento, presentaciones y denuncias para evitar que se legalicen desmontes en zonas protegidas, que se vienen ejecutando en el Chaco, aunque todavía no se transformó en un bochorno para el Gobierno chaqueño cuando finalmente sea puesto en evidencia de que las resoluciones y disposiciones del Ministerio de la Producción del Chaco violan sistemáticamente la Ley de Presupuestos Mínimos (Ley 26.331), provocando daños ambientales severos e irremediables en el corto y mediano plazo.

El “Grupo OTBN” en una de sus primeras presentaciones solicitó la suspensión de todo el proceso de “ampliación” del ordenamiento territorial que planeó el Gobierno. El primer paso fue suspender la realización del taller en Los Frentones (11/12/2018). Los cuestionamientos fueron volcados y sintetizados en un escrito que firmaron y al que adhirieron Elizabeth Bergallo, Ricardo Tiddi, Inés Aguirre, Rolando Núñez, Anahí Collet, Noemí Cruz, Emilio Spataro, María Luisa Pizzi, Fernando Ariel Santiago, Manuela Kura, Ivana Ghione, Facundo Vargas, Mabel Dalmas Artus, Jorge Collet, Natay Collet, Audencio Zamora, Lucas Matías Giraudo, Federico Rossiani e Ivana Malvina Toncheff.

Greenpeace denunció en noviembre último que Chaco ha recategorizado 67 campos, abarcando 51.768 hectáreas de bosques nativos ubicados en zona protegida (Categoría II – Amarillo). La organización ambientalista denunció al Gobierno chaqueño porque otorgó permisos de desmontes ubicados en regiones prohibidas antes de comenzar el proceso de ampliación del OTBN. Acusó al Gobierno del ingeniero Peppo de violar las pautas establecidas por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, como también con lo determinado por la resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).

La organización ambientalista internacional viene desplegando fuertes acciones de esclarecimiento en medios masivos de comunicación de lo que sería una nueva estafa ambiental. En una de las últimas intervenciones sumó a los reconocidos actores Mercedes Morán y Joaquín Furriel “a la campaña para defender los bosques nativos del Impenetrable chaqueño” y denunció que “en los últimos 2 años, permisos ilegales concedidos por el gobernador de la provincia provocaron la destrucción de más de 50 mil hectáreas de bosques”.

Noemí Cruz, jefa de la Campaña de Bosques de Greenpeace, expresó: “Se pretendía un proceso disfrazado de participativo pero en el que pocos participaran. Ya han modificado de facto por disposiciones irregulares, las categorías del Ordenamiento Territorial, al autorizar desmontes donde la ley no lo admite; esto es algo que debe ser detenido y remediado”.

Chaco y Salta unidos por los desmontes que generan inundaciones y sequías

Chaco se expone abiertamente a que organismos nacionales, como la Auditoría General de la Nación (AGN) o el Defensor del Pueblo de la Nación, terminen denunciando el entramado legal provincial como un mecanismo para violar las pautas nacionales de protección al medio ambiente, los recursos naturales y, específicamente, el monte nativo chaqueño ubicado en zona protegida.

Así ocurrió en Salta en donde la AGN acusó a esa provincia de crear un “marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos”.

Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por esa provincia para cambiar los valores de conservación comprendieron 32 fincas (campos), que en total sumaron una superficie de 144.984 hectáreas”.

La Auditoría General de la Nación indicó que estos desmontes fueron y son ilegales pues la normativa provincial violaba leyes nacionales.