Una posible candidatura de Morales pone a prueba al MAS y activa a la derecha

El MAS apela a las “cuatro vías” para que la Justicia o una reforma de un artículo constitucional permita otra postulación. La oposición pide que se respete lo aprobado en el referendo de 2016. 

El gobierno de Bolivia denunció formalmente que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza desde Washington una ofensiva contra la revolución democrática y cultural que lidera Evo Morales. La maniobra desde Washington aflora en momentos en que se define en Bolivia la posible nueva candidatura del actual jefe del Estado Plurinacional.
La Paz sostiene que la estrategia del Norte trasciende las declaraciones públicas del propio ex canciller uruguayo de fines de septiembre sobre la eventual reelección de Morales. Una serie de elementos reafirman el rol del ex canciller uruguayo como enemigo de los gobiernos de izquierda de América Latina.
“Existen (en la región) fuerzas políticas conservadoras y retrógradas asentadas en un fundamentalismo racial encubierto que han iniciado una campaña contra esta acción (la posible reelección de Morales) para satanizar la imagen del gobierno boliviano. Es lamentable que estos grupos hayan encontrado en Almagro un portavoz y lazarillo político para intervenir” en la política boliviana, denunció el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Enrique Arce, ante el Consejo Permanente de la OEA.
Arce llegó a la sede de la OEA en Washington a comienzos de octubre acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Lo escuchaban los embajadores de los Estados miembros en el Consejo Permanente pero Almagro no asistió. “No tuvo la ética ni el coraje de estar aquí”, reflexionó Arce delante de su auditorio.
Almagro utilizó las redes sociales para expresarse contra el gobierno boliviano. A fines de septiembre escribió que “Evo Morales deberá respetar la decisión popular que dijo NO a la reelección” y que “ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”. Para Bolivia se trató de un “atropello a la soberanía”.

Momento político
La ofensiva entró en su fase más intensa luego de que el Tribunal Constitucional de Bolivia aceptara una presentación hecha por legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-Ipsp) para que declare si valida o invalida varios artículos de la Constitución y de la ley de Régimen Electoral que impiden a Morales buscar la reelección en 2019. La oposición también pidió al Constitucional que se exprese para que rechace la pretensión del oficialismo.
Este recurso legal del MAS es una de las cuatro opciones aprobadas en el último Congreso del partido de gobierno para lograr que Evo sea candidato en los comicios de 2019. Desde que aceptó el recurso, el 29 de septiembre, el Tribunal tiene 45 días hábiles para resolver el fondo de la acción.
La oposición sostiene que Morales debe respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 en el que la iniciativa para una reelección fue rechazada por escaso margen en medio de una campaña –como se vería más tarde– plagada de mentiras hacia el actual presidente. El MAS sostiene que todas sus presentaciones y recursos a los que echará mano para habilitar una nueva candidatura de Morales están dentro del sistema institucional y democrático.
Tras la admisión del caso por parte del Tribunal Constitucional, una delegación de legisladores bolivianos de la oposición presentó el 5 de octubre un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que se pronuncie sobre el asunto. “Pedimos que se protejan nuestros derechos respecto al voto que los bolivianos emitimos en el referendo del 21 de febrero de 2016, en el cual la opción del ‘No’ ganó rechazando la reforma de la Constitución para introducir una nueva reelección del presidente”, dijo en Washington el senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata (UD).
La presentación de la oposición se realizó un día después de que asistieran a la Cidh representantes del oficialismo para denunciar la injerencia de Almagro.

Mentiras probadas
Aunque la presentación judicial del MAS esgrime argumentaciones jurídicas y acuerdos internacionales para considerar una posible nueva postulación, en la vida política cotidiana el oficialismo también argumenta que la población votó engañada en el referendo del año pasado. Objetivamente y como lo demostró la investigación judicial, existió una guerra sucia contra el presidente Morales con denuncias de delitos económicos y la tenencia y posterior abandono de un hijo actualmente de 10 años que nunca existió.
Gabriela Zapata, ex pareja del actual Presidente, motorizó esa campaña con la clara complicidad de los medios concentrados de comunicación y la oposición aliada en contra de la reelección. En marzo pasado Zapata fue condenada a 10 años de cárcel acusada de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
Queda pendiente en los tribunales la causa por presunta trata de personas ya que se la acusa de utilizar a un niño para hacerlo pasar como hijo de Evo Morales. El Presidente reconoció en su momento haber tenido con Zapata un hijo que nació en 2007 pero aseguró que falleció poco después. Sin embargo, la mujer utilizó a un menor para mostrar que está vivo.
La tormenta mediática, política y social se descargó contra Morales durante las últimas semanas de la campaña electoral del referendo de 2016. El No a la reforma de la Constitución para incluir una nueva reelección ganó con algo más del 51% de los votos, mientras el “Sí” obtuvo algo menos del 49%. La diferencia fue de 135 mil votos sobre 5,5 millones de electores.

Fotos y cumbres
El mandato actual de Evo Morales finaliza el 22 de enero de 2020. Las próximas elecciones presidenciales serán a fines de 2019. La urgencia de la discusión sobre una nueva candidatura del mandatario está marcada porque se trata de un recurso político que demandará varios meses de acuerdo a la estrategia trazada por el MAS. Si el Tribunal Constitucional falla en contra de las pretensiones del oficialismo se abrirán nuevas instancias entre las cuatro vías que resolvió el IX Congreso Ordinario del MAS-Ipsp en diciembre de 2016.
Estas opciones contemplaban la reforma parcial del artículo 168 de la Constitución respaldada en la recolección de firmas de al menos 20% del padrón electoral de Bolivia, que es de 6,3 millones de ciudadanos; la misma reforma parcial del artículo 168 pero aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa y, la última opción, que Morales renuncie al cargo de presidente seis meses antes de que concluya su actual periodo, el 22 de enero de 2020, y sea proclamado como candidato a un nuevo período de Gobierno.
Demasiado lejos están las fechas electorales como para definir precandidaturas. Por el lado del oficialismo, tal como confesaron sus principales dirigentes tras el Congreso de diciembre de 2016, no hay Plan B hasta que no se agoten las vías legales. La oposición dirime verdaderas encrucijadas marcadas por aspiraciones personales, diferencias ideológicas y patrocinios en el exterior. Los une sólo el rechazo a una nueva candidatura de Morales, como sucedió en el referendo de febrero de 2016.
En medio de la encrucijada derechista boliviana se anota la injerencia de Luis Almagro que, al igual que en Venezuela, es cara pública de movimientos contrarrevolucionarios latinoamericanos. Su participación como orador a comienzos de octubre en la autodenominada Cumbre Latinoamericana 2017 en Estados Unidos es por demás elocuente. El encuentro fue patrocinado por Instituto Interamericano para la Democracia (IID, por sus siglas en inglés), cuyo director ejecutivo es Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa de Bolivia bajo el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada. Berzaín se hace llamar en Miami “activista de derechos humanos” omitiendo que en Bolivia se lo acusa a él y a Sánchez de Lozada de la represión militar que provocó la matanza de 60 personas en septiembre y octubre de 2003. Ambos están acusados en Bolivia por los delitos de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, vejaciones y torturas y lesiones gravísimas. Desde entonces ambos están protegidos en Estados Unidos.
En la foto del encuentro que Berzaín publicó en Twitter aparece junto a Almagro y con ellos una tercera persona: el contrarrevolucionario cubano Armando Valladares que ostenta entre otros pergaminos recientes haber considerado legítimo el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya debido al “totalitarismo comunista” del derrocado presidente centroamericano. La “cumbre” se presentó para “defender los derechos humanos y la democracia”. Se realizó en Miami.