Expresidentes piden al FMI que asuma su apoyo a Macri
Diez expresidentes de América Latina y varios dirigentes políticos de la región firmaron una carta pública en la que pidieron al FMI que «asuma la responsabilidad» por haber otorgado «el crédito récord» de U$S 45 mil millones al gobierno argentino de Mauricio Macri en 2018.
El texto hace referencia a que el crédito fue concedido «con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones».
Los firmantes reclamaron también «la eliminación inmediata de los sobrecargos del préstamo» y que el organismo otorgue a la Argentina plazos que permitan «un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales».
El texto lleva las firmas de los expresidentes Lula da Silva (Brasil); José Luis Rodríguez Zapatero (España); Fernando Lugo (Paraguay), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Manuel Zelaya (Honduras) y Leonel Fernández (República Dominicana).
El pronunciamiento lleva como título «el FMI debe asumir su responsabilidad» y cita un fragmento de la carta que el Papa Francisco envió en abril de 2021 al FMI y el Banco Mundial.
Allí, el Pontífice exhortó a respaldar el funcionamiento de los mercados con «leyes y regulaciones que aseguren que contribuyen al bien común, garantizando que las finanzas, en lugar de ser meramente especulativas, funcionen para los objetivos sociales que tanto se necesitan durante la actual emergencia sanitaria mundial».
Sobre las consecuencias de un eventual acuerdo, la carta de los expresidentes plantea que las condiciones para una reprogramación de los vencimientos de deuda de la Argentina no deben «someter al pueblo argentino a condiciones de empobrecimiento».
El texto también fue suscripto por dirigentes de la región como Celso Amorim (Brasil), la senadora Lucía Topolansky (Uruguay), el ministro de Defensa de Argentina Jorge Taiana.
También firman el coordinador del Grupo Puebla, Marco Enríquez Ominami (Chile), el actual embajador de Bolivia en la ONU Diego Pary y los excancilleres Ricardo Patiño (Ecuador) y Jorge Lara Castro (Paraguay), entre otros.
El reclamo al organismo que actualmente encabeza Kristalina Georgieva reunió las firmas de personalidades de América Latina a partir de una iniciativa del Grupo Hermandad.
A través de este grupo, varias figuras de la política latinoamericana planifican acciones conjuntas, que coordinan el vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur) Oscar Laborde, el titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA) y el expresidente Lugo, de Paraguay.
Firmaron, además, la actual vicepresidenta de Perú, Dina Boularte; miembros de los Parlamentos de la región, como los senadores paraguayos Jorge Querey y Esperanza Martínez (Frente Guasú), su par argentino Oscar Parrilli (FdT-Neuquén), el diputado uruguayo Daniel Caggiani (Frente Amplio) y los parlamentarios del Mercosur Víctor Santa María (jefe del bloque del FdT) y Cecilia Britto (jefa de la delegación argentina).
La carta pública se sumó a otras intervenciones en respaldo al país frente a la encrucijada de la deuda, como la que hace veinte días realizaron los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) al concluir su reunión en Buenos Aires.
Allí incluyeron en el comunicado oficial un párrafo en el que dejaron constancia de su apoyo «a la Argentina en las negociaciones con el FMI para alcanzar un acuerdo que le permita continuar su recuperación económica, mejorar su situación social y refinanciar su deuda».
El crédito del FMI por una cifra récord en 2018 movilizó el debate entre juristas especializados en Derecho Internacional Público, como la brasileña Karina Patricio Ferreira Lima, de la Universidad de Leeds, coautora de un documento de 38 páginas junto al economista británico Chris Marsh, exfuncionario del propio FMI y economista egresado de Cambridge.
Ambos sostienen que el crédito dado al gobierno de Mauricio Macri debe ser declarado «nulo» por incumplir con las normas fundamentales del organismo.
«Dado que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, debería haber un período que le permita al país recuperarse. Esto significa en la práctica establecer un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha», propusieron los dos académicos en ese estudio.
En paralelo, en los Tribunales argentinos se tramita una causa a partir de la denuncia realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, órgano que defiende los intereses del Estado en los litigios judiciales.
Esa causa investiga la adjudicación a la Argentina del préstamo de 55 mil millones de dólares (de los que se recibieron alrededor de 45 mil millones) por parte del FMI como un hecho de administración fraudulenta.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
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