Italia reconoció plan criminal de dictaduras en Suramérica

Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos se sintieron defraudadas ante el fallo de la Corte

La Corte de Italia no dejó dudas sobre la existencia del Plan Cóndor. Pero confirmó la sensación de impunidad que viven familiares y víctimas uruguayas de las últimas dictaduras en la región.

Desazón. Ese fue el estado de ánimo de la delegación uruguaya, que incluyó al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que asistió a Roma al juicio sobre la participación en el Plan Cóndor de 33 imputados, varios de ellos uruguayos. La decisión de la Justicia italiana de condenar sólo a algunos jefes militares fue cuestionada y se espera que sea apelada.
El fallo de la III Corte Penal de Roma reconoció la existencia de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas montadas en el Plan Cóndor, condenó a los máximos responsables y eximió de penas a otros mandos subalternos.
La Justicia sólo condenó “a los cabecillas de las dictaduras”, mientras que mandos medios e inferiores quedaron absueltos. En tal lógica el excanciller de la dictadura cívico-militar uruguaya, Juan Carlos Blanco, fue condenado a “cadena perpetua”. Otros, como el marino Jorge Tróccoli, prófugo, residente en Italia y clave en la desaparición de miembros de los Grupos de Acción Unificada (GAU), fue absuelto.
El fallo condenó a ocho miembros del plan cóndor: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa más Juan Carlos Blanco.
La inocencia recayó en los uruguayos, algunos de ellos presos en Uruguay en condiciones privilegiadas, José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Trócoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Chávez Domínguez.

Incomprensión
El pronunciamiento de la Corte romana fue un mazazo para la delegación uruguaya y para los organismos defensores de derechos humanos. No obstante señalan como un hecho positivo que el Plan Cóndor haya sido reconocido como tal. La presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), la ex fiscal Mirtha Guianze –presente en Italia– comentó que hay una interpretación que no comprendió cuál fue el papel de los grados jerárquicos inferiores en el funcionamiento del aparato represivo en las dictaduras latinoamericanas. “No se necesitaba una orden de un superior para matar y si se mataba no había sanción para el que lo hacía” explicó. Agregó: “no sé cómo se manejaron” los magistrados para emitir el fallo. Guianze lamentó el fallo, pues eran casos “sobre los que teníamos muchísimas pruebas”.
Por su parte, el vicepresidente de la República –también una de las tantas víctimas de la dictadura– destacó la presencia del Estado uruguayo junto a los familiares y víctimas del terrorismo. Sobre la sentencia expuso que “esperábamos otra cosa”. Expresó su defraudación aunque –aclaró– “respetamos la separación de poderes”. Sus responsabilidades institucionales marcan de alguna manera sus acotaciones, remarcó.
Muchas voces críticas, además de los asistentes al fallo, se hicieron escuchar. En la misma ciudad de Roma una indignada María Victoria Moyano, hija de desaparecidos, dio su punto de vista cuestionando al gobierno uruguayo: “tengo todo el derecho de cuestionar al gobierno. Estamos acá porque en Uruguay los juicios no existen”. Cuestionó que “me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad”, contraste al que calificó como “una vergüenza”.
El 22 de diciembre de 1986 el Parlamento Nacional de una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas aprobó la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, conocida popularmente como ley de impunidad. Esa losa es la que, 30 años después y con mucho ocultamiento y complicidades diversas, sigue impidiendo los juicios a los violadores de los derechos humanos. Los ciudadanos ya no son iguales ante la ley.
Crysol, una asociación que nuclea a ex presas y presos de la dictadura, afirmó que rechaza “enfáticamente el fallo de la corte de Roma”. La organización entiende, junto a miles de compatriotas, que una condena “firme y tajante para todos los encausados de Uruguay” hubiera sido muy positiva. Era una “gran caricia en el alma” de quienes, contra viento y marea mantienen enhiestas las banderas de juicio y castigo a los terroristas de Estado. Uno de sus miembros, Baldemar Tarocco, comentó que el “nuevo golpe” exige redoblar el esfuerzo en la “búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos”.

Tímidos avances
El fallo de Roma, por extensión, puso en la picota la ausencia de justicia en Uruguay. Informes de organismos vinculados a los derechos humanos indican la baja judicialización existente en el país. En su edición del 23 de diciembre pasado el semanario Brecha, tomando como uno de sus insumos un informe del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), revela que “13 causas en Uruguay son vinculadas a casos de crímenes del Plan Cóndor y éstas abarcan solamente 111 víctimas, es decir 63% del total”. Agrega que “las cuatro causas con sentencia firme abarcan sólo a 70 víctimas, un 39,5 % del total de las estimadas 177 víctimas uruguayas”.
A ello hay que agregar que durante 20 años la ley de impunidad bloqueó todo intento de tramitar justicia. La primera condena, vinculada al Plan Cóndor, se verificó en 2009. Dos policías y seis militares fueron condenados por la comisión de 28 homicidios.
Los avances han sido tímidos y han generado debates entre el Gobierno –que no siempre fue claro– y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los militares y civiles partícipes de las atrocidades de la dictadura siguen cultivando el silencio cuando no generando operativos de desinformación y confusión. Es lapidario saber que 180 causas no han salido de la instancia presumarial.
Ya en octubre pasado el Observatorio en derechos humanos Luz Ibarburu dejó planteada su inquietud ante la impunidad “de la que goza la enorme mayoría de quienes han sido denunciados como presuntos autores, coautores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad”. Las distintas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos hablan de renunciamientos y que, pese a que se avanzó sobre los principales represores, la calificación de sus crímenes no quedó comprendida en la figura de crímenes de lesa humanidad.

Reportan retroceso

La situación hace que Mirtha Guianze sostenga que Uruguay es el país más atrasado en materia de derechos humanos. Afirma que “aún en Perú rige el concepto de crimen de lesa humanidad, un país que se pensaba que podía estar más atrasado que Uruguay”. Cree que el sistema judicial al estar politizado, debido a los acuerdos partidarios, impide realizar nuevos enjuiciamientos. Observa una “indefinición” por parte de la Suprema Corte de Justicia, máximo organismo judicial que, al cambiar su integración, muchas veces cambia pronunciamientos.
Revelando la capacidad de propuesta del organismo que preside, creado durante el actual gobierno del Frente Amplio (FA), la especialista comentó que le han aportado iniciativas para viabilizar la investigación de los delitos de lesa humanidad. Ellos no tienen competencias para investigar; ese rol le cabe a la Justicia.
Muchos creen que la movilización, atada a la denuncia de renunciamientos, podrá incidir en el avance de las causas y levantar las losas, visibles e invisibles, que impiden llegar a la verdad y la justicia; con el consiguiente castigo a los responsables. Varios aspectos han prosperado en todos estos años fruto de la lucha del pueblo organizado. Pero en relación a la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad, Uruguay sigue rezagado. En cambio, otros sectores con capacidad de incidencia apuestan al olvido.

Desde Montevideo,
Darío Rodríguez Techera