Corrupción, desempleo y crisis institucional en un año decisivo

La corrupción horada la legitimidad del gobierno de Temer y la situación económica y social se torna crítica. Aumenta el reclamo por elecciones anticipadas. El establishment intenta llegar a 2018.

La muerte del juez Teori Zavascki, relator en el Tribunal Supremo de las causas de corrupción en Petrobras, tras derrumbarse el avión en el que viajaba a mediados de enero, dio un respiro al gobierno de Michel Temer y buena parte de la dirigencia política brasileña. Aunque los medios de comunicación se aprontaron a calificarlo como un accidente, la hipótesis del homicidio es sostenida por familiares y hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que exigió “una investigación exhaustiva y transparente”.
La Justicia brasileña determinó el secreto de la investigación sobre el hecho que costó la vida a cinco personas, entre ellas Zavascki, quien tenía a cargo la instrucción en la Corte Suprema del mayor caso de corrupción de la historia del país.
La familia del magistrado admitió a la prensa que siempre estuvo preocupada por la seguridad de Zavascki y confirmó que el año pasado la víctima reveló que existían “movimientos de varios tipos para frenar la Lava Jato”. Una semana después de la caída del avión sólo se conocía el reporte de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) según el cual la documentación y revisiones del avión estaban al día, con certificado válido hasta abril de 2022 y su próxima revisión obligatoria estaba prevista para abril de este año.

Telarañas

La instrucción de la causa Lava Jato llevó miles de expedientes en un verdadero entramado judicial que se extendió a funcionarios de los dos gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y del actual Ejecutivo; legisladores de los principales partidos de Brasil, empresarios y funcionarios estaduales y municipales.
Las acusaciones y detenciones llegaron durante 2016 a altos niveles políticos e institucionales. En diciembre, Marcelo Odebrecht, tercera generación a cargo de la constructora que lleva su nombre, había implicado directamente al actual presidente de Brasil, Michel Temer (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Pmdb) y a Aécio Neves y Gerardo Alckmin (Partido de la Social Democracia Brasileña, Psdb) como receptores de sobornos en calidad de “donaciones” para la campaña de 2014.
Condenado a 19 años de prisión en 2015, Odebrecht hizo uso del recurso de la delación premiada por el que se reducen las penas a cambio de denunciar a otros involucrados. Así, no sólo mencionó a dirigentes brasileños, sino que a partir de su confesión se conoció que los sobornos se extendieron por nueve países de América Latina (Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela) y dos de África (Angola y Mozambique). El impacto internacional fue difundido por el Poder Judicial de Estados Unidos, que investigó a la empresa por utilizar el sistema financiero de ese país para pagar 788 millones de dólares. En la mayoría de los países la justicia local comenzó a investigar los casos denunciados y a fines de enero había varios detenidos o acusados en Perú, Colombia, República Dominicana, Guatemala y Panamá. En este último caso la red de sobornos incluye a un hermano y a los hijos del ex presidente Ricardo Martinelli.

Otros factores

El caso de Odebrecht y todos los vinculados a corrupción en Petrobras son uno de los elementos que influyen cotidianamente en la falta de legitimidad del gobierno de Temer, que asumió la presidencia luego del juicio político a Rousseff en 2016. Pero no es el único factor. Las grandes promesas de reactivación económica que Temer hizo al asumir contrastan con los principales indicadores económicos. El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil registró un declive del 0,8% en el tercer trimestre del año y acumuló su peor desempeño histórico desde el inicio de la serie en 1996, con una caída total del 4%. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge) entre julio y septiembre pasado la agricultura cayó un 1,4% respecto a los tres meses precedentes, mientras que la industria lo hizo en 1,6 y el sector de servicios en 0,6 puntos porcentuales. Si en agosto de 2016 el gobierno preveía un crecimiento para este año del 1,6%, a fin de año ya estimaba un alza de sólo el 0,8%.
En paralelo la situación social se vuelve cada vez más crítica. Según datos oficiales 12,1 millones de personas se encontraban desocupadas entre septiembre y noviembre de 2016. Se trata del 11,9% de la población económicamente activa y es un punto récord en los últimos cinco años. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que Brasil es actualmente motor del aumento de la desocupación en la región y pronosticó que el desempleo en la potencia latinoamericana seguirá creciendo en los próximos dos años y alcanzará los 13,8 millones de personas (12,4%) en 2018. Además, los ingresos promedio de los trabajadores brasileños se redujeron un 5,9 % en 2016, llegando a 2.032 reales (615 dólares) en noviembre.

¿Elecciones anticipadas?

El reclamo por elecciones presidenciales anticipadas volvió a recobrar fuerza en diciembre y enero. Al líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula Da Silva, se sumaron organizaciones sociales como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el resto del Frente Brasil Popular. Exigen la realización de elecciones directas de renovación del Poder Ejecutivo y el Parlamento. El dirigente del MST João Pedro Stedile aseguró que el actual Congreso brasileño es producto de los sobornos develados en la causa conocida como Lava Jato, ya que en su mayoría “recibieron comisiones ilegales y sobornos para ser elegidos”.
Lula volvió a reafirmar sus intenciones de presentarse como candidato a la presidencia. “No voy a ser candidato para disputar, sino para ganar y recuperar la autoestima de este país, la economía, la credibilidad”, declaró el ex mandatario ante unos dos mil agricultores y dirigentes del MST en la capital del Estado de Bahía. “Es importante que no nos dé vergüenza decir que queremos elecciones directas”, sostuvo. Para que éstas puedan convocarse antes de 2018, cuando están previstas en el calendario electoral, se requiere una improbable mayoría parlamentaria.
Las últimas encuestas difundidas en diciembre por Datafolha ubican a Lula como el candidato que recibiría más apoyos (aproximadamente un 25% en primera vuelta) y ganaría contra cualquier oponente en segunda vuelta, salvo con Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño (PSB). La misma encuesta también lo muestra como el posible candidato que despierta mayores rechazos en la sociedad, junto con el actual mandatario. El 44% de los brasileños asegura que no votaría “de ninguna manera” a Lula y otro 45% se niega a apoyar a Temer.
Otro estudio, realizado por el Instituto Vox Populi y la Central Única de Trabajadores (CUT), indica que el dirigente del Psdb y candidato en las últimas elecciones presidenciales, Aécio Neves, apenas araña el 5% de la intención de voto, afectado por el escándalo de corrupción. Sobre Lula pesan cinco causas judiciales en las que se lo investiga por el mismo motivo pero no han hallado pruebas de su involucramiento en el cobro de sobornos.
Aunque las elecciones directas anticipadas son bastante improbables a pesar del apoyo popular (el 63% de los brasileños las reclaman según Datafolha), otra alternativa que comenzó a circular como opción dentro del establishment es una nueva votación en el Parlamento para reemplazar a Temer. Analistas como Juraima Almeida, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (Clae), consideran que se está gestando un “golpe dentro del golpe”. Los dos nombres que se consideran posibles son los del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (considerado uno de los autores intelectuales del impeachment a Dilma Rousseff) y Nelson Jobim, ex titular del Supremo Tribunal Federal.
La ex presidente Dilma Rousseff sostuvo que es posible un “golpe dentro del golpe” para “hacer inviables las elecciones democráticas de 2018”. Reafirmó que “no podemos estar de acuerdo en que sean unas elecciones interrumpidas” y que el objetivo es que el próximo presidente sea “legítimo, porque el de ahora no lo es”.
Este 2017 definirá el desenlace de la mayoría de las investigaciones judiciales lo que tendrá impacto directo en la resolución del futuro político de Brasil. Con indicadores sociales que muestran la gravedad de la crisis y con fuertes discusiones sobre el futuro político, Brasil atraviesa momentos decisivos.

Julia de Titto