Zonas limítrofes: claves de la contrarrevolución

Contrabando de alimentos, combustibles y billetes; inmigración, falsas tareas humanitarias y actividades paramilitares acumulan tensiones en las fronteras con Brasil, Colombia y Guyana.

La situación económica es hoy la mayor preocupación de la población venezolana y el principal motivo de emigración. Esto coloca al país frente a una compleja realidad migratoria en su frontera con Colombia y Brasil, que está siendo utilizada por sectores adversos al proceso revolucionario y minuciosamente tratada por la maquinaria mediática al servicio de la derecha nacional e internacional. Los gobiernos de Santos y Temer justifican, a partir del fenómeno migratorio coyuntural, el despliegue en la frontera con Venezuela de nuevos componentes de las fuerzas militares.

La puesta en relieve de graves flagelos que atentan contra la soberanía e integridad de la República ya conllevó a inicios de enero al cierre inmediato de las vías de comunicación aéreas y marítimas de Venezuela con las islas holandesas de Aruba, Bonaire y Curazao.

Estrategia visible
El 30 de enero, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, anunció que remitiría a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, que abarca una extensión territorial de 159.500 kilómetros cuadrados. La decisión perjudica gravemente a Venezuela, que no reconoce la jurisdicción de la CIJ, y se ajusta a lo pedido por Guyana.
En los primeros días de febrero, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, visitó Colombia como parte de su gira por México, Argentina, Perú y Jamaica, y de inmediato aumentó la tensión en las fronteras venezolanas.
Tillerson fue presidente de la petrolera Exxon Mobil, la principal empresa socia del gobierno guyanés para la exploración y explotación de petróleo en las costas del territorio Esequibo. Su interés primordial se ha concentrado en el bloque Stabroek, ubicado en la zona en disputa entre Venezuela y Guyana, descubierto en 2015 y descripto por el Servicio Geológico de Estados Unidos como la segunda reserva más grande del mundo. La situación pone en evidencia la gran importancia energética de la fachada atlántica del Esequibo.
No es casual que en diciembre la petrolera estadounidense haya informado su disposición de asistir a la República de Guyana con todos los gastos judiciales a los que pudiese tener lugar una eventual controversia con Venezuela, reservando aproximadamente 20 millones de dólares para el momento en que se active el diferendo.
La Asamblea Nacional en desacato, de mayoría opositora, hizo su aporte a esta arremetida contra la frontera venezolana cuando el mismo 30 de enero aprobó una solicitud a la ONU para el establecimiento de un corredor humanitario en la frontera venezolana. En septiembre de 2017 ya había aprobado la emergencia migratoria.
Una semana después, el 8 de febrero, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una reunión de evaluación y seguimiento en la frontera colombo-venezolana, anunció un conjunto de acciones para el control migratorio que, dijo, se implementaría de manera inmediata en toda la zona fronteriza.
El despliegue de nuevos efectivos de las fuerzas militares colombianas, la puesta en marcha del Grupo Especial Migratorio y del Centro de Atención al Migrante, así como la prohibición de emisión de nuevas tarjetas de movilidad fronteriza, fueron algunas de las medidas decretadas.
Luego, el 15 de febrero, el ministro de Defensa de Brasil, Raúl Jungmann, informó que su país decretaría la emergencia en el Estado de Roraima, colindante con Venezuela, para duplicar la presencia de efectivos militares y atender el flujo migratorio proveniente de este país.

Amazonas latente
En noviembre último se realizaron los ejercicios militares “AmazonLog17” en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, a escasos 700 kilómetros de Venezuela, donde inclusive hubo presencia de tropas estadounidenses. Entre los objetivos de estas prácticas estuvo el “mostrar el desempeño de las tropas tanto para la guerra como para la paz”, según palabras del comandante logístico del Ejército de Brasil, Guilherme Cals Theophilo. Todo ello a partir de las llamadas “unidades logísticas multinacionales integradas”, conformadas por miembros de los ejércitos de varios países de la región que operan en actividades relacionadas con el “control de flujos migratorios, operaciones de paz y asistencia humanitaria”.
No es fortuito que tras los AmazonLog17 se hayan incrementado los llamados de asistencia humanitaria para Venezuela. Los medios de comunicación afilaron sus armas al dibujar en los principales titulares la alegada “gran crisis migratoria” y reflejar los intentos por instalar un “corredor humanitario” en Venezuela.
Ciertamente, muchos venezolanos se ven empujados a otros países en búsqueda de mayores ingresos ante la crisis económica. Según declaraciones de Santos –sin dar cifras oficiales– el flujo migratorio diario de venezolanos hacia Colombia sería de 37 mil personas. A la ciudad de Boa Vista, Brasil, podrían haber ingresado en los últimos meses aproximadamente 40 mil ciudadanos de Venezuela que pasaron a representar aproximadamente el 10% de la población en esta localidad.
A las medidas migratorias anunciadas recientemente por Colombia y Brasil, se suma la “ayuda técnica y humanitaria” –en palabras del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri– que estaría dispuesta a ofrecer Washington para la atención de los migrantes o refugiados venezolanos en los países que los reciben.

Desde el puente
La frontera entre Venezuela y Colombia es considerada como una de las más activas e importantes de Suramérica. Se extiende por 2.219 km y sus pueblos comparten historias, costumbres y tradiciones. En algunos puntos se constata la libre convivencia de ciudadanos de ambos países, particularmente dentro del territorio de la República Bolivariana, que recibió a más de cinco millones de colombianos que huyeron de la violencia.
Por el Puente Simón Bolívar, que conecta a las poblaciones de Ureña (gobernación Táchira, Venezuela) con Cúcuta (departamento Norte de Santander, Colombia) se movilizan diariamente miles de personas. Muchas de ellas cruzan el puente tan sólo para ir a trabajar del lado colombiano y retornar a territorio venezolano al final de la tarde.

Algunos lo utilizan como puerta de tránsito hacia otros destinos, como Ecuador y Perú. Otros ven en Colombia una oportunidad para instalarse y trabajar para poder enviar recursos a sus familias. Pero lo más común es ver a personas que realizan contrabando o reventa de mercaderías como forma de subsistencia ante la crisis.
Por fuera del tema migratorio hay un compendio de problemas en la zona fronteriza sobre los cuales los medios de comunicación callan, ya que afectan directamente a Venezuela. Muchos fueron puestos en evidencia en agosto de 2015 tras el cierre de la frontera y el decreto de Estado de Excepción en los municipios fronterizos del estado Táchira, colindantes con el departamento Norte de Santander. Desde entonces la campaña de odio desde Colombia se incrementó ya no sólo contra el gobierno bolivariano, sino también contra la población venezolana y el conjunto del país.
Pese a esa medida, el contrabando de gasolina, productos cárnicos, lácteos y otros alimentos continuó, aunque con altibajos. Por allí pasa también la descarada extracción del papel moneda venezolano, billetes que se encontraron el año pasado de a millones en Brasil y Paraguay, y son de libre venta en las casas de cambio o mafias de Cúcuta, mientras en el interior de Venezuela persisten los inconvenientes para obtener efectivo.
La cínica compra de los billetes venezolanos a un precio superior a su valor real denota claramente la estrategia de ataque a la moneda, avalada además por el incremento del dólar en el mercado paralelo. Nunca antes se habían suscitado procesos de devaluación inducida con un impacto tan fuerte y tan intenso en el tipo de cambio como los que se han venido observando desde septiembre de 2017. Desde entonces, el bolívar ha sufrido una devaluación cercana al 1.500%.
A esto se suman las reiteradas denuncias sobre la presencia de paramilitares en la frontera y dentro del territorio de Venezuela. Un tema que requiere especial estudio es el comportamiento de grupos de delincuencia organizada en el país que reproducen peligrosamente las prácticas paramilitares colombianas, inéditas en la historia venezolana.

Más contrabandos
El contrabando de alimentos ha sido reconocido por la propia oligarquía colombiana. Según el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie Rivera, diariamente entran a Cúcuta más de 400 animales de Venezuela, “sin que exista solución”. El Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor) estima que alrededor del 80% de la carne que se consume en el área metropolitana de Cúcuta proviene del contrabando.
Las razones del repunte de este delito parecen estar en los pocos niveles de producción y abastecimiento colombianos. Según información del mismo comité, los habitantes de la región consumen un total de 90 toneladas de carne por día. De esta cantidad, Colombia tiene capacidad productiva para tan sólo 20 toneladas y el resto es cubierto por la carne proveniente de Venezuela que, ante el diferencial cambiario, genera grandes ganancias para los contrabandistas. Una situación similar se evidencia con la venta ilegal de combustible venezolano en Colombia.
En el municipio colombiano de Villa del Rosario se denuncia la existencia de pequeños y grandes almacenes llenos de productos venezolanos, muchos de los cuales son de las empresas Polar y otros son importados y subsidiados por el Estado venezolano. Las autoridades colombianas lo avalan totalmente.
Jorge Forero, observador fronterizo en el Estado Táchira, explica que al menos hasta inicios de año se observó un periodo en el que se logró detener de manera considerable el flujo de contrabando de gasolina. Las gestiones policiales y militares tanto en Cúcuta como del lado venezolano contuvieron durante un período este delito. Algunos afirman incluso que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano tomó el control en algunas trochas (cruces ilegales), bloqueando en cierta medida el paso por las mismas.
La reducción de los niveles de contrabando se observó particularmente en el efectivo funcionamiento del transporte interurbano en la zona fronteriza, considerando que muchos conductores se dedican diariamente a este flagelo. Sin embargo, para finales de enero e inicios de febrero se activó nuevamente el tráfico ilegal de productos hacia Colombia.

Históricamente desatendidas por el gobierno nacional, las comunidades fronterizas de Colombia se acostumbraron a vivir prácticamente del comercio ilegal de productos venezolanos.

Cañones apuntando
Desde Venezuela se siguen evaluado planes y proyectos para el combate de estas problemáticas que desangran al país. El presidente Nicolás Maduro instruyó al ministro para la Defensa, el General en Jefe Vladimir Padrino López, a coordinar con las autoridades colombianas el diseño conjunto de un plan integral en la frontera. Igualmente, hizo un llamado a todas las delegaciones diplomáticas y consulares del país en el exterior para que den una atención inmediata a los venezolanos que han emigrado.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, denunció que jóvenes venezolanos estarían siendo reclutados por unidades del Ejército de Colombia. Detalló que sería parte de un peligroso plan que persigue la creación de casos de falsos positivos para provocar una escalada de violencia en la frontera entre ambos países y así justificar una acción injerencista que violente la soberanía nacional de Venezuela.

Según Reverol, el ejército colombiano estaría facilitando documentos de identidad colombiana a los jóvenes venezolanos, quienes inmediatamente serían incorporados al servicio militar obligatorio del país, pasando por un proceso intenso y exigente de adoctrinamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno venezolano, se estarían creando posibles fuerzas paramilitares adoctrinadas y con capacidad de movilizarse dentro del territorio. El propósito puede ser crear confusión y caos mediante acciones maliciosas o repetir un escenario como el de la pasada operación paramilitar Daktari, del 9 de mayo de 2004, que buscaba el asesinato de Hugo Chávez.

Mientras tanto, Brasil y Colombia fortalecen sus posiciones militares en las respectivas líneas fronterizas. Sólo al cruzar el puente Simón Bolívar hacia Colombia –advierte Jorge Forero– se observan los grandes tanques y despliegue de funcionarios altamente equipados, que de alguna manera u otra apuntan contra Venezuela.

Desde Caracas,
Roxana Martínez