Guatemala movilizada contra la corrupción

Miles de guatemaltecos se movilizaron el último 20 de septiembre contra la corrupción y pidieron la renuncia del presidente Jimmy Morales

Amplio rechazo social a un sistema político corrompido. La población exige ir a fondo en la lucha contra la corrupción. Masivas marchas piden la renuncia de Jimmy Morales y el fin de la impunidad. .

Septiembre fue un mes de movilizaciones en Guatemala: estudiantes, campesinos, obreros, comunidades indígenas, movimientos sociales y de derechos humanos exigieron que se termine con la corrupción y pidieron la renuncia del presidente Jimmy Morales y de más de 100 diputados. Entre otras cosas el mandatario está acusado de financiamiento ilícito en la campaña electoral que lo llevó al poder en 2015.
Las marchas y movilizaciones fueron especialmente intensas el 20 de septiembre con un paro nacional que tuvo alto acatamiento. Una gran concentración en la Plaza de la Constitución capitalina clamó al cierre de la jornada: “¡No a la corrupción y a la impunidad!”.
Además de pedir que se revoque el mandato de Morales y de los diputados sospechados de corrupción, la movilización social reclamó reformas a la Ley Electoral y la instalación de una Asamblea Plurinacional Constituyente. “Dicen que estamos dividiendo al país pero la verdad es que hoy Guatemala está más unida que nunca en exigir que se vayan los corruptos”, dijo un miembro del Comité de Desarrollo Campesino del Altiplano (Codeca). “Estamos cansados de esta mafia incrustada en las instituciones públicas. Necesitamos hacer limpieza y fundar un nuevo Estado”, agregó. “Nos indigna la postura de todos estos funcionarios públicos. ¡No vamos a parar hasta que se vayan todos y se enjuicie al presidente Morales!”, aseguró otro manifestante en Totonicapán.
El paro nacional fue la respuesta organizada a la decisión de 107 diputados y diputadas que días antes votaron reformas al Código Penal, que benefician a funcionarios públicos –incluyendo al presidente Morales– acusados de diferentes delitos. Con estas reformas se suavizan las penas para casi el 90% de los delitos graves relacionados con actos de corrupción y extorsión y se libera de cualquier responsabilidad por financiamiento electoral ilícito a los secretarios generales de los partidos políticos.
Guatemala está sumida en una grave crisis política desde que se destapó una gran trama de corrupción que involucra al presidente Morales. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo que actúa bajo el paraguas de protección de Naciones Unidas, pidió enjuiciar al Presidente por presunta comisión de ilícitos electorales durante su campaña de 2015 pero el Congreso rechazó quitarle la inmunidad.

Contra la impunidad
El 20 de septiembre, portando banderas de Guatemala, silbatos, redoblantes, flores, mantas y carteles con mensajes en contra de la dirigencia política tradicional, los manifestantes se concentraron en diferentes puntos de la capital para marchar hacia la plaza central. Durante el recorrido exigieron una vez mpas la renuncia a los 107 diputados que aprobaron las reformas al Código Penal para permitir que más de 400 delitos tuvieran una alternativa a la cárcel. También insistieron con el pedido de renuncia al presidente Morales para que pueda ser investigado por el financiamiento ilegal de su campaña.
Si bien el paro nacional fue convocado por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos, las universidades Rafael Landívar, Del Valle y Mesoamericana también pararon y movilizaron.
El vocero presidencial, Heinz Hiemann, aseguró que Morales no renunciará a su cargo y que estará hasta el final de su mandato en 2020: “Vivimos en un país democrático, republicano, donde el sistema de elección de nuestros gobernantes es por un período de cuatro años. Este período se debe respetar dentro del marco legal, por lo que una renuncia por este momento no está dentro del pensamiento del señor presidente”, dijo.
El 11 de septiembre 104 diputados habían decidido blindar la inmunidad e Morales para que no fuera investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Dos días después, los 107 legisladores aprobaron de urgencia las reformas al Código Penal para librar al Presidente y a los diputados Orlando Blanco, del partido UNE, y Roberto Villate, contra quienes el Ministerio Público y Cicig habían solicitado que se les retirara el derecho de antejuicio. Además, los diputados aprobaron el decreto 15-2017 sobre la cantidad de delitos conmutables, beneficiando las penas contra más de 400 delitos, entre ellos los que enfrentan ex funcionarios acusados de corrupción.

Crisis política
El gobierno conservador del ex comediante Jimmy Morales se inició bajo la sombra de la corrupción. En su primera comparecencia pública, tras ser oficialmente electo, el Presidente ratificó que su prioridad sería el combate frontal a la corrupción, tras los escándalos que provocaron la renuncia y encarcelamiento de Otto Pérez Molina en 2015.
Sin embargo muy pronto el equipo de trabajo de Morales empezó a ser criticado por los mismos motivos: José Ramón Lam se vio obligado a renunciar como asesor en el Congreso del entonces mandatario electo el 5 de noviembre de 2015 –un mes después de la elección– por señalamientos de plagio hechos en su contra por representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante los primeros días de gobierno también se levantó una solicitud de antejuicio en contra de la recién nombrada ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Sherry Ordoñez, porque era contratista del Estado. Once días después de su juramentación Ordoñez renunció a su cargo.
En septiembre de 2016, un hijo y el hermano de Jimmy Morales fueron señalados por presunta participación en un caso de corrupción. La denuncia fue tomada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). De inmediato el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) convocó a una movilización y a un paro nacional y exigió la renuncia del Presidente por considerar que no había cumplido lo prometido a la población y estar involucrado en presuntos hechos de corrupción. El caso estaba relacionado con la evasión fiscal y la condonación del pago de deudas a 216 empresas.
En 2017, Iván Velásquez, jefe de una comisión contra la corrupción de las Naciones Unidas, inició un proceso junto a la fiscalía guatemalteca para retirar la inmunidad de Morales, con el fin de investigarlo por financiación indebida para las elecciones. La Fiscalía y la Cicig habían solicitado el 25 de agosto la apertura de una investigación sobre el mandatario por mover de forma opaca casi un millón de dólares durante la campaña. Tras ello, Morales ordenó por decreto expulsar del país al jefe de la comisión de la ONU contra la corrupción e insistió en que como mandatario tiene la facultad de declarar persona no grata a cualquier diplomático sin tener la obligación de exponer los motivos de su decisión.
Sobre el final de septiembre pasado renunciaron los ministros de Trabajo, Leticia Teleguario; del Interior, Francisco Rivas; y de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Lo hicieron de manera conjunta en un comunicado en el que argumentan la crisis política que vive el país. “Derivado de la evolución de los acontecimientos recientes en el país, somos del criterio que los espacios para realizar nuestros programas de trabajo se han cerrado rápidamente”, señala el texto.
Los tres renunciantes señalan que cuando empezó la crisis decidieron seguir en sus puestos para atender “los temas importantes para la población” pero ahora ya “los espacios se han cerrado”.
Desde que Morales intentó expulsar al titular de la Cicig también renunció la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, además de cuatro vicecancilleres y el titular de la Comisión para la Competitividad, Enrique Godoy.
Fue este hecho el que provocó el último terremoto político en el país. Luego llegó la condena pública de Estados Unidos, gran parte de los países de la Unión Europea y Naciones Unidas. Los casos de corrupción que involucraban a su hermano, a su hijo y salpican al propio mandatario provocaron una fuerte caída de su imagen que algunas encuestadoras ubican ahora en alrededor de 20%.

Inés Hayes