02 abril, 2018
category: EDICIONES IMPRESAS
Tres ejes dominan la agenda uruguaya en el año preelectoral
Protesta y acto de movimiento de productores agropecuarios autoconvocados en el departamento de Durazno. Enero 2018.
Disputa por la distribución del ingreso, protestas de oposición e investigaciones por corrupción como temas dominantes. Sectores obreros y partidos de derecha presionan por sus reivindicaciones.
Para el año en curso, con el ingrediente de ser preelectoral, Uruguay tiene tres asuntos arriba de la mesa: la nueva ronda de negociación salarial, las continuas protestas de un sector heterogéneo del campo con mucha capacidad de presión y las denuncias sobre la petrolera nacional Ancap. Estas últimas determinaron el procesamiento sin prisión de varios ex jerarcas, entre ellos Raúl Sendic, que renunció a la vicepresidencia el año pasado.
Para el primer punto, el Gobierno abruma dando números y señala el constante crecimiento del salario real. Según las autoridades, en América Latina el salario real creció 20% en el período 2005-2015, mientras que en Uruguay aumentó un 54%. Por otro lado, el Pit-Cnt, la central única de trabajadores, realizó en marzo un paro general parcial, posicionándose en la puja por la distribución de la riqueza.
Ante las negociaciones salariales, el Gobierno pide cautela y los empresarios aprovechan a exponer supuestas dificultades para otorgar mejoras salariales. Como eje de una negociación tripartita, el Estado ordenó las empresas y las categorizó. Para la séptima ronda de los Consejos de Salarios, definió ir a acuerdos de 24 o 36 meses como mínimo, con ajustes semestrales o anuales. Los lineamientos del Poder Ejecutivo estipulan, para cada sector de la actividad económica, aumentos del 6,5% (sector en problemas); 7,5% (sector medio) y 8,5% (sector dinámico). En el segundo año serán de 6, 7 y 8% respectivamente y para el último semestre, o tercer año, de 5, 6 y 7%. Dicen que con ello se atiende la calidad del empleo, a los trabajadores con menores remuneraciones y se asegura el crecimiento del salario real, con eventual aplicación de correctivos por inflación y ajustes semestrales del salario mínimo.
En cadena de radio y televisión, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que la ronda “será la más grande de la historia de Uruguay”. Destacó que el salario mínimo estará en diciembre del próximo año en 15 mil pesos (unos 500 dólares). La cifra está por debajo de lo que pide el PIit-Cnt. “El salario mínimo nacional –dijo Murro– se encuentra en su nivel más alto desde el retorno de la democracia y lo queremos seguir mejorando, porque esto es redistribución”.
Comenzará en breve el tironeo de los trabajadores organizados para no perder salario, incorporar beneficios y viabilizar una plataforma política, en un contexto de avance de las derechas en la región y creciente incorporación tecnológica en el mundo laboral sin poner en cuestión el modelo de desarrollo.
Ante cierta pérdida muscular del movimiento popular, el Pit-Cnt plantea actividades coordinadas con distintas organizaciones, entre ellas la de cooperativas de vivienda, Fucvam. Las dos hacen campaña de recolección de firmas para plebiscitar la Ley de Riego, que privatiza el uso del agua. En su momento el pueblo uruguayo decidió que el servicio de agua lo manejara el Estado.
El objetivo del movimiento popular es mantener las conquistas y avances de los últimos años, pero sin perder capacidad crítica, evitando el seguidismo y la volatilidad de la independencia política. En este contexto, la central obrera definió su 13° Congreso para el 17, 18 y 19 de mayo. Ya comenzaron a trabajar distintas comisiones preparatorias, pero en el medio está la ronda salarial y también el acto del 1 de mayo.
Protesta rural y corrupción
Otro tema central es el de las protestas de los denominados “autoconvocados del campo”, que intentaron arrastrar a sectores comerciales y de logística y se sentaron a negociar con el Gobierno, pero manteniendo la movilización. Sus referentes piden medidas fiscales favorables e igualdad frente a las ventajas que tienen las multinacionales. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha respondido con medidas sectoriales, ya que el problema requiere abordajes diferenciales por la heterogeneidad de sus actores.
En el campo es difícil que derechos laborales y gremiales crucen las porteras e ingresen a los predios. “No se respeta al 100%, por ejemplo, la ley de las ocho horas de trabajo (…) todavía vivimos con salarios de 16 mil pesos (unos 500 dólares)”, dijo al semanario Brecha Germán González, dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales del Sur del país.
El tercer eje de la coyuntura es la corrupción. Tras las denuncias de irregularidades en Ancap, en pleno proceso judicial, medios y políticos intentan sacar rédito de la situación. En las últimas semanas se supo que distintos directores de varias empresas estatales tenían tarjetas corporativas para realizar gastos de emergencia, pero las irregularidades en este ítem golpean también al opositor Partido Nacional.
Otras denuncias e investigaciones administrativas y parlamentarias, en el marco de la judicialización de la política, tienen como epicentro áreas claves del Estado como la salud pública.
Economía y empleo
La instalación de las plantas de celulosa dejó en evidencia las deficiencias que presenta la infraestructura vial del país. Gobiernos anteriores poco hicieron, dejando caer, entre otras cosas, el sistema ferroviario extendido por todo el territorio. El gobierno del Frente Amplio (FA) diseñó un plan a largo plazo, que requiere millonaria inversión, solventada con recursos propios, privados y endeudamiento externo.
Un severo problema que tiene el Gobierno, además de la pérdida de entusiasmo de la población, es el desempleo joven y femenino. En la región un 40% del desempleo es juvenil y en el país la desocupación de los jóvenes triplica a la de adultos. El Pit-Cnt exige políticas públicas específicas para dicho sector, expresando que la ley de empleo juvenil, de 2013, es un buen instrumento.
El desempleo general se ubica en 8%, pero en los jóvenes llega al 25% y tiene carácter estructural. A nivel nacional, de 140 mil desempleados, 65 mil son jóvenes menores de 25 años, 33 mil son mujeres y 32 mil hombres; 37 mil son del interior y 28 mil de Montevideo; 43 mil cursaron la educación secundaria.
El gobierno firmó un contrato con la multinacional McDonald’s en el marco de la ley de empleo juvenil. La normativa fomenta la contratación de jóvenes de contexto social crítico y ofrece subsidios de hasta un 80% del salario para que efectúen una primera experiencia laboral. Además, da más incentivos a las empresas para que flexibilicen horarios y permitan que los jóvenes continúen estudiando.
Muchas voces condenaron que el acuerdo se haga con una empresa multinacional de comida chatarra, en un mundo con poblaciones de creciente obesidad. Pero hay otros ingredientes que se ponen en debate: McDonald’s es una empresa que se caracteriza por la persecución gremial. El sindicato del ramo, Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, cuestionó el acuerdo por haberse hecho de espalda a los trabajadores organizados; denunció prácticas de hostigamiento, de acoso moral, maltrato y conductas antisindicales por parte de la compañía.
Temas en clave electoral
El Gobierno prepara el presupuesto para su última etapa y debe lidiar con el tema de la inseguridad. Uruguay, no obstante sus diferencias con el resto de los países de América Latina, tiene problemas en la materia. El Gobierno mejoró las condiciones de la Policía, rediseñó su funcionamiento e ingresaron más funcionarios. Pero la resolución del tema se hace compleja, ya que no es un problema estrictamente policial aislado de lo social. Uruguay tiene más de 10 mil presos, centenares de ellos sin sentencia.
El sector educativo es otro eje fundamental. Al FA le será complicado cumplir su promesa electoral de asignar, al término del mandato, el 6% del PIB a la educación. Las anteriores mejoras presupuestales permitieron la extensión de la Universidad de la República en el interior del país. Ahora más de 10 mil de los 110 mil estudiantes universitarios están en distintos centros regionales. En los últimos años hubo un enorme salto en cuanto al acceso a la formación superior.
A la hora de pensar en candidaturas para 2019, el ex presidente y actual senador José Mujica es uno de los políticos con mayor apoyo, particularmente en los sectores populares. Hasta ahora dice que no será candidato porque polariza al electorado. Desde dentro y fuera del Frente, se reclama un mayor recambio de dirigentes y la incorporación de las mujeres en las instancias de poder y decisión.
Debates intensos sobre la inserción internacional del país, la necesidad de inversiones, seguridad pública y modelo de desarrollo discurrirán hasta la fecha electoral, en octubre del año próximo, mirando lo que acontece en la región y el clima social interno.
