Pese a la debilidad del Gobierno avanza la agenda del gran capital

En medio de protestas en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma laboral.

Diputados brasileños dieron media sanción a una reforma laboral que quita derechos básicos de trabajadores. Temer está jaqueado por el rechazo popular y la corrupción, pero se aferra al poder.

Una de las medidas fundamentales impulsadas por el gobierno no electo de Michele Temer logró en la noche del 26 de abril media sanción en la Cámara de Diputados. La reforma laboral exigida al Gobierno por compañías nacionales y extranjeras marca un histórico retroceso de los derechos y conquistas laborales, al modificar alrededor de 100 artículos de la ley de Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), sancionada el 1 de mayo de 1943.
Un total de 296 diputados federales apoyaron la nueva legislación y 177 la rechazaron. Entre los aliados del gobierno, el Partido Socialista Brasileño (PSB) ordenó votar contra la iniciativa. Temer esperaba un apoyo mayor en el Congreso, porque la próxima reforma en carpeta –de pensiones y jubilaciones– es constitucional y requiere un mínimo de 308 votos a favor en esta cámara del Congreso.
Si el Senado, como se espera, ratifica la reforma laboral, los trabajadores quedarán a merced de las arbitrariedades empresariales. Entre otras cosas la nueva legislación inaugura un nuevo tipo de contrato por “jornada parcial”, válido para casos de hasta 30 horas de trabajo semanales, legaliza jornadas de 12 horas diarias y reduce el horario de almuerzo de una a media hora.
El eje de la reforma laboral es habilitar a cada empresa a imponer contratos de trabajo con amplias libertades, mediante la firma de convenios que cobran automáticamente rango de ley. En marzo, el Congreso ya había aprobado una ley que permite la contratación indirecta (tercerización) de trabajadores en todos los rubros de la economía.
La primera respuesta de un conjunto mayoritario de gremios y centrales sindicales ante la ofensiva empresarial fue convocar a una huelga general el 28 de abril, en rechazo a la reforma laboral y al proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones. Resta ver si los crecientes golpes a la clase obrera provocarán un aumento de la conflictividad social y mayores protestas contra el programa del gobierno no electo.

Debilitado y corrompido

Distintas encuestadoras confirmaron en abril que el rechazo de la población al presidente no electo, Michel Temer, continúa en aumento. Los últimos números fueron publicados por la consultora Ipsos y dieron como resultado un crecimiento de la desaprobación al mandatario de nueve puntos porcentuales en un mes. Ahora el 87% de los brasileños repudia el gobierno de Temer, porcentaje que sólo alcanza el corrupto ex diputado Eduardo Cunha, a quien la justicia le encontró varios millones de dólares en cuentas de Suiza. Ningún político de Brasil supera esa cifra de desaprobación.
En cuanto a las valoraciones positivas, Ipsos ubicó el nivel de aprobación de Temer en 10% –algunas encuestadoras le dan incluso menos que eso– y el porcentaje de personas que considera buena u óptima su administración es apenas 4%. Por el contrario, el 75% califica su gestión de mala o pésima. Son sus peores números a casi un año del inicio de su gobierno, el 12 de mayo de 2016.
A fines de abril se abrió otro frente de descrédito contra el presidente brasileño. Marcelo Odebrecht, ex director ejecutivo de la constructora homónima, presentó pruebas de pago de coimas por 40 millones de reales (en ese entonces 20 millones de dólares) a Michel Temer y su entorno. Según las confesiones hechas bajo la figura judicial de delación premiada, la compañía pagó ese monto a cuentas de cinco paraísos fiscales mediante 50 depósitos, luego de una reunión mantenida en 2010 con el actual jefe de Estado, en ese entonces candidato a vicepresidente de Dilma Rousseff.
Otro alto ejecutivo de Odebrecht, Marcio Farias, declaró que esos sobornos no eran para financiar la campaña, sino “comisiones” para poder llevar adelante un negocio de la constructora con Petrobras, por el que la compañía cobró 825 millones de reales. La coima representa el 5% de esa cifra y fue pagada tras un acuerdo alcanzado en las oficinas que Temer tenía en San Pablo. “Estuvo de acuerdo con la cifra, le dio su bendición”, declaró Farias sobre el actual presidente. Según el denunciante, también el PT recibió parte de ese soborno.
Para aferrarse al cargo, desde el entorno de Temer rechazan la acusación y recuerdan que la Constitución de 1998 prohíbe al máximo tribunal del país indagar a presidentes durante sus mandatos por presuntos delitos cometidos antes de asumir. Cabe recordar que por acusaciones mucho menos relevantes que ésta, Dilma Rousseff fue destituida del cargo por un Congreso plagado de diputados y senadores investigados por corrupción.
Pero los problemas de Temer no terminan ahí. El ministro del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin ordenó investigar denuncias por corrupción contra ocho ministros del gobierno, a los cuales el presidente no está en condiciones de pedirles la renuncia.

Nadie está a salvo

Las acusaciones e investigaciones por lavado de dinero y corrupción, en el marco de la Operación Lava Jato, van mucho más allá del actual gobierno. Luego que se publicaran los interrogatorios judiciales a los directivos de Odebrecht, la mayor empresa constructora del país, el conjunto de los principales partidos y dirigentes políticos brasileños quedó sospechado de corrupción. En definitiva, quedó en evidencia que todo el sistema político está corrompido por el sistema económico.
Edson Fachin también mandó a investigar a tres gobernadores, 42 diputados, 24 senadores (entre ellos los presidentes de ambas cámaras) y otros políticos señalados en las delaciones de Odebrecht, por pedido del procurador general, Rodrigo Janot. La mayoría son miembros del partido gobernante (Pmdb), del derechista Psdb y el PT de Lula. Los más resonantes fueron los casos de los senadores y ex candidatos presidenciales Aécio Neves y José Serra, este último hasta hace pocos meses canciller de Brasil.
Además de la apertura de todas estas investigaciones, Fachin envió más de 200 peticiones de indagatoria presentadas por Janot a instancias judiciales inferiores, para que decidan en cada caso si corresponde o no iniciar acciones legales. En esta última lista están Lula y Rousseff, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y Fernando Collor de Mello, los gobernadores de San Pablo, Río y otros siete Estados.
En el caso de Lula, Marcelo Odebrecht aseguró que la empresa puso dinero para comprar un terreno donde se iba a construir el Instituto Lula. También dijo haber financiado reformas en la quinta de Atibaia, que si bien no es propiedad del ex presidente, era utilizada por su familia. En total confesó supuestos pagos por entre 35 y 40 millones de reales hechos “por pedidos de Lula”, que llegaron a través del ex ministro Antonio Palocci.
Otro delator, el ex presidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, declaró que Lula era el dueño del departamento de tres pisos de la playa de Guarujá, en San Pablo, y le pidió personalmente destruir las pruebas sobre la posesión de esa propiedad. OAS compró la vivienda y la reformó, según Pinheiro, “al gusto de la familia presidencial”.
Sin embargo, si hubo destrucción de pruebas, sólo quedan los testimonios para incriminar a Lula y Pinheiro declaró además que nunca se reunió con el ex presidente ni conversó con él de este tema. Hasta el día de hoy la propiedad figura a nombre de la constructora.
El próximo 10 de mayo Lula debe presentarse en los tribunales de Curitiba para declarar ante el juez Sergio Moro por esta acusación sobre la propiedad de Guarujá, presuntamente obtenida a cambio de beneficios otorgados por el Estado a la empresa OAS.

Elecciones

Pese a todo, tres encuestadoras confirmaron en abril que Lula es el político con mayor aprobación popular del país. La consultora Ipsos lo ubicó primero, seguido de la ex petista Marina Silva, también alcanzada por la delación de Marcelo Odebrecht. La imagen negativa del ex presidente bajó considerablemente, mientras que las máximas figuras del Psdb y la propia Silva aumentaron su nivel de rechazo en la población.
En este contexto, Lula presiona públicamente por un adelanto de las elecciones directas, porque “el pueblo no va a aguantar hasta 2018 (…) El hambre tiene prisa; el desocupado tiene prisa en conseguir un empleo”. A los dirigentes y militantes del PT les dijo: “Ahora tenemos que asumir el papel del más importante partido de oposición, con la moral elevada, porque nadie hizo por este pueblo más que el PT en esos 13 años de gobierno”.
De la otra vereda, los dirigentes políticos, empresarios y la prensa que fomentaron el impeachment contra Rousseff presionan para enviar a Lula a la cárcel.