La principal víctima del COVID-19 en Colombia es la democracia.

La  Corte Constitucional decidió tumbar el decreto que daba auxilio económico en el pago de servicios públicos a los sectores más pobres del país durante la pandemia y el decreto que autorizaba el no pago durante algunos meses de la cuota de pensión que deben hacer todos los colombianos (a fondos privados, la mayoría), argumentando, en el primer caso, la falta de firmas en el decreto de los ministros de Salud y Protección Social, y de Ciencia y Tecnología, quienes, dicho sea de paso, deberían ser despedidos por ineptos.  Pero, además, se trata de un fallo retroactivo, que obligaría a los trabajadores a reponer el valor de los aportes no realizados durante esos dos meses. Esta sentencia es sin duda alguna, una burla al pueblo colombiano. Y una turbia maniobra contra la democracia.

A la trampa inicial del no pago de pensión (que sería cobrado al final del camino, en condiciones de indignidad y pauperización progresiva), y al recargo que caería sobre la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se suma esta nueva trampa que se presentó ante el país como un gesto solidario en beneficio de los sectores más deprimidos de la sociedad. Pero hay que tenerlo claro: Nada de lo que haga el gobierno en beneficio de la gente más humilde es real o sincero. No se puede olvidar que todo avance social alcanzado en el país ha sido el resultado de largas luchas emprendidas por sectores ajenos al establecimiento; luchas que incluso costaron la vida de valiosos líderes y dirigentes de la oposición política. El actual gobierno, como se advierte en las decisiones tomadas durante la pandemia, busca el beneficio de la banca, del sector empresarial que aportó a la campaña presidencial (como sucedió en el Día Sin Iva o con la negativa inicial de cerrar el aeropuerto en un puente festivo para favorecer a Opaín, Argos y al Grupo Empresarial Antioqueño), y de las mafias que le ayudaron a llegar al poder. Basta para entender el arbitrario nombramiento de Arturo Char (del millonario Clan Char, dueño político del caribe), como presidente del Congreso, pese a que llegó al senado por herencia de familia, a que faltó 149 días al Congreso por supuesta enfermedad, a que no ha tenido desempeño meritorio, y la misma prensa afirma que tiene más canciones que proyectos de ley, y a que la Corte Suprema lo investiga por presunta compra de votos. Este nombramiento tiene cara de pago a la costa donde, al parecer, con un masivo fraude electoral y compra de votos con dineros del narcotráfico, se habría definido el triunfo electoral del uribismo.

Ahora, la Corte Constitucional (que está en manos del uribismo como el Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia que ha sido incapaz de procesar a Uribe) tenía otra opción: devolver el decreto para pedir que se incluyeran las firmas faltantes, y no tumbarlo. Es claro que se trata de una trampa orquestada en alianza con el jefe de Estado, y de una decisión que va en contra de quienes más están sufriendo la precariedad y la desprotección del Estado, incrementada bajo la cuarentena que ya completa cuatro meses.

Ahora, la respuesta salvadora ante la crisis que plantea la Corte, vendrá del ejecutivo, como si se tratara de una puesta en escena. El presidente Duque saldrá presuroso a resolver la crisis, explicando que la única salida es declarar de nuevo el estado de emergencia, que es un estado de excepción que le autoriza a expedir normas mediante fuerza de decreto sin tener que surtir trámite alguno ante el Congreso. De hecho durante estos meses el número de decretos ha sido exagerado, y de estos, solo la mínima parte se refiere a medidas para contener la expansión del Covid-19.

El artículo 215 de la Constitución política del país, indica que el presidente podrá, contando con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no excedan los noventa días en el año calendario.

Estamos ante un «pasivo» golpe democrático. Se impone un gobierno autoritario, que además de ilegítimo, vulnera derechos de los ciudadanos, quebranta la esencia de un Estado social de derecho y arremete contra los sectores más vulnerables del país.

El deterioro en la justicia que hoy sirve al uribismo es innegable; el legislativo, que ya no ejerce control político por mandato del gobierno nacional, está bajo dominio de la bancada de gobierno, el ejecutivo sirve más al uribismo que a la constitución y a la nación, y además, el gobierno cuenta con un Fiscal de bolsillo, el viejo amigo del presidente, que utiliza la Fiscalía para perseguir opositores, pasear por el país como si estuviera en tarea proselitista, frenar investigaciones sobre los dineros de la mafia que entraron a la campaña de Duque para la compra de votos (campaña de la que hacía parte el mismo fiscal) y obtener beneficios políticos.

La situación es preocupante. Otro ejemplo contundente sobre la caída de la democracia colombiana y el uso de los organismos del Estado para la persecución político, es la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación contra Gustavo Petro, por supuesta financiación irregular de su campaña, en alusión a la entrada de 360 mil pesos (USD$98) donados por varios maestros.

Es extraño que se indague la campaña de Petro en busca de dinero proveniente de Venezuela cuando se sabe que de ese país ingresaron recursos poco claros a la campaña de Duque, en la que, además, habrían entrado dineros del narcotráfico para compra de votos, como se afirma en las conversaciones interceptadas entre personas de máxima confianza del expresidente Álvaro Uribe con un reconocido testaferro y narcotraficante del caribe colombiano. Que un magistrado, que milita en el Centro Democrático y debe su puesto al uribismo sea el ponente de la iniciativa contra Petro, refleja claramente la intencionalidad política detrás de la arbitraria decisión.  En Colombia está muriendo la democracia.

¿Qué nos queda entonces como nación?

RESISTENCIA Y MÁS RESISTENCIA

DESOBEDIENCIA CIVIL

RESISTENCIA Y MÁS RESISTENCIA.

No hay más.

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