La extrema derecha inició su fase más violenta, peligrosa opción del golpismo

Violencia focalizada pero constante. Jóvenes asesinados, secuestros, amenazas, saqueos, incendios. El chavismo responde en las calles y en paz; presentó las bases del debate y puso fecha a las elecciones.

Al llamado a una Asamblea Constituyente la extrema derecha respondió con violencia. Una nueva fase del terrorismo se abrió tras la convocatoria del gobierno bolivariano. A la violencia en las calles con muerte y saqueos se sumaron acciones armadas, ocupación de edificios públicos y privados y la toma de barrios y espacios abiertos.

La derecha perdió batallas en pocas semanas: las denuncias de ilegalidad de la convocatoria constituyente, su falso compromiso con el diálogo y, más determinante aún, su convocatoria a los militares a dar un golpe contra el presidente Nicolás Maduro. Otra de sus banderas ardió cuando el 23 de mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a comicios para gobernadores y consejos regionales el 10 de diciembre próximo.
Al extremismo le quedó entonces subir el grado de la violencia utilizada hasta ahora: tomar barrios, asesinar policías y civiles y responsabilizar al Gobierno por la muerte de medio centenar de personas, en su mayoría jóvenes.
Maduro ordenó dispersar las manifestaciones violentas sólo con agua y gases. También indicó dejar de usar pistolas con municiones de plástico. Ninguna fuerza utilizará armas letales o que pueda provocar lesiones irreversibles a la población. El objetivo es aislar la insurrección armada, los movimientos extremistas, y la violencia nazi fascista.
El Gobierno apeló insistentemente al diálogo y a la paz para frenar la confrontación armada más grave en 18 años de Revolución Bolivariana. El jefe de Estado alertó con claridad el 21 de mayo en su programa Los Domingos con Maduro: “en Venezuela estamos enfrentando una grave agresión, una grave amenaza fascista”. Insistió en que “Venezuela debe tener consciencia (de que) fuerzas violentas han tomado el camino del odio, de la intolerancia, de la destrucción generalizada”.
Para ese día las cifras oficiales señalaban que el plan violento accionado desde comienzos de abril dejó más de 50 personas fallecidas, más de 900 lesionados; daños millonarios a bienes públicos y privados; más de 1.200 comerciantes resultaron afectados y más de mil locales sufrieron destrucción, saqueos y violencia; más de 120 unidades de Metrobus fueron destruidas en todo el país (luego fueron quemadas otras 53); el servicio del Metro Caracas amenazado, el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez de El Valle fue quemado y al Materno Infantil de Carrizal, en el Estado Miranda, fue asediado. También fueron atacados bibliotecas, escuelas y distintos espacios públicos y privados.
Maduro describió que las acciones han tenido como principal foco al municipio Chacao, en el Estado Miranda, donde “han anidado a un grupo de delincuentes que bajo efectos de drogas, odio y desprecio por la vida han hecho estragos por varias semanas. Han matado jóvenes venezolanos de sus propias filas, con chopos, metras y rolineras”.
Alertó que “una corriente política nazi-fascista basa su ideología en el desprecio, la persecución, el odio por razones ideológicas, políticas, raciales, sociales (que) ha infectado el sentimiento y el pensamiento en miles de compatriotas, que se creen con el derecho a perseguir a otros compatriotas por el simple delito de ser venezolano o de ser chavista o de ser revolucionario”.

Violencia muy grave
El 20 de mayo en el municipio Chacao resultó quemado y apuñalado el joven Orlando José Figuera, confundido en medio de una manifestación opositora. De manera simultánea se realizaron varios allanamientos que dejaron cerca de dos decenas de detenidos entre integrantes del partido Voluntad Popular y jóvenes reclutados con dinero para ejercer la violencia en las calles. Fueron decomisados camiones de bombas molotov, gasolina, guantes, metras, cohetones, máscaras antigas y escudos. También fueron detenidos los acusados de quemar 53 autobuses en una sola noche y de participar de la acción en la que fue atacado Figuera.
El Presidente ordenó también el despliegue de dos mil efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas especiales en el Estado Táchira después de que se produjera un ataque “sin precedentes” de civiles contra instalaciones militares y policiales. El ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, alertó que “la ola de violencia en Táchira raya la insurgencia armada”.
El 16 de mayo el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que fueron detenidos seis “paramilitares colombianos” en Táchira, que usaban uniformes de la GNB y que “la derecha terrorista ha contratado para que se involucren en estos actos violentos”.
Algunos barrios del Estado Táchira, zonas en el este de la ciudad de Caracas y calles de la localidad de San Antonio, a 15 kilómetros de la capital del país, mostraban imágenes elocuentes de la nueva fase golpista. Ataques a gasolineras, amenazas a los conductores de buses para que no salgan a trabajar y secuestro de funcionarios públicos. Testigos de estas acciones reportaron para América XXI ataques a personas, incendios, golpes a personas a las que consideran infiltradas en las marchas opositoras; ataques a policías y a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana; atentados en los centros comerciales.
El lema de estos grupos es “calle sin retorno”, amparados en el apoyo interno y externo. El objetivo es provocar a las autoridades y contagiar a otros sectores críticos para que se sumen a la violencia. El recrudecimiento de la insurgencia armada hizo ver que algunos sectores de la comúnmente llamada oposición se apartaron de los partidos más violentos aunque no lo digan públicamente porque sería asumir la derrota. Las acciones son constantes en manos de gente bien entrenada pero es patrimonio de unos pocos ya identificados por las autoridades.
“Encapuchados mandan en San Antonio de los Altos, un suburbio ubicado a unos 15 kilómetros de Caracas, la capital venezolana”, escribió el 18 de mayo Víctor Hugo Majano para el periódico Ciudad Caracas. “En los últimos cuatro días la ciudad no ha recibido nuevas provisiones de alimentos ni de bienes esenciales, tampoco combustible ni suministro de agua. La libre movilidad está restringida”, detalló.
“Quienes mantienen cercado y aislado el municipio son jóvenes de entre 17 y 34 años, sin filiaciones partidistas formales, pero con un literal odio (así lo declaran) al chavismo y al presidente Nicolás Maduro”, relató.

Estado de excepción
Frente a esto, desde el 13 de mayo rige en todo el territorio venezolano y por 60 días el estado de excepción que busca “preservar el orden interno”. La medida fue decretada por el Presidente Maduro ante “el asedio contra la recuperación de la economía venezolana” y por la “actitud hostil” de la derecha que llamó “desconocimiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas”.
Por esos días el jefe del Estado responsabilizó al diputado opositor presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges de ir a Estados Unidos para organizar planes de agresión. “Sostuvo reuniones con los más altos representantes encargados del aparato militar. Fue a convalidar los planes de agresión interna y externa contra nuestra Patria”, manifestó.
Reportes en el exterior y violencia en el interior, ejes de una misma reacción ultraderechista que parece no dispuesta a retroceder. La Revolución Bolivariana no abandona sus históricas banderas: cohesión gubernamental, movilización popular, debate constituyente y respuestas en paz. La situación ha llegado a un punto tal que no hay salidas intermedias: una de las dos posiciones se impondrá.

Convocatoria popular

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ya tiene fecha, será a fines de julio. Lo anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que el presidente Nicolás Maduro entregara su decreto con la propuesta de bases electorales para elegir los redactores de una nueva Carta Magna. Los futuros miembros de la ANC serán elegidos mediante el voto directo, universal y secreto por cada territorio y también por sector social: empresarios; campesinos y pescadores; personas con alguna discapacidad; estudiantes; pueblos indígenas; trabajadores; comunas y consejos comunales; pensionados.
La ANC estará integrada por 540 miembros electos: habrá uno por cada municipio, dos por cada municipio que sea capital estatal y siete por el municipio Libertador de Caracas, más ocho constituyentes de los pueblos indígenas.
El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tomó por sorpresa a casi todos dentro y fuera de Venezuela. La derecha nacional, que meses atrás levantaba engañosamente las banderas de la constituyente, se vio descolocada en medio de su ofensiva golpista y para argumentar su rechazo inmediato aseguró –entre otras cosas– que la convocatoria era ilegal. Según dijeron sus dirigentes, e incluso algunos sectores que se reivindican como “oposición de izquierda”, el llamado a una ANC sólo puede hacerse mediante un referendo. Pero eso es falso.
La convocatoria que Maduro hizo por decreto, invocando al Poder Constituyente Originario, se apoya en el artículo 348 de la Constitución de 1999: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”, afirma el texto constitucional. Así lo hizo Maduro. El artículo siguiente (349) agrega además que “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente” y el número 347 determina que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”.
El argumento de este llamado fue presentado con claridad por el gobierno venezolano: ante la negativa de la oposición a sentarse a dialogar y abandonar las acciones violentas y la vía golpista, el diálogo nacional y la discusión de ideas deben tener lugar directamente en la población, al margen de los partidos políticos. El Presidente aseguró que estuvo “16 semanas” llamando a la oposición al diálogo “para buscar a través de la palabra acuerdos de paz para el país”, pero que al concluir el mes de abril quedó claro que “no van a detener su plan fascista”.
Características
“Convoco a una Constituyente profundamente obrera, comunal, del pueblo”, dijo Maduro el 1 de mayo al recibir la marcha realizada por trabajadores en una fecha de enorme peso simbólico para la clase obrera. Acto seguido puso la ANC en manos del “poder constituyente originario” y declaró que no se trata de una constituyente de partidos políticos, sino de “la clase obrera y el pueblo”.
El carácter “obrero y popular” de la ANC y su realización por fuera de los aparatos partidarios tiene algunas implicancias metodológicas fundamentales. Entre ellas, que las elecciones de los constituyentes se harán tanto en el ámbito territorial como sectorial.
Para conducir el diálogo con todos los sectores Maduro creó una Comisión Presidencial de 14 miembros encargada de elaborar las bases comiciales territoriales y sectoriales entregadas al CNE el 23 de mayo. Sus miembros fueron: Elías Jaua, presidente de la comisión; Adán Chávez; Cilia Flores; Aristóbulo Iztúriz; Delcy Rodríguez; Iris Varela; Isaías Rodríguez; Francisco Ameliach; Reinaldo Muñoz; Elvis Amoroso; Hermann Escarrá; Noelí Pocaterra; Earle Herrera; Remigio Ceballos.

Fundamentos y objetivos
El Decreto 2.830, firmado por Maduro al momento de anunciar la ANC, fundamenta que la decisión de su convocatoria tiene “la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz en el país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional”. En este contexto, el mandatario venezolano consideró “un deber histórico ineludible convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tomando como fundamento el proceso popular constituyente, legado del Comandante Hugo Chávez y la Constitución pionera y fundacional de 1999”.
En el mismo texto legal, Maduro fijó nueve objetivos programáticos de la ANC. El principal es garantizar la paz en el país mediante el diálogo nacional y la reorganización del Estado, para superar “el actual clima de impunidad”. El segundo punto en importancia es redefinir el sistema económico nacional “a partir de la creación de nuevos instrumentos que dinamicen el desarrollo de las fuerzas productivas, así como la instalación de un nuevo modelo de distribución (de productos) transparente que satisfaga plenamente las necesidades de abastecimiento de la población”.
Otro objetivo clave es dotar de rango constitucional a las Misiones y Grandes Misiones Socialistas, para preservar y ampliar los derechos sociales de la población. También se pretende dar mayores competencias a la justicia para que responda mejor ante casos de homicidios, secuestros, violaciones y extorsiones, así como frente a otros delitos como el contrabando de extracción, la especulación, la corrupción, la promoción del odio social, el terrorismo y el narcotráfico.
El quinto punto es vital: constitucionalizar las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, “a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del poder popular”, entre los que se incluyen las comunas, consejos comunales, consejos de trabajadores y otras formas de organización de base.
Los restantes objetivos apuntan a reforzar la defensa de la soberanía política, económica y territorial de Venezuela, y la consolidación de un mundo pluripolar para garantizar la seguridad y el derecho internacionales; reivindicar el carácter pluricultural del país para la convivencia pacífica; incorporar derechos específicos para la juventud, como a la vivienda y el trabajo; proteger la biodiversidad y promover una cultura ecológica.
“Yo confío en el pueblo, yo confío en ustedes, yo confío en la victoria de la constituyente”, reafirmó Maduro. En un momento de dificultades, el presidente venezolano volverá a apoyarse en la voluntad popular, pero apelando a la verdadera democracia participativa con el debate de ideas como herramienta fundamental.