Desigualdades sociales desataron grandes manifestaciones

Contrastes sociales, falta de empleo, aumento de tarifas y quita de subsidios detonaron una serie de protestas a fines de diciembre y principios de enero. La injerencia extranjera aportó lo suyo.

A fines de diciembre la ciudad de Mashad, al este de Irán, fue escenario de la primera de una cadena de protestas callejeras que se extendió a distintos puntos del país en los días subsiguientes, incluyendo Teherán, la capital. El reclamo, al menos inicialmente, se centró en las críticas a la situación económica, debido al aumento de la pobreza y la desocupación, con pedidos de aumento de salarios y cuestionamientos a la corrupción y al régimen teocrático.
Días antes de que estallaran las manifestaciones, el recientemente reelecto presidente, Hasán Rouhani, había anunciado el proyecto de presupuesto para el año 2018, que contempla una reducción del 15,3% en inversión para infraestructura. A su vez, la proyección de gastos –que debe ser aprobada por el Parlamento el próximo 21 de marzo– incluye un ajuste en subsidios para los sectores de menores ingresos, que afecta a 34 millones de personas –el 40% de la población– y un aumento de tarifas, entre ellas las de combustibles, que será del 50% al terminar 2018.
Lo más destacable del presupuesto de austeridad presentado por Rouhani es que por primera vez se hacen públicos los fondos destinados por el Estado a las fundaciones religiosas y organizaciones militares (8 mil millones de dólares). Producto del fallido proceso de privatizaciones de inicios de la década de 1990, el clero se quedó con el control de fundaciones millonarias y la Guardia Revolucionaria con buena parte de la industria básica y empresas de servicios. La crítica a este gasto también estuvo presente en las manifestaciones.
Pese al último aumento del PIB, producto de la recuperación de las explotaciones petroleras, la situación socioeconómica sigue siendo compleja, ya que no hay creación de empleo ni mejoras laborales para amplias franjas de la población. Al bajo poder adquisitivo de los salarios producto de la elevada inflación (aunque en los últimos años descendió al 10% interanual) se suma que el 12,4% de la población económicamente activa está desempleada. En la juventud, el índice de desocupación asciende al 29% según datos oficiales. A este panorama se sumó el cierre de algunas fábricas y estafas bancarias (vinculadas a falsos créditos de vivienda y construcción) que aumentaron el descontento social.

Características
Los jóvenes fueron quienes protagonizaron las protestas que duraron desde el 28 de diciembre hasta los primeros días de enero. Tanto trabajadores como estudiantes universitarios salieron a las calles a manifestarse. Mayoritariamente y en los comienzos, las movilizaciones fueron pacíficas y expresaban reclamos genuinos, que incluso las propias autoridades iraníes reconocieron. Pero a medida que pasaron los días ocurrieron varios hechos focalizados de violencia: intentos de saqueos, incendios de edificios públicos y hasta ataques armados contra las fuerzas de seguridad. También se fueron sumando consignas que cuestionaban al conjunto del gobierno de Rouhani, lo que encendió sospechas sobre posibles conspiraciones.
Entre el 2 y 3 de enero, la masividad de las manifestaciones se fue reduciendo y los grupos violentos quedaron más expuestos. Tras las detenciones masivas de manifestantes y las marchas posteriores a favor del Gobierno y la Revolución Islámica, la situación quedó casi totalmente controlada. Quienes se manifestaron en apoyo a Rouhani portaron incluso pancartas sobre la situación económica para demostrar la legitimidad de los reclamos expresados en las primeras protestas. También repudiaron las amenazas de Estados Unidos de ejecutar nuevas sanciones contra el país.
El 3 de enero el comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohamad Ali Yafari, anunció “el fracaso de la sedición” y sostuvo que el total de manifestantes a nivel nacional “no superó los 15 mil”, aunque otras fuentes, como Al Jazzera, hablan de 42 mil personas. La cifra oficial de muertes fue de 22 personas, incluyendo a efectivos de seguridad. Se reportaron cerca de mil detenciones –opositores denunciaron más de tres mil– y algunos medios publicaron que el ex presidente Ahmadineyad estaba en prisión domiciliaria por incitar las movilizaciones, lo que fue desmentido por su abogado, aunque el ex mandatario enfrenta investigaciones penales.
Desde el Gobierno dijeron que iban a liberar rápidamente a los detenidos en las protestas, salvo a los cabecillas de las acciones violentas, pero no hay certeza de que ello haya ocurrido. Si son acusados de terrorismo, podrían ser condenados a muerte, de acuerdo con la legislación iraní.
En 2016 y 2017 se produjeron alrededor de 1.700 manifestaciones en Irán, según la Alianza de Constructores del Irán Islámico de Ahmadineyad. En su mayoría fueron reclamos centrados en la situación económica y laboral, aunque la juventud y el movimiento estudiantil también tuvo protagonismo.

Descontento social e injerencismo
Las distintas facciones políticas iraníes –distribuidas a grandes rasgos entre “conservadores” y “reformistas”– reconocieron la validez de los reclamos económicos, cuestionaron la violencia y defendieron el orden institucional. La dirigencia político-religiosa iraní, aun con sus disputas y contradicciones internas, afirma que la estabilidad del país no puede ponerse en riesgo y señala la existencia de conspiraciones externas.
Cuando comenzó la violencia, el ayatolá Alí Jamenei, máxima autoridad religiosa y estatal, dijo que “enemigos de Irán” se habían aliado detrás de las protestas y estaban brindando recursos para desestabilizar el país.
Por su parte, uno de los asesores más cercanos a Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Shamkani, coincidió en que “la situación económica carece de la aprobación de una parte de la nación”, pero afirmó que “potencias extranjeras se encuentran interfiriendo en los asuntos domésticos del país”. Específicamente señaló a Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos y el Reino Unido de querer “colapsar al país desde adentro”.
Shamkani también dijo que un 27% de los mensajes subidos a la red social Twitter vinculados a las protestas provenían de cuentas localizadas en Arabia Saudita. Por eso el gobierno iraní incrementó las restricciones en el uso de redes sociales e internet. A Facebook e Instagram (bloqueados en 2009) se sumó el servicio de mensajería Telegram, de gran popularidad en el país (alrededor de 40 millones de usuarios), que ha sido señalado como el principal canal de convocatoria y difusión de las manifestaciones.
Desde el exterior no tardó en pronunciarse el presidente Donald Trump: “El gran pueblo iraní ha sido reprimido durante muchos años. Están hambrientos de comida y libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo saqueada, ¡Es hora de un cambio!”, publicó en Twitter. Y advirtió que “Estados Unidos está vigilando”. “Mucho respeto al pueblo de Irán en su intento de recuperar su corrupto gobierno. ¡Verán un gran apoyo de los Estados Unidos en el momento adecuado!”, agregó sobre la misma población a la que le prohibió por decreto el ingreso al país por ser de una “nación terrorista”.
En el mismo sentido se expresó el israelí Benjamin Netanyahu, quien elogió a los “valientes manifestantes y sus exigencias de libertad y justicia”, y aseguró que “iraníes e israelíes volverán a ser grandes amigos cuando caiga la República Islámica, algo que sucederá algún día”. El director del Mossad, Yossi Cohen, agregó que “Israel tiene ojos, oídos e incluso más” en Irán.
La respuesta de Teherán no tardó en llegar. El fiscal general de Irán, Mohamad Yafar Montazeri, denunció que “el principal mentor de este plan (las protestas violentas), fue un estadounidense llamado Michael Andrea, ex agente de la CIA”. La hipótesis fue ratificada por el corresponsal en Medio Oriente del diario británico The Independent, Robert Fisk, que publicó un artículo resaltando las similitudes de los sucesos iraníes con el proceso sirio. “Casi las mismas tácticas, la misma puesta en escena”, escribió. Y se preguntó por el silencio que ronda las actividades recientes de Andrea, a quien The New York Times considera una pieza clave de la política de Trump hacia Irán.
A este nuevo capítulo en las tensiones entre Washington y Teherán se le sumaron sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra 14 personas y entidades iraníes, incluido el jefe del Poder Judicial.
Sin embargo, pese a las amenazas, Trump ratificó la continuidad del acuerdo nuclear en enero, aunque sólo por 120 días más. Si no hay cambios en lo firmado, el presidente estadounidense aseguró que retirará al país del acuerdo internacional, lo que generaría una mayor inestabilidad en la región.

Julia de Titto