Renuncia del Presidente y crisis política en Perú

Pedro Kuczynski abandona el Palacio de Gobierno luego de presentar su renuncia el 21 de marzo.

Pretendió encabezar la ofensiva contra Venezuela desde el Grupo de Lima y sólo cumplió un tercio de su mandato. Será recordado como el presidente que indultó a Fujimori. Amplio descontento social.

“¿Ahora quién me va a recibir en la Cumbre de las Américas?”, preguntó con sorna Nicolás Maduro sobre el evento de este mes en Lima. El último mandado cumplido por el entonces presidente peruano, Pedro Kuczynski, había sido desinvitar al mandatario venezolano a la reunión continental de presidentes que se realiza cada tres años. Antes, en agosto de 2017, el ex jefe de Estado había aceptado que el país fuera la sede del último engendro regional contra Venezuela: el Grupo de Lima, formado por 14 gobiernos y dirigido desde Washington.

Desde entonces, Kuczynski intentó ser la punta de lanza contra la Revolución Bolivariana y el aliado más confiable para Donald Trump. Pero su rotundo fracaso terminó por exponer la extrema debilidad del llamado “giro a derecha” producido con el cambio de varios gobiernos de la región desde hace poco más de dos años.

Una de las últimas muestras del papel desempeñado por el empresario devenido presidente tuvo lugar en Estados Unidos a fines de febrero. Allí, tras ser condecorado por la Universidad de Princeton –de la que fue alumno– Kuczynski afirmó en un discurso público que el gobierno estadounidense “no invierte mucho tiempo en América Latina” porque la región “es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”, con la “excepción de Venezuela”.

Menos de 30 días después, el amo no salió en defensa de su mascota y cuando el Congreso se preparaba para votar la destitución presidencial por “incapacidad moral”, ante los vínculos de corrupción expuestos con Odebrecht, Kuczynski renunció a su cargo. No pudo siquiera llegar a la Cumbre de las Américas.

En su reemplazo asumió el vicepresidente Martín Vizcarra, ausente de la escena pública durante el último tiempo (ver recuadro).

Debacle interna

Inestabilidad política y descontento social marcaron el derrotero de un gobierno que no llegó a cumplir 20 meses al mando del país, aunque fue electo para un período de cinco años. Tras un escaso 21% en primera vuelta y empujado por el rechazo mayoritario de la población al fujimorismo, Kuczynski ganó el balotaje en 2016 con la promesa de no indultar al ex dictador preso. Su perfil de empresario experimentado, con supuesta capacidad de gestión y planes de infraestructura para modernizar el país terminaron de generar algunas expectativas para su llegada al poder.

Como los anteriores tres presidentes que gobernaron Perú desde la caída de Fujimori a fin del año 2000, el dirigente derechista de 79 años concentró un amplio rechazo social. Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) salieron del Palacio de Gobierno con mínimos apoyos y alta imagen negativa, pero llegaron a cumplir sus mandatos. Con Kuczynski, Perú aceleró su crisis política y se multiplicó el repudio de la población a los partidos e instituciones nacionales.

Pese a haber renunciado, los problemas para el ex mandatario no terminaron. Un día después de su salida de la presidencia, la justicia le prohibió abandonar el país durante 18 meses y realizó un allanamiento en sus dos viviendas. Las investigaciones de corrupción sobre Odebrecht ya dejaron en prisión preventiva a Humala y provocaron el pedido de extradición de Toledo, que vive en Estados Unidos.

Kuczynski fue ministro durante el gobierno de Toledo y un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) demostró que una sociedad unipersonal del ex presidente y otra de su socio chileno, Gerardo Sepúlveda, recibieron ininterrumpidamente dinero desde Odebrecht entre 2004 y 2012. La UIF expuso además las transferencias realizadas desde estas empresas falsas a cuentas bancarias de Kuczynski entre 2005 y 2017, año en el que ya ejercía la Presidencia. Será investigado por corrupción y podría terminar en la cárcel.

Mejor le va a Alberto Fujimori, que tras ser condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad recibió un “indulto humanitario” por parte de Kuczynski, a pocos días del fin de 2017. Con esa medida, fruto de un acuerdo espurio con un sector del fujimorismo, el empresario creía haber logrado evitar una eventual destitución por parte del Congreso para poder terminar su mandato. Tres meses después debió dejar el Palacio de Gobierno.

Sin rumbo
El mes anterior a su renuncia, la popularidad de Kuczynski era de apenas 19% y su rechazo ascendía al 75% según encuestas. Pero fuera de su figura, el panorama no es mucho mejor para los principales dirigentes y partidos políticos del país.

La funcionaria de más alto perfil durante el último período presidencial era la Primera Ministra, Mercedes Aráoz, que en los mismos sondeos de opinión de febrero recogió 56% de desaprobación y 26% de apoyo. Un porcentaje similar mostraron por entonces los dos hijos –enfrentados– de Alberto Fujimori que encabezaban su agrupación: Keiko, ex candidata presidencial, y Kenji, con proyecto propio para desplazar a su hermana. Sin embargo, ambos tienen un nivel de rechazo social superior al 60%.

Otro dato clave: todos los posibles candidatos presidenciales para una eventual elección anticipada tienen mayor nivel de desaprobación que imagen positiva. En la última encuesta de Ipsos, en marzo, el 25% aseguró que votaría en blanco, nulo o no asistiría si hubiera elecciones presidenciales en este momento.

Lo mismo ocurre con los demás poderes públicos. El actual Congreso, de mayoría fujimorista, concentra un amplio repudio: 72% de opiniones negativas, y el Poder Judicial, 69%. Son números que reflejan el gran malestar del conjunto social contra las instituciones públicas y sus representantes.

La actual crisis política pone al fujimorismo –por derecha– y al movimiento Nuevo Perú –por izquierda– en el centro de la escena, que además deja espacio para la irrupción de figuras ajenas a los partidos tradicionales.

La extrema derecha atraviesa una guerra interna por la disputa entre los hijos de Fujimori. El sector mayoritario, de Keiko, expuso 48 horas antes de la sesión del Congreso que preparaba la destitución de Kuczynski una serie de videos que terminaron de hundir su débil gobierno. Allí se ve a Kenji Fujimori y otros dirigentes cercanos a él, intentar convencer a un congresista para que vote a favor del ahora ex presidente, a cambio de dinero y obras para su región.

El doble impacto provocado por la hija del ex dictador llevó el enfrentamiento interno a nivel público. Kenji denunció el “comportamiento delincuencial” de su hermana por grabar y difundir reuniones privadas, y amenazó con testificar contra ella en la investigación judicial por los aportes de Odebrecht a la última campaña presidencial del fujimorismo.

El mayor movimiento de la izquierda peruana, liderado por Verónika Mendoza, busca sostener la iniciativa política con dos objetivos: reforma constitucional y elecciones generales anticipadas. “Pedimos al señor Martín Vizcarra que impulse rápidamente una reforma política electoral profunda, para que estas nuevas elecciones puedan ser de verdad (…) para que no vuelvan los que nos llevaron a esta crisis pretendiendo darnos reglas de moral”, exigió Mendoza y denunció el uso de “dinero sucio en la política”.

La reacción social frente al nuevo gobierno y ante los problemas sociales y económicos estructurales serán determinantes para el futuro cercano de un país sumergido en una profunda crisis política.

I.D

De embajador en Canadá a presidente de Perú

Martín Vizcarra se desempeñaba como embajador en Canadá cuando fue notificado de la renuncia de Kuczynski el 21 de marzo. Tras su asunción como vicepresidente en 2016 tuvo escasa presencia pública y una corta gestión como ministro de Transporte.

En su breve paso por el gabinete ministerial, el ahora jefe de Estado fue acusado de un supuesto caso de corrupción. Ingeniero civil de profesión y dedicado al negocio privado de la construcción durante la mayor parte de su vida, Vizcarra fue denunciado en marzo de 2017 por la Procuraduría Anticorrupción. El motivo: favorecer a un consorcio de empresas para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, en Cuzco. Pero Vizcarra renunció de inmediato al explotar el caso y la investigación judicial se archivó.

Sin el respaldo de un partido político ni apoyo social, el nuevo Presidente apuesta a un gabinete de ministros totalmente modificado, la ruptura con Kuczynski y un conjunto de acuerdos legislativos para llegar hasta 2021 en su nuevo cargo.