Los países del Alba reclaman el fin del intervencionismo y la contrarrevolución

La burguesía latinoamericana pone en Trump los argumentos de su propio fracaso. Sin rumbo, varios presidentes socialdemócratas y de derecha piden unidad latinoamericana para enfrentar a Washington.

Donald Trump provocó un tembladeral en buena parte de América Latina. Los gobiernos liberales de nuestra región ven peligrar sus propias economías y transformar a sus países en verdaderos polvorines sociales. El futuro de México, Chile y Centroamérica quedó en manos del presidente electo de Estados Unidos mientras que Argentina y Brasil leyeron un mundo del siglo pasado y hacen agua con su estrategia de sumisión. Un poco más alejados del epicentro del terremoto los países del Alba reclaman el fin del intervencionismo que alcanza en Venezuela su versión más destructiva.
Hay países que tienen razones para preocuparse. La prometida expulsión de cientos de miles de latinos de los Estados Unidos provocaría un caos social e impediría que miles de millones de dólares en remesas ingresen a cada país de origen de los inmigrantes. En efecto, los dólares que envían a sus familias son unos de los principales motores económicos de varias naciones.
Hay un segundo factor de extrema preocupación: cuando Trump hace referencia a la revisión de Tratados de Libre Comercio (TLC) o cuando promueve una economía más cerrada también habla de América Latina. De concretarse aunque sea parcialmente ambas acciones –expulsión de inmigrantes y comercio proteccionista– pondrán en serios problemas a las economías excesivamente dependientes de Washington.
Esta lógica desvela a gobiernos y al poder económico de México, Chile, Perú, Colombia y a países de Centroamérica. Precisamente estos cuatro primeros integran la Alianza del Pacífico y los tres últimos adhieren al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), al que Trump confirmó que renunciará. La tendencia también preocupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Aunque resulte paradójico, algunos de tendencia socialdemócrata como Panamá, México y Chile promueven la unión latinoamericana y mundial contra “la pérdida de valores”.
De la misma manera que los países de economías liberales tambalean de sólo pensar en las consecuencias sociales y económicas de la administración Trump, los gobiernos del Alba plantean otras preocupaciones: tras duros años de intentos de golpe de Estado piden al nuevo presidente que acabe con las políticas injerencistas, que detenga la violación a la soberanía de los pueblos y que rompa con la protección que Washington da a funcionarios delincuentes y políticos desestabilizadores.

Del TPP al Nafta

México es el caso más crudo. Atraviesa por todas las variables ya mencionadas: TLC, acuerdos productivos bilaterales, inmigrantes y remesas. “Somos amigos, socios y aliados; debemos seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte”, escribió el presidente Enrique Peña Nieto horas después del cimbronazo del 8 de noviembre. Apeló luego a la unidad de los mexicanos: “el futuro depende exclusivamente de nosotros mismos’’. Trump y Peña Nieto hablaron por teléfono al día siguiente del triunfo del republicano y acordaron reunirse si es posible antes de la asunción para escribir “un nuevo capítulo” en la relación “que implica un cambio, un reto, pero también una gran oportunidad”, según dijo el mexicano.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, admitió que las relaciones entre ambos países “seguramente van a cambiar”. Pero los mexicanos no necesitaron esperar al 20 de enero para conocer las primeras consecuencias. El peso se desplomó y superó el valor histórico de 20 unidades por dólar; la bolsa cayó significativamente; algunas iniciativas empresarias y gubernamentales a futuro se estancaron; miles de personas iniciaron un lento retorno desde el norte y otras comenzaron a desestimar su idea de cruzar la difícil frontera hacia Estados Unidos. El poder político y económico de México sostiene que los grandes capitales pondrán en caja a Trump y muchas de sus amenazas quedarán en eso. Se escudan en que México es la principal fuente de inversión extranjera en Estados Unidos y que hay una inercia establecida entre ambas economías.
México mantiene una estrecha relación económica y comercial con Estados Unidos tanto de manera oficial como en el circuito del narcotráfico (imposible soslayar los miles de millones de dólares que ingresan al país producto de las sustancias ilegales que consume más del 15% de los estadounidenses).
Trump ratificó el 21 de noviembre que promoverá sólo “tratados comerciales bilaterales que sean justos” para los Estados Unidos y que, entre otras cosas, “generen riqueza y empleos para el país”. Ya cayó, al menos en sus intenciones, el TPP y seguramente habrá revisión del acuerdo de libre comercio con México y Canadá (Nafta, por su sigla en inglés) que entró en vigencia en 1994. Cifras oficiales señalan que el comercio anual entre ambos países alcanza 500 mil millones de dólares. Las manufacturas generan entre 12 y 17 millones de puestos de trabajo. El diagnóstico del republicano es que el Nafta atenta contra la mano de obra estadounidense.
Ante el temor de un desmadre de la situación Peña Nieto estableció un plan de contingencia económica mientras se esperan definiciones más concretas del mandatario electo. Firmó un acuerdo para que la industria maquiladora (capitales extranjeros que fabrican en México a bajo costo productos que luego son colocados exclusivamente en el país de origen de esos capitales) pueda tomar empleo de quienes lleguen deportados de Estados Unidos. El subsecretario de Migración, Roque Villanueva, sintetizó que “en los ocho años del presidente Obama nos fueron retornados cerca de tres millones de mexicanos; no es algo a lo que no estemos acostumbrados”. Estimó que en la actualidad cerca de 200 mil mexicanos retornan cada año a su país.

Unidos por el espanto

Así como Peña Nieto pide la unidad de los mexicanos para enfrentar lo desconocido, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras reclaman acciones comunes en Centroamérica. Los tres países conforman el llamado Triángulo Norte, la zona de mayor dependencia de las remesas y del comercio con Estados Unidos. Se trata, además, de una de las regiones más pobres y violentas del mundo.
Unas horas después de la victoria de Trump se reunieron los cancilleres de los presidentes Juan Orlando Hernández (Honduras); Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y Jimmy Morales (Guatemala). Al igual que México anunciaron medidas especiales en los consulados en Estados Unidos para asistir a sus conciudadanos y contactarse con asociaciones de migrantes y a abogados.
Los tres países conforman, además, la “Alianza para la Prosperidad”, nombre de fantasía para definir un plan lanzado por Obama para mejorar el desarrollo de los países de los que provienen cientos de miles de migrantes. Los 750 millones de dólares aprobados el año pasado por el Congreso estadounidense no llegaron a Centroamérica y el plan quedó suspendido. Se estima que en Estados Unidos viven entre 1,5 y dos millones de centroamericanos indocumentados y varios millones más en status transitorio o legalizados.
Washington es el principal socio de Guatemala, país que vende al Norte el 40% de sus exportaciones. Los cerca de tres millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos enviarán este año más de 7 mil millones de dólares en remesas familiares, casi el 10% de su producto interno bruto (PIB). Las remesas de hondureños es de casi el 20% del PIB y las de los salvadoreños representan casi el 16% del PIB.
“El círculo (entre El Salvador, Honduras y Guatemala) podría ampliarse a México y luego a los demás países latinoamericanos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, suscribió a esta idea en un coloquio de empresarios en México: la elección de Donald Trump plantea la necesidad de “fortalecer los mecanismos regionales de integración en América Latina y el Caribe, en búsqueda del bienestar común de nuestros pueblos”, curiosamente uno de los pilares en los que apoyó el nacimiento en 2010 de la Celac (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe).
Por fuera de los gobiernos y sin la presión del compromiso formal, el ex presidente Óscar Arias consideró que el nuevo mandatario es “ignorante” y significa un “peligro para la democracia”. Costa Rica coloca en Estados Unidos casi la mitad de sus exportaciones y desde hace 10 años es parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (Cafta), constituido cuando Arias realizaba su segunda presidencia.

A mitad del río

Uno de los primeros presidentes de Latinoamérica en hablar con Trump luego de Peña Nieto fue Juan Manuel Santos. El colombiano se aseguró al menos telefónicamente “fortalecer la relación especial y estratégica” entre ambos países. En materia de estrategia política y militar nada indica que Colombia no seguirá siendo el principal aliado de Washington en la región aunque hay una fuerte incógnita sobre el futuro de la Alianza del Pacífico, que tiene en Bogotá a uno de los mejores alumnos de este bloque promovido desde el Norte.
Otro de los jefes de Estado que se anotó entre los privilegiados por hablar con Trump fue el argentino Mauricio Macri, quien en plena campaña había calificado al candidato como un “chiflado”. Desde su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2015, comenzaron los acercamientos con Washington para establecer un TLC bilateral o con el Mercosur. Lo anunció públicamente el ministro de Producción Francisco Cabrera, apenas 10 días antes de la elección en Estados Unidos. También hubo acercamiento a la Alianza del Pacífico e interés por el Acuerdo Transpacífico (TPP). En esa línea, el gobierno argentino apostó públicamente por Hillary Clinton y quedó empantanado ante el triunfo de Trump, un viejo conocido del padre del Presidente en el ámbito de los negocios.
El presidente de Brasil, Michel Temer, emergente del golpe contra Dilma Rousseff el 31 de agosto pasado, sostiene que con Trump “no cambiará nada en las relaciones” entre ambos países porque “existen relaciones institucionales, o sea, entre Estado y Estado” por encima de los gobiernos. Al igual que Argentina, Brasil diversificó en los últimos 15 años sus acuerdos económicos tal como lo explica el crecimiento de inversiones europeas, chinas, rusas y de otras latitudes. La llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos encontró a la derecha brasileña intentando volver al alineamiento automático.
Esta nueva era encuentra al Mercosur, previo aislamiento de Venezuela, en un intento de reeditar el complejo TLC con la Unión Europea y levantando las banderas del libre comercio global. Buenos Aires y Brasilia entienden que si la economía estadounidense se cierra se abrirán nuevos mercados y nuevas fronteras y entonces la llegada de Trump generará oportunidades en otras latitudes.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, reivindicó delante de la burguesía paulista el compromiso de su país para firmar nuevos TLC sin salirse del Mercosur. Mencionó actuales o posibles TLC con la UE, México, China y Chile. Pero no mencionó a Estados Unidos pese a que hasta un par de semanas antes promovía un acuerdo de libre comercio con Washington. “Abrimos un compás de espera para hablar de Trump, lo haremos sobre hechos concretos”, dijo.
Pese a la cautela de Vázquez, su ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo que el triunfo de los republicanos es “preocupante” para Uruguay “porque son muchas las consecuencias que están en juego”. Recordó que “Estados Unidos es (para Uruguay) el cuarto mercado en cuanto a la exportación de bienes en su conjunto”. Astori es desde la primera presidencia de Vázquez (2005-2010) el mayor impulsor del TLC con Estados Unidos frente a la resistencia de la izquierda dentro del Frente Amplio.

Muro contra el muro

Junto a México, Chile encabeza el dudoso privilegio de ser el país latinoamericano con más TLC firmados. En Santiago la presidenta Michelle Bachelet, al igual que Macri en Argentina, quedó desairada por el apoyo a Hillary Clinton durante la campaña. Su ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, afirmó que luego del 8 de noviembre “el mundo se torna un poco más incierto y difícil (porque) traerá aparejado cambios en Estados Unidos que tienen que ver con Chile, con América Latina y con el mundo en general”.
El ex presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006), actual precandidato a un nuevo período por el oficialismo, pidió al igual que sus pares centroamericanos y mexicano la unidad de América Latina contra Trump. Interpretó que “una persona que ha llevado adelante una campaña que ha saltado las reglas estará a cargo de la primera potencia mundial económica, militar, científica y tecnológica”. Anticipó “turbulencias” y dijo que el triunfo republicano “no es buena noticia para el mundo y menos para América Latina y Caribe”.
Lagos pidió “reaccionar hoy unidos en torno a lo que ha sido siempre nuestra política exterior: asegurar el cumplimiento de las reglas internacionales, impedir las trabas al comercio internacional que impulsa nuestro desarrollo y exigir el libre tránsito de las personas”. Promovió “una cumbre de países latinoamericanos para protestar porque (el muro) nos afecta a todos. Debemos decir con fuerza y claridad que todos somos mexicanos”.
EL TLC entre Chile y Estados Unidos entró en vigencia en 2004, cuando Lagos era presidente. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente Washington es el mayor inversionista extranjero en la economía chilena, el segundo socio comercial de Chile y el primero en el rubro “servicios” y es el quinto país receptor de inversión directa de Chile en el exterior.

Fin del ciclo

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) se paran frente a Trump desde una óptica diferente al resto. Igual de incierta pero diferentes en sus raíces. Son países que si bien están insertos en la matriz global capitalista no tienen compromisos de libre comercio con Estados Unidos y han logrado diversificar el origen de sus inversiones y también sus alianzas políticas. Esto explica que la principal demanda al nuevo gobierno sea el fin de la injerencia y el fin de la asistencia financiera a los grupos más reaccionarios y golpistas. Los países del Alba no habían puesto muchas más expectativas en las elecciones del 8 de noviembre.
Venezuela adelantó que espera una etapa con “nuevos paradigmas basados en el respeto a la no intervención en los asuntos internos, al derecho al desarrollo y a la paz”. Barack Obama deja su administración con un decreto que coloca a la Revolución Bolivariana como una amenaza para la seguridad estadounidense. La retirada de los demócratas provoca, además, el desbande de las fuerzas contrarrevolucionarias venezolanas (ver recuadro).
De los ocho años del republicano George W. Bush (2001-2009) emergieron en América Latina grandes procesos políticos y sociales antimperialistas y revolucionarios. Pero los grandes grupos de poder de nuestro continente echan de menos a Obama (2009-2016) que se lleva consigo golpes, concretados o fracasados, en Venezuela, Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia y Ecuador. La burguesía latinoamericana silencia, además, años de acoso político, desgaste institucional y ahogo económico sobre la Revolución Bolivariana. La reacción actual de la América capitalista, escudada en cuestiones supuestamente morales y humanitarias, se explica por sí sola: Trump amenaza a una estructura económica dependiente con más sometimiento y mayores exacciones, colocando a las burguesías regionales entre la espada y la pared.

Adrián Fernández

———————-

Sigue en pie la alternativa bolivariana

El camino de Venezuela y el Alba

Aparte el fiasco respecto de Trump, otro pronóstico errado fue el que anunció el fin del gobierno de Nicolás Maduro y, junto a él, de la dinámica política iniciada en 1999 con el triunfo electoral de Hugo Chávez. Fallaron los cálculos de las burguesías americanas que desde el triunfo de la oposición venezolana en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 sostuvieron durante todo el año que la Revolución Bolivariana tenía punto final este 2016.
La asunción de nuevos gobiernos en Brasil y Argentina –también en Perú– que buscan forjar alineamientos directos con Washington y alejar a sus países del proceso de convergencia latinoamericano redibujó el mapa político continental. Pero los cambios gubernamentales no llegaron a la columna de los miembros del Alba: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua.
A pesar de que la prensa internacional no ahorra esfuerzos para proclamar un inminente supuesto final de lo que para evitar llamarlos revolucionarios califica como “populismos”, las relaciones de fuerza al interior de estos países sigue favoreciendo la continuidad de sus gobiernos. En Nicaragua, Daniel Ortega fue reelecto con el 72,5% de los votos en noviembre. Las elecciones alcanzaron una participación del 68%, similar a la de hace 10 años y superior a la de 2013 (61%) pese a que el sector más opositor llamó a la abstención. Esto significa que un 48% del total de empadronados eligió la fórmula Ortega-Murillo.
En Ecuador el candidato oficialista, Lenin Moreno, aparece primero en las encuestas para las elecciones del 19 de febrero y en Bolivia, pese a que tras una campaña plagada de mentiras sobre la vida personal del Presidente fue rechazada en febrero la posibilidad de reelección de Evo Morales en 2019, no hay hoy una alternativa opositora seria a la fuerza gobernante. Mucho menos en Cuba, donde Estados Unidos ya abandonó la estrategia de apostar a los llamados grupos disidentes y reestableció las relaciones bilaterales con la isla. Pero la salida del presidente Obama y la llegada de Trump probablemente restrinjan o incluso congelen el diálogo entre Washington y La Habana.

El chavismo no se doblega

Caracas es el corazón político del Alba y el pulmón del proyecto de unidad regional. Por eso el objetivo central de Washington para América Latina fue y es quebrar a la Revolución Bolivariana para desde allí inclinar la balanza continental a su favor.
Pero Maduro termina el año como vencedor de la batalla política interna y la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) queda fragmentada y sin posibilidades de anticipar la salida del Presidente, cuyo mandato constitucional culmina a comienzos de 2019. Todo indica que el escenario clave de disputa será el económico, donde el Gobierno no logra aún resolver las urgencias, aunque avanza una respuesta que tiene como eje la organización popular en la perspectiva de transición al socialismo (ver pág. 14).
Para el 6 de diciembre estaba prevista la tercera reunión plenaria de la mesa de diálogo instalada el 30 de octubre entre Gobierno y oposición por intermediación del Vaticano y la Unasur. Como desde el inicio, los dirigentes opositores amenazan cada día con abandonar esta instancia mientras sueñan con lograr algún día masivas manifestaciones y la paralización del país para derribar a Maduro. Pero el 3 de septiembre y en los días siguientes quedó demostrado que no tienen la fuerza suficiente para ninguna de las dos cosas y tampoco cuentan con apoyo militar.
Patear la mesa de diálogo podría tener gravísimas consecuencias porque la oposición no pudo poner contra las cuerdas al Presidente. No pudo hacerlo pese a atrincherarse en la Asamblea Nacional, contar con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), apelar referendo revocatorio, jornadas de movilización y el apoyo de la prensa comercial del hemisferio. Si abandona las conversaciones, las acciones violentas surgen como única opción visible. El Vaticano ya fijó posición al respecto: “Si acaso en una delegación o la otra quieren terminar con el diálogo es el pueblo venezolano el que va a perder, porque el camino podría verdaderamente ser el de la sangre”, alertó Claudio María Celli, el arzobispo que el Papa envió a Venezuela.
Abandonar las conversaciones con el oficialismo sería percibido a nivel internacional y en amplios sectores de la población nacional como una irresponsabilidad mayúscula, por eso la oposición pretende construir la idea de que es el Gobierno el que “intenta huir del diálogo”. Así lo afirmó el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, el 24 de noviembre. Otros dirigentes, como Henrique Capriles, se sumaron a la campaña, que tuvo amplia difusión en redes digitales y algunos medios de comunicación.
El día anterior, Maduro se reunió con el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los tres ex mandatarios que ofician como mediadores entre ambas partes, y a la salida del encuentro aseguró que “la mesa de diálogo sigue avanzando, se irá consolidando” y en enero “estará fortalecida”. “El Gobierno se mantendrá firme en este proceso”, ratificó. La semana anterior había vuelto a afirmar su continuidad hasta el fin del mandato: “Dicen que la MUD continuará en la mesa hasta lograr una salida electoral (…) Entonces me alegra mucho que la MUD siga en la mesa de diálogo hasta diciembre de 2018, cuando son las elecciones presidenciales”, sentenció. “Para el próximo año nos estamos preparando para las elecciones de alcaldes y gobernadores. Quiero ver el mapa rojo”, agregó.

Caras opuestas

Torrealba y otros dirigentes opositores sufren un profundo desprestigio al interior de la MUD y en el núcleo duro del antichavismo, que ve fracasar una y otra vez las promesas de poner fin al proceso de la Revolución Bolivariana. “El diálogo no es una trampa del régimen”, se defendió el secretario de la MUD tras sentarse a la mesa de conversaciones que Maduro promueve hace años. También aseguró que la instancia tiene un apoyo “prácticamente planetario”, que va desde la OEA, la ONU y la UE al conjunto de los gobiernos latinoamericanos.
Implícitamente, su posición –en línea con la de un sector de la MUD– avala el calendario electoral oficial, mientras que los grupos más antidemocráticos que encabezan Leopoldo López y María Corina Machado insisten en “el camino de la sangre”, tal como lo denominó el Vaticano. Dificultades similares tienen los sectores opositores en los países del Alba, ante el apoyo de amplios sectores de las poblaciones a sus gobiernos.
Así, los procesos liderados por Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro y Daniel Ortega perduran en tiempos de inestabilidad mundial. Aunque las circunstancias obligan a estos países a enfocar sus mayores esfuerzos hacia dentro, este conjunto sigue teniendo peso propio en la balanza regional y más allá.
Los países del Alba demuestran que las poblaciones latinoamericanas no han girado a derecha pese al cambio de gobiernos que habían quedado a mitad de camino. Saben que la evidente debilidad de los proyectos capitalistas en la región abre una oportunidad para el reimpulso de una verdadera alternativa bolivariana y socialista para los pueblos de América.

Ignacio Díaz