La CIDH confirmó masacres de la dictadura de Bolivia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó las «masacres» de civiles cometidas por la dictadura que se instauró en Bolivia tras el golpe contra Evo Morales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó este martes su informe final sobre las muertes en Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado en noviembre de 2019.
«La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas», indicó la investigación.
La representante del GIEI Patricia Tappatá señaló que «en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas».
«Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH», precisó sobre las masacres de Senkata y Sacaba.
Esos hechos de violencia ocurrieron luego de la asunción de la hoy detenida exmandataria de facto Jeanine Áñez, quien asumió el poder en circunstancias ilegales ante una Asamblea sin quorum ni oposición.
Tras esa situación «particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados», indicó la CIDH que, sin embargo, «no duda en calificar a los hechos de Sakaba y Senkata como masacres».
La experta también hizo foco en la discriminación que sufren algunos bolivianos y que se profundizó en aquellos días de la dictadura.
«La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época deben ser reconocidas y los responsables sancionados», sostuvo.
Recordó que se usó la identidad étnica como criterio de pertenencia o no a la sociedad boliviana y como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes.
El presidente Arce reflexionó que “el GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos».
Agregó que «las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre DDHH”.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
