En un contexto de hambre y pobreza, magnificado por cuenta de la pandemia y la recesión económica en buena parte del mundo, la noticia de una reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, que pretendía gravar la canasta familiar e imponer nuevos impuestos a la clase media y baja de la sociedad, cayó como una bomba sobre el país. De la angustia y el desespero, rápidamente se pasó a la indignación colectiva y de allí al estallido social; a uno de los más grandes en la historia del país.

Además de las habituales masacres, genocidios, saboteo al proceso de paz, auge del crimen organizado y del narcotráfico aliado a poderes políticos dominantes, de una violencia endémica, una injusticia socioeconómica que hace de Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo y con las peores condiciones laborales en América Latina, y una creciente limitación democrática bajo el triunfo desde hace dos décadas de un proyecto político autoritario, buena parte del pueblo colombiano hoy sufre hambre, física hambre y es cada vez más pobre. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), una cuarta parte de los hogares pasaron de tres a dos comidas diarias, 509 mil negocios pequeños cerraron en los primeros diez meses del 2020 y varios millones (cifra sin determinar) de personas perdieron sus empleos, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados. Pero el gobierno en lugar de buscar soluciones efectivas e idear estrategias de carácter social que ayuden a sobrellevar la carga que afrontan mes a mes los hogares colombianos, decidió, (para llenar el hueco fiscal y evitar la quiebra del Estado que se avecina, causada entre otras por su intención de congraciarse con los más ricos del país aplicando exenciones tributarias en el 2019 por más de 15 billones de pesos, y por el despilfarro de recursos públicos en gastos innecesarios, como una flotilla de camionetas blindadas con olor a nuevo, un show diario de televisión y una estrategia de marketing para mejorar su imagen), presentar una reforma tributaria injusta que castiga a los deprimidos estratos 3 y 4, aumenta el IVA al 19% a los servicios públicos, impone retención del 20% en los contratos de prestación de servicios de trabajadores independientes, obliga a la declaración de renta por salarios superiores a los 1.2 millones de pesos (equivalente a USD$319) al mes, entre otras medidas.

En marzo pasado, el DANE, presentó un preocupante informe sobre la pobreza en el país, en el que señala que, a causa de la pandemia, la pobreza monetaria aumentó a un 42,5% en 2020, lo que significa que más de 21 millones de personas están en esa condición, pero podría ser más se si tiene en cuenta a aquellos hogares incluidos en la llamada “pobreza invisibilizada” que se refiere un estrato medio, sin ingresos monetarios, capacidad crediticia ni posibilidad de ahorro ni inversión. Sobre la pobreza multidimensional, que se mide a partir de las condiciones educativas del hogar, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, el informe no hace referencia alguna, pero bastaría con ver la realidad palpable, la de los barrios marginales en las ciudades, en pueblos y municipios, en veredas y corregimientos para advertir un profundo deterioro a sus ya precarias condiciones.

El DANE también concluyó que de no haberse implementado el programa de Ingreso Solidario (que asigna 160 mil pesos mensuales (equivalentes USD$42) a algunos hogares vulnerables) la pobreza monetaria en 2020 no hubiera sido de 42,5%, sino de 46,1%. El modesto Ingreso solidario, al que se sumaron las entregas de algunos mercados con productos de consumo básicos en barrios miserables, cuando inició la pandemia y en la navidad pasada, no lograron dar estabilidad económica a ningún hogar ni sacarlo de la pobreza. Y si a ello se suma que no son recursos que se reciben mes a mes de manera disciplinada, que la mayoría está excluida y no cubre a la totalidad de pobres, el panorama se hace aún más incierto. El 21 de marzo pasado, el Departamento de Prosperidad Social aún no lograba confirmar la fecha exacta en la que se realizarían los giros correspondientes al tercer mes del año.

Pero más allá de los indicadores y las estadísticas, basta con caminar por las calles de alguna ciudad para advertir la desaparición de pequeños negocios, ver locales en arriendo, apartamentos desocupados, escuchar a las personas hablar sobre sus dificultades para cumplir con el pago de colegiaturas, cuotas de administración, mensualidades de EPS y pensión obligatoria y de arriendo, o advertir en los bancos el aumento en las solicitudes de préstamos y de plazos para cumplir con créditos adquiridos.

En medio de este contexto, en el que se hizo evidente un trasfondo de malestar social histórico y una profunda falta de garantías para una vida digna, las protestas no se hicieron esperar. El hambre no da tregua y tampoco se puede ignorar. Con la llegada de la pandemia y la crisis planetaria que desató, muchas familias que dependían de sus trabajos ya no podían cumplir con sus compromisos económicos, su estabilidad había desaparecido y ahora, buena parte de la clase trabajadora se hundía en la pobreza, los pobres en la indigencia, y todos en la desesperanza, que pronto se transformó en indignación colectiva.

El pueblo, ese conglomerado amorfo que se usa y poco se respeta, se levantó desde distintos sectores para lanzar un grito de auxilio y manifestar su malestar ante un gobierno corrupto y abusivo. Además de una evidente incapacidad para atender la tragedia social, el presidente Duque, quien se ha caracterizado por liderar un gobierno autista, sin carácter ni presencia, desconectado de la gente, que actúa incluso con desprecio hacia su mismo pueblo y suele adoptar comportamientos similares a los que tendría el hijo calavera de un capo de la mafia o de un monarca en decadencia, acudió a la estrategia de la represión policial y militar para acallar el descontento popular. Sus arrogantes declaraciones iniciales y su incapacidad para sentir el dolor de una ciudadanía diezmada por el hambre y el abandono, obligó a diversos sectores sociales, a desafiar el tercer pico de la pandemia, con un promedio de 18 mil contagios y 500 fallecidos diarios, para salir a las calles, las plazas y las carreteras y protestar de manera vehemente pero pacífica. Nunca antes se habían sumado tantos municipios a una jornada de paro nacional; en zonas de reconocida apatía política la población salió a las calles, se bloquearon vías, se lanzaron creativas arengas, hasta registraron marchas de sacerdotes (además de los hermanos Claretianos que protestaron en el sur de Bogotá porque un colegio religioso fue tomado por el ejército como helipuerto y varios uniformados armados ocuparon sin autorización sus instalaciones), una reina de belleza levantó la bandera de Colombia en una mano y en la otra un afiche exigiendo derechos ciudadanos, reconocidos artistas, caracterizados por su cómodo silencio, se sumaron a este ensordecedor clamor popular, y hasta algunos empresarios reconocieron que las cosas iban por muy mal camino en el país. El pueblo indígena Misak salió a denunciar los crímenes contra la memoria, derribando las estatuas de genocidas españoles que participaron en la invasión del siglo XV, llamada también, periodo de colonización europea.

En el cuarto día de manifestaciones, el 2 de mayo, el presidente Duque que insistía en no dar marcha atrás en la reforma tributaria de su ministro Carrasquilla (celebre por el escándalo de corrupción de los llamados ‘Bonos de Agua’ siendo ministro de Uribe), afirmó con torpe arrogancia que se podían corregir algunos artículos, pero no la esencia del proyecto, sin embargo, horas después fue obligado a pedirle al congreso que retirara la iniciativa para tramitar un nuevo proyecto. Un día después, el ministro de Hacienda, responsable directo de la quiebra del Estado, presentó renuncia a su cargo. Este hecho leído como un triunfo del movimiento popular, fue insuficiente y las manifestaciones continuaron. El malestar seguía intacto. La propuesta de reforma había sido la gota que desbordó el vaso de la paciencia ciudadana, pero no su causa. De hecho, las razones para la inconformidad y la furia ciudadana seguían siendo ignoradas.

Además de la falta de recursos y de la pobre realización de un verdadero Estado social de Derecho que garantice vida, dignidad, trabajo y un mínimo vital a la población más vulnerable, no se podían olvidar los escándalos de corrupción recientes ni que el gobierno malversaba los dineros de la nación. Mientras se imponían medidas restrictivas para prevenir el contagio del virus, sin ofrecer alternativas económicas a los largos periodos de confinamiento, el presidente contrató una empresa para posicionar su imagen por un valor de $3.350 millones de pesos, y despilfarró más de $20.000 millones de fondos de la paz para su propio posicionamiento y para que una empresa, con la que había celebrado ya varios contratos en el pasado, perfilara en redes sociales, según su afinidad política, a varios usuarios, en una estrategia de persecución y estigmatización ideológica.

En abril de 2020, poco después de iniciado el primer confinamiento, el senador Wilson Arias, del Polo, denunció la compra de 23 vehículos de alta gama con blindaje nivel 3 y 4, totalmente innecesarios, para el esquema de protección del presidente por un valor de 9.600 millones de pesos. En agosto, el Gobierno Nacional anunció un préstamo por 370 millones de dólares, valor equivalente a 1,4 billones de pesos colombianos a la aerolínea panameña Avianca, empresa en la que María Paula Duque, hermana del presidente, se desempeñaba como vicepresidenta senior de relaciones estratégicas y experiencia del cliente de la Holding.

En diciembre de 2020 el gobierno, a la vez que mentía informando sobre la falsa negociación de 49 millones de dosis de vacunas contra el Covid que no llegaban, compró nuevas tanquetas antidisturbios por dos millones de dólares. Estaba dotando al ESMAD, responsable del asesinato de decenas de ciudadanos, de nuevas armas para la represión.

En marzo de este año el gobierno destinó 85 mil millones de pesos  a medios de comunicación, con el pretexto de la solidaridad para la reactivación económica, sin embargo, era solo mermelada mediática que beneficiaba a los multimillonarios dueños de los grandes medios, como los grupos Sarmiento Angulo y Santodomingo, y silenciaba a la prensa.  Semanas después, cuando el entonces ministro de Hacienda hablaba de una caja rota y de recursos estatales que apenas alcanzarían para dos meses, considerando incluso el no pago de nómina, el jefe de Estado anunció la compra de aviones de guerra por 14 mil millones de pesos (¿pensaba acaso iniciar una guerra con Venezuela?), la creación de un canal de televisión para la presidencia, por un valor de 8 mil millones de pesos (sin contar nominas mensuales y producción) mientras de manera casi simultánea la Comisión Tributaria advertía sobre la necesidad de llevar a cabo un urgente recorte a las exenciones de impuestos, modificando la reforma de 2019 que eliminaba impuestos a las empresas más acaudaladas del país. “Colombia está perdiendo más ingresos por deducciones y exenciones tributarias que cualquier otro país de la región. Hemos identificado que las deducciones tributarias cuestan alrededor del 6,5% del PIB, que es el más alto de América Latina», afirmó Kent Smetters, profesor de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. «Van a tener que conseguir al menos entre el dos y el tres por ciento del PIB para que las cosas se consoliden», diagnosticó. Nadie escuchó.

No era la primera vez que la nación se enfrentaba a un gobierno autista y arrogante que ignoraba sus clamores. En noviembre de 2019, cuando un periodista con transmisión en directo, interceptó al presidente al salir de un evento, para que opinara sobre un bombardeo militar en el Caquetá, en el que habían fallecido varios niños, y que llevó al congreso a promover una moción de censura contra el ministro de Defensa (que a la postre llevaría a su renuncia), la respuesta desobligante del jefe de Estado, dándole la espalda al periodista, fue: ¿De qué me hablas viejo? El país contuvo la respiración. Ahora, frente al drama de la pobreza y cuando diferentes estudios de organizaciones por la transparencia administrativa, confirman que al año se pierden más de 50 billones de pesos a causa de la corrupción estatal, el presidente evade la realidad, desatiende el llamado popular, insiste en proteger una élite comprometida con el narcotráfico y el paramilitarismo, y utiliza su poder para someter al Estado a sus propios intereses.

El gremio camionero tradicional ha bloqueado parte de las principales vías del país, exigiendo garantes mínimos de trabajo, como el derecho a contratar directamente con los productores, sin intermediarios; derecho que fue abolido por una ley en el 2001. La respuesta del fiscal general de la Nación, fue amenazar con extinción de dominio sobre los camiones que participaran en los bloqueos, La indignación aumentó y las respuestas siguieron siendo erradas. Los jóvenes protestan y les mandan al Esmad. Los docentes, los sindicalistas, los desempleados, los hambrientos, los artistas, los taxistas, los agricultores, los campesinos, los indígenas, los independientes paran, caminan y exigen, y la respuesta del gobierno es mutismo y represión.

Además de la crisis económica, el despilfarro y la actitud indolente del mandatario a lo largo de su penoso y mediocre gobierno, la indebida designación de personas inadecuadas en cargos de máxima responsabilidad en el Estado, la entrega de la diplomacia al pago de favores políticos, sus cuestionadas relaciones con los clanes políticos del caribe -algunos de ellos señalados de tener vínculos con el paramilitarismo-, más la conocida entrada de dinero de un reconocido narcotraficante a su campaña electoral (además del destape de negocios de la vicepresidenta con un mafioso paramilitar), se suma un preocupante desprecio por los valores y tradiciones democráticas que han cimentado el sistema político colombiano, y que nunca antes, pudiendo hacerlo (a causa de los vacíos legales) ningún otro mandatario se había atrevido a desconocer. Duque creyó que el Estado se manejaba como una cofradía de cómplices y de amigos, y no desde al respeto a la democracia, el servicio y la fortaleza institucional.

En las cabezas de todos los organismos de control y vigilancia de Estado, designó cuotas de su propio partido, incluso íntimos amigos suyos. Para Fiscal General de la Nación, nombró a un tipo presuntuoso y cuestionado, incapaz de garantizar acceso efectivo a la justicia, y que no genera la más mínima confianza entre la ciudadanía toda vez que convirtió el organismo en instrumento para la persecución política. Su mérito es ser militante del Centro Democrático (partido de culto al ex presidente Uribe) y haber jugado futbol en la infancia con el jefe de Estado (algunos dicen que hasta lo dejaba ganar). En la Procuraduría nombró a una abogada, de la entraña del clan Char de Córdoba (uno de los grupos empresariales más fuertes del país, que se mueve entre el narcotráfico y el lavado de activos, según algunas fuentes, el paramilitarismo, el control político regional y la concentración de la propiedad rural), quien venía de ocupar con trágicos resultados, la cabeza en el ministerio de Justicia. Una revuelta simultánea de presos que exigían protección contra el COVID-19, y que la ministra no supo atender, dejó un saldo de 23 muertos y 83 heridos en la penitenciaría La Modelo de Bogotá en marzo de 2020. Tras esta crisis, tuvo que renunciar, pero el presidente la premió nombrándola procuradora general de la Nación, cargo que le permite suspender mandatarios locales, congresistas y funcionarios de cualquier rango, perseguir y acabar con la carrera política de opositores como hacía el cuestionado procurador quema libros y fanático religioso, Alejandro Ordoñez, actual representante permanente de Colombia ante la OEA. En su última actuación pública, la procuradora decidió, frente a uno de los escándalos de corrupción más grande del país, exonerar, bajo el principio de buena fe, a los responsables de la pérdida de más de 18 billones de pesos, diciendo que se ‘equivocaron’ de buena fe. Es decir que fue un acto de corrupción no intencional.  En Twitter, Casandro Martell, escribió: “Toda la junta de Reficar fue perdonada por la Procuraduría de Margarita Cabello. Archivó el robo más grande que se le ha hecho a las finanzas del Estado por vándalos de la élite nacional. Y así quieren que el pueblo no salga a las calles emberracado”.

Para dirigir la Defensoría del Pueblo, Duque designó a un leal uribista (mientras no tenga oportunidad de demostrar lo contrario), conocido por ser amigo y pupilo del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, aliado del clan Char,  condenado en 2019 a seis años de prisión (que podrían ser dos) por corrupción al pedir un soborno de 500 millones de pesos a un abogado para fallar una tutela, y también investigado por negociar votos a su favor con un congresista, y por un hecho de despojo, robo de tierras y desplazamiento forzado. El nuevo defensor, totalmente ajeno al mundo de los derechos humanos, se ganó el corazón del uribismo cuando presentó una ponencia desde el Consejo Nacional Electoral (cargo al que llegó por cuenta de la extrema derecha) para cerrar la investigación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por financiación de su campaña con dinero de la corrupta multinacional Odebrecht. Ahora en medio del paro y en plena crisis social, el Defensor decidió viajar a Miami para conseguir de modo privilegiado su dosis contra el Covid y saltar la norma nacional sobre orden por edad en la aplicación. A su regreso al país, cuando la ciudad ardía, se refugió en una finca en el cálido poblado de Anapoima, a dos horas de Bogotá, mintió a la prensa sobre su paradero y luego salió públicamente a defender la brutalidad policial. Todos estos funcionarios que se deben a Uribe-Duque y no a la constitución ni al pueblo colombiano, están convencidos que su cargo de “poder” los autoriza a pasar por encima de la población, gozar de privilegios y aumentar su riqueza e influencia política, y son ellos, por supuesto, también causa del profundo malestar y de la indignación nacional.

Una democracia en la que sus organismos de control están en el bolsillo del presidente no puede llamarse democracia. Una democracia en la que el presidente incide para que las tres ramas del poder público estén en manos de quienes cofinanciaron su campaña (incluso con dinero del narcotráfico), son sus amigos personales o devotos de su mismo partido político, no es democracia. Es autocracia con ribetes de narcocracia. Pero no fueron estos los únicos casos. Otros nombramientos que también generaron polémica, fue haber designado en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica a un uribista que considera que en Colombia no hay ni hubo conflicto armado, solo una amenaza terrorista como afirma el investigado ex presidente Uribe, o poner en la dirección de víctimas del ministerio del Interior al hijo de un reconocido jefe paramilitar, responsable de varias masacres y más de 200 asesinatos de campesinos indefensos,  o en la dirección del banco de la república, a la hija de la eterna secretaria y multiministra del uribismo, o a Emilio José Archila, primo del entonces Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, como Alto Consejero para la Estabilización y Consolidación del Posconflicto pese a que ha mantenido una agresiva retórica uribista contra algunos exguerrilleros y guardando silencio frente al asesinato de decenas de firmantes del Acuerdo de paz, o más recientemente, llamar a palacio a uno de los hijos de Uribe para consultar temas de gobierno, en lugar de escuchar las propuestas de los partidos de oposición.

Si bien el retroceso democrático había empezado en las urnas dos años y nueve meses atrás, el sistema colombiano languidecía, en medio de una violencia endémica, a causa de la instrumentalización de los tribunales de justicia y organismos neutrales, los sobornos  a medios de comunicación y al sector privado, la persecución política desde la institucionalidad y la reescritura de las reglas de la política para inclinar el terreno de juego a  favor del mandatario, como advirtieran los politólogos estadounidenses Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sobre el futuro de algunas democracias en su libro Cómo mueren las democracias. La corrupción se había instalado y la impunidad era ahora parte de la normalidad del sistema político colombiano.

Foto: policía con terrorista infiltrado

En el marco del Paro Nacional, el gobierno de oídos sordos, que no reconoce ningún desatino, cree, como han creído erróneamente anteriores mandatarios de Colombia y de otros países latinoamericanos que los problemas sociales se resuelven acallando con represión y bala el malestar ciudadano. Tal y como ocurrió en 2020, en este paro convocado para el 28 de abril y extendido de manera indefinida, la policía salió a la calle con armas de fuego, disparando directamente contra la población, incendiando viviendas, secuestrando y torturando ciudadanos, haciendo capturas masivas ilegales, y lanzando gases contra transeúntes y viviendas, incluso al interior de buses de transporte público. Y en medio de este caos, hordas vandálicas se dedicaron a saquear supermercados, incendiar sucursales bancarias, destruir estaciones de Transmilenio, romper andenes y quemar articulados. En Bogotá se contabilizan 52 estaciones fuera de servicio, 6 con operaciones limitadas y 580 buses vandalizados. La policía es señalada de incendiar un hotel en Cali, lanzar bombas incendiarias contra viviendas particulares y contra ciudadanos, repartir armas entre civiles y coordinar escuadrones de muerte en varias ciudades. Duque, que esta vez no se disfrazó de policía como hace un año para expresar su apoyo a la institución pese a los asesinatos cometidos por sus hombres, decidió guardar silencio frente a los abusos de la fuerza pública y mantenerse incólume desde el palacio presidencial o desde su casa, ubicada al norte de la ciudad, sitio al que llegaron también varios manifestantes para exigirle su renuncia. Uno de los centros comerciales de los hijos del expresidente Uribe, en el occidente de la capital, fue rodeado por la fuerza pública para evitar la llegada de manifestantes.

Pese a las dolorosas denuncias y los rostros de jóvenes asesinados circulando a través de medios y redes sociales, de labios del presidente Duque no salió una sola palabra de reconocimiento a las víctimas ni de consuelo para las madres que el país vio agonizar de dolor frente a los cuerpos inertes de sus hijos acribillados en la calle por soñar un país mejor, a manos de quienes juraron protegerlos. La nueva decisión del presidente fue echar más combustible a la hoguera social llamando al ejército a militarizar las vías y las principales ciudades del país. Tanques de guerra empezaron a ubicarse, amenazantes, en las entradas de municipios, peajes y estaciones de servicio público. Salieron los militares con sus armas largas a reprimir, sobrevolaron helicópteros que dispararon ráfagas de guerra contra centros urbanos, como si el pueblo fuera el enemigo a combatir, y a la par de ello, aparecieron escuadrones de paramilitares en carros sin patente, la mayoría, disparando contra las personas que animosamente bailaban al son de un sueño de justicia. Así cayó, con ocho tiros, Lucas Villa en Pereira, aun se debate entre la vida y la muerte, y Héctor Fabio Morales, de 24 años, fue asesinado cerca al Museo de Arte, a cuatro calles del Parque Olaya, epicentro de las manifestaciones en Pereira. Y fueron muchos más. Marcelo Agredo, de 17 años, fue ultimado a tiros por la espalda por un policía con moto y uniforme en Cali; Nicolás Guerrero, de 27 años, muerto por un tiro en la cabeza al nororiente de Cali; Yeison Andrés Angulo, de 23 años, baleado en Cali; Miguel Ángel Pinto, de 23 años, asesinado el 29 de abril en  Cali; Brayan Niño, de 20 años, asesinado en el barrio el Sosiego del municipio de Madrid, Cundinamarca; Jefferson Alexis Marín, de 33 años muerto en Medellín; Santiago Murillo, de 19 años, asesinado el primero de mayo en Ibagué. El 4 de mayo, en Siloé, comuna del occidente de Cali, cinco jóvenes fueron asesinados y 33 más resultaron heridos en un enfrentamiento de manifestantes con patrulleros de la Policía. Y así pasan los días y las horas, y los nombres de jóvenes colombianos siguen apareciendo en la lista de baleados en las calles por escuadrones de policías con uniforme o sin él, por grupos paramilitares al servicio del terrorismo de Estado.

En dos vídeos que circularon por redes sociales se observa un camión que transporta hombres de civil que abren fuego contra un grupo de jóvenes manifestantes en Cali. En el interior del camión se alcanzan a reconocer algunas prendas de la policía, y aunque la placa (EAX-004) fue excluida del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), la misma policía reconoció que si les pertenecía ya que existe «una instrucción frente a la confidencialidad de las placas que hacen parte del Registro Especial de Vehículos del Seguridad del Estado». El portal La Silla Vacía informó el pasado 7 de mayo, que “Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Cali, confirmó que, efectivamente, se trató de policías de la Sijín y que “el personal de policía judicial viste prendas de civil; sus chaquetas se las colocan para formalizar en el momento del procedimiento”[1].

En Bogotá la ciudadanía captó el momento en el que agentes de la policía con uniforme entregaban armas no convencionales a ciudadanos de civil. En Cali, donde más dura ha sido la movilización, la represión y los asesinatos por parte de la fuerza pública, la Guardia Indígena del Cauca retuvo a un hombre armado que se encontraba en el punto de resistencia de La Luna, que resultó ser un policía activo de la institución infiltrado en las manifestaciones por orden de sus superiores. Los vídeos grabados por valientes ciudadanos en distintos municipios, muestran los abusos de la policía, como disparan contra la población, lanzan gases, bombas aturdidoras, golpean, torturan, incluso arremeten contra personas ajenas a las protestas. El testimonio del abogado Johan Sebastián Moreno, defensor de derechos humanos, quien acudió a la protesta como veedor y garante judicial, en Piedecuesta, Santander, detenido y brutalmente torturado, física y psicológicamente por la policía el 4 de mayo, es escalofriante[2]. En este caso la víctima pudo identificar a los agentes que violaron sus derechos, y lo lógico sería esperar investigaciones y capturas. Pero en Colombia lo que podría suceder es que los testigos sean amenazados y Moreno sea asesinado u obligado al exilio.

En otro caso revelador y preocupante, el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador” y por ser fuerte crítico del gobierno Duque y un rotundo anti-uribista, denunció ser objeto de amenazas y llamadas intimidantes. Cuando el grupo Anonymous, que hackeo recientemente la página de las FF.MM, publicó el número telefónico del general Eduardo Zapateiro, máximo comandante del ejército, se confirmó que era el mismo número desde el cual salían las amenazas contra el caricaturista desde el año anterior. Hasta el momento el gobierno ha guardado silencio.

En otra estrategia de intimidación, denunciada por ciudadanos y líderes sociales, los servicios de internet y telefonía celular fueron suspendidos en varias ciudades del país, durante varias horas. El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, informó sobre recortes en la ciudad de Pasto, y varios usuarios hablaron de recortes en Cali durante dos días. Según el Observatorio de Internet Netblocks, portal que monitorea la conexión a internet a nivel global, se presentaron dos «interrupciones» en la conectividad: una a las 4:30 p.m. del martes y otra desde la medianoche y madrugada del miércoles. El diario El Tiempo señaló que la «información en tiempo real muestra interrupción del internet en Cali, Colombia, en medio de los disturbios sociales en los que las autoridades se enfrentan a manifestantes con fuerza letal».

Ahora, frente a esta escalada de violencia y represión por parte del Estado, sin un panorama claro en el cercano horizonte muchos ciudadanos se preguntan ¿Y ahora qué?  ¿para dónde va Colombia? ¿O hacía dónde debería ir en este contexto de enorme frustración democrática y descontento popular?

Futuro incierto

Colectivos artísticos y académicos, sindicalistas y organizaciones sociales han indicado, con notable esperanza, que Colombia podría estar avanzando hacía un replanteamiento profundo del Estado y de transformación del actual sistema democrático, siempre y cuando, contra lluvia, pandemia, represión y muerte, se sostenga la movilización ciudadana en las calles, cuya mayor fortaleza reside en el tesón e ingenio de los jóvenes. El 8 de mayo, un pequeño grupo de estudiantes acudió al edificio de revista Semana para teñir con tinta roja una fuente de agua que se encuentra frente a su entrada principal, denunciando la complicidad del medio en el baño de sangre que sufre al país, al haberse convertido en órgano propagandístico del uribismo. La misma acción se repitió en la fachada de la residencia de Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. Otros grupos de jóvenes se han tomado las plazas para cantar «Bella ciao”, el popular himno de resistencia antifascista italiano, popularizado a través de serie española “La Casa de Papel”, pero adaptado a “Duque Chao”; otros han desfilado en comparsas, con trompetas, tambores y sinfónicas, han sonado los cacerolazos durante varias noches, se han organizados velatones y jornadas pedagógicas y también se han presentado sugestivos bailes, como el de un grupo trans con una coreografía Vogue, en la plaza de Bolívar, en medio de una violenta confrontación con el ESMAD[3].

Pero más allá de las diversas expresiones rudas o creativas de inconformidad y masivo rechazo a las erradas políticas de un gobierno soberbio y ausente, el país empieza a entender que es inviable seguir hablando de una sólida democracia, que se ahoga en sus propias contradicciones, que no se experimenta en la vida cotidiana y que solo exhibe una versión decrepita de su existencia. El país debe saldar sus deudas históricas, y el sistema debe responder por las necesidades y demandas de una población condenada al atraso, la violencia y la pobreza. Colombia despertó, sin liderazgos claros, sin banderas políticas, solo ondeando el trapo rojo que desde la pandemia se convirtió en símbolo de hambre, en señal de auxilio. El primer detonante de este Paro histórico, que se transformó en insurrección, no fue la razón ni el corazón, fue el estómago, y desde allí fue sencillo entender y justificar el colosal tamaño de la indignación.

El presidente Duque, deslegitimado y despreciado por buena parte de su pueblo, había cruzado, una vez más, el límite del decoro y la responsabilidad administrativa, porque los vacíos legales le facilitaban la tarea encomendada por su mentor y padre político, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, de imponer una autocracia, limitar el ejercicio del legislativo a punta de decretos, someter a las altas cortes, asfixiar el proceso de paz negando su cabal implementación y favorecer los intereses de esa pequeña elite para la que se había dedicado a gobernar. Cercado y controlado por su pequeño mundillo uribista, no supo percibir, como el mismo zar Nicolás de Rusia antes de su trágico final y el de su familia un siglo atrás, los vientos de la inconformidad popular que cruzaban el país de norte a sur y de oriente a occidente, esparciendo las semillas de la rebelión.

La respuesta represiva dada por el gobierno, contrario a silenciar, incendió aún más el país. Desde el inicio del paro, hace doce días, se cuentan (mal contados en diferentes fuentes[4]): 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, 234 víctimas de violencia física en contra de manifestantes, 934 detenciones arbitrarias, 548 desapariciones[5]; 47 asesinatos de ciudadanos (la mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 17 y los 37 años), 26 víctimas de agresiones oculares, 12 denuncias por abuso sexual, más de 1400 heridos (podrían ser más según registro audiovisual), un policía muerto (Sijín de Soacha) y 457 agentes heridos (incluyendo los quince que se encontraban en el CAI del barrio La Aurora, en el sur de Bogotá cuando fue incendiado, entre ellos, el agente Jonathan Perdomo, quien sufrió quemaduras en rostro y mano). Organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado una comisión de verificación internacional que evalué las violaciones a los derechos humanos en el marco de esta jornada de protesta.  La situación en Cali es extrema. Van once noches de tiroteos y decenas de muertos, de incendios, saqueos, estaciones de gasolina vandalizadas, buses quemados, bancos apedreados. Doce días de ira.

En la noche del 8 de mayo, personas sin identificar que se transportaban en camionetas blancas con vidrios oscuros, dispararon contra varios manifestantes en Cali, y también contra la misión medica que acudió en su auxilio. Esas mismas camionetas de alta gama, interceptaron en la mañana del domingo 9 de mayo, la Minga Indígena en la vía panamericana, a la altura del municipio de Jamundí, disparando contra ella e incinerando dos camionetas. Según organizaciones sociales, quienes estarían detrás de estos atentados serían miembros de la fuerza pública, élite de extrema derecha, xenófoba, racista y ligada al narcotráfico.  Giovanni Yule, líder indígena, denunció que la turba de ciudadanos armados que atacó la Minga, causando heridas a 10 de sus miembros, uno de ellos de gravedad, estaban escoltados por la Policía. La líder indígena, Daniela Soto, estudiante de la Universidad del Cauca e integrante de la Red de Jóvenes Constructores de Paz de la Fundación Mi Sangre, recibió dos disparos y a estas horas se debate entre la vida y la muerte.

León Valencia, analista político, advirtió en Twitter: “Hay amenazas de guerra civil en Cali, es así de serio y de triste lo que vive la ciudad, es así de grave, las élites y la población se están armando, los choques se están generalizando, sectores de la Fuerza Pública están tomando partido y el presidente Duque declina funciones”. Luis R Devia, agudo twittero señaló: “En #Cali ha comenzado una guerra civil entre una élite narco paramilitar aliada a mafias electoreras que han llevado el país a la quiebra contra una población empobrecida, marginada e indefensa”. Miembros de su mismo partido político le solicitaron al mandatario que viajara a Cali para asumir la situación, y otros le enviaron un comunicado pidiendo “una acción militar contundente y sostenida en Cali”. Duque que en un primer momento se negó a viajar a argumentando que su presencia podría «entorpecer» las acciones de la Fuerza Pública en pro de la normalización del orden público y que ya había enviado una delegación, pocas horas después hizo un llamado a las comunidades indígenas para que regresaran a sus resguardos, como si pudiera impedirles el libre tránsito por el territorio nacional, y ordenó un máximo despliegue de la Fuerza Pública para levantar los bloqueos. Sin embargo, a la media noche del domingo decidió ir a Cali y permanecer menos de tres horas. Su acción, poco ayudó. Todo lo contrario, ofreció la imagen de un presidente acobardado e incapaz de asumir con valor y liderazgo su responsabilidad ante una ciudad en llamas.

Las reacciones de organismos multinacionales y las manifestaciones solidarias en varios países rechazando la violencia en las calles y clamando por el cese de la represión siguen ocupando la prensa internacional. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, hizo un llamado urgente al gobierno colombiano para que pare la violencia. “Extendemos el clamor de todas las personas que han sido víctimas de violencia basada en el género en el marco de las protestas en Colombia. Iván Duque, como máximo jefe de la Fuerza Pública debe pronunciarse sobre estos hechos. El silencio no deja más que un velo de impunidad y complicidad. Hemos recibido varios casos de abuso sexual por parte de agentes del ESMAD y reprochamos tajantemente el uso de la fuerza contra los cuerpos de las mujeres como una forma de castigo” [6].

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, solicitó a su gobierno se aplique la Ley Leahy que establece el no apoyo a las fuerzas de seguridad involucradas en violaciones graves de derechos humanos para Colombia. La ONU condenó el uso desproporcionado de la fuerza durante las marchas; el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell Fontelles, el enviado especial de la UE para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, más 37 parlamentarios, pidieron se condicionen las ayudas al país en tanto prosigan las violaciones a los derechos humanos y los actos de violencia de la fuerza pública contra los manifestantes. Y en un hecho de enorme impacto político y económico, la cámara baja de Estados Unidos aprobó por unanimidad la solicitud del presidente Joe Biden de suspender toda ayuda militar a Colombia a causa en tanto se mantenga la represión. También artistas y personajes de la cultura en todo el mundo han manifestado su rechazo a la violencia y solicitado al presidente a Duque que cese la represión. El músico británico, cofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram expresando su apoyo. “Espero que colectivamente, ustedes, la gente, sean capaces de traer la paz a su maravilloso y hermoso país… Gracias a todos los que se ponen en pie… Los escucho, mi corazón sangra por el hecho de ver que están asesinando niños en las calles”.

El domingo 9 de mayo, el Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro, luego de concluir el rezo dominical del ángelus, pidió a los católicos orar por Colombia. “Expreso mi preocupación por las tensiones y enfrentamientos violentos en Colombia que han provocado muchos muertos y heridos”. Y en su cuenta de Twitter publicó: “¡Queridos colombianos, oremos por vuestra patria! #OremosJuntos”.

La portavoz de Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, indicó desde Ginebra, Suiza, que la Oficina en Colombia está tratando de verificar el número exacto de fallecidos y determinar las circunstancias que condujeron a los incidentes en Cali. “Hemos recibido información y hemos sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales y golpes y detenciones, todo en un contexto muy volátil”, publicó en su página oficial.

El Gobierno Duque, a través de la cancillería rechazó las críticas de la comunidad internacional y calificó de falta de objetividad los “pronunciamientos externos” frente a la crisis social que enfrenta el país. El comunicado enviado por la ministra Claudia Blum indica que “Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional. Pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad, y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria”. Pocas horas después de esta respuesta, y ante su imposible manejo de las relaciones internacionales con países que cuestionan duramente al gobierno Duque, la ministra presentó su carta de renuncia. Es la segunda ministra que dimite en medio de la crisis.

Sin embargo, más allá de los múltiples planteamientos que se escuchan para conjurar el conflicto social, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, la causa que ocasionó el levantamiento popular sigue sin ser tocada ni atendida. Y sobre esa falta de respuesta y de audacia política, se sobrepone un nuevo genocidio en las calles, violaciones a los derechos humanos, asesinatos, civiles armados intimidando y disparando, escuadrones de la muerte recorriendo las ciudades y graves crímenes de lesa humanidad contra la población indemne que protesta y apoya las manifestaciones. La sociedad resiste, los pueblos indígenas resisten, las juventudes caminan la historia bajo la sombra de los cañones que sostienen un gobierno debilitado por sus miopías y desatinos.

Por ahora suenan tres posibilidades para restaurar el orden, fortalecer la democracia, y frenar el derramamiento de sangre.

1. Dictadura en el marco constitucional. Algunos políticos conservadores, partidarios de que el gobierno se sostenga contra viento y marea, proponen acudir al Artículo 213 de la Constitución para declarar el “Estado de conmoción interior”, lo que llevaría a un recorte de las libertades civiles para imponer una frontal dictadura. El artículo en mención, establece que en “caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella”. Ello significa que el presidente, revestido como emperador podrá dictar decretos con fuerza de ley para suspender de inmediato la vigencia de todas las normas que sean incompatibles; podría en consecuencia restringir el derecho de circulación y residencia, retirar de sus cargos a alcaldes y gobernantes elegidos democráticamente, limitar y censurar a los medios comunicación, prohibir reuniones y manifestaciones públicas, interceptar comunicaciones, imponer -sin orden judicial- la aprehensión preventiva de personas por simple sospecha limitar, racionar y controlar el uso de servicios y el consumo de artículos de primera necesidad, entre otras medidas.

Varios sectores de oposición cuestionan esta medida, que también se había contemplado en septiembre de 2020, en medio de las manifestaciones por el asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de la policía, al considerar que se trataría de un quiebre institucional que amordazaría a la oposición y derogaría esenciales principios democráticos.  Sin embargo, no deja de ser preocupante, que luego de una reunión del presidente Duque con las cabezas de la rama judicial, en la Casa de Nariño, y de un sonado acto de genuflexión, a excepción de los magistrados Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez, estas emitieron un comunicado conjunto rodeando al presidente y defendiendo su inexistente agenda social, dando a entender que la rama judicial, asumía una posición de subalterna del poder ejecutivo y apoyaba sus decisiones. Al desconocer la división de poderes que sustenta una democracia, la rama judicial está reafirmando un consentido golpe democrático y abriendo la puerta a la toma de decisiones de carácter autocrático.

2. Un diálogo conducente a negociaciones para un cambio estructural en el país. El presidente, presionado por la comunidad internacional tuvo que abrir espacios de diálogo formal con diversos sectores, buscar aliados y demostrar su espíritu democrático y conciliador, aunque fuera de dientes para afuera. Si en un principio solo había aceptado reunirse con políticos de derecha, ligados al uribismo, como el ex alcalde Enrique Peñalosa, Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Pinzón, Federico Gutiérrez (el solapado uribista, exalcalde de Medellín) y Juan Carlos Echeverry, un día después accedió a reunirse con algunos miembros de la llamada Coalición de la Esperanza, entre quienes se encontraban algunos fuertes detractores de su gobierno, aunque cerró la puerta a las fuerzas de oposición de la línea del senador Gustavo Petro. En esta reunión no se logró ningún avance concreto, según informaron los políticos que asistieron a ella. El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, informó que se trató de un espacio que reivindicó el diálogo como aspecto fundamental de una democracia, pero que seguían en oposición al gobierno, defendiendo el derecho a la protesta y exigiendo que se clarifiquen los asesinatos cometidos durante el paro.

En la tarde del sábado 8 de mayo, Duque, acompañado por su vicepresidenta y quince altos funcionarios, aceptó un diálogo formal y poco productivo con cerca de 40 jóvenes, provenientes de varias ciudades del país, según la prensa, pero fue solo pantalla. Los jóvenes concluyeron que el encuentro fue insulso y engañoso; el tiempo que les dieron para intervenir fue limitado y sus expresiones minimizadas; nunca se advirtió interés por parte del mandatario en acoger sus propuestas ni les dio trato de interlocutores válidos con los que se podía construir algún tipo de consenso. El llamado diálogo con las juventudes fue una celada política para mostrar un gobierno abierto al diálogo, democrático y magnánimo, a fin de cambiar la imagen de genocida que recorre las portadas de los principales diarios del mundo. “Solo tuvimos dos minutos para expresarnos, dos minutos que no logramos concertar nada, era precisamente para dialogar», declaró a una emisora uno de los jóvenes.

El domingo en la noche, el Comité Nacional del Paro anunció a través de un comunicado que tendrá una reunión exploratoria con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño el lunes 10 de mayo con el objetivo de exigirle garantías para el libre ejercicio de la movilización, rechazar la militarización del país y abordar la negociación de las peticiones consignadas en el Pliego Nacional de Emergencia, al igual que los reclamos de otros sectores sociales movilizados. Señalan además que es importante, en este y en futuros encuentros, contar con la presencia de la Conferencia Episcopal y un representante de Naciones Unidas. El país espera conocer el resultado del encuentro.

3. Cambio de gobierno: Una parte de la sociedad es enfática al exigir la inmediata renuncia de Duque y de su gobierno, para que sean procesados por un tribunal de justicia internacional por genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. La renuncia de Duque, según afirman algunos analistas, debe llevar a construir un amplio consenso democrático capaz de designar un gobierno de transición, profundamente representativo y plural, mientras se llama a nuevas elecciones con plenas garantías; es decir bajo un nuevo modelo electoral y político que impida la continuidad de un mismo proyecto en el poder y garantice los derechos de la oposición política. Son 220 años de hegemonía bipartidista y dos décadas de poder mafioso. Es tiempo de considerar un proyecto diferente al frente del país.

La ciudadanía en términos generales ha empezado a organizarse, a través de distintas actividades públicas y privadas con el ánimo de pasar de la protesta a la propuesta. En algunos barrios, pese al temor a ser baleados, se están desarrollando mingas, cabildos abiertos, una Asamblea Popular humanitaria ampliada y audiencias participativas de jóvenes y activistas sociales. El objetivo es unificar demandas, establecer un pliego de peticiones sectorizado, coherente y sustentado, exigir la inmediata renuncia del presidente Duque y de su gabinete, y con el acompañamiento y la veeduría internacional garantizar que los asesinatos cometidos por la fuerza pública y los operativos militares contra la ciudadanía indefensa, incluyendo las acciones emprendidas por escuadrones de la muerte y vándalos encampuchados, no queden en la impunidad, así como esclarecer la operación de los elementos de la maquinaria criminal que ha permitido el auge de la violencia y la sistematicidad de los crímenes tanto en este contexto de protesta ciudadana, como en otros eventos de violaciones a los derechos humanos en el país.

Por ahora ninguna opción está asegurada ni descartada. Ni la dictadura constitucional, ni el gran acuerdo nacional por un cambio real ni la renuncia de Duque y la designación de un gobierno de transición, ni siquiera la posibilidad, algo gaseosa, de un golpe de Estado. Mientras crece la certeza de una posible guerra civil en Cali, que podría extenderse a todo el territorio nacional, aumentan los contagios por el Covid y la ocupación de las UCI (en algunas ciudades ya llegó a su máxima capacidad o están al borde como en Medellín que alcanza el 99% y en Bogotá el 93%); también empieza a sentirse un creciente desabastecimiento de alimentos en varias de las principales ciudades del país. Desde hace algunos días se observa la especulación en los precios de algunos productos, los lecheros han cesado parte de su producción, las principales cadenas de supermercados lucen sus anaqueles medio vacíos y los agricultores tienen dificultades para transportar sus cargas. El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) comunicó que durante la semana del 1 al 7 de mayo de 2021 subieron las cotizaciones de las verduras, las frutas y los tubérculos.

Colombia se encuentra atravesando la crisis social, política y económica más grave de su historia; y ello en medio de una tragedia humanitaria ocasionada por el hambre, la guerra y la pobreza. Pero en lo inmediato es fundamental, antes que cualquier espacio de diálogo y concertación, detener la violencia, que cesen las violaciones a los derechos humanos, la estigmatización del movimiento estudiantil, la persecución armada, que se levante la militarización y se investiguen todos los crímenes y que sus responsables, sean policías, militares, paramilitares o civiles, sean procesados y condenados. No es posible dialogar en medio de un genocidio.

Colombia necesita profundizar su democracia y realizar sin devaneos el Estado Social de Derecho que propone su carta política. Hoy, buena parte de los sectores que participan en las movilizaciones, coinciden en que el país requiere reformas sociales profundas, derogar la reforma tributaria del 2019 para tramitar otra que exija a los ricos aportar más impuestos; financiar la educación pública y la ciencia, matrícula cero para universidades públicas, renta básica para todos los ciudadanos, baja salarial para parlamentarios, magistrados, gabinete ministerial, alcaldes y gobernadores, y reducción en el número de curules tanto en cámara como en senado. Facilidades para la creación de empresa aminorando gastos y trámites burocráticos (en los últimos años Colombia frenó su desarrollo empresarial e industrial, eliminó importantes fuentes de recursos, como la Flota Pesquera y la Flota Mercante Grancolombiana, y acabó con el sistema de ferrocarriles). Estrategias efectivas de lucha contra la corrupción como decretar la muerte política a quienes incurran en este tipo de delitos, reforma laboral, agraria, a la justicia, a la salud, la educación y el régimen pensional. Apoyo al sector de la cultura, el arte, la literatura, la ciencia y la tecnología. Protección del medio ambiente, fin del fracking (fracturación hidráulica) y de las aspersiones con glifosato y otros agentes venenosos. Legalización de los cultivos de uso ilícito (cocaína, marihuana, amapola) y control preventivo y pedagógico para su uso, producción y distribución; combatir el narcotráfico y su maridaje con la política. Desmonte efectivo de los grupos narco paramilitares que operan en buena parte del territorio nacional con la complicidad de la policía y autoridades civiles y militares; reforma de la policía, depuración de las FF.MM, protección efectiva de los líderes sociales y las comunidades de paz y pueblos indígenas. Garantizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, financiar los programas productivos para los desmovilizados y proteger sus vidas. Desde la firma del Acuerdo de paz han sido asesinados 290 ex combatientes de la guerrilla y más de mil 200 líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos. En 2020 se registraron 91 masacres, y en lo que va del 2021, se contabilizan 36. En varias de ellas, así como en bombardeos del ejército, han muerto menores de edad, algunos de ellos reclutados a la fuerza por grupos armados ilegales. En Colombia todavía, pese a la objeción de conciencia, los jóvenes bachilleres son obligados a prestar servicio militar; los más humildes son convertidos en soldados antiguerrilla.

Son muchas, muchísimas las razones que tiene el pueblo colombiano para protestar, para desafiar el régimen de terror que gobierna y pedir un cambio estructural. Colombia es por ejemplo el primer país en desplazamiento interno forzado, según Acnur, con más de 7.8 millones de casos; ocupa el primer lugar en la lista de países con mayor número de desapariciones forzadas (más que en las dictaduras del Cono Sur); es el mayor productor de drogas a nivel mundial de acuerdo con un informe de la ONU en 2019; es el segundo país con mayor número de asesinatos de niños (los mayores responsables son las Fuerzas Militares) y cada 17 minutos un menor es abusado. Colombia es el país con la mayor tasa de desempleo entre los 37 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y sus abuelos y abuelas son los más pobres de América Latina. Por esto, y por mucho más, el país requiere un cambio radical en todas sus estructuras.

Es imperativo empezar a escribir otra historia. Ya se sabe que la base de la tragedia colombiana es una coja democracia formal que naufraga en una escandalosa desigualdad social, es un Estado que acude a la violencia y la represión para someter y que no ha sido capaz de garantizar derechos esenciales a su población. Hoy enfrenta un enorme reto político, con la dificultad de tener un gobierno sin legitimidad ni gobernabilidad y sin fuerza para liderar un proceso de acuerdo nacional. Duque fue elegido porque fue el que dijo Uribe. Y en cuestión de meses pasó de ser un completo desconocido, que había llegado al congreso en un paquete cerrado uribista, a convertirse en un presidente sin sustento, ni propuesta propia, desconectado de la ciudadanía; un mandatario que no representa el sentir de las mayorías nacionales ni la dignidad de un país. Duque es el rostro de una vieja política a la que no puede dársele ni un minuto más de continuidad, es la antítesis del país que se podría construir con una dirigencia capaz de reconocer y conjurar las causas del prolongado conflicto armado, políticos y social que marcó y definió su historia en los últimos 70 años.

Continuará….

Nota// En próximas horas se conocerá el resultado del diálogo entre el presidente Duque y algunos líderes del paro, que han puesto como condición para avanzar, desmilitarizar la protesta y garantizar el derecho a la movilización sin violencia, represión ni infiltración.

[1] Silla Vacía; “Detector: el camión con hombres armados en Cali sí es de la Policía”. Laura Sofía Matiz, Bogotá, 7 de mayo de 2021. Consultado en: https://lasillavacia.com/detector-camion-hombres-armados-cali-si-policia-81433

[2] Escuchar testimonio en W Radio. Minuto 16:15

En: https://www.youtube.com/watch?v=imV6MbkypRI

[3] La Netflix; “Así fue el baile en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia”. Bogotá, 29 de abril de 2021

[4] Indepaz, Temblores, organizaciones sociales, Defensoría del Pueblo y medios de comunicación, ofrecen registros diferenciados. Ver, por ejemplo:

-“Cifra de desaparecidos en el Paro Nacional ascendió a 548: Defensoría”:

-“379 personas han desaparecido en el paro nacional denuncian 26 organizaciones” Ver en https://www.elespectador.com/noticias/judicial/379-personas-han-desaparecido-en-el-paro-nacional-denuncian-26-organizaciones/

-Lista de personas asesinadas. http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

-Amnistía Internacional; “Colombia: Preocupan las denuncias de desapariciones y violencia sexual contra manifestantes”. Ver en:

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/colombia-preocupan-las-denuncias-de-desapariciones-y-violencia-sexual-contra-manifestantes/

[5] El lunes 10 de mayo, la defensoría informó fueron encontradas 227 personas dadas por desaparecidas, pero aún se ignora, en qué condiciones, cómo fueron encontradas, y en qué ciudades.

[6] Op. Cit. Amnistía Internacional. Mayo de 2021

FOTOS: El Tiempo (Colombia); El Comercio (Perú); La Tercera (Chile); redes sociales.

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