La Justicia de Corea del Sur legalizó el aborto
Corea del Sur acaba de dar un paso fundamental para sumarse a la lista de países del mundo que han eliminado la penalización del aborto. Una corte del país falló este jueves en contra de la prohibición vigente desde 1953, tras declararla inconstitucional por infringir el derecho de las mujeres a decidir.
Segú la legislación actual, las mujeres surcoreanas solo pueden realizarse un aborto cuando su vida está en riesgo o en casos de violación y muchas veces se les exige un permiso del cónyuge para poder hacerlo. Ahora los legisladores nacionales deberán acatar el fallo y sancionar una nueva legislación antes que termine 2020.
La medida judicial llegó tras una larga lucha de las mujeres, que se replica en otros países del mundo. Una petición formal logró juntar 230 mil firmas por la legalización del aborto en 2017 y la presión social fue creciendo hasta hoy. Cinco años antes la Corte Constitucional había votado la continuidad de la prohibición del aborto.
La legislación vigente establece además penas de hasta dos años de cárcel a los médicos y hasta un año a las mujeres por practicar un aborto. Aunque las condenas no son habituales, esta posibilidad lleva a miles de mujeres a practicar abortos en condiciones de gran inseguridad y con riesgo para sus vidas.
Según datos oficiales del país, hubo 50 mil abortos en 2017, aunque otras organizaciones afirman que la cifra es mucho mayor.
Una encuesta impulsada por el Gobierno demostró que la mayoría de la población rechaza la prohibición del aborto, aunque las fuerzas conservadoras y los denominados movimientos “provida” tienen fuerza en el país, con gran influencia de la Iglesia.
Este escenario se replica en varios países del mundo gracias al crecimiento de los movimientos feministas en los distintos continentes.
El aborto está legalizado en la primera etapa del embarazo en la mayoría de los países desarrollados y las estadísticas internacionales demuestran que su prohibición no disminuye la cantidad, sino que solo aumenta el riesgo de muerte para las mujeres que practican la interrupción del embarazo en condiciones precarias.
