La economía será clave para el futuro de la revolución venezolana

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Recuperar el aparato productivo y disminuir la dependencia petrolera son dos objetivos fundamentales. En lo inmediato los Clap cumplen un papel fundamental para garantizar el abastecimiento.

De acuerdo a datos aportados por el presidente de Venzuela, Nicolás Maduro, en su mensaje anual a la nación, a fines de 2016 se habían constituido 26.691 Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) en todo el territorio. Se entregaron 27.051.846 combos de productos, que beneficiaron a 1.945.441 familias, con un alcance a 12.843.271 personas. Y se distribuyeron en total 894,3 millones de kilogramos de alimentos. La meta para 2017 es expandir su alcance a seis millones de familias. En este sentido fue creado en Caracas el Centro de Empaquetado de Alimentos para los Clap (Ceac) y ya se iniciaron las labores para la puesta en funcionamiento de otros en el territorio nacional.
Se consolida así un nuevo sistema de tiendas de los Clap que busca incrementar la distribución de alimentos, en donde el sector privado no está excluido a participar pero son el Estado y el poder popular los que controlan las riendas.
Con este punto a favor en un año extremadamente difícil y de retroceso económico, comienza otro de grandes retos para la Revolución Bolivariana. Acaso el fundamental es recuperar la economía nacional y profundizar los avances en la edificación de un nuevo modelo productivo que reduzca la dependencia del petróleo.
Distintas voces coinciden en que es imperioso avanzar en el replanteamiento de las fuerzas productivas del país. La tarea ya se inició con ímpetu desde 2016, luego de que cayeran de manera catastrófica los ingresos nacionales tras el desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional. En paralelo, ante la incapacidad política de la dirigencia opositora para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, sus mandantes dentro y fuera del país apostaron a la guerra económica, con maniobras de acaparamiento, contrabando, ataque a la moneda nacional, entre otras.
En este complejo escenario, los esfuerzos nacionales se centran en el fortalecimiento de la Agenda Económica Bolivariana y la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la promoción de las exportaciones no petroleras y la expansión de los Clap. En una evaluación general de los Clap, el Presidente expresó que estos fueron base de resistencia en 2016 ante la guerra económica. Su potencial representa el inicio de una economía alimentaria sustentada en el poder económico popular.

Medidas para defender derechos sociales

Venezuela había pasado de percibir del sector externo 39.716 millones de dólares en 2014 a 13.258 millones en 2015. Pero 2016 fue peor: el país experimentó un déficit en el ingreso de divisas cercano al 90%, al recibir apenas 5.291 millones de dólares. A pesar de ello, el Gobierno no detuvo la inversión social y la atención a los más necesitados.
Para el recién nombrado Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, 2016 fue el año de la resistencia, donde la Revolución soportó duros embates económicos y mediáticos. Sin embargo, no se recortó el presupuesto social. Por el contrario, se avanzó en la construcción de viviendas, con la reciente entrega de la vivienda un millón 400 mil; se incrementó el monto de las tarjetas Hogares de la Patria, destinadas a las familias más necesitadas; se incorporaron 80 mil nuevos pensionados y se anunció un nuevo ajuste en el salario mínimo.
Otra medida clave, que llegó para responder los ataques desde el exterior a la moneda nacional y en medio de una escalada inflacionaria, fue la entrada en circulación un nuevo cono monetario, con la incorporación de billetes y monedas de más alta denominación (tres monedas: de 10, 50 y 100 bolívares, y seis billetes: de 500, mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil y 20 mil bolívares). El proceso fue traumático, por el boicot internacional que impidió la llegada a tiempo de los billetes impresos en el exterior. Tras pretender sacar de circulación rápidamente los billetes de 100 en diciembre, la última prórroga garantiza su vigencia hasta el 20 de febrero.
También se autorizó la venta de gasolina en moneda extranjera y se anunció el establecimiento de casas de cambio en la frontera con Colombia. El objetivo es permitir la convertibilidad del peso colombiano en bolívares, a los fines de fortalecer la moneda venezolana y atacar a las mafias que la trafican.
Atendiendo las demandas de la población en materia de seguridad y orden interno, Maduro relanzó el plan nacional Patria Segura, con el cual se busca atacar a las mafias criminales que atentan contra la paz y tranquilidad de la población. En cuanto al ejercicio político cotidiano, anunció una nueva etapa del Gobierno de Calle, con el objetivo de profundizar la relación de los funcionarios públicos y la dirigencia revolucionaria con el poder popular, y así avanzar en la consolidación de las fuerzas revolucionarias.

Nueva intentona golpista fracasada

La instalación de la nueva junta directiva en la Asamblea Nacional (AN), presidida por el jefe del partido de extrema derecha Primero Justica (PJ), Julio Borges, dio inicio a una nueva etapa de presión que busca la salida de Maduro de la presidencia de la república.
En una irresponsable sesión ordinaria, diputados de la derecha sentenciaron en enero el supuesto “abandono del cargo” del Presidente y denunciaron su “responsabilidad política” en la “gran crisis” que vive el país. Intentaron así celebrar una especie de juicio político contra Maduro, pero esta figura legal –a diferencia de otros países– no está contemplada en la Constitución Nacional. Inmediatamente se activó toda una maquinaria mediática que se hizo eco de la noticia, en pleno desconocimiento de la legalidad de tal declaratoria. Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condición de desacato en la que se encuentra el Poder Legislativo y declaró nulas las sesiones de los días 5 y 9 de enero. Por si alguno tenía dudas, el TSJ también ratificó el pleno ejercicio de Maduro como Presidente Constitucional de la República y dejó sin efecto la conformación de la nueva junta directiva y sus consiguientes actos.
En esta compleja situación, el Presidente se vio en la obligación de presentar su memoria y cuenta ante el TSJ el 15 de enero. Y las organizaciones que forman el frente opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciaron la salida de las mesas de diálogo con el Gobierno.
Esta decisión volvió a disparar tensiones en el país. Mientras el Gobierno ratifica su voluntad de diálogo como única vía para preservar la paz de la República, sectores de extrema derecha insisten en su agenda de presión en la calle y convocaron a una “gran movilización” el 23 de enero, que terminó en cuatro flacas marchas (ver pág. 16). El resultado es que la militancia opositora ha perdido sus esperanzas en la contradictoria dirigencia de la MUD, cuya agenda llevan adelante ahora los partidos más radicales.
Mientras arrecian en sus intentos golpistas, respaldando la renovación del decreto de Barack Obama que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, el Gobierno se mantiene en resistencia en defensa del pueblo, contra todos aquellos que pretendan socavar la paz nacional.
En este contexto se celebró con gran éxito el Ejercicio de Acción Integral Antimperialista “Zamora 200”, para la defensa cívico-militar del país. El evento sirvió para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y el pueblo demostraran el potencial, equipamiento y capacidad técnica, operativa y de respuesta para defender el país de toda amenaza que atente su estabilidad, soberanía, libertad e independencia.

Unidad para la victoria

“Frente a las acciones de la oposición, que pretenden la perturbación del orden constitucional, se impuso nuevamente en el marco de nuestra Constitución el funcionamiento de los Poderes”, manifestaron la canciller Delcy Rodríguez y el ministro para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, tras el mensaje anual a la nación del presidente Maduro. Para la ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Eekhout, hay que estar alerta porque “los diputados opositores pretenden provocar la disolución de la AN para acusar al Gobierno de violaciones democráticas, con el objeto de promover una intervención al país”.
En medio de la agenda de guerra que apunta al intervencionismo, el llamado desde el gobierno bolivariano es a estar en alerta máxima y sobre todo a la unidad de los patriotas para preservar el legado de Hugo Chávez. El objetivo es mantener a la nación en la vía democrática y electoral; preservar la paz, soberanía e independencia. Y la tarea primordial es avanzar en la construcción de un nuevo modelo productivo que permita superar los problemas económicos que atraviesa el país.

Desde Caracas,
Roxana Martínez