Los ataques a ambientalistas aumentaron en el último año
Por María Jagoe
América Latina es una zona peligrosa para los defensores de la tierra. Según datos de la ONG internacional Global Witness, durante 2020 hubo 227 ambientalistas asesinados en todo el mundo. Siete países latinoamericanos están entre los 10 que registraron el mayor número de ataques.
Los dos países con más víctimas a nivel mundial son Colombia (65) y México (30). Dentro de nuestra región, se registraron 20 asesinatos en Brasil, 13 en Guatemala, 12 en Nicaragua, 6 en Perú, uno en Costa Rica y uno en Argentina. Lo más probable es que haya habido más casos que no fueron denunciados.
Todos los homicidios menos uno ocurrieron en países del sur global y un tercio de las víctimas eran miembros de comunidades indígenas. Según Global Witness, esta violencia estructural refleja lo que ya sabemos de la crisis climática: sus impactos son desiguales; las empresas son responsables; los gobiernos fallan en la prevención y hasta son parte de las causas.
En 2019 y 2020 Colombia fue el país con más ataques letales hacia defensores de la tierra. Esto ocurre en un contexto de agresiones generalizadas contra líderes comunitarios y de derechos humanos.
El Programa Somos Defensores contabilizó 524 hechos violentos sólo entre enero y junio de 2021, y más del 41% ocurrieron durante las movilizaciones sociales.
“Identificamos una transformación en los usos de la violencia”, sostiene Somos Defensores en su informe semestral. “Mientras, por un lado, se presentó un incremento en agresiones no letales como las amenazas, las detenciones arbitrarias, los robos de información y la violencia sexual, por el otro, los asesinatos registraron una disminución. Aunque las dinámicas en los territorios se transforman, la violencia persiste y se incrementa”, explica.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró 18 asesinatos y 65 ataques contra defensores de la tierra durante 2020, lo que representa un incremento respecto a los tres años anteriores.
El Centro denuncia que durante la emergencia sanitaria se paralizó el acceso a la justicia ambiental, pero se consideró esenciales a las actividades económicas extractivas como la minería y megaproyectos.
El Acuerdo de Escazú, ratificado recientemente por México, es un acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En su artículo 9, establece que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
De los 24 países que firmaron este acuerdo, sólo 12 lo ratificaron a principios de 2021. Aún faltan, entre otros, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
La situación de Colombia y Brasil es especialmente preocupante, ya que son dos de los tres países que registraron más ataques letales contra ambientalistas en 2020.
Los ataques a los defensores de la tierra pueden considerarse como un indicador más de la crisis climática y las políticas extractivas. Afectan desproporcionadamente a los países del sur global, a las comunidades indígenas y campesinas. Y como otros aspectos de esta crisis, no pueden revertirse sin un compromiso serio y real por parte de los Estados.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
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