Los conflictos por el agua aumentaron en América Latina
Por María Jagoe
Los conflictos por el agua han aumentado durante los últimos años en América Latina, tanto en número como en intensidad. Según datos de Pacific Institute (ONG estadounidense creada en 1987 para investigar temas de medio ambiente, en particular de agua dulce) entre 2010 y 2019 se registraron 61 casos, el triple que en la década anterior.
América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo donde más crecieron los conflictos por el agua, sólo superada por Asia. 80% de los casos se produjeron por la disputa sobre el control o el acceso a los recursos hídricos.
Todo indica que el período 2020-2029 superará estos números. Sólo entre 2020 y 2021 se contabilizaron 24 focos de violencia relacionados con la gestión del agua. En la mayoría de los casos el problema no es la escasez, sino la desigualdad en el acceso.
La cronología de conflictos del Pacific Institute puede no ser exhaustiva pero refleja una tendencia a nivel global. El informe clasifica los conflictos por el agua en tres grupos: como desencadenante, como arma y como blanco.
En el primer tipo, la violencia se asocia con disputas sobre el acceso y el control del agua. En el segundo, el agua se utiliza como arma en los conflictos, por ejemplo mediante represas que provocan sequías o inundaciones. Y en el tercero, los recursos hídricos, las plantas de tratamiento o las tuberías son blancos de ataques.
“Con muy raras excepciones, nadie muere literalmente de sed. Pero cada vez más personas mueren a causa del agua contaminada o debido a conflictos por el acceso al agua”, explica Peter Gleick, ambientalista y director del Pacific Institute.
Enfoque regional
América Latina alberga el 31% de las reservas de agua dulce del mundo y cuenta con una dotación per cápita de 28.000 metros cúbicos por persona al año, casi cuatro veces por encima de la media global. Pero sus características geográficas y de infraestructura derivan en una distribución desigual de los recursos hídricos.
Unos 37 millones de personas carecen de acceso al agua potable en la región, y casi 110 millones no tienen acceso a saneamiento. Los países más afectados son Haití, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca que la falta de agua que está en la raíz de estos conflictos es “construida” y no real. Depende de factores como la monopolización del acceso, las amenazas a la sustentabilidad y la falta de inversión en infraestructura, entre otros.
En este sentido, los conflictos son multidimensionales y abarcan aspectos políticos, sociales, ambientales, culturales y económicos. En la gran mayoría de los casos el problema surge de la relación entre la comunidad, las empresas y el Estado.
El aumento de los conflictos que se registró en los últimos años coincide con un crecimiento de las exportaciones de materias primas y los procesos de urbanización. Por otro lado, hubo un aumento en la conciencia ambiental y un mayor acceso a redes sociales, lo que ayudó a visibilizar muchos casos.
Expertos advierten que una de las primeras consecuencias del cambio climático será la disminución de las reservas de agua en América Latina y el Caribe. Es probable que la región experimente un aumento tanto de las inundaciones como de las sequías.
En este contexto, distintos sectores como la agricultura, la energía hidroeléctrica y la minería compiten por el acceso al agua y entran en conflicto con las necesidades y derechos de las comunidades locales.
Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para los líderes ambientalistas. Según la ONG Global Witness, en 2020 fueron asesinados 227 defensores de la tierra; 164 vivían en América Central y del Sur.
México registró 16 conflictos por el agua entre 2010 y 2021, entre los que destacan los asesinatos de por lo menos seis activistas. Muchos no se originaron por un reclamo ambiental sino de subsistencia: las comunidades y los agricultores defendían su acceso al agua limpia.
Según el Monitor de Sequía de la Comisión del Agua de México (CONAGUA), a mediados de mayo de este año casi el 80% del país estaba bajo condiciones de sequía. Nueva León y Tamaulipas llegaron a un nivel extremo antes de que las lluvias empezaran a normalizar la situación.
Las políticas para racionar el agua que puso en práctica el norte de México no son algo excepcional. Se calcula que el 40% de la población mundial enfrenta restricciones para acceder al agua potable por lo menos durante un mes cada año.
Enfoque global
A lo largo del siglo XX el uso del agua a nivel global creció el doble que la tasa de aumento de la población. No sólo somos más, sino que estamos usando más agua por persona que antes.
En julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano. También estableció pautas básicas: el agua debe ser asequible (no superar el 3% de los ingresos del hogar) y accesible (la fuente debe estar a menos de 1000 metros de la vivienda).
Sin embargo, 2000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua y el 90% de todos los desastres naturales se relacionan con este recurso. El 70% de la extracción del agua se destina a la agricultura, lo que genera conflictos entre las comunidades y la cadena de producción de alimentos.
Los científicos predicen que el cambio climático aumentará el número de regiones con estrés hídrico y lo acentuará en aquellas que ya lo sufren. Se calcula que para 2050 habrá 1600 millones de personas en riesgo de inundaciones y 3200 millones viviendo en zonas con riesgo de escasez.
Estas proyecciones ponen en evidencia la necesidad de desarrollar sistemas agrícolas y económicos sostenibles que integren a las comunidades como sujetos activos en el desarrollo de las políticas.
Para solucionar los conflictos por el agua es necesario superar las miradas a corto plazo y fortalecer a las instituciones estatales que deben encargarse de la gobernanza de los recursos.
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