Venezuela enfrenta con votos la amenaza de Washington

Habrá presidenciales adelantadas el 22 de abril. Así lo pedían dentro y fuera de Venezuela, pero como la oposición quedó fracturada, Estados Unidos exigió rechazar la vía electoral.

Será muy difícil de explicar. Del supuesto clamor y la exigencia de elecciones generales anticipadas en Venezuela, la oposición y Washington pasaron a reclamar la postergación de la votación presidencial pautada para el próximo 22 de abril. El cambio es radical: los mismos que le piden la renuncia a Maduro prácticamente desde que fue electo para el período 2013-2019, le suplican ahora que culmine su mandato.
Ante la certeza de que no están en condiciones de ganar una elección presidencial, los dirigentes de los principales partidos opositores no alcanzaron un acuerdo y acataron la línea trazada desde Washington. Tras fuertes cruces internos, los restos de la coalición opositora de la MUD anunciaron en una conferencia de prensa el 21 de febrero que no participarán de las elecciones.

“Nosotros sí creemos en el camino electoral”, fue la respuesta de Maduro, que ratificó de inmediato que habrá elecciones “con o sin MUD”. “La MUD se ha hundido en sus contradicciones. Venezuela no quiere violencia, quiere elecciones presidenciales”, dijo y reafirmó que “el único camino que tiene Venezuela es el camino de la democracia, de las elecciones y el voto popular”.

A la maniobra de las principales organizaciones de la MUD no se sumaron sin embargo los partidos opositores Copei, Avanzada Progresista, MAS, Bandera Roja y Movimiento Soluciones, que expresaron su voluntad de ir a las elecciones de abril. Su precandidato más viable es el ex gobernador de Lara Henri Falcón, quien debía decidir su inscripción hasta el 26 de febrero. “Abstenernos es una ruta que no nos conduce a ninguna parte”, advirtió el dirigente copeyano Pedro Pablo Fernández en la conferencia de prensa conjunta de estas agrupaciones.
El presidente venezolano solicitó además a la Asamblea Nacional Constituyente que incluya para el 22 de abril elecciones legislativas a nivel nacional, en los Estados y municipios, iniciativa que fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ante la imposibilidad de organizar el conjunto de elecciones para esa fecha. De todas maneras, las legislativas podrían realizarse también este año.
Con este plan y en caso de ser reelegido, Maduro tendrá cuatro años sin elecciones ni campañas para poder dedicarse de lleno a la recuperación económica del país, una necesidad urgente ante el agravamiento de la crisis durante los últimos meses.

Elecciones libres y generales
El Consejo Nacional Electoral (CNE), en cumplimiento con los puntos del acuerdo general que Gobierno y oposición habían alcanzado en República Dominicana (finalmente no firmado por la MUD), instrumentó las exigencias requeridas.

Tal como se había escrito en el denominado Acuerdo de Convivencia y Paz, el CNE convocó las presidenciales en la fecha convenida entre las dos partes: el 22 de abril. A su vez, extendió una invitación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los países acompañantes del diálogo para que conformen una delegación de acompañamiento y observación electoral.

El ente electoral venezolano también cumplió con las jornadas de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral dentro del país (hasta el 20 de febrero) y en el exterior (25 de febrero), como lo reclamaba la oposición. Maduro ordenó incluso la reapertura del consulado en Miami para que los venezolanos que viven allí puedan inscribirse y votar.

La presidente del CNE, Tibisay Lucena, se comprometió además a garantizar las 13 auditorías previstas para el sistema de votación en el cronograma electoral, tal como se realizaron en 2012 y 2015, y a evaluar la restauración de todos los centros de votación a sus sitios originales. Algunos habían sido trasladados luego de la ola de violencia del año pasado.

Cierre de un período
El origen de la actual crisis en la moribunda coalición de la MUD está en el intento fallido de generar una insurrección social violenta y un golpe de Estado el año pasado. A esa ofensiva llevada adelante entre abril y julio, el gobierno de Maduro le respondió con las urnas. Hubo elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en julio, a gobernadores en octubre y alcaldes en diciembre. Con elevada participación, el oficialismo ganó en todos los frentes y capitalizó el amplio rechazo social generado en tres meses de vandalismo y violencia, que sólo lograron complicar más la vida cotidiana de los venezolanos.

Quema de transportes públicos, camiones y depósitos de alimentos; sabotajes eléctricos que dejaron sin luz a la población; transeúntes quemados vivos por ser o parecer “chavistas”; ataques con explosivos y armas de fuego a las fuerzas de seguridad; respuesta violenta de efectivos policiales; envío de jóvenes a atacar cuarteles y sedes militares con bombas caseras; visible armado de grupos mercenarios, que recibían drogas, alcohol y dinero en plena Plaza Altamira de Caracas para operaciones violentas; cerco de algunos sectores urbanos donde no dejaban salir ni entrar a ninguna persona por varias horas o incluso días. Eso vivió Venezuela durante tres meses, hace menos de un año.
Ya dividida, la oposición decidió aceptar un nuevo llamado al diálogo con el gobierno en República Dominicana, que se prolongó hasta inicios de febrero. Sin embargo, al llegar el momento de firmar el acuerdo ya redactado, que tenía como punto central las elecciones, volvieron a abandonar el camino de las urnas.

Mediadores expusieron a la MUD
Fueron los mediadores internacionales de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la delegación opositora quienes confirmaron que la dirigencia de la MUD echó por tierra el acuerdo que ya habían alcanzado ambas partes en Santo Domingo. El 7 de febrero, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informó frustrado que no se firmaría ningún acuerdo y confirmó que el día anterior las partes habían alcanzado un documento común que iba a ser presentado públicamente.

Tras reunirse con la oposición venezolana, Medina ofreció una conferencia de prensa junto al ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que explicó que ese documento fijaba, entre otros puntos, la fecha de las elecciones presidenciales para el 22 de abril. Esta aclaración del presidente dominicano fue determinante para echar por tierra el argumento utilizado por la derecha venezolana de que las elecciones presidenciales eran una “convocatoria unilateral”. La fecha había surgido del acuerdo.

Medina reconoció además que Maduro se había comprometido a respetar y aplicar en su totalidad el acuerdo, incluido el llamado a elecciones para el 22 de abril y no para el 4 marzo, como era la idea original del Gobierno. Destacó también que el mandatario le dijo “que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el Gobierno firmó el 6 de febrero él está dispuesto a aplicarlos, (incluso) fuera del acuerdo con la oposición”.

Eso mismo hizo Maduro al día siguiente, cuando la derecha confirmó que rechazaba firmarlo: “Yo quiero anunciar que aquí tengo el acuerdo de República Dominicana, avalado por el presidente Danilo Medina y el ex presidente español (José Luis Rodríguez) Zapatero, firmado ayer por nuestra delegación. Lo voy a cumplir en todas sus partes”, aseguró y lo firmó públicamente.

Por esas horas, el ex presidente Rodríguez Zapatero, mediador del proceso de diálogo en República Dominicana y de otros tantos intentos en los últimos dos años, hizo pública una carta que envió a los partidos de oposición pidiendo que firmaran el documento, porque “el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”.
La carta del ex mandatario español es reveladora cuando señala que “de manera inesperada para mí, el documento no fue suscripto por la representación de la oposición”. “No valoro las circunstancias y los motivos (de esa decisión), pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos”, señaló públicamente.

“Le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito”, remata el texto enviado al jefe de la delegación de la MUD, Julio Borges.

Zapatero y Medina estaban convencidos de que el acuerdo llegaría, según varios testigos en las reuniones de Santo Domingo. Uno de ellos, el ex canciller venezolano Roy Chaderton, integrante de la delegación del gobierno de Venezuela en el diálogo, aseguró que el texto fue respaldado por Medina y que vio “exultante” a Zapatero el día acordado para la firma. “Lo único que nos quedaba era llegar y ver a la oposición firmando”, comentó.

Medina y Zapatero fueron mediadores en las conversaciones que se desarrollaron desde el 1 de diciembre hasta el 7 de febrero en Santo Domingo. El diálogo contó con la observación de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, países invitados por el gobierno venezolano, mientras que por la oposición participaron Chile y México. México abandonó su rol curiosamente mientras el diálogo avanzaba y el canciller de Chile dejó el lugar a su embajador ante la República Dominicana, tras insólitas declaraciones de boicot al diálogo.

Hoy se sabe que los dirigentes de la MUD pusieron a prueba el compromiso de Maduro, y cuando el presidente bolivariano aceptó el reto abandonaron el diálogo.

Fallido boicot internacional
Durante todo el proceso de diálogo, la derecha continental permanentemente envió señales de que rechazaría lo que surgiera de Santo Domingo. El triángulo Washington-Miami-Bogotá intensificó su presión sobre los delegados de la oposición de forma elocuente.

El mismo día que el acuerdo estuvo a punto de firmarse y la MUD se levantó de la mesa, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, arribó a Colombia en el marco de su gira regional, que incluyó también a México, Argentina, Perú y Jamaica. El jefe de la delegación gubernamental del diálogo, Jorge Rodríguez, afirmó que Borges recibió en ese momento una llamada desde Bogotá para no firmar.

Apenas horas después de caído el acuerdo, que Maduro firmó de todas maneras, Estados Unidos informó que rechazaba las elecciones del 22 de abril. El Departamento de Estado se expresó de esta manera el 8 de febrero, antes de que lo hiciera la MUD. La vocera, Heather Nauert, dijo que “no hay garantías que aseguren elecciones libres, justas y validadas internacionalmente”, pese a que Medina y Zapatero habían afirmado que dichas garantías estaban especificadas y aceptadas en el documento.

De inmediato Washington ordenó al presidente peruano Pedro Kuczynski convocar al autodenominado Grupo de Lima, que se pronunció en la misma línea cuando todavía la MUD no había tomado la decisión de participar o no en las elecciones. Un total de 14 gobiernos alineados a la Casa Blanca manifestaron “su más firme rechazo” a las elecciones y amenazaron con no reconocer su resultado. La declaración fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, en una insólita maniobra injerencista que tuvo como principal destinatario a la oposición venezolana. Otros 19 gobiernos de la región se negaron a apoyar la ofensiva.

Las denuncias sobre la presunta ausencia de condiciones electorales son falsas. El Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela incluía, entre otras cosas, la observación y acompañamiento internacional de la ONU y los países acompañantes del diálogo para las elecciones, así como la formación de un grupo especial integrado por la oposición y el Gobierno para verificar el cumplimiento del acto electoral.

En el capítulo de “Garantías del proceso electoral” del documento que ahora es público se leen los siguientes puntos:
• Se exhorta para que sean seleccionados los dos rectores designados en fecha 13 de diciembre de 2016 por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Estos serán fruto del consenso de los firmantes de este acuerdo.

• Gobierno y Oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas que se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo.

• Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados, y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral.

• Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos, y debida supervisión del Poder Electoral.

• En el seno de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo, se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderá el buen desarrollo del proceso electoral. Esta Comisión estará integrada por un representante del gobierno, un representante de la oposición y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

• Las partes se comprometen a reconocer el resultado de los comicios presidenciales del año 2018, independientemente de los mismos.

“Estoy ‘sobrecumpliendo’ el acuerdo de República Dominicana, y estamos dando amplias, absolutas garantías de inscripción en el Registro Electoral a nivel nacional e internacional; y de observación electoral”, declaró Maduro en rueda de prensa internacional al día siguiente del pronunciamiento internacional desde Lima. “Quiero ganar las elecciones en buena ley, (pero) eso es lo que el Grupo de Lima no quiere: ellos conocen los números (de las encuestas)”, aseguró.

No hay dudas: habrá elecciones el 22 de abril y la Revolución Bolivariana se prepara para una nueva etapa en la que su principal oposición continuará siendo la agravada guerra económica.