Persisten graves problemas en la frontera colombo-venezolana

Contrabando de gasolina y alimentos, ataque a la moneda nacional y penetración de grupos paramilitares con complicidad del gobierno de Santos. La población fronteriza demanda soluciones de fondo.

En la frontera colombo-venezolana se vive y se siente una compleja realidad cotidiana, con fenómenos que afectan al conjunto de la población, pero de los cuales sólo a veces se habla. El tema alcanzó su punto máximo de tensión en agosto de 2015 luego de que el gobierno de Nicolás Maduro decidiera el cierre de la frontera con Colombia, que se extiende por 2.219 kilómetros.
El Decreto de Estado de Excepción ordenado en municipios fronterizos hace poco más de dos años tuvo como objetivos combatir el paramilitarismo, la violencia y el contrabando de mercancías, principalmente alimentos y combustibles. Sin embargo, dos años después de aquella medida y tras lanzar la Misión Nueva Frontera de Paz, algunos de aquellos males todavía persisten y poco a poco van desangrando al país. Tal como se concluyó aquella vez, sin un plan de desarrollo fronterizo que frene a las mafias colombianas y venezolanas que manejan los negocios ilegales a través de la frontera, no habrá solución real a los problemas.

Combustibles
El contrabando de gasolina está a la vista y es conocido por todos. Cualquier habitante del estado Táchira puede describir y explicar cómo trabajan las mafias contrabandistas en distintos puntos de la frontera colombo-venezolana. El negocio genera una ganancia desorbitante, debido a la gran diferencia de precios de los combustibles en cada país.
El 11 de septiembre, debido al tipo de cambio ilegal que se impone desde la frontera, un litro de gasolina en Cúcuta, Colombia, tenía un valor de 7.650 bolívares (Bs), infinitamente superior al valor que tiene en Venezuela.
En Táchira funcionan tres tipos de estaciones de servicio: las Estaciones Especiales Exclusivas (EEE); las Estaciones de Suministro Alternativo (ESA) y las estaciones de servicio tradicionales de Pdvsa. En estas últimas se distribuye gasolina subsidiada: cuesta 1 bolívar la de 91 octanos y 6 bolívares la de 95. Pero cada usuario tiene un límite de hasta 360 litros mensuales, por lo que puede llenar aproximadamente hasta 12 tanques por mes.
En las ESA, los precios están en 300 y 330 Bs por litro de gasolina de 91 y 95 octanos respectivamente. Varias de estas estaciones están en manos de concesionarios privados. Por último, en las EEE, ubicadas en los municipios fronterizos, se despacha únicamente gasolina de 91 octanos, con un precio por litro de 742 Bs. En estas estaciones no existe ningún límite de carga de combustible y pese a que se vende al precio más caro, es más de 10 veces inferior al de Colombia, por lo que su contrabando se convierte en un negocio altamente rentable. Esta y otras maniobras de especulación financiera provocan a su vez la depreciación inducida de la moneda venezolana.
A pesar de las medidas gubernamentales, que incluyen la implementación de sistemas de control como el llamado “chip de combustible” y un nuevo modelo de gestión de las estaciones de servicio, las mafias siguen logrando contrabandear la gasolina y otras mercancías.
Al recorrer distintas zonas del estado Táchira se ven filas bastante extensas de vehículos para cargar combustible. Quienes allí viven aseguran que la mayor parte de los automóviles que están en las filas sirven al contrabando y pasan horas en las filas cada día para llenar sus tanques.
Según Jorge Forero, Comisionado de Relaciones y Frontera de la Gobernación de Táchira, “el flujo ilegal de combustibles de decenas de millones de litros mensuales desde Venezuela hacia Colombia significa una fuga de capitales y/o una transferencia de renta de gran escala”, lo que implica una pérdida millonaria de dinero para el Estado venezolano. Para el Comisionado, esta situación tiene el agravante de que fortalece económicamente a las estructuras paramilitares, que atentan contra la soberanía, la integridad territorial y la paz nacional.
Del otro lado de la frontera, en los departamentos Norte de Santander, La Guajira y el Arauca, las autoridades gubernamentales permiten el suministro ilegal de combustible por la frontera a través de los llamados “pimpineros”, que cubren cerca del 50% de la demanda de gasolina en la zona.
Durante el cierre de la frontera en 2015, la demanda de combustible en Táchira se redujo en casi 37 millones de litros, una cifra que coincide con el estimado de demanda no satisfecha por la compañía colombiana Ecopetrol en el Norte de Santander, explicó Forero.

Variedad de dificultades
Otro problema grave de la frontera es el ataque a la moneda venezolana, con la imposición de una tasa de cambio ilegal desde el lado colombiano que produce graves distorsiones económicas y que se impone como referencia en todo el país a través del portal web Dolar Today. En septiembre el tipo de cambio ilegal superó los 22 mil bolívares por dólar.
Además de la cuestión económica, la presencia de grupos paramilitares que atentan contra la estabilidad de las comunidades fronterizas es una cuestión todavía no resuelta. A esto se suma la flagrante violación del espectro radioeléctrico por parte de emisoras colombianas, cuyas frecuencias alcanzan el territorio venezolano.
Existen comunidades desde las cuales se pueden escuchar hasta más de 10 frecuencias colombianas y otras donde las frecuencias del país vecino interfieren las propias. Algunos venezolanos han podido escuchar la emisora clandestina del Ejército de Liberación Nacional colombiano, y otros las frecuencias de la Policía y el Ejército de Colombia, entre muchas otras.
Llama la atención la cantidad y el tipo de emisoras estratégicamente ubicadas en los departamentos fronterizos colombianos. Según cifras de 2016 del Ministerio de Tecnologías de la Comunicación e Información colombiano, existen 172 emisoras legalmente reconocidas, de las cuales 69 (el 40%) están registradas en el Norte de Santander, departamento que limita con el estado Táchira.
Sin embargo, el problema más delicado sigue siendo el contrabando de alimentos y productos de higiene personal, que si bien no se produce en las mismas escalas que antes, persiste y hace mucho daño. En Táchira se registra un contrabando muy fuerte de carne, lácteos, frutas y vegetales, así como también de las cremas de arroz y cereales, hacia Colombia.
Según estimaciones, el 90% de la carne que se consume en el Norte de Santander es producto del contrabando proveniente de Venezuela. De las 400 reses que consumen en ese departamento por día, se estima que 330 provienen de Táchira, por lo que estarían ingresando más de 10 mil reses por mes. Sólo este negocio mueve alrededor de 300 millones de pesos colombianos al año, según reconocen las autoridades de ese país.
Por otra parte, la escasez de productos en los anaqueles venezolanos generada por el contrabando y el acaparamiento -entre otras causas- ha volcado a los ciudadanos venezolanos de la frontera al mercado colombiano de Cúcuta. El problema es que al tipo de cambio ilegal pesos-bolívares, los productos cuestan hasta 10 veces más que lo estipulado por el precio oficial-regulado en Venezuela y los más consumidos forman parte de la canasta básica o son productos de higiene personal.
Muchos tachirenses e inmigrantes colombianos en Venezuela buscan ahora trabajar en Colombia pero seguir viviendo en Venezuela, debido al alto costo de vida en ese país.
Otro tema recurrente en la frontera, del cual poco se habla, es el maltrato y humillación que sufren habitantes venezolanos por parte de funcionarios colombianos. Muchos aseguran que son tratados como delincuentes en Cúcuta, lo que contradice la supuesta “solidaridad con el pueblo de Venezuela” de la que las autoridades colombianas se jactan públicamente. Su verdadera política es otra.

Desafío
Contrabando de gasolina y alimentos; ataque a la moneda nacional; especulación; violación del espectro radioeléctrico y penetración de grupos paramilitares son los problemas más notorios de la frontera colombo-venezolana. Su resolución implica un gran desafío para el gobierno venezolano, ya que su par colombiano conoce y avala estos problemas.
Mientras tanto, varias poblaciones conviven con la política de terror impuesta por grupos violentos, el contrabando y la corrupción reinante a largo de una frontera que en muchos tramos no existe como tal.
El gobierno colombiano avanza en su campaña de desprestigio contra Venezuela, dejando hacer a las mafias dedicadas al contrabando de alimentos y todo tipo de productos. Con ello logra cubrir su incapacidad para satisfacer las necesidades de sus departamentos fronterizos y a la vez golpear a la Revolución Bolivariana. Venezuela necesita con urgencia recuperar soberanía en su lado de la frontera y poner un freno a las prácticas ilegales que golpean la economía.

Desde Táchira,
Roxana Martínez